• La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda aseguró que, a diferencia de la crisis de 2008, se va a invertir en el sector

En el marco de ‘Andalucía en Femenino’, un acto organizado por ABC y patrocinado por Grupo Azvi, CaixaBank, Persán y REALE, Marifrán Carazo, consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, y Juan Jesús García de Pablo, director de Estudios de Azvi, desgranaron temas de actualidad y de vital importancia para la sociedad como la colaboración público-privada, la relevancia y potencia del sector de la construcción y las infraestructuras, así como el papel que juega la mujer en un ámbito que tradicionalmente ha sido masculino.

Respecto a la colaboración público-privada, Carazo aseguró que el Gobierno del que forma parte apuesta por ella «sin complejos» y ahondando en la idea de que realmente se trata de «un trabajo en equipo», a pesar de que, bajo su punto de vista y a pesar de las constantes peticiones del Ejecutivo andaluz, la legislación estatal hasta ahora vigente no la haya facilitado.

García de Pablo se mostró en consonancia con su compañera de mesa: el director de Estudios de Azvi afirmó que para las empresas constructoras la colaboración público-privada es una herramienta clave, ya que, permite que aumenten sus medios para poder impulsar la creación de nuevas y útiles infraestructuras. Puso como ejemplo otros países -como Chile, México o Colombia- en los que la compañía ha podido llevar a cabo sus proyectos, en buena medida, gracias al empuje de la Administración Pública, ya que poseen un marco jurídico más favorecedor y proclive a ello. A esto, García de Pablo añadió: «Las infraestructuras son el motor de lo que necesitamos en la sociedad, son básicas, mueven la economía, el empleo […] son fundamentales».

Cambiando de tercio y preguntada por los proyectos que la Junta de Andalucía tiene en mente para 2023 en este ámbito, Carazo expresó: «Lejos de lo que pasó en la otra crisis, cuando los gobiernos suspendieron los proyectos de obra pública, lo cual hemos tenido que pagar luego en los años posteriores, pensamos invertir más que nunca, no solo en sanidad, educación o política social, sino también en infraestructura porque es un motor muy importante de la economía. Nos sentimos orgullosos de las empresas andaluzas que tiran de la economía y el empleo en los momentos difíciles […] En nuestra comunidad autónoma estamos aumentando empleo mes a mes». Estamos invirtiendo en mantener nuestras carreteras, sus estructuras, túneles y puentes, son el patrimonio de los que estamos aquí; además, de esta forma se garantiza la seguridad vial. Queremos impulsar las infraestructuras de transporte, [el 2023] va a ser el año de la movilidad en andaluza», agregó la consejera, que subrayó proyectos de vital importancia para mantener comunicada a la región como el tren de Cádiz o los metros de Málaga y Sevilla.

Por último -y muy en línea con el propósito del evento, es decir, remarcar la importancia cada vez mayor que la mujer está teniendo, en general, en el mercado laboral y la economía y, en particular, en el ámbito de las infraestructuras-, Carazo indicó: «Hay que visibilizar el trabajo que están desarrollando muchas mujeres, es una realidad. Es un sector muy masculino, pero está cambiando: ellas representan un 10 por ciento del sector a nivel nacional y un 14 por ciento en Andalucía», lo que calificó como una buena señal de la deriva que estaba tomando la región en este aspecto. Sin ir más lejos, la consejera extrapoló esta situación a su propio ambiente de trabajo, donde la mujer también posee un peso importante. Destacó la labor que la mujeres realizan en la Junta de Andalucía, en concreto, en la Consejería que ella lidera; lo mismo hizo con el desempeño de las funcionarias que trabajan para el organismo, el de las ingenieras que están presentes en todas y cada una de las ocho provincias, así como el de las mujeres que forman parte del cuerpo administrativo y que cada día se esmeran por hacer funcionar una maquinaria tan compleja como es la Administración Pública. Además, tampoco quiso dejar de lado el papel, a su parecer, también fundamental, que juega la mujer en la empresa privada y, más en concreto, en el sector de la construcción y en el mundo inmobiliario.

Por su parte, García de Pablo se mostró de acuerdo y a favor de «dar visibilidad porque es una realidad, debe estar normalizado».

fuente: ABC. https://sevilla.abc.es/andalucia/marifran-carazo-infraestructura-motor-importante-economia-20221214092755-nts.html

La constructora afincada en La Malagueta ha cumplido 36 años en el sector. “Honestidad, esfuerzo y sacrificio, siempre en un entorno de prudencia, son los pilares básicos de Guamar”, explica su presidente, Antolín Martin, en esta entrevista con Vida Económica. 

¿Cuáles son los proyectos actuales más significativos?
Estamos desarrollando obras medioambientales de agrupación de vertidos y depuradoras en distintas localizaciones de Andalucía. En Málaga, hemos participado en el Metro al centro, además trabajamos con importantes promotoras nacionales, entre otros proyectos, 102 viviendas plurifamiliares en el Rincón de la Victoria para Kronos Homes, o 30 adosados en Cañaveral para Neinor. En edificación singular, estamos ejecutando la nueva sede del Colegio de Farmacéuticos o la ampliación de las oficinas centrales de Mayoral. En Antequera, ejecutamos uno de los proyectos más relevantes de Andalucía: el Puerto Seco.

No solo construcción, también trabajáis en inmobiliario…
Recientemente hemos entregado dos proyectos en Málaga: Guindomar, de 59 viviendas, y Villa Carmela, de seis pareados. Ahora, estamos desarrollando otros dos proyectos. Uno en la capital, en Miraflores, de 23 viviendas, y otro en Torremolinos, en Montemar, de 39 viviendas de muy alto nivel.

¿Qué volumen representa la obra civil y la edificación?
En 2021, fue del 57% para Obra Civil y el 43% para edificación. Este año será muy similar.

¿Cuáles son las expectativas?
Estamos actualmente en un proceso de cambio para pasar de un sistema de gobierno unipersonal a un órgano pluripersonal que asegure el futuro de la empresa. En lo que se refiere a la actividad en sí, hoy más que nunca debemos aflorar nuestros principales valores, que nos permitan mantener nuestra línea productiva sin asumir riesgos desproporcionados.

¿Ha afectado la crisis energética a Guamar?
La pandemia y la crisis de abastecimiento o la energética vienen a retratar este sistema perverso de contratación, donde el contratista debe asumir un riesgo desproporcionado con respecto al retorno previsto. Firmas un contrato cerrado con el promotor, pero no puede hacer lo mismo con tus subcontratistas, con plazos de ejecución de muchos meses e incluso años.

Fuente: https://www.vidaeconomica.com/2022/12/presidente-guamar-puerto-seco-antequera/

Juande Portillo. Madrid

El Gobierno español, con la vicepresidenta primera y titular de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, a la cabeza, viene congratulándose de haber alcanzado la ansiada “velocidad crucero” en el ritmo de ejecución de las ayudas europeas asociadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Lo cierto es que las Administraciones Públicas están impulsando licitaciones por valor de 2.000 millones de euros mensuales y han convocado ya subvenciones por 28.500 millones, según el Observatorio de EsadeEcPol y EY Insights.

España, sin embargo, encara el final del año lejos del objetivo exigido por la Unión Europea de concluir el ejercicio habiendo comprometido jurídicamente el uso del 70% de los 69.528 millones en ayudas directas que inicialmente le fueron asignados. Un objetivo de casi 50.000 millones para el que el país afronta el reto de quintuplicar su velocidad de licitación, pues a 30 de noviembre, a tan solo un mes del final del plazo, aún le restaban casi 10.000 millones que adjudicar para cumplir con la UE.

“En este momento tenemos que empezar a acreditar la ejecución de las ayudas europeas y, según exige el reglamento que las regula, tendríamos que tener comprometidos a 31 de diciembre el 70% de los fondos otorgados. No tenemos certidumbre de que vayamos a ser capaces de cumplirlo”, alerta Cándido Pérez Serrano, socio responsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad de KPMG en España y experto de la firma en las transferencias europeas ligadas al Plan de Recuperación. En concreto, el Reglamento europeo 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establece que “a fin de garantizar que la ayuda financiera se concentre en los primeros años después de la crisis del Covid-19, y de garantizar la compatibilidad con la financiación disponible para el Mecanismo”, deberá lograrse que “el 70% del importe disponible para ayudas no reembolsables esté comprometido jurídicamente a más tardar el 31 de diciembre de 2022”, mientras que el 30% restante podrá comprometerse hasta el 31 de diciembre de 2023.

Grado de ejecución

A partir de ahí, conviene aclarar cuál es el montante de fondos ligados al Plan de Recuperación que el Gobierno ha desplegado –de forma independiente a su recepción efectiva– y las distintas fórmulas de contabilización utilizadas para evaluar el grado de ejecución de los fondos europeos. Así, de una parte, de los 69.528 millones de euros en transferencias directas que fueron inicialmente asignadas a España (la cifra ha terminado aumentando en 7.700 millones por el peor desempeño de su PIB), el Gobierno ha ingresado ya 31.000 millones y ha solicitado un nuevo pago de 6.000 millones por los objetivos cumplidos del Plan de Recuperación. Aunque este ritmo de cobro impediría ejecutar los casi 50.000 millones exigidos por la UE para finales de este año, al no haberse cobrado aún, la realidad es que España viene anticipando presupuestariamente todo el paquete de ayudas a un ritmo de unos 25.000 millones de euros anuales, que se adelantan vía deuda. Concretamente, los créditos definitivos recogidos en los Presupuestos para 2021 fueron de 24.198 millones y los de 2022 de 28.448 millones, lo que permitiría movilizar hasta 52.646 millones antes del 31 de diciembre de 2022.

A partir de ahí, los datos de ejecución más detallados que ofrece periódicamente el Ministerio de Asuntos Económicos son los relativos al volumen de gasto autorizado, comprometido y de obligaciones reconocidas por la Administración General del Estado. “Cuando el Ministerio lanza la convocatoria pública de subvenciones, hablamos de autorización del gasto. Cuando los potenciales beneficiarios presentan su solicitud y el Gobierno adjudica lo que les corresponde a cada uno, se alcanza el compromiso del gasto. En el caso de muchas subvenciones el recorrido acaba ahí, pero en muchos casos se ha acordado que el 50% del compromiso se anticipe para facilitar la inversión, a cambio de avales bancarios, y en ese caso se trata de obligaciones reconocidas”, explica Pérez Serrano, el experto en la materia de KMPG.

Siguiendo esta clasificación, los últimos datos facilitados por el Ministerio de Asuntos Económicos indican que a cierre de 2021 el Estado había autorizado el uso de 22.128 millones de fondos europeos y que en 2022, a 30 de noviembre, ha superado ya dicha cifra, situándose en 22.475 millones, acumulando 44.603 millones. Sin embargo, destaca el experto de KPMG, la exigencia de alcanzar el 70% antes de fin de año impuesta por la Comisión Europea no atañe al conjunto de fondos autorizados, sino al gasto ya comprometido, que es sustancialmente menor. Así, los compromisos de todo 2021 ascendían a 20.977 millones y los de 2022 suponían 18.239 millones al cierre de noviembre, según datos oficiales, lo que haría un total de 39.216 millones, casi 9.500 menos que los 48.669 millones exigibles a 31 de diciembre. Cubrir semejante montante en solo un mes implicaría lograr una importante aceleración desde la “velocidad crucero” actual, pues se trataría de pasar de anunciar licitaciones por 2.000 millones al mes a lograr quintuplicar ese ritmo en diciembre.

A la espera de que Calviño actualice las cifras al Parlamento la próxima semana, en Economía subrayan que, con todo, el gasto autorizado en 2022 ascendía ya a 23.208 millones a 8 de diciembre (45.336 millones sumando 2021) y que España lidera la movilización de fondos en la UE.

Pese a ello, los expertos consultados tienen serias dudas de que el objetivo del 70% sea alcanzable. De hecho, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, defendió hace unos días en el Senado la necesidad de ampliar los plazos previstos para la ejecución de los fondos europeos a fin de garantizar su plena aplicación.

• En el Gobierno cobra más fuerza la viñeta frente a un peaje blando por kilómetro recorrido
• La reforma es uno de los compromisos adquiridos en el Plan de Recuperación y Transformación

C. Morán. Madrid

La reforma del Gobierno remitida a Bruselas para financiar la conservación y mantenimiento de las carreteras y contribuir a la lucha contra el cambio climático, mediante la introducción de un peaje blando en las vías de alta capacidad, no se concretará este año como, inicialmente, estaba previsto. “A estas alturas es imposible abordar esta reforma; no existe el suficiente impulso del Gobierno, ni el necesario consenso político y social”, aseguran fuentes próximas al Ejecutivo, que indican que será un asunto que abordará e implementará el próximo Gobierno que salga de las urnas en 2023, si se cumple el calendario electoral.

España se comprometió este año ante la CE a implantar un sistema de pago por uso en los 12.000 kilómetros de red de autopistas y de autovías estatales y puso como fecha estimada 2024. El canal para introducir esta nueva carga impositiva iba a ser una ley de movilidad sostenible y de financiación del transporte, un texto que ayer el Consejo de Ministros aprobó remitir al Congreso de los Diputados para su trámite parlamentario, pero sin incluir la parte relativa a la nueva fiscalidad sobre el uso de las carreteras.

“No es un tema de dificultad técnica, porque existen trabajos muy avanzados sobre la implantación del peaje. El problema estriba en la voluntad política, que ha perdido fuerza en el Gobierno y que no está consensuada con el resto de grupos políticos”, indican desde el sector, que ve en el calendario electoral de 2023 uno de los impedimentos para que la reforma se acelere.

Empresas a la espera

La imposición de un peaje blando en las vías de alta capacidad también tiene una importante lectura empresarial, ya que los grandes concesionarios de transporte y las firmas tecnológicas llevan tiempo esperando a que el Gobierno opte por un modelo de explotación apoyado en la iniciativa privada. Grupos como Abertis, Azvi, Ferrovial y tecnólogos como Indra, Kapsch, Gertek y Revenga son los principales interesados en su desarrollo.

“Además de imponer una tasa o peaje, España podría anticipar ingresos mediante contratos de concesión para el mantenimiento y conservación de estas carreteras”, aseguran los expertos. En su último informe, la consultora EY calculó que si la Administración concesiona los 15.000 kilómetros de vías estatales y autonómicas podría recaudar de manera anticipada o de forma periodificada entre 45.000 millones de euros y 109.000 millones en función del tipo de tarifa. Deloitte también dispone de un estudio parecido, con contratos de concesión a 25 años con ingresos por cánones de entre 23.000 y 106.000 millones, sin contar ingresos tributarios asociados a esta actividad.

El Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos que el Gobierno envió en mayo a Bruselas para justificar los 140.000 millones en fondos y préstamos Next Generation, incluía la implantación de un “mecanismo de pago por uso” basado en el principio de “quien contamina paga”. Según las fuentes consultadas, el Ministerio de Transportes ha barajado distintas fórmulas, aunque la que ha cobrado más fuerza en el equipo de Raquel Sánchez en los últimos meses es la denominada Viñeta o Euroviñeta, un gravamen dirigido principalmente al transporte profesional que funciona ya en varios países y que no está basado en el pago por uso sino en el derecho de uso. “Sería como una tarifa plana que da derecho a circular durante un periodo de tiempo determinado”, indican los expertos. “Es un modelo recaudatario que no tiene en cuenta aspectos medioambientales y su finalidad no tendría que ser la conservación de la red. La viñeta funciona desde hace tiempo en Suiza, Austria y Suecia. Es un modelo distinto al portugués o alemán, basado en sistemas de peaje tradicional”.

• La presión empieza a a relajarse siempre que no se dispare la energía
• Hace un año el incremento de los costes de construcción era de un 8,4%

Desde la pandemia, el incremento de los costes (primero principalmente inflación en los materiales de construcción y luego en la energía) ha traído de cabeza al sector promotor, ya que ha visto estrechados sus márgenes para no subir precios, ya de por si tensionados en algunas ubicaciones, y, por otro lado, también ha afectado a la viabilidad e inicio de nuevos proyectos. Analizamos con Tinsa qué ha ocurrido y qué está ocurriendo con los materiales de construcción. Según Tinsa, los costes de los materiales en la actividad de edificación residencial se han encarecido un 27,3% desde el inicio de la pandemia (marzo de 2020) hasta el pasado mes de agosto, último dato disponible, según el índice de materiales de construcción del Ministerio de Transportes.

La cifra del 27,3% se refiere a la edificación residencial y excluye la rehabilitación, la edificación no residencial y las obras de ingeniería civil. Si se tuviera en cuenta de forma agregada todos estos ámbitos, es decir, la actividad de construcción en sentido amplio, la cifra del incremento de los costes de los materiales respecto a marzo de 2020 sería del 33,8%, seis puntos y medio más.

Hace aproximadamente un año el incremento de los costes de construcción en la edificación residencial desde el inicio de la pandemia era un 8,4%. Un año y dos meses después, el gap respecto a marzo de 2020 se ha elevado hasta el 27,3%, es decir, se ha triplicado. Estos datos del Ministerio sobre el coste de los materiales incluyen el consumo energético. La situación actual apunta a que son los precios de la energía y no las interrupciones en las cadenas de suministro lo que más está afectando a esta inflación en los costes de los materiales.

Si vamos a los primeros meses tras la pandemia fue la escasez de oferta y la logística lo que principalmente encareció la materia prima. La distribución ha ido poco a poco encauzándose, también ha bajado la demanda de un gran consumidor de materiales como es China, pero, como fuerza contrapuesta, se ha intensificado la inflación energética.

En esta situación encontramos una buena noticia: y es que la tendencia ha empezado a cambiar. Los costes de construcción estuvieron al alza hasta el pasado mes de mayo, cuando alcanzaron su máximo. En ese momento, el incremento respecto al inicio de la pandemia era un 28,3%, es decir, un punto porcentual más que actualmente. A partir de ahí la tendencia ha sido a la baja; se está suavizando la presión, aunque todavía se mantienen en niveles muy elevados si vemos la serie histórica desde 2005.

En mayo el índice de coste de los materiales en la edificación residencial alcanzó su máximo

En mayo de 2022, cuando el índice de coste de los materiales en la edificación residencial alcanzó su máximo, con 133,5 puntos (estando la base 100 en el año 2015), la tasa de crecimiento en el último año era del 25,1%. En agosto de este año, el último dato disponible en la estadística, el aumento interanual se había moderado hasta el 16%, manteniéndose prácticamente plano respecto a julio y tras dos meses de ligeras caídas en tasa mensual. Luego aunque el aumento del 27,3% que acumulan el coste de los materiales de construcción en la edificación residencial desde la pandemia es llamativo, Tinsa apunta que la presión que los costes puedan ejercer hacia un encarecimiento de la vivienda de obra nueva empieza a relajarse, siempre y cuando el componente energético no se desboque.

• El alcalde mantiene un encuentro con técnicos municipales de Obras y Policía Local y representantes vecinales para analizar el Plan de Seguridad Vial elaborado para estas zonas del municipio, que se ejecutará en los próximos meses

El alcalde de Chiclana, José María Román, y los delegados municipales de Policía Local y Obras, José Vera y Mª Ángeles Martínez Rico respectivamente, acompañados de técnicos municipales de Vías y Obras y del jefe de la Policía Local, han mantenido un encuentro con representantes vecinales del diseminado para analizar el Plan de Seguridad Vial que el Ayuntamiento de Chiclana ejecutará en los próximos meses, con el objetivo de mejorar la seguridad de conductores y peatones de las distintas zonas del extrarradio. Un proyecto que cuenta con un presupuesto de 1,3 millones de euros, que se suman a los 300.000 ya anunciados para la adquisición de farolas fotovoltaicas.

“Hemos mantenido una reunión de trabajo con técnicos municipales y representantes vecinales, porque veníamos trabajando desde hace tiempo en buscar soluciones a los problemas de seguridad vial en la zona del extrarradio y solicitamos a las delegaciones de Obras y Policía Local un proyecto para mejorar la seguridad vial en estas zonas del municipio”, ha explicado el alcalde, quien ha aclarado que “estamos hablando de un proyecto que aborda de forma provisional, ya que estos suelos tienen sus dificultades urbanísticas, las soluciones de señalización horizontal y vertical, la iluminación de paradas de autobús, así como la instalación de farolas fotovoltaicas en las zonas de mayor riesgo a la hora de la seguridad vial”. “Así, hemos conseguido la redacción de este proyecto y también la viabilidad urbanística necesaria para que pueda ejecutarse en zonas como Marquesado, Pago del Humo, Borreguitos, Roa la Bota o el camino del Molino”, ha recalcado.

Así pues, una vez redactado el proyecto, que cuenta con un presupuesto de 1,3 millones de euros, el documento se trasladará al Departamento de Contratación, de cara a la publicación de la licitación pública de las actuaciones previstas. “A estos 1,3 millones de euros, debemos sumar los 300.000 euros que anunciamos semanas atrás para la adquisición de farolas fotovoltaicas, financiados por Diputación”, ha explicado José María Román, quien ha recalcado que, “como administración pública, cualquier actuación la debemos llevar a cabo con el oportuno expediente administrativo, lo cual no es sencillo tratándose de los suelos de los que estamos hablando”. “Por tanto, el esfuerzo está en redactar un proyecto, conseguir las viabilidades técnicas y urbanísticas y la comprensión de los vecinos a la hora de lo que podemos ejecutar”, ha incidido el alcalde, quien ha destacado que “vamos a conseguir algo que ha estado siempre ahí, pero no se ha podido realizar, pero debemos seguir actuando en otros sitios a través de los planes especiales, que contempla el Decreto 3/2019, para dotar de servicios básicos a un número importante de viviendas”.

Por su parte, el representante de la Federación del Extrarradio, Joaquín González Albaiceta, ha recordado que “la zona del extrarradio tiene un déficit brutal de servicios, pero se está paliando con todas estas iniciativas que el Ayuntamiento está cogiendo por bandera”. “Queda mucho trabajo por hacer, pero poco a poco estamos viendo los resultados, como hace unos días con la iluminación de caminos del extrarradio, por lo que estamos muy satisfechos con esta dinámica”, ha manifestado González, quien ha indicado que “la colaboración de los vecinos con el Ayuntamiento es fundamental para la elaboración de los planes especiales”.

Asimismo, el secretario de la Federación de AVV Chiclana Norte, José María Palomino, ha agradecido “el esfuerzo de los técnicos y delegados municipales para que podamos conseguir en el extrarradio los servicios de agua y alcantarillado. Y agradecer al Ayuntamiento que cuente con un presupuesto firme para la instalación de farolas fotovoltaicas en zonas de difícil visibilidad, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, además de las mejoras previstas en caminos”. “Y resaltar la colaboración del Ayuntamiento a la hora de poner en marcha los planes especiales para conseguir los servicios básicos”, ha incidido.

• El presupuesto de las obras se ha incrementado hasta los 892.350,98 euros 

• Quedan desiertas por segunda vez las obras para la construcción de las naves de Andalucía Emprende en Fadricas II

A la tercera va la vencida. O eso al menos espera la Junta de Andalucía con las 4 naves de Andalucía Emprende previstas en los terrenos de Fadricas II. Después de que su construcción haya quedado desierta hasta en dos ocasiones este mismo año, ha lanzado una nueva tentativa para licitar esta actuación pactada con el Ayuntamiento de San Fernando que se planteaba como alternativa a la demolición del IMPI en La Magdalena. 

Eso sí, a diferencia de lo ocurrido en el pasado verano -cuando se intentó dar salida a las obras por segunda vez- en esta ocasión se ha incrementado el presupuesto hasta los 892.350,98 euros frente a los 629.998,71 euros iniciales, lo que supone un aumento de 262.352,27 euros más para ajustar los costes de la actuación, que es lo que había motivado que las obras no resultaran atractivas para ninguna empresa y no se presentara ninguna oferta.  

Las obras, en todo caso, forman parte de una licitación por lotes que asciende a 1.392.350,99 euros y que se financia al 80% con fondos europeos FEDER. Y en el paquete se incluyen también las obras de adecuación del local del CADE en Cádiz.

El plazo de ejecución previsto para la construcción de las naves es de 10 meses, así que si por fin los trámites salen adelante en esta tercera licitación las 4 naves de Andalucía Emprende podrían estar listas a finales de 2023 o principios de 2024. 

El plazo para la presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas expira el próximo 29 de diciembre, tras lo cual la mesa de contratación procederá a valorar las propuestas antes de pasar a la adjudicación de las obras. 

La construcción de las cuatro naves previstas y destinadas a favorecer la actividad emprendedora en la localidad, está prevista en los terrenos que el Ayuntamiento ha cedido a la Junta en la calle Cangreja del citado espacio industrial -Fadricas II- y compartirán una misma cubierta para que externamente se conciban como un único volumen.

El proyecto, inicialmente, se concibe para poder acoger la actividad industrial de cualquier empresa, con un amplio espacio para trabajar, vestuarios y oficinas.

Su construcción se realizará principalmente con pilares y vigas de acero y la cubierta será de chapa autoportante. Los cerramientos se realizarán principalmente con placas alveolares de hormigón prefabricado.

El proyecto parte del convenio suscrito previamente con esta fundación pública dependiente de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, que se anunció en abril de 2021. Y su ejecución se planteaba como alternativa ante la demolición de las instalaciones del IMPI en los terrenos próximos a La Magdalena, donde el Ayuntamiento acomete ya la construcción del primero de los aparcamientos tácticos que quiere ejecutar en distintos puntos del término municipal.

En este otro recinto existían desde la década de los 90 unas naves municipales que eran utilizadas por negocios emprendedores para dar apoyo así a los primeros pasos de la iniciativa empresarial, si bien estaban en desuso desde hace casi 4 años (desde que no se renovó el convenio con la Junta en este sentido).

Así que estas naves previstas en Fadricas dedicadas a la actividad emprendedora y a la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales bajo la tutela de Andalucía Emprende se plantean como alternativa ante la desaparición del IMPI y de los espacios que para este fin el Ayuntamiento isleño tenía en los terrenos de La Magdalena. 

• La Junta de Andalucía vuelve a iniciar los trámites para la reforma del paseo
• ¿Cómo era Pozoblanco hace un siglo? Las imágenes que lo enseñan

Las obras en parte del bulevar de la avenida Villanueva de Córdoba de Pozoblanco, para mejorar parte de la arteria principal de la localidad pozoalbense, tendrán que esperar después de que la licitación de las mismas haya quedado desierta.

El plazo para presentar solicitudes se abrió el pasado 27 de octubre, y se cerró el 25 de noviembre para acceder a un contrato que asciende a 178.155,08 euros y que tendría una duración de cinco meses. Ahora, las obras de la ciudad de Los Pedroches sufrirán un retraso conforme a los plazos iniciales ya que los trámites burocráticos tendrán que comenzar desde el inicio en el plano de la licitación.

La información que ofrece la plataforma de contratación de la Junta de Andalucía permite acceder la resolución de la mesa de contratación que se reunió el pasado 1 de diciembre para adjudicar las obras de intervención en el espacio público ‘Entoldado del Área Comercial de Pozoblanco’. 

El acta de dicha mesa de contratación especifica que no se ha presentado ninguna oferta y se descarga el certificado de expediente desierto ante la no presentación de ofertas para su correspondiente estudio. No es una situación nueva en obras del sector público, ya que la subida de los materiales en el sector de la construcción está provocando que algunas licitaciones queden desiertas con el consecuente retraso que eso conlleva en las diferentes obras y mejoras de los municipios.

Después de conocerse esta noticia, la Delegación territorial de Fomento de la Junta de Andalucía remitió ayer una nota de prensa donde precisó que ya se han iniciado los trámites para volver a licitar el mencionado proyecto. Un anuncio que realizó la delegada territorial, Cristina Casanueva, después de haber conocido que no se ha presentado ninguna empresa a la licitación de la obra, indicando también «la agilidad con la que la Consejería de Fomento ha reanudado el procedimiento para que el municipio pueda contar con estas mejoras lo antes posible, ya con el presupuesto de 2023», ya que las obras no podrán comenzar antes del nuevo año.

El proyecto, que está licitado, viene a suponer una intervención en parte de la avenida Villanueva de Córdoba para mejorar tanto la vegetación como en la introducción de materiales sostenibles en el suelo, y crea zonas de estancia peatonal con bancos y pérgolas que introducen las sombras en el paseo, islas ambientales, para conseguir un espacio más habitable y confortable para la ciudadanía que utiliza esta vía.

• El Ayuntamiento recuerda que esta cifra está incluida como ingresos en el presupuesto municipal de 2022

• Almodóvar del Río solicita a la Junta que incluya en los presupuestos el desdoble de la A-431

El Ayuntamiento de Almodóvar del Río exige desde el pasado mes de octubre al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el abono del impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICES) derivado del pantano de La Breña para el presente ejercicio 2022.

Sin embargo, por el momento no ha tenido ninguna respuesta por parte de la Administración competente, que adeuda a este Ayuntamiento por este motivo una cuantía total que asciende a 1,4 millones de euros, que están contemplados en los Presupuestos Municipales de este año.

Por ello, la alcaldesa de Almodóvar del Río, María Sierra Luque (IU), y el primer teniente de alcalde, Ramón Hernández, han registrado este martes un escrito ante la Delegación del Gobierno en Sevilla a través del que solicitan que realice todas las gestiones que sean necesarias “para llevar a buen fin el urgente e inmediato abono a este Ayuntamiento de los BICE de este año, ya que tenemos constancia que otros municipios de la provincia sí han recibido las partidas correspondientes por dicho concepto”.

Así, según Luque, “esta forma de proceder demuestra una vez más que no todos los pueblos somos iguales ante el Gobierno de España, con el trato discriminatorio que ello supone para Almodóvar del Río”.

En este sentido, la primera edil ha explicado que en los años previos este tributo era abonado directamente por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), una situación que ha estado bastante normalizada durante años. Sin embargo, desde este año, “el Ministerio ha cambiado la forma en tramitar y gestionar dichos impuestos sin que hayan informado a este Ayuntamiento”, ha puntualizado.

La alcaldesa carbulense ha subrayado que “quiere desbloquear cuanto antes” esta situación para cerra el año económico, “por ser de gran necesidad para poder atender las obligaciones de pago de este Ayuntamiento”.