• El nudo de Tres Caminos sale a licitación por 92 millones de euros

• Tres puentes para resolver de una vez el enlace

Catorce ofertas se han presentado para realizar la ansiada obra del nudo de Tres Caminos, que salió a licitación el pasado 19 de septiembre y cuyo plazo se cerró el 25 de octubre. Con un presupuesto de casi 92 millones de euros,  el objeto principal de la actuación es la mejora del enlace entre la Autovía del Sur (A-4/E-05), la Autovía de la Costa de la Luz (A48/E-05) y la carretera CA-33 de acceso a San Fernando y Cádiz, un punto negro en el tráfico en la provincia y cuya mejora lleva esperando años.

Tras años de retraso, las obras de este importante enlace dieron un gran paso el pasado 26 de julio cuando el Consejo de Ministros autorizó la celebración del contrato.

Ahora, según consta en la Plataforma de Contratación del sector público, la Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Transportes. Movilidad y Agenda Urban14, ha recibido los proyectos de 14 empresas, que optan a su construcción.

Las obras previstas

Las obras tienen previsto incrementar la seguridad vial de los principales ramales del citado enlace, dotándolos de dos carriles por sentido; se ampliará la plataforma de la Autovía A-48, se optimizarán los accesos al polígono deTres Caminos, mediante la reordenación de los mismos, y se remodelará el enlace de Chiclana Norte, para aumentar así su accesibilidad.Las longitudes de actuación para el acondicionamiento del enlace, sin incluir los ramales de nuevo trazado y otros viales acondicionados, son de aproximadamente de 1,5 km sobre la Autovía CA-33, 1,6 km sobre la Autovía A-4 y 3,0 km sobre la Autovía A-48.

El proyecto aprobado también contempla la construcción de 3 nuevas estructuras, dos de ellas dobles, con importantes longitudes; la adecuación la red de drenaje, garantizando un adecuado trasiego de aguas entre márgenes de la infraestructura, y la implementación de las medidas correctoras, compensatorias y de restauración paisajística de acuerdo al condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental.

La Junta de Andalucía reparará el firme de más de 56 kilómetros de la autovía A-92 mediante el uso de materiales asfálticos sostenibles (Masai), menos contaminantes y más respetuosos con el medio ambiente. La Consejeria de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha licitado por cerca de 28 millones de euros (27.905.972) cinco contratos para actuar en dos tramos de esta autovía que estaban en mal estado en las provincias de Granada y Sevilla. La intervención, que se llevará a cabo en el año 2023, se suma a la finalizada recienemtene de 14 kilómetros en la A-92 desde la entrada a Sevilla hasta Alcalá de Guadaíra.

“Nunca se había invertido tanto en la conservación de la A-92, que es el principal eje vertebrador de Andalucía“, ha remarcado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, que ha recordado que se habían encontrado con una autovía “con un importante deterioro después de muchos años de escasa apuesta por su cuidado y mantenimiento”. La consejera ha recordado que hay tramos que llevaban más de 15 años sin someterse a una reparación integral como la que se está llevando a cabo desde mediados de este año.

Además, ha resaltado “el componente ecológico y medioambiental” de la intervención, en sintonía con la Revolución Verde que está aplicando el Gobierno andaluz en todas sus políticas. “Gracias a que hemos innovado en nuestras carreteras con materiales sostenibles hemos conseguido ser la única comunidad autónoma que ha obtenido fondos europeos React-EU para mejorar el estado de nuestra red viaria“, ha señalado la titular de Fomento. Además de la reparación del firme, también se efectuarán otras medidas como la sustitución de la iluminación actual por otra menos contaminantes o la instalación de pantallas acústicas en la autovía.

Tres de estos contratos se ejecutarán en un tramo de 35 kilómetros de la autovía A-92 en la provincia de Granada, entre los términos municipales de Loja, Sálar, Huétor Tájar y Moraleda de Zafayona, con un presupuesto de 18,7 millones de euros y un plazo de ejecución de ocho meses una vez se inicien los trabajos. Este tramo, situado entre los puntos kilométricos 176 y 211, presenta un elevado tráfico, ya que se trata de un eje vertebrador del transporte por carretera, soportando una media de hasta 32.000 vehículos al día, con un 18 por ciento de tráfico pesado. A pesar de la gran carga de vehículos, no se había aplicado ninguna reforma integral del firme en los últimos años, lo que había derivado en un empeoramiento de la vía.

Los otros dos contratos corresponden a la reparación del firme de un tramo de 21 kilómetros de la autovía A-92 en la provincia de Sevilla, entre los términos de Arahal y Paradas (kilómetros 37 al 58). El presupuesto base de licitación es de cerca de 9,2 millones de euros para actuar en este tramo, que llevaba prácticamente 15 años sin reparaciones integrales y por el que actualmente circulan una media cercana a los 25.000 vehículos diarios, un 13 por ciento de ellos camiones. En el caso de este tramo de la provincia de Sevilla, el plazo de ejecución estimado será de cuatro meses.

Estos proyectos consisten en el refuerzo del firme para rehabilitarlo estructuralmente y, con ello, corregir los desperfectos de la vía y mejorar su seguridad vial. Así, se extenderá una nueva capa de rodadura a lo largo de toda la longitud del tronco de autovía y en los ramales de acceso y salida de la autovía, así como de las vías de servicio de ambas márgenes de la autovía localizadas en el tramo.

En los tramos del tronco de autovía en donde el firme se encuentra muy deteriorado se procederá a realizar un fresado de ocho centímetros de espesor y reposición con ocho centímetros de mezcla bituminosa en semicaliente (MASAI II). De igual manera, se ha proyectado la reposición de toda la señalización horizontal, tanto en el tronco de la autovía como en los ramales de los enlaces. Se completará la señalización horizontal con la ejecución, en la banda izquierda y en la banda derecha, de ambas calzadas de la autovía, de huellas sonoras. También se sustituirá la señalización vertical que se encuentra en mal estado, así como algún cartel de lamas.

Las empresas interesadas en ejecutar estas obras de reparación integral del firme en la A-92 tienen hasta 19 de diciembre para presentar ofertas a través de la plataforma electrónica de la Junta de Andalucía (SIREC).

Mezclas sostenibles

La principal novedad de esta reparación es el uso de Materiales Asfálticos Sostenibles Automatizados e Inteligentes (MASAI), desarrollado por el Laboratorio de Ingeniería de la Construcción (LabIC) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Granada y que la Consejería de Fomento está aplicando en su red viaria de titularidad autonómica.

Los Masai son mezclas bituminosas producidas a temperatura máxima de 140 grados y con características singulares, como que al menos el 20 por ciento del peso es material fresado procedente de carreteras deterioradas o el 0,5 por ciento de material reutilizado como polvo de neumáticos.

La denominación del nuevo material asfáltico hace honor a la tribu Masai asentada en el este de África. Para sus miembros, la tierra y todos sus elementos son sagrados y por ello se niegan a degradarla. Su supervivencia depende de la salud y fortaleza de la naturaleza de su entorno y de aprovechar al máximo todo lo que ésta les proporciona, no generando ningún residuo. Y éste es el espíritu principal de los nuevos materiales Masai: reutilizar, reciclar y valorizar productos ya preexistentes, incluso de la propia carretera, de forma que no se sobreexploten los recursos naturales, además de imponer nuevas técnicas de producción que permitan reducir drásticamente la temperatura de fabricación lo que conllevará menores consumos de combustibles fósiles y, por ende, una reducción notable de las emisiones durante la fabricación de las mezclas.

Jesús Díaz. Madrid

Carolina España Reina (Málaga, 1969) tiene a sus espaldas una dilatada carrera política, que se remonta a finales de la década de los 90. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Málaga antes de dar el salto a la política nacional como diputada del PP por Málaga en el Congreso.

Siempre vinculada al ámbito económico, la veterana política asumió a finales de julio pasado el reto de liderar el equipo económico de Juanma Moreno Bonilla, primer líder del PP en lograr mayoría absoluta en Andalucía. Reina lleva apenas cuatro meses al frente de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía y en ese tiempo se han aprobado los Presupuestos de la región para 2023 y una rebaja fiscal que ha provocado un terremoto en el panorama nacional.

– ¿Cree que el impuesto a las grandes fortunas del Gobierno ha sido una reacción directa a la decisión de la Junta de bonificar al 100% Patrimonio?

Sin lugar a dudas. El impuesto a las grandes fortunas es un ataque directo a la autonomía financiera de las comunidades autónomas, que viene recogida en la Constitución, en la LOFCA, en la Ley de Tributos Cedidos, en nuestro propio Estatuto de Autonomía… Pero qué duda cabe de que este impuesto se establece de la noche a la mañana por el Gobierno de Pedro Sánchez a raíz del anuncio de Andalucía de bonificar al 100% el Impuesto de Patrimonio, porque tres meses antes Podemos había presentado una proposición no de ley en el Congreso sobre este tema y el PSOE había votado en contra diciendo que podría atentar contra la autonomía de las autonomías.

– ¿Tiene sentido económico esa medida?

Es una decisión política. Todos los expertos lo han dicho que la recaudación es anecdótica y, sin embargo, es una decisión ideológica, política y, además, negativa para España, no solo para Andalucía, porque va a suponer, sin lugar a dudas, una huida de la inversión de los grandes capitales y de las personas con elevado nivel adquisitivo y, sobre todo, una huida de las empresas, de la inversión. Eso no es bueno para Andalucía, pero tampoco para España. Ahí tenemos muy cerca países que son polos de atracción para estos grandes inversores, como puede ser Portugal, que no tiene Impuesto de Sucesiones y Donaciones ni de Patrimonio. Cuántos despachos fiscales nos dicen que antes la gente, una vez que nosotros habíamos eliminado Patrimonio, empezaba a preguntar qué tenía que hacer para instalarse en Andalucía y ahora lo que están preguntando es qué tienen que hacer para irse a Portugal. Y digo Portugal, como puedo decir Francia o Marruecos.

– ¿Cuánto recaudaba Andalucía antes de suprimir Patrimonio?

Unos 95 millones. Es verdad que vamos a dejar de recaudar ese dinero, pero con la idea de incrementar la recaudación por Renta y por IVA al producirse un ensanchamiento de las bases imponibles. Todas aquellas personas que viven en la Costa del Sol, pero que no son residentes porque no querían pagar Patrimonio se podrían hacer residentes e íbamos a recaudar más por Renta y por IVA que lo que dejamos de perder por Patrimonio.

– Con la supresión de Patrimonio, la Junta aspiraba a atraer a Andalucía a 7.200 fortunas. ¿Da por perdido ese objetivo?

Es verdad que entre los 700.000 euros de Patrimonio y los 3 millones del tributo a las grandes fortunas hay un margen que todavía supone un atractivo por parte de Andalucía, porque aquellas personas o inversiones de entre 700.000 y 3 millones de euros pueden seguir viniendo a Andalucía, que no van a tener que pagar Patrimonio, cuando en otras comunidades autónomas sí. Patrimonio es un impuesto anacrónico que no existe en ningún otro lugar de la UE. En Andalucía, cuando bonificamos al 99% Sucesiones se incrementó la recaudación y el número de contribuyentes. Por ejemplo, se incrementó en 16.000 extranjeros. Y hablando de las grandes fortunas, tenemos 1.000 andaluces con un patrimonio superior a los 3 millones; están pagando actualmente 44 millones de Patrimonio y 195 millones por Renta; es decir, si estas personas se van fuera de Andalucía por la decisión del Gobierno de España dejaríamos de recaudar no solo Patrimonio, que ya lo hemos eliminado, sino también de la Renta, que la mitad es para Andalucía y la mitad para el Gobierno de España.

– Andalucía y Madrid han anunciado que recurrirán el impuesto ante el Tribunal Constitucional. ¿Hay posibilidad de parar el golpe?

Por supuesto que vamos a plantear el recurso una vez esté aprobada la chapuza, porque hacer un impuesto que es calcado a Patrimonio vía enmienda es una chapuza técnica. Estamos ya preparando el recurso. Es verdad que los plazos son lentos pero, en cualquier caso, esperemos que el año que viene si hay elecciones generales y gana [Alberto Núñez] Feijóo elimine este impuesto. Con nuestra bajada de impuestos, desde el año 2018, que es cuando llegamos al gobierno, hemos incrementado el número de contribuyentes en 400.000 y la recaudación en 3.200 millones más solo en el IRPF. Y esto ha ocurrido porque una bajada impositiva atrae a la inversión y a gente a vivir a Andalucía. Hemos pasado de ser un infierno fiscal, como ocurría con los gobiernos socialistas, a ser la segunda comunidad más competitiva fiscalmente y vamos a seguir en esa línea de bajada de impuestos. La pregunta siguiente es “oiga, ¿van a armonizar también el Impuesto de Sucesiones y Donaciones?”, porque en Andalucía había 8.000 familias que todos los años tenían que renunciar a su herencia porque no podían pagar el impuesto. Esto es muy triste. Juanma Moreno llevaba en el programa electoral esa promesa y lo primero que hizo cuando llegó al gobierno en 2019 fue eliminar al 99% el Impuesto de Sucesiones. Y a raíz de ahí hemos ganado miles de contribuyentes.

– Entonces, ¿cree que el verdadero objetivo del Gobierno es armonizar Sucesiones, que es donde de verdad están los ingresos?

Efectivamente, es donde están de verdad los ingresos. Creo que algo de eso había ya en los informes que el Gobierno tenía que enviar a Bruselas con el tema de los fondos europeos. Espero que no me falle la memoria, pero creo que hablaba ya también de armonización del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Espero que, desde luego, no vaya por ahí, porque nos plantaremos desde Andalucía para defender a los andaluces. No entiendo cómo una ministra (de Hacienda) como la señora Montero, que además es andaluza, puede hacerle tanto daño a Andalucía. Andalucía tiene un problema y es que está infrafinanciada, no lo digo yo, lo dicen los expertos, y por ejemplo Fedea establece que por cada andaluz recibimos 151 euros menos que la media de España. Entonces, estamos perdiendo al año 1.000 millones de euros. Llevamos ya desde el año 2009, que se aprobó el sistema de financiación, por cierto sin el apoyo del PP porque ya les dijimos que era lesivo para Andalucía, y hasta 2020, que es el último que está cuantificado, hemos perdido 11.000 millones; es mucho dinero. Cuando la ministra Montero era consejera de Hacienda [de Andalucía], ella le pedía a Rajoy 4.000 millones al año por población total. Nosotros la pedimos por población ajustada, que son 1.000 millones, pero es que ahora no es capaz de reconocer ni esa cantidad cuando ella pedía 4.000 millones. ¿Eso cómo se puede entender?

– Los Presupuestos andaluces para 2023 incluyen rebajas de impuestos por 360 millones. ¿Restará eficacia a ese recorte la contraofensiva fiscal del Gobierno?

La rebaja fiscal no pierde fuelle porque los 360 millones salen, por un lado, de la deflactación del IRPF: ahí estamos hablando de 124 millones; de la suspensión del canon del agua durante 2023, que serían 140 millones, y de la eliminación de Patrimonio, que serían 95 millones; es la parte menor. Nosotros entendíamos que, tal y como estaba la inflación, era el momento de hacer una deflactación de las tarifas. Lo que no entendemos es cómo el Gobierno de España no deflacta la tarifa del IRPF. Tenemos un Ejecutivo cada vez más rico y las familias, cada vez más pobres.

– ¿Qué margen le queda a Andalucía para seguir recortando impuestos?

Ya cada vez queda menos. Hemos bajado al 7% el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y, además, aquellas transmisiones que son de viviendas habituales para familias numerosas son al 3,5%; para jóvenes también son al 3,5%; Actos Jurídicos Documentados lo hemos bajado del 1,5% al 1,2%, y en el tramo autonómico de la Renta todavía tenemos margen, aunque habría que analizarlo, porque los servicios públicos lógicamente hay que seguir manteniéndolos con una calidad importante y hay que guardar un equilibrio.

– Los expertos pronostican un fuerte enfriamiento de la economía en 2023, ¿son unos Presupuestos anticrisis?

Han sido diseñados teniendo en cuenta la incertidumbre y el momento en que nos encontramos. Estos Presupuestos tienen un doble objetivo. Por un lado, crear una red de protección dentro del Estado del Bienestar, por eso vamos a fortalecer los tres servicios públicos esenciales como son la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales, que tienen incrementos superiores al 10%. Y al mismo tiempo, lo que pretendemos es dinamizar la economía, el tejido empresarial y productivo para seguir creando empleo y para eso haremos un uso eficiente de los fondos europeos. Por tanto, sí diría que son unos Presupuestos anticrisis.

– Hablando de fondos europeos, ¿están llegando a la economía y las empresas andaluzas?

En los fondos europeos hay que distinguir entre los fondos estructurales, el Feder; el Fondo Social Europeo, el Feader, que es el agrario… Esos están funcionando relativamente bien. El problema son los Next Generation EU, porque han sido diseñados sin cogobernanza, y eso no lo decimos nosotros, lo dicen todas las autonomías. ¿Tiene sentido que con la sequía que tenemos en Andalucía no se puedan invertir fondos de recuperación en infraestructuras hidráulicas? Como le ha pedido Juanma Moreno al presidente Sánchez, habrá que reformularlo para invertirlo en necesidades reales de la economía andaluza. Eso por un lado. En segundo lugar, la burocracia es tal, hay tal maraña administrativa, que es imposible que las empresas, las pymes, puedan cumplir con esos requisitos para acceder a los fondos. En tercer lugar, la plataforma informática CoFFEE, que debería estar vigente desde 2021, todavía sigue sin funcionar… un desastre. De todas formas, el Gobierno de Andalucía se ha puesto en modo fondos europeos, hemos contratado bastante personal para acelerar las certificaciones. En los primeros meses de 2022 hemos certificado 1.300 millones, que es casi lo que se certificó en los cinco años anteriores de gobierno socialista. Lo que le pedimos al Gobierno de España es que se ponga también las pilas para, si hace falta reformular, que reformulen proyectos, para que la aplicación informática funcione, para eliminar burocracia… para que los fondos puedan llegar realmente al tejido productivo.

– Entonces, ¿ese dinero no está llegando al tejido económico?

No, no llega. Los fondos del Mecanismo de Recuperación se van a poder certificar hasta 2026 y ahora mismo creo que el Gobierno está intentando ver si reformulamos, si no reformulamos… El Gobierno de España debería tender la mano a las comunidades autónomas, que son las que tienen que ejecutar esos fondos y abrirse a reformular y a cambiar lo que haya que cambiar con tal de que se ejecuten. Es un problema que tienen todas las comunidades autónomas, pero además se les dijo cuando hicieron el decreto del Mecanismo de Recuperación que eso así no iba a funcionar. Y no está funcionando, no como debiera. El problema es que está todo muy constreñido. Por ejemplo, puedes hacer más guarderías. Oiga, yo no quiero más guarderías porque no tengo más niños, déjenme a lo mejor que avance en la gratuidad de 0 a 3 años, o déjenme hacer infraestructuras hidráulicas, con la falta que nos hace en Andalucía con la sequía. Espero que al final reformulen y se puedan aplicar.

– ¿De los fondos asignados a Andalucía, cuántos han recibido?

De los fondos del Mecanismo de Recuperación se han asignado a Andalucía 3.868 millones de euros, de los que ya se han transferido 2.520 millones y hemos presupuestado más de 2.000 millones.

El impuesto a las grandes fortunas es un ataque directo a la autonomía financiera de las comunidades”

Es una decisión ideológica que va a suponer, sin lugar a dudas, una huida de las empresas, de la inversión”

La pregunta siguiente es: ‘Oiga, van a armonizar también el Impuesto de Sucesiones y Donaciones?”

No entiendo cómo una ministra de Hacienda, que además es andaluza, puede hacerle tanto daño a Andalucía”

En los presupuestos de 2023, Sanidad, Educación y Servicios Sociales tienen aumentos superiores al 10%”

• Las obras avanzan “según lo programado” dicen fuentes municipales Las previsiones sitúan su finalización a finales de diciembre

El carril ciclopeatonal que unirá las barriadas de Campohermoso y San Isidro como alternativa a la carretera provincia AL -3111, uno de los compromisos electorales del grupo municipal del PSOE, quien gobierna con mayoría absoluta (11), avanza según lo programado y los trabajos de asfaltado, ya iniciados, anuncian que ha entrado en su recta final.

“No es un obra pequeña ni mucho menos, como tampoco lo son los problemas que ha ocasionado el trasiego de maquinaria durante los enormes movimientos de tierra que se han llevado a cabo, tendido de redes o canalizaciones, pero va tomando forma” valoran fuentes municipales desde su red social oficial de facebook.

El consistorio ha activado tres procedimientos de expropiación a lo largo de este año de este proyecto de obras. Primero con el expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de urgencia en los tramos 1 y 2 de la fase 1 en Campohermoso. Después, convocando a los titulares de una finca y la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación en el tramo 1 de la fase 1. Y a finales de octubre, con la relación de bienes y derechos afectados correspondientes a la fase II del proyecto de estas obras.

La superficie correspondían a la expropiación de las pasarelas y afecta a tres fincas, cuyos propietarios han cedido el uso de este suelo, que no su propiedad que está sujeto a la rentabilidad de su aprovechamiento urbanístico. ”No se han producido impugnaciones en el proceso” descubierto la alcaldesa. La extensión está una vía pecuaria donde no está permitido construir según la legislación urbanística vigente.

Las obras de ejecución de este carril ciclo peatonal concluirán “a finales de este año y el carril bici estará en disposición de ser utilizado para enero de 2023”, según las previsiones municipales. Este proyecto ha sido incluido en el Plan Municipal de Movilidad Urbana Sostenible y ha merecido el apoyo económico del Estado con una subvención de 1.2 millones de euros a través de los fondos europeos, “ por lo que nos han venido bastante bien, porque en un principio la intención de este equipo de gobierno era costear las obras con fondos propios”, indicado la primera edil de los nijareños, Esperanza Pérez Felices.

La ejecución de este carril ciclo peatonal era “una demanda histórica de los vecinos, ya que esta vía es la une al mayor número de población del municipio entre San Isidro y Campohermoso”, según ha recordado la alcaldesa, y su ejecución no ha estado exenta de dificultades. Los problemas han devenido por las afecciones a la vía pecuaria de la Junta de Andalucía, la carretera provincial de Diputación y a una serie de instalaciones, cuya titularidad no está clara si es de la Junta de Andalucía, Diputación provincial o de propietarios.

• UGT y CCOO firman con Construcor un acuerdo que afecta a 21.000 trabajadores y 2.785 empresas

• La jornada reducida e intensiva, de siete horas, será obligatoria del 26 de junio al 7 de septiembre

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT y el Sindicato del Hábitat de CCOO han firmado con la patronal Construcor el nuevo convenio de la construcción de Córdoba, que afecta a unos 21.000 trabajadores y a unas 2.785 empresas. Así, tras el acuerdo estatal alcanzado el pasado agosto, la provincia ha sido una de las primeras en consensuar esta adaptación que, además de recoger los incrementos salariales pactados a nivel nacional, contempla otros aspectos personalizados como la distribución de la jornada.

Así, aunque el nuevo convenio tiene una vigencia de cinco años (2022-2026), sólo se han fijado los incrementos salariales de los ejercicios 2022 (con carácter retroactivo desde el 1 de enero), 2023 y 2024. El nuevo marco normativo del sector de la construcción incluye una subida salarial pactada del 4% para 2022, que corresponde a un 3% para las tablas salariales y a un 1% para los planes de pensiones. Igualmente, para el año 2023, el incremento será del 3% en tablas, mientras que para 2024 el alza será también del 3%, aunque con el 2,75% en tablas y el restante 0,25% en los planes de pensiones.

No obstante, uno de los avances en materia retributiva es la cláusula de garantía salarial para corregir la pérdida de poder adquisitivo por la inflación. Se trata de una cláusula referenciada al valor promedio de los incrementos porcentuales interanuales que experimente el IPC en el período 2022-2024, y operará cuando dicho valor registre un nivel superior al 10%, y siempre con un máximo de un 13%. El 50% de ese exceso se aplicará sobre las tablas salariales de 2024 a partir de 1 de enero de 2025, sin carácter retroactivo, y el otro 50% se destinará al plan de pensiones.

En lo que respecta a la distribución de la jornada, los sindicatos CCOO y UGT y Construcor han acordado también el calendario laboral de 2023, que contempla 1.736 horas efectivas de trabajo, con una jornada intensiva (y reducida de siete horas) que será obligatoria desde el 26 de junio al 7 de septiembre, a lo que hay que añadir que Lunes, Martes y Miércoles Santo se trabajará siete horas de forma continuada y habrá un día no laborable con motivo de la feria de cada localidad, en el caso de Córdoba capital corresponde con el viernes.

Además, como novedad, se incorpora la posibilidad de que esta jornada pueda prolongarse mediante acuerdo entre las empresas y el personal contratado, según las recomendaciones de los servicios de prevención, con la recuperación de las horas que suponga la ampliación de dicha jornada continuada.

Aplicación de la Reforma Laboral a la contratación

En materia de contratos, el texto incluye la aplicación de la reforma laboral, concretamente, la nueva regulación de la figura del contrato indefinido adscrito a obra. Ahora, las empresas están obligadas a recolocar en otra obra de la provincia al personal que esté bajo esta modalidad contractual, así como a formarle en caso de que sea necesario. También se modifica el contrato temporal por circunstancias de la producción, cuya duración máxima será de 12 meses y con tan sólo una prórroga dentro de ese período, recogiendo una indemnización del 7% tras su extinción.

Finalmente, el convenio regula el contrato fijo discontinuo en lo relativo a la duración del plazo de inactividad y se ha establecido una cuantía a abonar cuando finalice el período de actividad (5,5%), así como la posibilidad de percibir una cuantía adicional (un 1,5% más) si el contrato de trabajo se extinguiese por voluntad de las partes transcurrido 25 meses sin que se hubiese producido un nuevo llamamiento.

La adhesión al plan de pensiones y de empleo acordado en el ámbito del Convenio General del Sector es una de las novedades más relevantes. Con ello se pretende potenciar, a través de la negociación colectiva, un sistema de previsión social complementario de las pensiones públicas, en especial la de jubilación.

Se trata de una iniciativa se alinea con las recomendaciones del Pacto de Toledo, y su finalidad básica y primordial es facilitar al conjunto de las personas que trabajen en el sector el acceso a planes de ahorro que no comprometan sus niveles de renta. Y, en tercer lugar, la creación de una bolsa sectorial de empleo a nivel provincial, que se pretende coordinar a través de la Fundación Laboral de la Construcción.

Los firmantes del convenio también han puesto en valor la mejora de la productividad en el sector como otro elemento fundamental y determinante, cuestión que se ha visto favorecida por el crecimiento gradual y sostenido producido en el volumen de empleo en el sector, y la reducción del absentismo como consecuencia, entre otras causas, de la formación recibida por los trabajadores y empresarios en prevención de riesgos laborales a través de la Fundación Laboral de la Construcción.

Valoraciones

Tras la firma, el secretario general de UGT FICA Córdoba, Pedro Téllez, ha apuntado que este acuerdo supone “estabilidad para un sector que crea mucho trabajo directo e indirecto en nuestra provincia, así como una mayor modernización de las relaciones laborales e importantes avances en materia salarial para los próximos tres años, con la recuperación de la cláusula de garantía salarial y la aportación al Plan de Pensiones”.

Asimismo, Téllez se ha congratulado por los pasos dados para favorecer la extensión de la jornada intensiva fuera del período obligatorio. “Vivimos en una provincia en la que hay años en los que el calor se adelanta o se prolonga fuera de la época estival, por eso es importante que se recoja en el convenio la posibilidad de adaptar la jornada en cualquier momento por razones climatológicas”, ha añadido.

Por su parte, el secretario General del Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, Antonio Salazar, ha señalado “que la buena sintonía entre la parte sindical y la patronal ha permitido firmar un acuerdo antes de que acabe el año y empezar así el año 2023 con la aplicación de las nuevas tablas salariales, lo que beneficia a los trabajadores del sector, especialmente, a los temporales, que no tendrán que reclamar las subidas salariales con carácter retroactivo”. Además, Salazar ha resaltado que “no solo se ha conseguido un acuerdo en un tiempo récord sino que éste recoge una cuestión fundamental como es la cláusula de revisión salarial, que es la forma de garantizar que los trabajadores mantienen su poder adquisitivo”.

Desde Construcor aseguran que “con este convenio, los agentes sociales y las empresas de la construcción han buscado dar estabilidad al sector, modernizando las relaciones laborales y asegurando una paz social que contribuya a relanzar la economía cordobesa”. Al mismo tiempo, la asociación empresarial de los profesionales de la Construcción ha defendido que este es “uno de los convenios más importantes de la economía cordobesa, ya que afecta directamente a 21.000 trabajadores y a 2.785 empresas, y ello con independencia del efecto arrastre que tiene sobre otras actividades económicas”.

• Consideran que el paso de la infraestructura por la calle San Ramón rompe los flujos de tráfico y transportes por la red provincial de carreteras y buscan una “opción de movilidad válida” y compatible con la misma

• La posibilidad de la paralización de las obras por vía judicial por parte de asociaciones vecinales del municipio aún no está descartada 

• El Ayuntamiento de Churriana rechaza el referéndum sobre el paso del Metro de Granada

La Diputación de Granada ha pedido formalmente a la Junta de Andalucía que se busque una alternativa para garantizar que la futura ampliación del Metropolitano no afectará a la movilidad en las carreteras del Área Metropolitana de la provincia.

En concreto, la institución provincial ha planteado el caso de la travesía de Churriana, la conocida como calle San Ramón, que es muy utilizada por los vecinos de la localidad de Cúllar Vega y de otros municipios de la zona para acceder a Armilla y a la capital.

En principio, esta vía se verá afectada en su totalidad por el trazado del Metro, ha recordado el diputado provincial de Obras Públicas y Vivienda, José María Villegas, quien se ha reunido con el delegado de Fomento de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio Ayllón, tras las alegaciones que presentó la institución provincial al proyecto de prolongación del metropolitano que ha planteado el Gobierno andaluz.

“Tenemos que buscar una solución porque una vez que el metro esté funcionando muchos ciudadanos se seguirán moviendo en coche y utilizando esas carreteras”, ha apuntado, y ha solicitado a la Junta que estudie una alternativa de movilidad válida para el tráfico viario de esta zona.

En este sentido, ha precisado que varios tramos de la red provincial de carreteras del entorno metropolitano no podrían cumplir las funciones que tienen en la actualidad, de acuerdo con el trazado previsto en el estudio informativo.

“Si el Metro se materializa como está previsto en el estudio informativo, algunos tramos de la red provincial de carreteras perderían la funcionalidad que tienen hoy, al quebrar los flujos de movilidad existentes entre los distintos núcleos de población, por lo que el proyecto de construcción de la ampliación del Metro debe contemplar la reposición de infraestructuras alternativas para mantener la conexión por carretera entre las localidades afectadas”, ha precisado el diputado provincial de Obras Públicas.

El diputado ha subrayado que el caso de la calle San Ramón, oficialmente la GR-3304, y de otras del cinturón pueden resolverse sin dificultad, por la vía de la negociación y el acuerdo. “La extensión del Metro en el Área Metropolitana es una necesidad”, ha indicado, y ha destacado que la Diputación de Granada “va a facilitar, en todo lo que esté a su alcance, y lo permita la legislación vigente, que el proyecto se desarrolle cuanto antes”.

Apoyo provincial a la infraestructura en las alegaciones

En esta línea, el diputado ha insistido en su total apoyo a la prolongación del Metro en el Área Metropolitana de Granada, un proyecto que, para la institución provincial, “contribuye de manera eficaz a continuar la mejora de la movilidad sostenible entre los municipios de la Aglomeración Urbana de Granada iniciada con la línea del Metro que actualmente está en funcionamiento”. Así consta en las alegaciones formuladas por la institución provincial al Estudio Informativo de la ampliación del Metro.

Las alegaciones formuladas ante la Junta de Andalucía, realizadas por los técnicos del Servicio Provincial de Carreteras de la Diputación el pasado mes de julio, plantean que debe estudiarse para “la ampliación Sur una solución que minimice o elimine la afección que se produce en la carretera provincial GR-3303, que va de Granada a Las Gabias, al pasar la llamada rotonda de La Gloria, dada su oblicuidad y longitud de cruce, pues podría presentar graves problemas teniendo en cuenta la alta intensidad de tráfico que tiene esta carretera”.

El informe del Servicio Provincial de Carreteras indica, además, que el diseño previsto en el estudio informativo del Metro hace “imposible el uso o funcionamiento normal como carretera” de las travesías de Churriana de la Vega y Albolote, por lo que consideran que dichos tramos tendrían que quedar como viario de carácter municipal de uso compartido con la plataforma del Metro y ser transferidos a la Administración que corresponda, por su falta de funcionalidad como carretera.

Paralelamente, los técnicos del servicio Provincial de Carreteras consideran que se ha de contemplar la ejecución de infraestructuras alternativas a los actuales flujos existentes de conexión, por un lado, de Armilla con los municipios de Cúllar Vega, Vegas del Genil y urbanizaciones de Las Gabias a través de la calle San Ramón de Churriana (GR-3304), y, por otro, de Maracena con la A-44 y la GR-43, puesto que esos flujos quedarían interrumpidos con el trazado del metro que contempla el Estudio Informativo.

Con todo, la Diputación de Granada, en su informe de alegaciones, solicita que una vez que se haya redactado el proyecto de construcción, y antes de su aprobación definitiva, se de traslado a la institución provincial para que, “en base a los planos de planta y de secciones con datos más concretos, se pueda realizar un análisis más profundo y plantear las alegaciones más concretas que se estimen oportunas”.

Posible paralización de las obras por vía judicial

Hace ahora dos meses, la ‘Asociación para el estudio, conservación y movilidad de los núcleos urbanos de la Vega de Granada’ amenazaba con utilizar la vía judicial para paralizar el proyecto de ampliación del Metro de Granada por la zona sur de su Área Metropolitana, asegurando que si no se daba respuesta a un recurso de casación pedirían ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la paralización de todas las acciones previstas ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Fuentes de la organización consultadas por Granada Hoy han asegurado que el pasado mes de noviembre se impuso un nuevo recurso de reposición ante la Consejería de Fomento, del que se espera una respuesta a principios del mes de diciembre. En caso de no producirse respuesta al mismo, este se entendería como desestimado, por lo que a partir de la primera quincena de diciembre podría producirse esta denuncia ante los tribunales.

Pese a la posibilidad, desde la asociación han asegurado a este periódico que se teme al uso de la vía judicial por su elevado coste, posible prolongación en el tiempo e imprevisibilidad de resultado.

Aun así, han recordado que la opinión de la asociación es si a la ampliación del Metro de Armilla a Las Gabias, pero directo por la Carretera de Alhama (la A-338), junto a la Base Aérea, pues según su valoración sería más rápido, más barato, y más sostenible.

El pasado mes de octubre se celebró en la localidad de Churriana de la Vega un Pleno extraordinario en el que se debatió sobre el paso de la infraestructura por la calle principal del municipio, a petición de los concejales de la oposición, (PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos), para analizar la situación y votar sobre la celebración de una consulta a la ciudadanía sobre el trazado del metro en la localidad. No hubo sorpresa y esta votación, que no iba a ser vinculante fuera cual fuera su resultado, no salió adelante tras el voto en contra del equipo de Gobierno (PP) y del concejal no adscrito.

• Sería el de Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo, avanza el presidente d el Diputación tras reunirse con la ministra en Madrid

Infraestructuras viarias pendientes en Jaén y el ferrocarril de la provincia sobre la mesa de diálogo en la que departieron el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Ambos mantuvieron una reunión de trabajo en la que abordaron diferentes cuestiones en torno a infraestructuras viarias y conexiones ferroviarias en la provincia de Jaén. En el encuentro, que tuvo lugar en la sede del Ministerio en Madrid, el presidente y la ministra analizaron, en lo que a carreteras se refiere, el estado de los tramos de la autovía A-32 tras la inauguración, el pasado mes de septiembre, del comprendido entre los municipios jiennenses de Torreperogil y Villacarrillo.

• El objeto del proyecto, cofinanciado en un 80% por la UE, es la creación de un espacio público accesible a través de la ampliación de la plaza hacia el Este, eliminando parte de la calzada que actualmente existe – La obra ha sido adjudicada a la UTE Probisa-Atosa, y tiene un plazo de ejecución de ocho meses

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha adjudicado a la UTE Probisa-Atosa la obra para la remodelación integral de la plaza del Llano de Doña Trinidad por un importe de 802.120 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de ocho meses.

• El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha visitado las obras para la mejora del itinerario peatonal de las avenidas de Montes Sierra y Fernández Murube, en el Polígono Industrial de la Carretera Amarilla (PICA), unos trabajos que están apunto de culminar y que se enmarcan en la estrategia municipal de inversiones en parques empresariales desarrollada por el Ayuntamiento a través del Área de Economía, Comercio y Turismo. El presupuesto total de licitación para esta intervención asciende a 272.601,29 euros.

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha visitado las obras para la mejora del itinerario peatonal de las avenidas de Montes Sierra y Fernández Murube, en el Polígono Industrial de la Carretera Amarilla (PICA), unos trabajos que están apunto de culminar y que se enmarcan en la estrategia municipal de inversiones en parques empresariales desarrollada por el Ayuntamiento a través del Área de Economía, Comercio y Turismo. El presupuesto total de licitación para esta intervención asciende a 272.601,29 euros.

Antonio Muñoz, quien ha estado acompañado por el delegado de Economía, Comercio y Turismo, Francisco Javier Páez, el presidente de la Asociación de Parques Empresariales de Sevilla, Antonio López Balbuena; su gerente, José Manuel Fernández; el vicepresidente del PICA, Eduardo Castro Motos, y sugerente, Jesús Pastor, ha destacado que “el plan plurianual de inversiones en los parques empresariales de la ciudad, con casi 7,5 millones de euros ejecutados en los últimos años, garantiza una paulatina y continuada reforma de sus viales, acerados, infraestructuras, redes de servicios públicos, señalizaciones y accesos de los parques empresariales, que son un auténtico motor de la economía y el empleo de la ciudad”.

“El objetivo es mantener el ritmo de inversión en parques empresariales en los próximos años y alcanzar otros 7,5 millones de euros en los próximos cuatro años”, ha abundado el alcalde en un comunicado. Entre los proyectos para el PICA, ha anunciado que la empresa metropolitana Emasesa trabaja ya en los estudios previos para la construcción en el entorno de un depósito de detención de aguas pluviales, “que supondrá una gran transformación urbana para esta zona empresarial por la reurbanización que llevará aparejado el proyecto, que se encuentra ya en su fase de estudio”. Asimismo, se ultima la tramitación administrativa para reurbanizar la calle Motor.

En el PICA se están acometiendo en los últimos años inversiones municipales de entorno a un millón de euros, con actuaciones como la pavimentación de las propias calles Fernández Murube y Montes Sierra, la renovación de las calzadas de las calles José María Ibarra y Gómez-Rull, Antonio de la Peña López, Comercio o Ahorro y la reurbanización de la zona terriza de acceso frente a Los Arcos.

En concreto, la obra visitada del itinerario peatonal de las avenidas de Montes Sierra y Fernández Murube incluye la creación de una zona pavimentada en el espacio peatonal de tres metros de ancho que lindará con los cerramientos delas naves comerciales. Este acerado estará delimitado por bordillos de granito y el pavimento será de adoquines de hormigón en color gris y encintados en color albero. Además, se eliminarán las barreras arquitectónicas existentes en el itinerario y, para ello, el bordillo de granito procedente del levantado será sustituido por bordillo nuevo con todas las caras serradas en la zona que coincida con la calzada a cota.

Por otro lado, en los vados se colocará la solería hidráulica normalizada para señalizar su existencia y se realizará con baldosas de 6 centímetros de espesor, mientras que el espacio para aparcamiento de vehículos en cordón tendrá unos 2,40 metros de ancho y estará formado por una base de zahorra artificial de 20 cm de espesor y una solera de hormigón de 15 centímetros de espesor.

Para la corriente de recogida de aguas se reutilizarán las piezas de granito y estará formada por una doble hilada. Debido a que hay una parte que está cubierta de aglomerado, en algunos tramos se ha previsto la instalación de una corriente de doble hilada con adoquines nuevos en esos tramos.

En el capítulo de saneamiento, se ha incluido la sustitución del colector de la Avenida de Montes Sierra por uno de tubería de gres vitrificado y también se han incluido todos los imbornales, que en la Avenida Fernández Murube se conectarán a los pozos de registro existentes y en la de Montes Sierra a los nuevos pozos.