• El proyecto afectará a 856 hectáreas y a 747 regantes de distintos puntos del Litoral

• Entre las novedades, se incluirá la posibilidad de usar agua regenerada para el riego

• “El crecimiento urbano y el regadío de frutas tropicales desborda lo que Rules y los acuíferos pueden abastecer de forma sostenible”

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), ha suscrito hoy un convenio con la Comunidad de Regantes Jóvenes Agricultores (Málaga y Granada), para abordar obras de modernización de regadíos por valor de 3.018.800 euros (IVA no incluido) con cargo al “Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) en su primera fase.

El proyecto de mejora por la utilización en regadío de las aguas regeneradas procedentes de la EDAR de La Herradura, Almuñecar, para las comunidades de regantes de La Herradura, Almuñecar afectará a 856 hectáreas beneficiando a 747 regantes de la Comunidad de Jóvenes Agricultores, y de las comunidades de La Marina 1, San José y Río Jate.

La modernización permitirá usar para el riego el agua regenerada procedente de la EDAR de La Herradura, mediante la ejecución de una nueva estación de bombeo y una nueva tubería de impulsión que conectará una balsa de acumulación junto a la EDAR con otra balsa en la Cabecera del Río Jate, según ha explicado Francisco Rodríguez Mulero, presidente de Seiasa. Esto supondrá una mejora importante en la calidad de las aguas que en época estival tiene la zona regable, permitiendo el aprovechamiento para el regadío de las aguas regeneradas.

Se instalará además un sistema de automatización y telecontrol para digitalizar la gestión, con el fin de maximizar la eficiencia hídrica y energética. El proyecto incorporará las herramientas necesarias para la monitorización por sensores del contenido de humedad del suelo y un sistema de monitorización para el control y seguimiento del contenido de nutrientes, principalmente nitrógeno y potasio en el agua del riego.

Las inversiones del plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos del PRTR tienen un carácter público-privado, por lo que la aportación pública será de un máximo del 80% del coste de los gastos elegibles, mientras que las comunidades de regantes aportarán el resto.

El proyecto ha sido seleccionado a propuesta de la comunidad autónoma, de acuerdo con los requisitos de sostenibilidad ambiental, eficiencia energética, e implementación de nuevas tecnologías exigidos por la Unión Europea para la aplicación de los fondos de recuperación. Al estar financiados con éstos, las obras deberán estar terminadas en el año 2026.

Lealtad institucional para enfrentar la sequía

Tras la firma de este convenio, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado que está “garantizado todo el expediente de regulación de los desglosados 9 y 3”, que suponen 105 millones de inversión, según el delegado, al tiempo que ha asegurado que “la maquinaria está en funcionamiento”, por lo que confía en que el resto de desglosados del proyecto siga adelante pero a su debido tiempo. 

Sobre este asunto, ha planteado que el 20% que corresponde a agricultores para la cofinanciación de las canalizaciones puede servir a la Junta “para poder aliviar el bolsillo” de este colectivo, y “que el 80 por ciento lo pone el Gobierno”, cuyo “compromiso claro y expreso” ha destacado Fernández tras la presentación la semana pasada de los Presupuestos Generales del Estado para 2023.

Fernández también ha pedido  a la Junta de Andalucía lealtad institucional en materia de obras de infraestructuras que son estratégicas para enfrentar la sequía, la cual ha agregado que no se está produciendo “la mayoría de las veces” en esta materia. 

“La gran mayoría de los anuncios que se hacen por parte de la Junta de Andalucía con el presidente”, Juanma Moreno, “a la cabeza vinculadas a la agricultura tiene detrás un compromiso y una financiación del Gobierno de España”, ha aseverado Fernández, quien ha lamentado que en la mayor parte de los mismos se hacen “sin citar” al Ejecutivo central.

“Cuando escucho decir que está dispuesto a financiarlo todo o a colaborar, yo le digo que ya van tarde”, ha señalado Fernández en referencia a, entre otras, las obras en Sierra Boyera, en la provincia de Córdoba, con “seis millones de euros prácticamente que está ejecutando el Gobierno de España” para “suministrar a 80.000 personas agua potable y que no ejecutó en su momento la Junta de Andalucía.

• El plazo de presentación de solicitudes comenzará de forma telemática el próximo 17 de octubre

• Ayudas por mejorar la eficiencia energética de tu vivienda: requisitos, plazos, importe y documentación a presentar

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Sánchez, ha presentado en Cádiz las novedades relativas al Plan Ecovivienda. A esta convocatoria de ayudas para la rehabilitación de viviendas y edificios, ya publicada en BOJA, se pueden acoger vecinos y comunidades de propietarios. El plazo de presentación de estas solicitudes comenzará de forma telemática el 17 de octubre.

Carmen Sánchez ha apuntado que “desde el Gobierno andaluz aumentamos la oferta para ordenar los precios sin intervenir el mercado” y ha animado a la ciudadanía de la provincia a solicitar las ayudas disponibles en esta convocatoria de rehabilitación con cargo al Plan Ecovivienda, el programa de la Junta de Andalucía para gestionar los fondos europeos Next Generation en vivienda, que cuenta con un presupuesto de 133,5 millones de euros con el que se beneficiarán más de 25.000 familias andaluzas. La delegada de esta Consejería ha informado de que la provincia gaditana cuenta con una cantidad estimada de 19,6 millones de euros, a disposición de quienes deseen optar a estos incentivos. Asimismo, ha puntualizado que gracias a este plan se podrán rehabilitar 5.697 viviendas en Cádiz.

La delegada territorial ha invitado a los ciudadanos de la provincia “a aprovechar esta gran oportunidad”, que no sólo supondrá una inversión para renovar sus viviendas, sino para “mejorar su eficiencia energética”. Además, ha indicado otras ventajas, como que el coste de la obra tendrá desgravaciones fiscales y que existen condiciones ventajosas para que las comunidades de propietarios puedan financiar sus obras.

En definitiva, según ha precisado, “el esfuerzo económico de los gaditanos y gaditanas se verá compensado con la bajada del recibo de la luz, con desgravaciones fiscales por el coste de la obra y condiciones ventajosas de financiación bancaria”. Asimismo, “es una gran oportunidad para sumar a los hogares gaditanos a las medidas de ahorro energético”. “Se va a notar en el bolsillo a medio y largo plazo y se va a ganar en confort. Además, es una línea de ayudas ideal para bloques antiguos con reformas pendientes”, ha añadido.

Carmen Sánchez ha hecho referencia a una orden que engloba subvenciones para rehabilitación a nivel de edificios, subvenciones para la mejora de la eficiencia energética en viviendas, subvenciones para la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y subvenciones para la redacción de proyectos de rehabilitación. También ha aludido en este ámbito a las ayudas que no tributan en el IRPF y tienen deducciones fiscales en función de las cantidades invertidas.

Ayudas en régimen de concurrencia no competitiva

Estas subvenciones en el marco del Plan Ecovivienda son en régimen de concurrencia no competitiva y las solicitudes se recibirán “por orden de llegada”, según ha indicado la delegada territorial. Estos incentivos tienen como objetivo rehabilitar y mejorar la eficiencia energética de las viviendas en, al menos, un 30% y reducir las emisiones en el parque residencial. Con ello, se ayudará a las familias a la mejora del aislamiento en fachadas y cubiertas, a la instalación de sistemas de energías renovables como placas fotovoltaicas, placas solares para agua caliente, aerotermia o calderas de biomasa, y al cambio de ventanas o sistemas de iluminación. Además, si se logran las cuantías máximas, en los proyectos pueden incluirse medidas para la mejora de la accesibilidad del edificio, como la instalación de ascensores. Las ayudas son compatibles entre sí, siempre que no se subvencione el mismo objeto.

El programa de rehabilitación de edificios, sea casa o bloque, contará con 74 millones de euros en Andalucía. Con este programa se subvenciona entre el 40, el 65 y el 80% de la obra en función del nivel de ahorro en consumo de energía no renovable conseguido. La cuantía máxima es de 18.800 euros por vivienda, ya que la subvención puede ser tanto para la comunidad de vecinos como para cada una de las viviendas tipo casa unifamiliar. La mitad del pago de estas ayudas se hará por anticipado, es decir, al inicio de la obra.

Por su parte, el programa de mejora de la eficiencia energética en viviendas dispondrá de 52 millones de euros en subvenciones en la comunidad autónoma que podrán alcanzar hasta el 40% del coste total, con un máximo de 3.000 euros. En este caso también será necesario certificar un ahorro de consumo de energía primaria de, al menos, el 30%.

Además, también se ha abierto la convocatoria para elaborar el libro del edificio, con 2,3 millones en subvenciones en Andalucía. La cuantía máxima en caso de viviendas unifamiliares y edificios plurifamiliares de hasta 20 viviendas será de 700 euros más 60 por vivienda. Por su parte, en el caso de edificios plurifamiliares de más de 20 viviendas será 1.100 euros más 40 por vivienda.

Dentro de esta línea también se incluyen subvenciones para la redacción de proyectos de rehabilitación, con 5,2 millones en la comunidad autónoma, con actuaciones subvencionables como costes de gestión, honorarios profesionales, tramitación administrativa, etc. La ayuda en viviendas unifamiliares y edificios de hasta 20 viviendas será de 4.000 euros más 700 por vivienda. Mientras, en edificios con más de 20 viviendas será de 12.000 euros, más 300 por vivienda, con un máximo de subvención de 30.000 euros.

Agilidad en los trámites

Carmen Sánchez ha explicado que, desde el Gobierno andaluz, se apuesta “por la agilidad en los trámites y la simplificación”. Ha aludido asimismo a la “robotización” de procedimientos. En la publicación del BOJA se recogen los formularios de solicitudes para que los ciudadanos los conozcan previamente y puedan prepararlas, con un plazo que comenzará de forma telemática el próximo 17 de octubre y finalizará el 30 de junio de 2023. A este respecto, la delegada territorial de esta Consejería ha animado a la ciudadanía a no agotar este plazo y a presentar las solicitudes correspondientes “con la mayor celeridad posible”.

Además, Carmen Sánchez ha añadido que se realizará un recorrido a modo de campaña informativa en municipios de la provincia de Cádiz para informar con más detalle sobre estas ayudas.

Tras presentar la solicitud, el ciudadano recibirá una comunicación en la que se le notifica que se ha recibido su solicitud. Inicialmente no necesitará presentar ninguna documentación, aunque lo lógico es tener estudiados los proyectos para el momento en que se solicite la documentación. Tras ello se procederá a emitir una resolución provisional reservando el crédito y, a continuación, se dará un plazo de diez días para presentar el proyecto o memoria y toda la documentación.

Desde esta Consejería se ha señalado que la tramitación estará automatizada y robotizada y la consulta, si el solicitante lo estima, será automatizada, es decir, no se pedirán documentos que ya obran en poder de la administración como el censo, catastro o Agencia Tributaria. Este nuevo proceso agilizará la resolución definitiva de la ayuda.

• Las licitaciones sin participación de ninguna empresa suman 653 millones y comprometen, según la Confederación Nacional de la Construcción, la ejecución de los fondos europeos

Solo un día después de unos presupuestos con récord de inversión en infraestructuras, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha echado un jarro de agua fría sobre la realidad del sector. La patronal constructora estima que al menos 1.455 obras públicas han quedado desiertas entre enero y septiembre de este año. El motivo, alega la organización, es la falta de adaptación de muchos pliegos a los desorbitados costes que afrontan las empresas constructoras y las limitaciones del sistema de revisión de precios que habilitó el Gobierno. En conjunto, las licitaciones a las que no ha concurrido ninguna empresa representan 652,8 millones de euros. En el conjunto del año, la CNC estima que puede acabar representando en torno al 10% del total presupuestado para obra pública (las cuentas del año pasado recogían unos 11.000 millones en partidas de infraestructuras), lo que compromete la ejecución de los fondos de recuperación europeos.

“El sector se preocupa cuando ve obras desiertas”, ha resumido Pedro Fernández Alén, presidente de la CNC, al presentar los resultados de su estudio este viernes en Madrid. Los datos se han obtenido a través de las diferentes organizaciones territoriales que se integran en la patronal y afectan a trabajos de todos los niveles de la Administración, desde organismos centrales hasta entes locales. Pero la media que resulta de dividir el volumen económico total por el número de obras, lo que arroja un resultado de menos de 450.000 euros por contrato, hace suponer al dirigente patronal que “sobre todo la pequeña y la mediana empresa son las que más están sufriendo”.

Por volumen de inversión previsto, 1.192 de las licitaciones desiertas tenían un presupuesto de menos de medio millón de euros. Otras 142 obras superaron ese presupuesto sin llegar al millón y, finalmente, 121 trabajos superaban el millón. Territorialmente, se distribuyen entre todas las comunidades. Castilla-La Mancha, con 211 obras por valor de 95,3 millones, es la que muestra una mayor afectación. Le siguen, por volumen económico, Cataluña y Andalucía. Las que menos son La Rioja (seis obras y 3,1 millones) y Navarra (11 obras y apenas 1,5 millones). En Cantabria no se han recogido datos.

El sector de la construcción afronta dificultades de costes desde el rebote económico que siguió a los meses de mayor paralización de la actividad por la pandemia. Los cuellos de botella en las cadenas globales de suministro y la carestía de materias primas disparó los precios de algunos materiales y dificultó la planificación de las obras. Luego la guerra de Ucrania complicó aún más la situación. En conjunto (contemplando la subida de materiales y otros factores como el coste eléctrico o la mano de obra), la CNC calcula que los trabajos se han encarecido de media un 33%.

Ante la volatilidad de precios, el Gobierno ha puesto en marcha tres decretos que permiten actualizar los precios de obra para que las empresas que las han puesto en marcha no se vean obligadas a trabajar a pérdidas. El mecanismo contó en su día con la aquiescencia de la patronal —”creíamos que iba a funcionar de manera fluida”, ha reconocido este viernes Fernández Alén— pero esta lleva meses denunciando que es insuficiente. Por un lado, porque tiene restricciones temporales y por otro porque solo se aplica sobre algunos materiales. “Alrededor del 95% de las obras no pueden acogerse a la revisión”, ha dicho el presidente de la CNC, “lo que está claro es que el precio no se ajusta al mercado”.

El problema es doble. Por un lado, la patronal exige que se habilite un mecanismo de revisión más amplio y critica que la Administración General del Estado amenazara a algunas comunidades autónomas que articularon sus propios sistemas con llevarlas ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias. Por otro, muchas convocatorias se hacen sobre precios desfasados. Como ejemplo, la patronal ha puesto el caso de una obra en Asturias que tras quedar desierta en una primera licitación por 37 millones se acabó adjudicando por 65 millones al actualizar los pliegos y volver a sacar el concurso.

Fernández Alén ha destacado que “el Ministerio de Transportes [el antiguo Fomento] es consciente” del problema y que hay “buena interlocución”, pero que esa situación no se aplica “a la globalidad del Gobierno”. La organización insiste en uno de los asuntos centrales de la legislatura: los fondos europeos de recuperación. España debía recibir 70.000 millones de ayudas (y la misma cantidad en préstamos) que se van liberando poco a poco y dependen en buena medida de actuaciones que pasan por el sector constructor. “Nos preocupa que todo tiene que estar ejecutado en junio de 2026″, ha asegurado el dirigente empresarial, quien también ha valorado el impulso a la inversión en las cuentas públicas de 2023. “No sé si se podrán cumplir”, ha asegurado al recordar que las partidas para rehabilitación de edificios, según sus cálculos, podrían crear casi 190.000 nuevos empleos. “Eso sería en una situación ideal en que los fondos europeos se puedan ejecutar y las licitaciones no queden desiertas”, ha añadido.

• Algunos vecinos se resisten a la rehabilitación con dinero público de una de las barriadas más antiguas de la ciudad

Levantar nuevos bloques de pisos, demoler los antiguos y renovar una barriada con dinero público de abajo a arriba. Es un método que suena a principios de siglo, casi olvidado por una crisis que obligó al sector de la construcción a centrarse en las rehabilitaciones. En 2023, tras una década de crisis, Chiclana lo retomará para afrontar uno de sus grandes proyectos: la renovación de la barriada de El Pilar.

Era una deuda pendiente de la administración desde hacía años. Hablamos de las viviendas en peor estado de toda la ciudad, con los bloques de pisos más antiguos y construcciones que se sitúan en zona inundable –la riada de 1965 llegó a alcanzar la primera planta de los edificios–. La inversión millonaria de todas las administraciones permitirá corregir estos aspectos.

El proyecto comenzará a ejecutarse en la primera mitad del año 2023 con la construcción de los primeros tres bloques de viviendas, a los que se desplazarán las 24 familias de los pisos situados frente a la plaza de La Cerámica. Sus bloques se demolerían tras la mudanza para levantar nuevas construcciones y trasladar a más vecinos –el barrio cuenta con 118 viviendas en total-, aunque esa segunda fase dependerá de futuras inversiones.

De momento, el Ayuntamiento recibió esta misma semana la aprobación definitiva de una serie de subvenciones andaluzas y estatales que permitirán cofinanciar la primera fase. Hasta 1,3 millones de euros que serán complementados para una inversión total de 2,3 millones de euros por el Ayuntamiento (730.712,97 euros, 31% del total) y los vecinos (12.975,99 euros por vecino, el 11%). 

Son precisamente estos últimos los que, tras años de espera, se muestran más reticentes. El proyecto llega con años de retraso tras diversos intentos a lo largo de diversas etapas y algunos han invertido en reformas de sus pisos pese a la oportunidad que supone el traslado. Es el caso de David y Azucena, una pareja que vive de alquiler y está rehabilitando un piso de la familia. ¿Por qué, si tendrán uno nuevo pronto? “¿Seguro? ¿Cuántos años llevan diciéndolo?”, responde ella con escepticismo.

• La partida para el tramo de Loja que servirá para que el AVE corra al fin crece exponencialmente, pasando de 6 a 67 millones, pero aplaza su culminación a 2024
• Las tuberías de la presa de Rules aparecen por primera vez en los presupuestos, pero de los 105 millones que hacen falta, destina menos de uno para este próximo año

Los Presupuestos Generales del Estado traen, en principio, buenas noticias para Granada. Después de ser una de las provincias con menor financiación de todo el país , el próximo año casi duplica lo recibido en este. El paso es de los 104 millones de euros de 2022 se pasa a los 204 millones en 2023.

Las razones para ello tienen que ver, fundamentalmente, con el crecimiento exponencial en las partidas para la Variante de Loja. De seis millones se pasa a 67. Este proyecto, uno de los grandes debes del Estado con la provincia tras la llegada del AVE, era uno de los grandes agraviados año tras año.

A pesar de que este mismo presupuesto recoge que en Granada capital el se incluye la integración del AVE en la entrada en Granada por la Chana, con una partida de 530.160 euros, cinco veces más que lo que recibió el ejercicio pasado, La alta velocidad no llega aún a nivel provincial.

Hay una parte importante del recorrido que, tras llegar a Loja, baja hasta los 40 kilómetros por hora. Los presupuestos del año pasado dejaban un ritmo de inversión que tardaría unos 50, según las estimaciones, en terminar la obra. La subida promete comenzar y terminar al menos las que están en marcha, como la variante de Riofrío, pero no especifica el término de la misma. Se proyecta hasta 2026. Cuatro años más de espera. Sobresalen asimismo en materia ferroviaria De cumplirse los plazos, claro.

Esa es la gran duda que mantienen desde el PP de Granada frente a las alabanzas de los socialistas granadinos. Otro ejemplo de ello es el de la presa de Rules. Las construcción de la presa en sí terminó hace casi 20 años. Pero faltaban las tuberías, dando lugar a lo que los agricultores de la Costa Tropical, principales afectados por el enquistamiento del proyecto en estas décadas, denominan como «la piscina más grande de Europa».

En plena época de sequía y con los cultivos sufriendo, la canalización de la presa es una de las partidas prioritarias por parte de los colectivos agrícolas y empresariales. Quedan dos desglosados de los 11 especificados, el 9 y el 3, con partida para este año. En principio, se consignan 105 millones de euros para todos los desgloses.

Pero también hasta 2026 y a expensas de la continuidad de los presupuestos. Este 2023 solo irán destinados 811.000 euros. Y el grueso se contempla para 2024. Desde el PP ponen más dudas sobre la mesa, toda vez que «no hay ninguna obra empezada». La garantía, al menos de esta partida de 2023, está en que son Fondos Next Generation lo que financia la mayor parte.

Una de las grandes incógnitas para la provincia granadina en torno a sus proyectos de futuro y sus reivindicaciones en los últimos años es la conexión con el Corredor Mediterráneo. En un primer momento, Granada se quedó fuera, aunque el Gobierno lo negase. La duda se despejó el pasado julio, habría Corredor, pero a un menor ritmo y con bastante tardanza en comparación con otros tramos.

Además, el gran olvido queda de nuevo en el tren a Motril, sin partida ninguna, con un silencio absoluto desde el Gobierno a pesar de las reivindicaciones de los empresarios, y fuera, evidentemente, del Corredor. Motril seguirá siendo el único Puerto de Interés del Estado sin conexión ferroviaria.

En ese sentido se ha expresado la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, tras conocerse los PGE del próximo año. Según ha lamentado la consejera, sólo se contempla el estudio informativo para el Corredor que, explica, se podría haber hecho al comienzo de la legislatura y llegar a 2026 con el trabajo administrativo hecho.

Además, el tramo de Bobadilla-Algeciras se reduce en un 50% con respecto al presupuesto anterior. Teme Carazo que se ponga en peligro la continuidad de un tramo esencial para articular el Corredor Mediterráneo en Andalucía.

• Se acondicionará la calzada y también a instalar una nueva señalización horizontal y vertical en la vía

La Diputación Provincial de Jaén va a destinar una partida de 760.000 euros para reparar el firme de la carretera JA-4305, que discurre entre Fuente Álamo y Sabariego pasando por San José y La Rábita. Esta actuación, que en estos momentos se encuentra en fase de licitación, afectará a algo más de cinco kilómetros de esta vía y permitirá “mejorar en primer lugar su seguridad, ya que vamos a acondicionar la calzada y también a instalar una nueva señalización horizontal y vertical en esta carretera”, según ha explicado el presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes.