• La concejala de Urbanismo, Ana Martínez Labella, recuerda el cumplimiento del compromiso adquirido con los vecinos para la mejora de las condiciones de accesibilidad y seguridad peatonal en la zona

Hasta el próximo 18 de octubre queda abierto el plazo de presentación de ofertas al procedimiento de licitación de las obras de acerado y alumbrado público en carretera de Nijar. Publicado en el perfil del contratante de la web municipal www.almeríaciudad.es, estas obras cuentan con un presupuesto base de licitación de 99.891,80 euros, y un plazo de ejecución de dos meses.

Aprobado el expediente el pasado viernes por la Junta de Gobierno Local, las obras tienen por objetivo la mejora de las condiciones de accesibilidad y de seguridad peatonal de esta zona, respondiendo todo ello al compromiso municipal trasladado en este sentido a los vecinos.

La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha recordado que la ejecución de esta obras comprende el tramo que va desde la salida del túnel de la Carretera de Níjar y la calle Pilares, aproximadamente, actuación que el Ayuntamiento de Almería lleva finalmente a cabo después de aprobar la aceptación de la cesión de 1.267 metros cuadrados de suelo privado, compensado con reserva de aprovechamiento a sus propietarios, “resultado de un proceso de negociación complicado que, finalmente, se ha resuelto favorablemente a los intereses de la zona y la ciudad”, ha recalcado.

Las obras ya en licitación consistirán en la demolición del actual vallado y en la ejecución de 700 m² de nuevo acerado. En el extremo junto a la calle Pilares se ejecutará un paso de peatones sobre Carretera de Níjar aprovechando la actual semaforización, que se modificará parcialmente. Por otro lado, se dotará la acera con doce unidades de arbolado y seis nuevos puntos de luz a tresbolillo de los existentes en la acera opuesta, donde además se sustituirán las ocho luminarias existentes por tecnología LED.

Juande Portillo. Madrid

El influjo de la batalla fiscal abierta en los últimos días por las comunidades autónomas ha terminado calando en la ya compleja negociación interna que los socios del Gobierno de coalición mantenían sobre el diseño del capítulo tributario del proyecto de Presupuestos Generales del Estado con el que despedirán la legislatura. Finalmente, los negociadores alcanzaron un acuerdo en la madrugada del miércoles al jueves que dibuja en el horizonte toda una reforma fiscal dirigida de un lado a incrementar los ingresos del Estado, a la par que da alivio tributario a los colectivos más castigados por la crisis inflacionista. Como resultado, Hacienda avanzó ayer que prevé incrementar en 5.649 millones de euros la presión fiscal sobre grupos empresariales, grandes fortunas e inversores durante los dos próximos años a la vez que rebaja en 2.505 millones la carga tributaria de pymes, rentas bajas y autónomos, con un saldo favorable a las arcas públicas de 3.144 millones.

“Frente a los llamados chamanes fiscales este Gobierno aplica medidas selectivas y quirúrgicas”, defendió ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al presentar el paquete de medidas, tachando de “populismo” las “rebajas generalizadas de impuestos” impulsadas por las regiones gobernadas por el PP y a las que se acaba de sumar también la Comunidad Valenciana, abriendo una grieta en la línea de flotación del discurso fiscal de los socialistas. Montero trató de atajar ayer el riesgo de un efecto llamada con medidas de apoyo a las familias con menos recursos, pero subrayó que el Estado necesita incrementar sus ingresos para encarar la crisis energética y de precios agravada por la guerra en Ucrania, y para cumplir su compromiso con Bruselas de elevar la recaudación a umbrales europeos.

En este sentido, la ministra recordó que durante la legislatura ha impulsado nuevos impuestos a los negocios digitales y financieros (tasas Google y Tobin); ha aumentado IRPF y gravamen al ahorro para rentas altas; ha fijado un tipo mínimo del 15% en Sociedades, y ha prohibido las amnistías fiscales. A partir de ahí, prosiguió, el Gobierno ha encarado la última crisis impulsando una rebaja fiscal de más de 10.000 millones en la factura energética y promoviendo nuevos impuestos a banca y firmas energéticas para recaudar 7.000 millones en dos años. Sin embargo, dijo, estas medidas ya no son suficientes.

Así, para incrementar los ingresos públicos, el Gobierno lanza en primer lugar un “nuevo impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, que será temporal para 2023 y 2024”, aunque incluirá una cláusula que permitiría prorrogarlo. El tributo gravará la riqueza neta superior a 3 millones de euros, aplicando diferentes tipos sobre tres tramos: las fortunas de 3 millones a 5 millones pagarán un 1,7%; las de 5 millones a 10 millones, abonarán un 2,1%; y aquellas por encima de 10 millones tributarán al 3,5%. Es decir, quien posea 3 millones y un euro pagará 1,7 céntimos. El impuesto afectará a los 23.000 contribuyentes más acaudalados del país, el 0,1% del total, y tiene potencial para recaudar 1.500 millones al año.

La cifra de ingresos reales del impuesto (y por tanto la del conjunto del paquete) será, sin embargo, mucho menor porque para evitar la doble imposición el Gobierno prevé hacer “totalmente deducible” del nuevo tributo el pago que ya se realice sobre el Impuesto de Patrimonio en cada región (que ya recauda 1.200 millones al año). En la práctica, por tanto, el tributo apenas supondrá un esfuerzo adicional relevante para las grandes fortunas de Madrid y Andalucía, donde Patrimonio está bonificado al 100%.

En segundo lugar, el Gobierno vuelve a dar una vuelta de tuerca al gravamen sobre el ahorro en el IRPF. Hasta 2021, el tipo máximo aplicable a las rentas del capital era del 23% a partir de 60.000 euros de ganancia. Hacienda aprovechó el Presupuesto de aquel año para crear un nuevo tramo, desde 200.000 euros, gravado al 26%. Ayer, Montero anunció que las cuentas de 2023 establecerán un tipo del 27% para ese tramo y crearán uno nuevo, a partir de los 300.000 euros, al que se le aplicará un tipo del 28%.

El cambio afectará a 17.814 contribuyentes, sobre todo grandes inversores, que tendrán que pagar 204 millones más en la declaración de Renta que presenten en 2024.

Finalmente, la medida más ambiciosa del paquete para la consecución de ingresos pasa por endurecer temporalmente el Impuesto de Sociedades . En concreto, y en principio solo durante el ejercicio 2023, el Gobierno limitará en un 50% la compensación de pérdidas de filiales para los grandes grupos consolidado, que podrán resarcirse en 2024.

Así, ilustra Hacienda, un grupo en el que una sociedad gana 100 millones y su filial pierde 25 declara usualmente 75 millones de beneficio consolidado, pero en 2023 solo podrá apuntarse 12,5 millones de pérdidas y deberá tributar por 87,5 millones de ganancia. Los 12,5 millones de pérdidas restantes podrá usarlos en 2024. No es, por tanto, un alza fiscal pura, sino un diferimiento tributario que la práctica supone un anticipo de liquidez de las empresas a Hacienda. Afectará a 3.609 compañías, el 0,2% de declarantes, que aportarán 2.439 millones extra.

Ya del lado de las rebajas, la coalición cumple su compromiso de reducir el tipo nominal de Sociedades del 25% al 23% para las pymes que facturen hasta un millón de euros al año. Se beneficiarán 407.000 empresas, que se ahorrarán 292 millones.

Más allá, también del lado de las rebajas, Hacienda mejora la reducción del IRPF para rentas de hasta 21.000 euros, ahorrando 1.881 millones al colectivo, reduce en 600 millones la carga fiscal de los autónomos y promete rebajar del 10% al 4% el IVA de los productos de higiene femenina (24 millones, siempre como suma de 2023 y 2024).

Amarrado el paquete fiscal del proyecto presupuestario, los socios de coalición pulen el resto de puntos de fricción del texto con la intención de poder aprobarlo en el próximo Consejo de Ministros .

Nacho P. Santos. Madrid

Subida de impuestos a los beneficios del capital. El paquete fiscal anunciado ayer por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para responder a las rebajas de impuestos anunciadas por las comunidades autónomas gobernadas por el PP, incluye un incremento del gravamen a pagar por las ganancias generadas por las rentas de capital superiores a 200.000 euros.

La subida será de un punto para las plusvalías del capital de entre 200.000 euros y 300.000 euros, pasando del 26% actual al 27%, mientras que el beneficio superior a los 300.000 euros pasará a ser gravado al 28%, lo que supone un incremento de dos puntos respecto a la situación actual.

Según las estimaciones de Hacienda, la medida, que irá incluida en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), afectará a 17.814 contribuyentes y aportará una recaudación extra de 204 millones de euros.

La intención del Gobierno con esta modificación fiscal, según explicó la titular de Hacienda, es reducir la brecha existente entre la tributación de las rentas del trabajo y la de las rentas del capital, que incluyen los rendimientos en forma de intereses de cuentas bancarias y dividendos de acciones, entre otros. Siguiendo esta idea, la medida sobre las rentas del ahorro se contrapone a las que la coalición de Gobierno ha acordado que se aplicarán sobre el IRPF de las rentas del trabajo, elevando el mínimo exento de los actuales 14.000 euros anuales a 15.000 euros, además de incrementar la reducción por rendimientos del trabajo, de los actuales 18.000 euros a 21.000 euros al año.

Petición de Podemos

Este mayor castigo fiscal a las rentas del capital ya figuraba en el acuerdo de Gobierno con el que PSOE y Unidas Podemos sellaron su coalición para esta legislatura, concretamente fijando un tipo del 27% a partir de los 140.000 euros. De hecho, en esa dirección, ya en 2021 las dos formaciones que integran el Ejecutivo acordaron aumentar el tipo marginal del 23% a partir de los 50.000 euros al 26% a partir de los 200.000 euros vigente actualmente.

Sin embargo, la medida ha supuesto, tal y como informó EXPANSIÓN, uno de los principales puntos de discusión en materia fiscal dentro de las negociaciones mantenidas por ambas formaciones para diseñar el proyecto de Presupuestos del próximo año. En esta ocasión, la intención de Podemos en este punto era equiparar la tributación del ahorro con la de las rentas del trabajo, teniendo en cuenta que hasta ahora el gravamen sobre las ganancias de más de 200.000 euros por el ahorro o la tenencia de acciones era del 26%, mientras que en el caso de las rentas del trabajo, el tipo marginal máximo en el IRPF oscila entre el 45% que se tributa en Madrid con el 54% de la Comunidad Valenciana. De esta forma, la petición de Podemos era que los rendimientos del capital tributaran a tipos por encima del 40%, idea rechazada por la parte socialista del Gobierno por miedo a que una imposición tan alta supusiera una fuga de capitales a otros países. Pese a no alcanzar ese máximo que buscaban, desde la formación morada reivindicaron ayer haber logrado colocar su “sello” en el paquete fiscal, tal y como indicó Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales y uno de los miembros del equipo negociador en la elaboración de las cuentas públicas., mientras que la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, resaltó que las medidas acordadas son “mucho más ambiciosas” de lo que “inicialmente estaba previsto”. Por su parte, la vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos en el Ejecutivo, Yolanda Díaz, celebró que las medidas aumentan la progresividad del IRPF “en una doble dirección”, cumpliendo que “tiene que pagar más quien más tiene”, mientras se reduce el peso de las rentas del trabajo.

Entre las reacciones del resto de agentes económicos y políticos al paquete fiscal del Gobierno, el que ayer se mostró más crítico con esta subida en la fiscalidad del capital fue el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, quien criticó que la ministra de Hacienda crea que todo el que invierte en fondos o acciones son “ricos”, cuando una “gran parte de la sociedad española tiene acciones de su banco”. Asimismo, denunció que gravar el capital en estos momentos es “un error””, ya que “ahora lo que hay que hacer es fomentar el ahorro”. “¿De verdad alguien en su sano juicio en esta época de tensión inflacionista trata de establecer una medida tributaria que va a penalizar el ahorro de los españoles?”, preguntó, para acto seguido también apuntar que “habrá que estudiar qué impacto van a tener las medidas anunciadas en los inversores extranjeros”.

• La Junta de Andalucía invertirá nueve millones de euros para reparar el firme de un nuevo tramo de 21 kilómetros de la autovía con materiales ecológicamente más sostenibles

El pasado verano comenzó el asfaltado de un tramo de 14 kilómetros de la A-92 comprendidos entre Alcalá de Guadaíra y la capital con unos materiales especiales que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, está realizando para la rehabilitación de esta vía por la que circulan miles de vehículos cada día y que supone uno de los puntos neurálgicos del tráfico en la provincia.

Vistas las ventajas de estos materiales, se van a seguir usando, ahora, en otro tramo de 14 kilómetros entre Arahal y Paradas, donde la Junta va a invertir 9,1 millones de euros.

Los que algunos considerarán como normal y habitual cuando se acomete una obra de asfaltado lo que hay detrás del mismo es un método pionero que lleva a cabo la Junta en la A-92 gracias a un convenio con la Universidad de Granada al desarrollar materiales sostenibles y más respetuosos con el entorno.

Se trata de materiales Masai (un nombre que proviene de las siglas de Materiales Asfálticos Sostenibles Automatizados e Inteligentes), que han sido diseñados por el Laboratorio de Ingeniería de la Construcción (Labic) de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad granadina.

Se trata de mezclas bituminosas producidas a temperatura máxima de 140 grados y con características singulares: que al menos el 20% del peso será material fresado de carreteras deterioradas o el 0,5% sea material reutilizado como polvo de neumáticos.

El nombre de Masai no está creado al azar, pues se basa en la filosofía de la tribu africana de los masais, cuyos miembros consideran la tierra y todos sus elementos como sagrados y por ello se niegan a degradarla. Su supervivencia depende de la salud y fortaleza de la naturaleza de su entorno y de aprovechar al máximo todo lo que ésta les proporciona, no generando ningún residuo.

Éste es el espíritu principal de los nuevos materiales Masai: reutilizar, reciclar y valorizar productos ya preexistentes , incluso de la propia carretera, de forma que no se sobreexploten los recursos naturales, además de imponer nuevas técnicas de producción que permitan reducir drásticamente la temperatura de fabricación lo que conllevará menores consumos de combustibles fósiles y una reducción notable de las emisiones durante la fabricación de las mezclas.

Por todo ello, la Consejería con Marifrán Carazo al frente va a licitar este otoño las obras de reparación del firme de esos 21 kilómetros en su tramo entre Arahal y Paradas, que se sumarán a las actuaciones que se están realizando desde este verano –y que se encuentran en su fase final– en 14 kilómetros del acceso a Sevilla desde esta autovía.

Estos contratos actuarán tanto en la calzada principal como en las vías de servicio y se licitarán en dos lotes para su ejecución: el primer contrato actuará en un tramo de 11 kilómetros (del punto kilométrico 37 al 48) con un presupuesto de 4,5 millones de euros, mientras que el segundo contrato será de diez kilómetros (del 48 al 58) por 4,6 millones de euros.

Sumando todos los contratos (en ejecución y cerca de licitarse), se actuará en 35 kilómetros de la A-92 en la provincia de Sevilla, con una inversión global de 13,6 millones de euros que se han conseguido de Europa gracias a que se ha garantizado el uso de materiales sostenibles y más respetuosos con el entorno, como recuerdan a ABC fuentes de la Consejería.

Para comprobar su eficacia, se practicaron pruebas pilotos en varios puntos de la A-92, como el Puerto de la Mora o Guadix, o en las carreteras autonómicas A-4026 en Pinos Genil, A-4028 en Cájar o la A-308 (Iznalloz-Darro).

• Aprobada por unanimidad la propuesta del PSOE que afecta a 30 infraestructuras de abastecimiento en el Almanzora, desaladoras y nuevas conducciones para garantizar el suministro en varias provincias
• La Junta pide alternativas para el agua aunque reconoce falta de «excedentes suficientes» en cuencas como el Tajo

El Pleno del Parlamento andaluz ha pedido este jueves, por unanimidad, instar al Gobierno de la Junta a terminar las treinta obras declaradas de interés general de la comunidad autónoma en junio de 2020 y en marzo de este año 2022, cuyo grado de inicio y de ejecución «no es acorde con la situación excepcional de sequía que padece Andalucía».

La propuesta ha partido de una moción del PSOE que se ha votado por separado y ha salido parcialmente aprobada con los apoyos del PP, Vox, Por Andalucía y el grupo mixto-Adelante Andalucía.

Entre las obras afectadas por este acuerdo de la Cámara andaluza figuran las de abastecimiento en alta en el Valle del Almanzora; las obras de garantía de abastecimiento en alta de agua desalada en el Poniente almeriense y Almería; la nueva conducción de abastecimiento desde el embalse de Guadalcacín hasta el partidor de la Peruela; las obras de mejora de la garantía de abastecimiento a núcleos de la comarca de la Janda; las obras de conducción de abastecimiento en alta desde El Cerrillo a Cerro Muriano (Córdoba); la conducción de abastecimiento a la Costa Tropical desde el sistema Béznar-Rules; las obras de mejora de la garantía de abastecimiento a los municipios de la Contraviesa granadina, y el aumento de la capacidad de regulación de los depósitos del sistema Huelva.

También se incluye la mejora de la garantía de abastecimiento a los municipios de la sierra de Huelva; las obras de mejora de la garantía de abastecimiento del sistema Quiebrajano-ETAP de Jaén; las conducciones generales de abastecimiento del sistema Vipbra (segunda fase); las obras de abastecimiento en alta a la zona norte de la provincia de Málaga; las actuaciones para mejora de abastecimiento en alta a la zona del Bajo Guadalhorce; la mejora de la interconexión de los sistemas Campo de Gibraltar y Costa del Sol; la mejora de la garantía de abastecimiento en alta al núcleo de Burguillos y en la Sierra Sur de Sevilla.

Igualmente, entre las obras declaradas de interés autonómico en marzo de 2022 cuya ejecución se reclama a la Junta con esta moción figuran los tratamientos terciarios en las estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) del Campo de Gibraltar para aprovechamiento de aguas regeneradas reservando así recursos regulados de los embalses de Charco Redondo y Guadarranque; la mejora de las conducciones de los azudes de La Hoya y Valdeinfierno; la adecuación y mejora de las obras de captación en el arroyo de Botafuego; la mejora de las instalaciones del embalse muerto de los embalses de Charco Redondo y Guadarranque; las mejoras en los sondeos de apoyo para canales del Esparragal y Pacheco, así como la mejora del funcionamiento y calidad del agua de la IDAM de Marbella y de la estación de tratamiento de agua potable de Río Verde.

También, la estación de tratamiento de aguas procedentes de los pozos del río Guadiaro; la mejora de la ETAP de Pilones y conducciones para el abastecimiento a núcleos del Bajo Guadalhorce; la ejecución del tratamiento terciario de la EDAR Peñón del Cuervo y conducciones de conexión con la EDAR del Rincón de la Victoria para aprovechamiento para riego de las aguas procedentes de la EDAR Peñón del Cuervo, reservando así recursos regulados del embalse de Viñuela, y la conexión del tratamiento terciario de la EDAR del Rincón de la Victoria con el ámbito geográfico del Plan Guaro para el aprovechamiento de aguas regeneradas para el riego, reservando así recursos regulados del embalse de Viñuela.

El parlamentario socialista Rafael Márquez ha defendido esta moción instando al Gobierno de Juanma Moreno a dar «un paso adelante» con una estrategia integral de forma responsable ante la sequía. Márquez ha censurado que el presidente andaluz califique esta legislatura como la del agua pero no ponga sobre la mesa los recursos suficientes para hacer las obras pendientes.

Así, ha recordado que la Junta declaró en dos años 33 obras de interés autonómico, pero «más de la mitad ni se ha iniciado», «y no será por un problema de recursos porque han anulado el canon del agua para el próximo año».

La propuesta ha partido de una moción del PSOE que se ha votado por separado y ha salido parcialmente aprobada con los apoyos del PP, Vox, Por Andalucía y el grupo mixto-Adelante Andalucía.

Entre las obras afectadas por este acuerdo de la Cámara andaluza figuran las de abastecimiento en alta en el Valle del Almanzora; las obras de garantía de abastecimiento en alta de agua desalada en el Poniente almeriense y Almería; la nueva conducción de abastecimiento desde el embalse de Guadalcacín hasta el partidor de la Peruela; las obras de mejora de la garantía de abastecimiento a núcleos de la comarca de la Janda; las obras de conducción de abastecimiento en alta desde El Cerrillo a Cerro Muriano (Córdoba); la conducción de abastecimiento a la Costa Tropical desde el sistema Béznar-Rules; las obras de mejora de la garantía de abastecimiento a los municipios de la Contraviesa granadina, y el aumento de la capacidad de regulación de los depósitos del sistema Huelva.

También se incluye la mejora de la garantía de abastecimiento a los municipios de la sierra de Huelva; las obras de mejora de la garantía de abastecimiento del sistema Quiebrajano-ETAP de Jaén; las conducciones generales de abastecimiento del sistema Vipbra (segunda fase); las obras de abastecimiento en alta a la zona norte de la provincia de Málaga; las actuaciones para mejora de abastecimiento en alta a la zona del Bajo Guadalhorce; la mejora de la interconexión de los sistemas Campo de Gibraltar y Costa del Sol; la mejora de la garantía de abastecimiento en alta al núcleo de Burguillos y en la Sierra Sur de Sevilla.

Igualmente, entre las obras declaradas de interés autonómico en marzo de 2022 cuya ejecución se reclama a la Junta con esta moción figuran los tratamientos terciarios en las estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) del Campo de Gibraltar para aprovechamiento de aguas regeneradas reservando así recursos regulados de los embalses de Charco Redondo y Guadarranque; la mejora de las conducciones de los azudes de La Hoya y Valdeinfierno; la adecuación y mejora de las obras de captación en el arroyo de Botafuego; la mejora de las instalaciones del embalse muerto de los embalses de Charco Redondo y Guadarranque; las mejoras en los sondeos de apoyo para canales del Esparragal y Pacheco, así como la mejora del funcionamiento y calidad del agua de la IDAM de Marbella y de la estación de tratamiento de agua potable de Río Verde.

También, la estación de tratamiento de aguas procedentes de los pozos del río Guadiaro; la mejora de la ETAP de Pilones y conducciones para el abastecimiento a núcleos del Bajo Guadalhorce; la ejecución del tratamiento terciario de la EDAR Peñón del Cuervo y conducciones de conexión con la EDAR del Rincón de la Victoria para aprovechamiento para riego de las aguas procedentes de la EDAR Peñón del Cuervo, reservando así recursos regulados del embalse de Viñuela, y la conexión del tratamiento terciario de la EDAR del Rincón de la Victoria con el ámbito geográfico del Plan Guaro para el aprovechamiento de aguas regeneradas para el riego, reservando así recursos regulados del embalse de Viñuela.

El parlamentario socialista Rafael Márquez ha defendido esta moción instando al Gobierno de Juanma Moreno a dar «un paso adelante» con una estrategia integral de forma responsable ante la sequía. Márquez ha censurado que el presidente andaluz califique esta legislatura como la del agua pero no ponga sobre la mesa los recursos suficientes para hacer las obras pendientes.

Así, ha recordado que la Junta declaró en dos años 33 obras de interés autonómico, pero «más de la mitad ni se ha iniciado», «y no será por un problema de recursos porque han anulado el canon del agua para el próximo año».

• Estará en una parcela de 1.756 metros cedida por el Ayuntamiento en la prolongación de la avenida Virgen del Carmen

La Junta de Andalucía, a través de la fundación pública Andalucía Emprende, invertirá casi 1 millón de euros para construir el nuevo Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE), que se realizará en una parcela de 1.756 metros situada en la prolongación de la avenida Virgen del Carmen, que ha cedido el Ayuntamiento de Algeciras para tal propósito.

El primer edil de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha mantenido un encuentro con la directora de Andalucía Emprende, Rosa Siles; el subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Rodríguez Ros, y el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Cádiz, Daniel Sánchez.

Durante este encuentro de trabajo, se ha tratado el problema que supone el paro en la comarca, en especial el paro juvenil, así como la necesidad de más y mejor formación para nuestros ciudadanos, de cara a atender la demanda de las empresas e industrias de la zona, que en ocasiones se ven obligados a buscar profesionales de otros lugares.

“Algeciras cuenta con tres centros dedicados a intentar paliar estas problemáticas a través de cursos de formación: el Vivero de Empresas de Moncayo, las aulas de la Delegación de Fomento de La Reconquista, y las del Polígono El Rosario de San José Artesano. Además, ahora tenemos en marcha las obras del Centro de Formación Profesional para el Empleo Punta Europa, situado en San García, que pertenece a la red de Centros Públicos de FPE de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, que cuenta con una financiación de 1,5 millones de euros procedentes de los Fondos Feder de la Unión Europea, articulados por la Junta de Andalucía a través de los fondos ITI”, según ha explicado el primer edil.

Landaluce ha agradecido la inversión y ha asegurado que  “esto es muestra de la apuesta firme y decidida de este Equipo de Gobierno de la mano de la Junta de Andalucía, por el empleo, la formación y el emprendimiento en nuestra tierra” y ha añadido que “estas son buenas noticias para Algeciras, pues nos permitirán acceder a una formación más variada y profesionalizadora, para que nuestra gente esté más cualificada y sea más competitiva a la hora de incorporarse en el mercado laboral”.

• Su construcción ha sufrido varios retrasos porque una de las anteriores adjudicatarias se declaró en concurso de acreedores

El Gobierno de Gibraltar ha anunciado el relanzamiento del proceso de licitación para la nueva planta de tratamiento de aguas residuales urbanas, cuya construcción ha sufrido numerosos retrasos debido a que una de las anteriores empresas adjudicatarias del contrato se declaró en concurso de acreedores.

El emplazamiento será Brewery Crusher, en Punta Europa, y deberá estar diseñada para cubrir el incremento de la población y de los flujos residuales durante los próximos 20 años. El Departamento de Medio Ambiente está dispuesto a estudiar ubicaciones y soluciones alternativas y todas las propuestas se someterán a un riguroso proceso de evaluación medioambiental.

Las empresas interesadas pueden acceder al pliego de licitación, que contiene más información técnica, en una página web del Gobierno de Gibraltar. Las ofertas pueden depositarse en Suite 2B, Leanse Place, Town Range, Gibraltar, antes del mediodía del 31 de octubre de 2022, o presentarse mediante correo electrónico en la dirección info.environment@gibraltar.gov.gi dentro del mismo plazo.

“La recepción de ofertas es un paso importante y positivo hacia la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales urbanas en Gibraltar, que ha sufrido numerosos retrasos debido a que una de las anteriores empresas adjudicatarias del contrato se declaró en concurso de acreedores. Ante el giro de los acontecimientos y las repercusiones subsiguientes en el proceso de contratación, el Gobierno consideró necesario lanzar un nuevo proceso para impulsar una planta de tratamiento de aguas residuales urbanas capaz de satisfacer los requerimientos de Gibraltar. El Gobierno de Gibraltar confía en que el nuevo proceso de contratación permita conseguir avances significativos este año con objeto de tener la planta construida y adjudicada lo antes posible”, señala el Ejecutivo gibraltareño. 

• Operadores participantes en un foro de la Cámara ven «indispensable» que este complejo disponga de ese enlace
• Empresas del sector piden compromiso político para acabar las conexiones andaluzas a los corredores europeos
• El jefe del Ejército asegura que la Base Logística es «un sueño que vamos haciendo realidad»
• La Base Logística alumbra el primer sector industrial de parcelas grandes que se proyecta en Córdoba

El potencial y la versatilidad de la futura Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba va a depender muy mucho de su conexión con la línea ferroviaria. Tan es así que la presidenta de ADIF, María Luisa Domínguez, anunció este jueves en Córdoba, en el transcurso de un foro sobre los corredores europeos y sus enlaces con Andalucía, que los técnicos del ente ferroviario están estudiando ya la posibilidad de acometer un ramal directo hacia las nuevas instalaciones militares en La Rinconada que, a su vez, le permitiría enlazar con la llamada ‘autopista ferroviaria’ Algeciras-Zaragoza en la que trabaja el Ejecutivo y el resto de conexiones a esos pasillos europeos para el transporte de mercancías.

Las necesidades de una macrobase con casi 90 hectáreas de superficie y más de 1.600 trabajadores consideradas ya la vanguardia en equipamientos de logística de Defensa en Europa son múltiples y sin poder disponer de esta comunicación, su eficacia se ve mermada.

La Rinconada está a pie de autovía A-4 y las conexiones con la A-45 o el aeropuerto, pero también está junto a la línea convencional de Alcolea y en una ciudad donde se desdobla la Alta Velocidad hacia Sevilla y Málaga y se asienta la estación de El Higuerón, que ya ha empezado la cuenta atrás para su intermodalidad con el Área Logística de Córdoba.

Su propia fisionomía, con la agrupación de los centros de mantenimiento de vehículos de Tierra aún hace más patente esta demanda por el transporte de los mismos hacia el que será su punto neurálgico.

Domínguez dijo que ya hay «equipos técnicos trabajando» en ello, porque «previo a que haya una solicitud formal para su materialización se pueden ver cuestiones como que técnicamente la conexión sea la adecuada; en el punto idóneo».

La presidenta de ADIF recordó que el ente tiene «la competencia sobre lo que se denomina red ferroviaria de interés general», una categoría en la que está un macrocomplejo de Defensa nacional. «Todas las conexiones que se nos soliciten a dicha red trabajamos de la mano con quien lo demanda para poder hacerlas o para que técnicamente sean viables. Y después ayudamos para la coordinación que se tiene que hacer con la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria que es la que tiene que darles finalmente la autoridad de conexión».

La Base Logística estuvo presente en un foro que concitó a importantes operadores del sector en Andalucía en un debate en el que se puso de manifiesto el descontento generalizado que reina sobre ellos por el retraso en la mejora de las infraestructuras necesarias en mercancías ferroviarias.

Aunque María Luisa Domínguez puso sobre la mesa una avalancha de datos, actuaciones y millones provenientes de los nuevos fondos europeos de recuperación, el escepticismo reina entre las grandes compañías de buques de carga o transporte, e incluso cargadores como el caso de la cordobesa Cunext Copper, que ven cómo no se cierran las conexiones con los corredores europeos (Mediterráneo y Atlántico con su ramal central que pasa por Córdoba) y como sí se invierte más dinero en otras autonomías, con la pérdida de competitividad que eso arrastra.

La responsable de ADIF no quiso dar fecha alguna sobre el final de estas obras para terminar los ramales en Andalucía y su encaje en la gran trama europea. Sí especificó que se han invertido 3.300 millones de euros hasta 2022 en estas conexiones y que se van a reforzar con más de 4.000 millones de los fondos de recuperación 2020-2026 de resiliencia más otras vías FER-Feder.

«No vemos que todo esté medio organizado y medio hecho como se nos dice. Sí vemos que Valencia recibe muchos millones y nosotros poquitos para lo que necesitamos. Queremos que haya intención política de ponerle el punto a la ‘i’ definitivamente o buscaremos otras alternativas. Hay miles de empleos en juego».

Quien así se pronunció fue el CEO de TTI Algeciras, una compañía de buques de carga que expresó los problemas con los que cada día tienen que operar en el primer puerto español por movimiento de mercancías y el tercero de Europa.

«¿Cómo es posible que Andalucía haya llegado a esta situación de impotencia? En Algeciras hay una gestión heroica de sacar trenes, y una frustración permanente. ADIF está intentando recuperar décadas de retraso», señaló en el debate Abelardo Carrillo, CEO de Eco Rail SA, operador ferroviario para el transporte de pasajeros y mercancías.

Carrillo fue más allá y afirmó con rotundidad que «es indispensable el ferrocarril para la Base Logística del Ejército en Córdoba, no podemos promover la base tecnológica más importante de Europa sin ferrocarril, ya vemos lo que ocurre en Ucrania…», agregó. «La producción agroindustrial de Andalucía no puede salir por camión, es complementario con el tren», indicó el responsable de Eco Rail.

Ante las quejas que se avecinaban, Domínguez puso el parche antes de la herida con un desglose de actuaciones que ADIF está acometiendo en Andalucía para mejorar su infraestructura de cara a estos corredores y la conexión con puertos y nodos logísticos.

Así señaló la mejora de la línea entre Huelva y Sevilla y su puerto, el ‘by-pass’ de Almodóvar, la conexión por alta velocidad de Antequera con Granada y de ésta con Almería en sintonía con las actuaciones que se están haciendo desde Murcia.

De igual forma, otros proyectos que pretenden mejorar esa ‘autopista Algeciras-Zaragoza’ (por donde transitarían trenes con camiones) enlazando Bobadilla con la ciudad costera gaditana por ancho convencional o intervenciones más puntuales en los muelles del puerto de Cádiz, entre otros. «Los corredores Mediterráneo y Atlántico son críticos para Andalucía», subrayó.

Antonio Díaz, presidente de la Cámara de Comercio de Comercio, dijo que «Córdoba es una ciudad que está en marcha y la logística es una prioridad» aunque lamentó que el «ritmo de avance en los corredores es insuficiente». En la misma línea fue la intervención del alcalde de Córdoba, José María Bellido.

• Los trabajos consistirán en la sustitución de los bajantes y la centralización de contadores

• El Ayuntamiento de Cádiz ya cuenta con la aprobación del 91% de las actuaciones de Edusi

El Ayuntamiento de Cádiz ha informado de que ya ha sido publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación de las obras de sustitución de bajantes y de centralización de contadores a realizar en los once edificios del parque público de vivienda de la barriada de Guillén Moreno. Los trabajos, con un presupuesto de 2.116.595,98 euros y un plazo de ejecución de 12 meses, se enmarcan en la estrategia ‘EDUSI Cádiz 2020: un proyecto de ciudad’, cofinanciada en un 80% por la Unión Europea a través de los Fondos Feder, dentro del eje urbano del programa operativo plurirregional de España 2014-2020 ‘Una manera de hacer Europa’. 

Como ha comentado la concejala de Vivienda, Eva Tubío, “el parque municipal de vivienda es antiguo y necesita mejoras que no se han acometido en décadas”. En este sentido, se va a acometer “una importante obra en las 501 viviendas de la barriada de Guillén Moreno, lo que supone un tercio del parque público”.