• El Gobierno, que lo incluyó en 2018 como urgente en la Ley de Trasvase de la Cuenca del Tinto aprueba ahora el proyecto constructivo para su licitación
• El Túnel de San Silvestre que lleva el agua a Huelva quedará como una cueva de murciélagos

La Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha aprobado técnicamente el proyecto constructivo del desdoblamiento del túnel de San Silvestre, en la provincia de Huelva, por su presupuesto base de licitación que asciende a 73,5 millones de euros. Las obras, en el mejor de los casos no culminarán antes de 2025.

Se trata de una de las obras comprometidas para el trasvase de la Cuenca Tinto-Odiel-Piedras aprobado por el Gobierno con carácter de urgencia en 2018 y considerada Obra de Interés del Estado.

Así se recoge este jueves en un anuncio de la Subdirección General de Dominio Público Hidráulico e Infraestructuras de la citada Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicado, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), consultado por Europa Press.

En concreto, fue el pasado 29 de agosto cuando se dictó resolución, por parte de la Dirección General del Agua «por delegación de competencias de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente«, para aprobar técnicamente dicho proyecto constructivo, según precisa el anuncio publicado este jueves en el BOE.

El proyecto se ha aprobado con un plazo de ejecución de las obras de 31 meses, según se recoge también en el anuncio, donde se explica que, con fecha de 15 de febrero de 2022, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental publicó en el BOE una resolución de 7 de febrero de este mismo año por la que se formulaba informe de impacto ambiental de dicho proyecto constructivo.

En dicho informe se recogía que, «como resultado de la evaluación de impacto ambiental practicada, no es necesario el sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria del proyecto constructivo de desdoblamiento del túnel de San Silvestre, ya que no se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, siempre y cuando se cumplan las medidas indicadas en el documento ambiental y las condiciones señaladas al final de la presente resolución«.

Por el actual Túnel de San Silvestre pasa el 90 por ciento del agua que surte a la provincia de Huelva. De él depende el abastecimiento a más de 350.000 personas, así como los sectores, agrícola, industrial y turístico de Huelva. Fue construido en 1971 para la circulación del agua de norte a sur de la provincia, entre los embalses del Chanza y Piedras. Es una tubería de 8 kilómetros y 2 metros de diámetro por la que pasa agua durante 24 horas al día, los 365 días del año. Además de una mejora, Huelva reivindicaba desde hace años la urgencia de su desdoblamiento para evitar el riesgo de colapso al depender el abastecimiento de una única tubería. Su caudal, además, no permitía cumplir con el incremento de aporte de agua aprobado en 2018 por el Gobierno y los que en el futuro se pudieran decidir teniendo en cuenta que la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras es la que tiene un mayor volumen de agua embalsada de las cuencas andaluzas en función de su capacidad.

Además del retraso, como curiosidad, la Plataforma ciudadana onubense que viene reivindicando la urgencia de esta obra se opuso a la declaración de impacto ambiental para el desdoble ya que el Ministerio de Transición Ecológica no alberga un uso alternativo al actual canal, como podría ser mantenerlo como auxilio para limpieza y mantenimiento del nuevo, sino que prevé mantenerlo como cueva para una colonia de murciélagos que ha anidado en la zona por su actual grado de humedad, colocándole unas rejas a la entrada y salida, «con la abertura necesaria para crear un nuevo refugio de quirópteros en el territorio», señalaba el informe de impacto ambiental.

Ignacio Faes. Madrid

La nueva ley concursal, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), limita el aplazamiento y el fraccionamiento del pago de impuestos. El texto introduce, en una disposición adicional, un castigo fiscal que endurece los plazos que las empresas tienen para pagar las deudas tributarias aplazadas o fraccionadas.

Según la nueva normativa, a partir del 1 de enero de 2023, los plazos irán desde los seis hasta los doce meses, lo que supone una reducción del tiempo del que dispone el contribuyente para pagar a la Agencia Tributaria. Hasta ahora y mientras no entre en vigor el nuevo cambio, la Instrucción 1/2017 de la Agencia Tributaria es la que regula los plazos máximos para pagar los aplazamientos y fraccionamientos, que van desde los doce hasta los 36 meses.

Actualmente, este plazo máximo de concesión de los pagos se concede si se aporta aval bancario y certificado de seguro de caución. Además, la ley establecía un aplazamiento de hasta 24 meses si se aportan otras garantías y de hasta 12 meses para los casos de exención, dispensa total o parcial o segundas y ulteriores cargas o garantías sobre bienes muebles. No obstante, por motivos excepcionales, la ley permitía hasta ahora superar los plazos máximos.

Sin embargo, a partir del próximo 1 de enero el escenario será distinto. Las empresas y los contribuyentes solo dispondrán de seis meses para pagar a Hacienda las deudas tributarias cuando los aplazamientos o fraccionamientos se garanticen mediante hipoteca, prenda, fianza personal y solidaria u otra que se estime suficiente. Este plazo también se aplicará en los casos en que se dispense total o parcialmente al obligado tributario de la constitución de garantías.

El nuevo texto amplía el plazo a nueve meses cuando se constituya a favor de la Administración tributaria aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución. Llegará a los doce meses cuando se dispense al obligado tributario de la constitución de garantías porque carece de bienes suficientes para garantizar la deuda.

Por otra parte, también se ha aprovechado la ley concursal para elevar a rango de ley la exención de la obligación de aportar garantías en solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago de las deudas de derecho público gestionadas por la Agencia Tributaria y por los órganos u organismos de la Hacienda Pública Estatal, con exclusión de las deudas aduaneras, siempre que su importe en conjunto no exceda los 30.000€ euros.

Agustín Fernández, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), considera “un sinsentido” esta medida. A su juicio, “puede ocasionar graves problemas de liquidez en las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, sobre todo por el continuo aumento de sus costes fruto de la situación inflacionista”.

Por su parte, Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, destaca “el hecho de que en el año 2020 se regularan facilidades de aplazamiento de deudas tributarias para pymes, como consecuencia de las crisis por el Covid-19”. Pich cuestiona que “ahora, con los problemas derivados de la guerra en Ucrania y la crisis pandémica aún no cerrada, se haya optado por elevar a rango legal los plazos máximos para satisfacer los pagos de las deudas tributarias aplazadas o fraccionadas”.

Además, la nueva ley concursal incumple uno de los preceptos de la Ley General Tributaria (LGT). Esta normativa es el eje central del ordenamiento tributario donde se recogen sus principios esenciales y se regulan las relaciones entre la Administración tributaria y los contribuyentes. El artículo 9.1 de la Ley General Tributaria establece que “las leyes y los reglamentos que contengan normas tributarias deberán mencionarlo expresamente en su título y en la rúbrica de los artículos correspondientes”. Sin embargo, la ley concursal no lo recoge.

• María Vázquez participa junto Raquel Sánchez en la rúbrica que formaliza la consideración que el Mitma hace del Plan de Acción como buena práctica y experiencia transferible que pueda orientar a otros municipios

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha participado en Madrid en la firma del protocolo de Convenio de Actuación de Agenda Urbana entre la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Ayuntamiento de Almería, acto que se ha celebrado en la sede del Ministerio y que ha estado presidido por la ministra, Raquel Sánchez Jiménez.

Se viene a dar así formalidad a la consideración que el propio Ministerio hace del Plan de Acción de Agenda Urbana de Almería, aprobado el pasado lunes por el Pleno de la Corporación Municipal, como proyecto piloto de la Agenda Urbana Española, como buena práctica y experiencia transferible que pueda orientar a otras municipios en la elaboración de sus respectivos planes de acción.

La alcaldesa ha señalado que este “hito” viene a reconocer el trabajo desarrollado el Ayuntamiento en materia de planificación de acuerdo a los objetivos que marca la Agenda Urbana Española. “Como proyecto piloto que se nos reconoce, la ciudad de Almería y sus proyectos de futuro se sitúan en el punto de mira y como punta de lanza del conjunto de ciudades que apuestan por un desarrollo sostenible, inclusivo, seguro y resiliente, en beneficio del conjunto de la ciudadanía”

Vázquez ha recordado que “Almería ya venía trabajando en los objetivos que marca la Agenda Urbana Española, entre otros, a través de su Plan Estratégico. El Ministerio vio una posibilidad de que esa estrategia fuera replicable y transferible a otros municipios y se adoptó el acuerdo, ya en febrero de 2021 en Junta de Gobierno Local, para trabajar en una orientación que marcará las estrategias y acciones relacionadas con la ordenación del territorio, la sostenibilidad ambiental, la movilidad y la cohesión social, permitiendo acceder a fondos europeos del Plan de Recuperación y Resilencia, siendo además en nuestro caso uno de los referentes como proyecto piloto”.

En este convenio se viene a reconocer que el Ayuntamiento “conoce y comparte los contenidos y objetivos de la Agenda Urbana Española elaborada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como hemos demostrado con las acciones de sensibilización en materia de sostenibilidad desarrolladas este verano, y cuenta con un documento, su Plan Estratégico, alineado con dichas políticas y realizado de forma participativa, lo que supone un adelanto en la redacción de la Agenda Urbana”.

En este sentido, Vázquez ha querido subrayar cómo dentro de este marco, el Plan de Acción aprobado el pasado lunes con el contenido de hasta 55 actuaciones diferentes, además de convertirse en un verdadero proyecto piloto, sigue la línea marcada por la Agenda Urbana Española, impulsada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA); está alineada con otras agendas internacionales y es una vía para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en el ámbito urbano.

“La Agenda Urbana de Almería es fruto de un trabajo colectivo realizado a lo largo de esta Corporación que, con el horizonte de 2030, ha venido también coordinada y dinamizada por la Empresa Municipal ‘Almería 2030’, en el objetivo y desarrollo de una ciudad moderna, sostenible, accesible, conectada, inclusivo, diverso, alineada con otras agendas internacionales y en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) en el ámbito urbano”, ha concluido Vázquez, quien ha adelantado la petición de una nueva subvención de 300.000 para seguir implantando la Agenda 2030.

La Agenda Urbana se concibe como un documento estratégico, sin carácter normativo, que trata de abanderar una nueva visión del Urbanismo y, entre otros parámetros, contiene un diagnóstico de la realidad urbana y rural y un decálogo de objetivos a conseguir, tales como ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo; evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente; prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia; hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular; potenciar la proximidad y la movilidad sostenible; fomentar la cohesión social y buscar la equidad o impulsar y favorecer la economía urbana.

• La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz inicia la tramitación de una concesión administrativa para la construcción y explotación de una zona comercial, de ocio y esparcimiento en la parcela AA1, frente al parque Calderón

• Pozos Dulces, la historia de un fracaso

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ha iniciado la tramitación de la solicitud de la empresa Riomarina Desarrollos, S.L. de concesión administrativa para la construcción y explotación de una zona comercial, de ocio y esparcimiento en la margen izquierda del río Guadalete, en El Puerto.

La empresa plantea una inversión total cercana a los 10 millones de euros para la puesta en marcha de un proyecto que contempla una oferta de ocio en un espacio que facilita la conciliación con la vida cotidiana de los ciudadanos del centro de la ciudad, al ubicarse la parcela, de 42.000 metros cuadrados, aguas arriba de la margen izquierda de la desembocadura del Guadalete, frente al parque Calderón, comunicada peatonalmente con el casco histórico, pero alejada del núcleo poblacional.

El proyecto pretende convertir este espacio en un elemento unificador de ambas márgenes del río, conectado peatonalmente por la pasarela actual y por una segunda infraestructura en un futuro, y aportando valor mediante la generación de plazas de aparcamiento en la zona que descongestionen el centro de la ciudad de tráfico rodado.

La inversión plantea un edificio singular, la creación de un espacio polivalente multiusos, una zona de restauración, además del mencionado aparcamiento semienterrado, con zona ajardinada y de restauración en la planta baja.

El expediente ha superado ya el trámite de competencia de proyectos sin que se hayan presentado alegaciones y con la publicación en el BOE próximamente se iniciará la exposición pública del proyecto.

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) confía en que las obras para la construcción del tanque de tormentas de Córdoba, que se ubicará en el Balcón del Guadalquivir, puedan arrancar durante la próxima primavera de 2023. Estos son los nuevos plazos marcados por la sociedad, que el pasado mes de julio tuvo que suspender la tramitación de contratación al considerar el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento como inválido el pliego por la denuncia de una de las empresas aspirantes.

El presidente de Emacsa, Ramón Díaz-Castellanos, ha explicado que, tras la anulación de los pliegos, ahora los técnicos se afanan en poder iniciar nuevamente la licitación de la actuación, algo que podría llegar en el próximo consejo de administración de la empresa municipal, de finales de septiembre. A partir de ahí, sería expuesto públicamente durante casi dos meses, por lo que no sería hasta diciembre cuando arrancaría el proceso de adjudicación, que podría estar listo para marzo, con lo que “en primavera empezaríamos las obras“, que mantienen un plazo de ejecución de 24 meses.

Hay que recordar que el tanque de tormentas, que se ubicará en el Balcón del Guadalquivir, es la actuación de mayor entidad de Emacsa en los últimos años, lo que en palabras del presidente “obliga a ser muy limpios” con el proceso. En total, el proyecto tiene una inversión cercana a los 22 millones de euros.

Con esta infraestructura se solucionará el problema de inundaciones que se dan en la zona sureste y parte del Casco Histórico de la capital cuando se producen fuertes precipitaciones. El tanque de tormentas recibirá el agua de lluvia y de los saneamientos aliviando la presión de los colectores y dirigiendo el agua, una vez que ha dejado de llover, hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) La Golondrina, donde se depurará antes de verterla al río Guadalquivir.

El tanque de tormentas, dividido en tres vasos, tendrá una capacidad útil de almacenamiento de 23.170 metros cúbicos de aguas diluidas y unas dimensiones de 4.386 metros cuadrados. Además, estará dotado de la instrumentación necesaria para el telecontrol de los equipos, tendrá un edificio de control en superficie y sistemas de ventilación y desodorización.

Para mantener el valor arquitectónico del emplazamiento actual, se mantendrá y respetará la urbanización actual, incluyendo además la reconstrucción, arreglo e impermeabilización de las piscinas existentes actualmente.

• La actuación del área de Obras Públicas evita los problemas de tráfico y de seguridad que se producían en el casco urbano del municipio, por donde pasa una carretera de la red provincial

La Diputación de Granada ha concluido los trabajos de construcción de una carretera de nuevo trazado, de 850 metros de longitud, cuya función principal será circunvalar el municipio de Zagra y evitar los problemas de tráfico que se producen actualmente en el casco urbano.

El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, y el diputado de Obras Públicas y Vivienda, José María Villegas, se han reunido este miércoles con la alcaldesa, María José Gámiz, y miembros de la Corporación provincial para conocer los detalles de la obra, cuyo presupuesto asciende a casi 1,5 millones de euros.

La actuación evita los graves problemas de tráfico que se producen actualmente en el casco urbano, por donde pasa la carretera provincial GR-5400 desde la carretera A-4154 (Ventorros de San José) a Algarinejo. Se trata de calles de gran estrechez y con pendientes longitudinales que suponen una dificultad para la circulación, principalmente de camiones.

La nueva vía discurre por el norte del casco urbano, por terrenos no urbanizables, desde el comienzo de la carretera GR-5400 hacia Fuentes de Cesna y termina en la carretera municipal de Las Pilas, que acaba entroncando con la A-4154 (Loja a Algarinejo).

Tendrá 850 metros de longitud, con ancho total de calzada de nueve metros y carriles de 3,5 metros de ancho y arcenes de 0,5 metros. Tanto el presidente como la alcaldesa han mostrado su satisfacción por la puesta en servicio de esta vía “muy necesaria para el pueblo” que supondrá Nota de prensa una mejora para los vecinos de Zagra “en términos de seguridad y de movilidad”.

La nueva Huelva debe ser una ciudad más verde, amable, sostenible y que aparque definitivamente el sambenito de capital gris para mostrar todo su atractivo. Una urbe cómoda y humana en la que sus habitantes sean los grandes protagonistas. Sobre estas líneas maestras se construye la Agenda Urbana que a modo de documento marco va a guiar el desarrollo onubense a medio y largo plazo. 

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Huelva, reunido dio luz verde al Plan de Acción de la Agenda Urbana con el voto a favor del PSOE, PP, Ciudadanos y el concejal Néstor Santos y a pesar del voto en contra de Unidas Podemos, Mesa de la Ría, Vox y el edil no adscrito, Jesús Amador. El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, apuntó que se trata de un documento que pone de manifiesto “la responsabilidad y el compromiso de Huelva con el Planeta, con la Agenda Global de las ciudades del mundo para contribuir a la sostenibilidad de todas y todos”, destacando que se trata de un proyecto de la ciudad “que está por encima de cualquier equipo de gobierno, incluso del propio Ayuntamiento”.

• La Sociedad Municipal de Viviendas tiene previsto llevar a aprobación el próximo martes la nueva licitación, ya que la primera quedó desierta

• Los constructores se plantan en Málaga: quedan desiertas 33 obras públicas por 31 millones de euros

El consejo de la Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga tiene previsto llevar a aprobación, el próximo martes 13 de septiembre, la nueva licitación para la construcción de 84 viviendas en la parcela R1 del sector Universidad, como parte de un proyecto que sumará un total de 476 viviendas protegidas en alquiler al parque público municipal.

Se da este paso tras declararse desierta la primera licitación, al no haberse presentado ofertas, debido al alza de los precios en la construcción, han informado desde el Ayuntamiento a través de un comunicado.

A pesar de estas circunstancias que están afectando al sector en el ámbito nacional, desde el Consistorio mantienen y se “refuerza la apuesta por la promoción de nuevas viviendas protegidas para la ciudadanía malagueña de forma que no paralizará esta promoción y asumirá el coste de la subida de precio“.

Al mismo tiempo, con esta nueva licitación, culminará el proceso de contratación de las obras de la primera fase del sector Universidad que contempla 476 viviendas en cinco promociones.

Han señalado que la Sociedad Municipal de Viviendas ha procedido a estudiar los motivos, contactando con las asociaciones del sector de la construcción. En estas consultas profesionales, se ha puesto de manifiesto un aumento del precio de los materiales, combustibles, suministros y otros costes directos e indirectos que concluyen que los valores que se indicaban en la licitación estaban ajustados a los del mercado de aquel momento, habiendo cambiado sustancialmente.

Tras eso, se han recalculado los nuevos costes en conjunto con el estudio de arquitectura encargado de redactar el proyecto y se ha contemplado, en base a los precios actuales, un aumento del 20% del presupuesto inicialmente indicado -que se hizo de acuerdo a precios de construcción en el momento de redacción del proyecto- pasando de 9.495.677,69 euros a un total de 11.398.188,42 euros.

Del total, la inversión municipal asciende a 8.707.731,02 euros, lo que supone un 76,39%, cinco puntos más que en la primera licitación sin actualización de precios. La partida restante, 2.690.457,40 euros, será financiada a través de una subvención concedida por la Junta de Andalucía con cargo al Plan Vive Andalucía y al Plan Estatal de Viviendas.

De este modo, esta promoción prevé la construcción de 84 viviendas protegidas en alquiler, locales comerciales, garajes y trasteros destinados a sectores de la población con ingresos familiares inferiores a tres veces el IPREM, aproximadamente 24.500 euros al año. El diseño de esta promoción contempla viviendas de dos o tres dormitorios, salón comedor, cocina, uno o dos baños, lavadero, aparcamiento y trastero.

Con la aprobación de la licitación de estas 84 viviendas se culminaría el proceso de contratación de las obras de las 476 viviendas en las cinco promociones que conforman el proyecto de la primera fase del sector Universidad: R10:140 viviendas; R16: 113 viviendas; R5: 70 viviendas; R14: 69 viviendas; y R1: 84 viviendas.

• Los trabajos sellarán grietas y pavimentarán desde el kilómetro 247 al 252 de la A-7

• El verano en las carreteras de Málaga: más coches, menos accidentes mortales

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha licitado el contrato de obras de rehabilitación del firme de la autovía A-7, entre los kilómetros 247 y 252, incluyendo el enlace 252, en los términos municipales de Málaga capital y la localidad malagueña de Rincón de la Victoria, con un presupuesto de 337.794,49 euros (IVA incluido).

La actuación tiene por objeto la restitución de las características de rugosidad superficial y adherencia de las zonas mencionadas, han informado desde el ministerio en un comunicado, apuntando que próximamente se publicará el anuncio correspondiente en el Boletín oficial del Estado (BOE).

Así, se sellarán previamente las grietas existentes en el firme; posteriormente se realizará el fresado, extendido y compactación de la capa de rodadura con mezcla bituminosa en caliente y por último se procederá al repintado de las marcas viales.

Esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que Mitma ha invertido más de 35 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Málaga, y que genera un impulso significativo para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente.

• María Antonia González Pavón, ha sido nombrada interventora general de la Junta de Andalucía
• La que fuera portavoz de Ciudadanos en el Parlamento regional, Teresa Pardo, es la nueva delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Málaga

El presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha recuperado para su equipo a la que fuera portavoz de Ciudadanos en el Parlamento regional la pasada legislatura, Teresa Pardo, nombrándola delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Málaga.

El cargo ha sido aprobado este miércoles por el Consejo de Gobierno del Gobierno andaluz, que ha dado el visto bueno a los nombramientos de los 80 nuevos delegados territoriales en las ocho delegaciones provinciales del Gobierno de la Junta, manteniendo el mismo número de cargos en la administración periférica que en la anterior legislatura.

La novedad es la incorporación de Pardo como parte del equipo, cuando Ciudadanos fue socio de gobierno del PP-A en la anterior legislatura, ostentando cinco consejerías.

Además, el que fuera candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Sevilla en 2015 y concejal por dicha formación en el consistorio de la capital, Francisco Javier Millán, se mantiene como delegado territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, cargo al que accedió en la anterior legislatura cuando esa consejería estaba en manos de la formación ‘naranja’.

El Consejo de Gobierno ya aprobó días atrás el nombramiento de los ocho delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía en las provincias y el diseño de las delegaciones territoriales, que serán diez en cada provincia para representar a las 13 consejerías, con lo cual mantiene en la XII Legislatura el mismo número de delegaciones territoriales que hubo en la anterior legislatura durante el pacto de gobierno entre PP y Ciudadanos.

El Gobierno andaluz ha procedido así a concentrar delegaciones territoriales entre tres consejerías. De esta forma las consejerías de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y la de Universidad, Innovación e Investigación compartirán delegado, así como las carteras de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y Política Industrial y Energía.

Las restantes consejerías sí contarán con un delegado exclusivo. Las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía quedan conformadas de esta forma: Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía; Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación; Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo; Delegación Territorial de Salud y Consumo; Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte; Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda; Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad; Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul; y Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública.

Por otro lado, María Antonia González Pavón, ha sido nombrada interventora general de la Junta de Andalucía. Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, en la especialidad en Derecho Público, funcionaria de carrera en activo del Cuerpo Superior de Administradores, Especialidad Gestión Financiera, de la Junta de Andalucía y funcionaria de carrera en excedencia del Cuerpo de Gestión Financiera de la Junta de Andalucía; ha desarrollado su carrera profesional en la Administración Pública autonómica, donde ha sido jefa del Servicio de Gestión Contable y ha ocupado distintos puestos de responsabilidad en el ámbito de la gestión administrativa y financiera en la Intervención General, en la Intervención Provincial de Sevilla y en el SAS.

De otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado nombramientos en cinco consejerías, concretamente en las de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa; de Economía, Hacienda y Fondos Europeos; de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo; de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, y de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.

En la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, ha sido nombrado como subdelegado del Gobierno en el Campo de Gibraltar, Francisco Javier Rodríguez Ros.

En la de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, como interventora general de la Junta de Andalucía, ha sido nombrada María Antonia González Pavón, que hasta la fecha era directora de la División de Contabilidad en la Intervención General.

En la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, ha sido nombrada como directora general de Comercio, Cecilia Ortiz Carrasco. Asimismo, en la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, como directora General de Ayudas Directas y de Mercados ha sido nombrada Raquel Espín Crespo y como secretario general de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, Daniel Quesada Sánchez.

En la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, la nueva directora general de Dependencia será María José de los Ríos Porras; la nueva directora general de Personas con Discapacidad, Inmaculada Santisteban, y la nueva directora del Instituto Andaluz de la Mujer, María Adela Checa Caruana.