• La Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente realizará una primera cata para determinar la calidad del agua y la cantidad que pueden extraer para sumar al campo

La Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente Almeriense (JCUAPA) iniciará este mes de septiembre las obras de prospección y cata del estado de las aguas del acuífero superior en la Cañada de Ugíjar en El Ejido, con el objetivo de establecer la cantidad anual que se puede extraer para uso agrícola.

Una actuación que va a poder llevar a cabo meses después de anunciar el proyecto, tras recibir finalmente el visto bueno del Ayuntamiento ejidense durante este mes de agosto. Y es que el uso del agua del acuífero superior es parte del plan de recuperación del acuífero inferior, que se encuentra en malas condiciones tanto en cantidad como calidad.

«Cañada de Ugíjar es uno de los puntos estratégicos porque es uno de los puntos donde más cantidad de agua hay en el acuífero superior, y ya está creando problemas como se ha visto a las espaldas del Copo, donde se ha caído la carretera en un par de ocasiones», explica Manuel García Quero, presidente de JCUAPA. Y así es, ya que en varias ocasiones la carretera que pasa delante de la Estación Depuradora de Aguas Residuales ha tenido que ser cortada al tráfico porque el terreno se hunde, generando agujeros en el asfalto.

«Hemos tardado demasiado en los permisos administrativos, pero ya parece que hemos entrado en velocidad crucero y estamos pendientes de iniciar en septiembre la prospección primera para determinar qué cantidad de agua se puede extraer y la calidad del agua que hay ahí», señala García Quero.

De hecho, según los informes del Instituto Tecnológico Caminero, se podrían extraer en este punto unos seis hectómetros cúbicos, que darían para regar más de 1.000 hectáreas. Sin embargo, falta confirmación oficial.

Desde la Junta Central de Usuarios del Acuífero de Poniente Almeriense esperan que las obras, una vez iniciadas, no duren más de unas semanas, por lo que para finales de septiembre ya se podría tener el informe hidrogeológico que permita conocer cantidad y calidad.

Será entonces cuando llegue la parte más compleja, ya que será necesaria la construcción de canalizaciones para poder realmente utilizar el agua.

«Están proyectadas, pero no están tramitadas hasta que no sepamos la calidad y cantidad. Si las previsiones se cumplen, habrá que hacer una obra muy importante de canalizaciones y bastante cara, porque han subido entre un 20% y un 30% los costes de las obras», apunta García Quero.

Es por ello que para hacer frente al coste de las obras, desde JCUAPA esperan firmar convenios con Junta o Gobierno Central y en el mejor de los casos con ambos para sufragar entre todos las obras.

«Al final, lo que tenemos que tener en cuenta es que el acuífero inferior hay que recuperarlo. Ya cada año sacamos un poco menos, a ver si es posible que cumplamos con el plan previsto y que en 2027 podamos llegar al equilibrio y comenzar la recuperación», subraya García Quero.

Proyecto de tres patas

El proyecto de aprovechamiento de aguas del acuífero superior tiene tres partes.

Por un lado, la extracción de agua de Cañada de Onáyar, donde se hicieron este año cuatro tomas y van respondiendo a lo previsto tanto en calidad como cantidad. «Ahí es un agua salobre, que se sitúa entre 2,5 y 3 de conductividad, que es menor que la que tiene el acuífero inferior, que donde está mal, llega a los cinco», comenta el presidente de la Junta Central, quien añade que «en este momento se estarán sacando en torno a 150 litros por segundo».

La segunda parte del proyecto es la extracción de agua de la Balsa del Sapo mediante la construcción de una Planta de Tratamiento. Un proyecto que ya cuenta con el compromiso del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que a través de Seiasa y en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), para sufragar parte del coste de las obras.

Por otra parte, con el inicio de las obras de prospección en Cañada de Ugíjar se completarían las tres patas de un proyecto tan ambicioso como necesario para garantizar el futuro del campo almeriense en materia hídrica, que se une a la necesidad de la ampliación de la Desaladora del Campo de Dalías y de las EDAR.

Precisamente sobre las obras de ampliación de la desaladora, García Quero no se atreve a dar fechas, si bien sí señala que «se están acabando los proyectos, y dentro del próximo año o de los próximos dos debe estar funcionando, porque lo marca la propia necesidad de hacer las inversiones que se incluyen en los PERTES con fondos europeos o perdemos el dinero».

• Los trabajos que arrancaron en abril de 2019 para un tramo de 25,7 kilómetros y que pasa por Pulpí, Cuevas del Almanzora y Vera debían haber terminado a finales de 2021

Las tres modificaciones aplicadas a distintos tramos de construcción de la plataforma de Alta Velocidad (AVE) entre Almería y Murcia van a elevar el coste de la infraestructura en alrededor de 71 millones, toda vez que supondrán dilatar los plazos de ejecución entre 15 y 36 meses en función de cada uno de los tramos donde se incluyen cambios de calado como prolongación de viales, en túneles y correcciones medioambientales, entre otros.

Las obras de construcción de la plataforma en el tramo Vera-Pulpí han visto incrementado su presupuesto en 30 millones de euros después de que Adif Alta Velocidad haya acordado modificar el contrato formalizado con Acciona-Ferrovial en febrero de 2019, lo que a su vez va a suponer doblar el tiempo de obras, que pasa de un periodo estimado de 30 a 66 meses.

• El concejal de Presidencia recuerda que el Gobierno andaluz tiene comprometida la actuación

El gobierno de San Fernando exige a la Junta de Andalucía que licite y acometa de forma urgente la intervención en el colegio San Ignacio ante los graves problemas estructurales que tienen estas instalaciones educativas. El concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, reprocha al Gobierno de Juanma Moreno Bonilla que haya dejado pasar todo el periodo de vacaciones de verano “sin haber dado ni un paso para ejecutar estas necesarias obras que demanda la comunidad educativa del centro” y a pesar de las continuas peticiones por parte del equipo de gobierno, la última del pasado julio.

“En unas semanas va a dar comienzo un nuevo curso escolar y seguimos sin noticias de esta actuación que es prioritaria y fundamental en unas instalaciones que tienen más de 50 años de antigüedad, y que acumulan graves problemas estructurales”, apunta el edil. Rodríguez explica que las actuaciones de mantenimientos periódicas que acomete el Ayuntamiento no son suficiente ya para dar respuesta a la situación del colegio, “tal como hemos trasladado de forma repetida a la Junta de Andalucía”.

En junio la alcaldesa, Patricia Cavada, remitió una carta a la Consejería de Educación recordando la grave situación por la que atraviesan las instalaciones del San Ignacio. Este nuevo escrito llegaba después de la anterior carta enviada por la alcaldesa en noviembre de 2021, y se sumaba a la constante reclamación durante el último año en llamadas y peticiones, tanto desde el Ayuntamiento como por parte de la Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FLAMPA). En esa última misiva la regidora reclamaba una reunión al consejero del ramo para explicarle con detalle la situación y recordarle el compromiso. 

En diciembre, expone el gobierno, la Junta se había comprometido a actuar en el inmueble en una respuesta a la Oficina de la Infancia y Adolescencia de Andalucía del Defensor del Pueblo Andaluz. El Gobierno andaluz apuntaba ante el informe abierto por este estamento que la Agencia Pública Andaluza de Educación tenía prevista una actuación presupuestada en 60.000 euros, y que “la licitación de los trabajos se tramitaría mediante el acuerdo marco que tiene aprobado la Agencia y que reduce significativamente los plazos de tramitación de este tipo de actuación pasando de una media de 6 meses para la adjudicación del contrato a 2-3 semanas”.

Esta tardanza de la Junta contrasta, expone el responsable de Presidencia, con los trabajos que desde la Administración local se ejecutaron en primavera, unas obras urgentes para controlar el riesgo para la seguridad de los alumnos, el personal del centro y las personas que transitan por su entorno “a la espera de la intervención pendiente por parte del Gobierno andaluz”.

• Expertos en transporte consideran esencial que funcionen bien las frecuencias, sobre todo en las horas punta, y que la llegada a las paradas sea accesible para los posibles usuarios

• Todas las paradas del nuevo medio de comunicación

La inminente puesta en marcha del tranvía entre Chiclana, San Fernando y Cádiz, es la principal apuesta por el transporte público en la Bahía en un momento en el que se mantiene la presión del vehículo privado y, a la vez, es necesario un recorte en el gasto energético ante la crisis mundial.

Cuando la Junta inaugure esta primera línea del tranvía metropolitano, suponiendo que la segunda entre Cádiz y Jerez se ejecute algún día, concluirá un proceso que se ha alargado más de quince años, desde que se iniciaron las obras en San Fernando, y unos cuantos más desde que se planteó este proyecto. Mucho tiempo que, sin embargo, no ha sido suficiente para responder a algunas cuestiones que, a medio plazo, pueden ser esenciales para confirmar si este proyecto es económicamente viable y bien encajado por el usuario.

• Los trabajos tienen un presupuesto de 70.500 euros y se empleará adoquín tradicional

• La calzada se reduce y sólo se podrá circular a 20 kilómetros por hora

• El repaso del adoquinado entre Correduría y Amor de Dios cuesta 40.000 euros

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente y en coordinación con el Distrito Triana, ha iniciado obras de mejora de la calle Ruiseñor. “Se trata de un proyecto que va a reforzar la seguridad de los peatones en una calle que tenía tramos donde no existía el acerado y los vecinos salían del portal de su casa directamente a la calzada. Respondemos a las demandas de los residentes por favorecer el tránsito de personas, sobre todo de las mayores o de las que tienen diversidad funcional, con un nuevo diseño que incluye adoquín tradicional para uniformar la estética y que gana plazas de aparcamiento, pero sobre todo, que ofrece más seguridad y accesibilidad”, ha destacado la delegada del distrito, María Encarnación Aguilar, en su visita a unas obras que se van a mantener hasta otoño. En esta visita ha estado acompañado por el gerente de Urbanismo, Juan Carlos de León.

Esta actuación, que cuenta con un presupuesto de 70.589,42 euros con cargo al contrato de conservación del viario público de la Gerencia, contempla la ampliación de acerados, que se adaptan a los anchos mínimos que exige la normativa de accesibilidad universal, hasta los 1,8 metros de amplitud. Los nuevos acerados se conforman a partir de solerías similares a las del entorno con superficies podotáctiles en las proximidades de los pasos de peatones y conforman plataformas elevadas que facilitan el paso de personas con diversidad funcional, al eliminarse las barreras arquitectónicas.

También se amplían los orejetes en las intersecciones con las vías Justino Matute, Jacinto Martos o Leiria y se amplía el acceso a los bloques pares desde el 12 en adelante que antes no tenían acceso claro o que, directamente, no tenían acerado, por lo que los residentes salían directamente a la calzada con el consecuente peligro.

Más aparcamientos

Para esta reforma se ha rediseñado la calzada, que se reduce al minimizar la velocidad de paso de los vehículos a la que marca la normativa de 20 kilómetros por hora para vías de un solo sentido de cirulación. Pasará a estar completamente confeccionada por adoquín tradicional hasta los accesos a los garajes privados o las antiguas plazas de aparcamiento realizadas en losas de hormigón, que se sustituyen por estas piezas. La redimensión de la vía permite la inclusión de tres nuevas plazas de aparcamiento en los números impares. También se han ampliado los alcorques de los árboles existentes, que se han protegido durante el desarrollo de los trabajos.

Las obras de la calle Ruiseñor de Triana suponen una inversión de 70.589,42 euros que se planifican desde el contrato de conservación y mantenimiento de la vía pública de la Gerencia de Urbanismo, que cuenta con un presupuesto de 30 millones de euros para los próximos tres años y que sólo en 2022 proyectaba más de 1.300 actuaciones en la vía pública relacionada con la mejora de las pavimentaciones, intervenciones más amplias y de mejor calidad y reducción de los tiempos de ejecución. La ampliación supone un crecimiento del 150% con respecto al contrato precedente.

• A las reclamaciones históricas se suman otras como colegios y centros de salud en los nuevos barrios

• Los pares y nones de De la Torre

Hay temas enquistados en la memoria de los sevillanos que dan para horas de debate político, infraestructuras claves para el desarrollo de una urbe con vocación de metrópolis que, sin duda, requiere un mayor empuje económico y político por parte de la Administración del Estado y la Junta de Andalucía para seguir avanzando y consolidarse como nodo no sólo provincial, también regional.

El sentimiento es compartido desde hace años por la sociedad civil y por los distintos gobiernos municipales que se han ido sucediendo sin encontrar la respuesta esperada por parte del Gobierno central y andaluz. El listado de asuntos pendientes que Sevilla mantiene con el Estado y la Junta crece y permanece congelado.

No sólo son infraestructuras para el transporte. También hay proyectos vitales para la configuración de la nueva Sevilla que tienen que ver con temas claves con el Estado como la llegada a la ciudad órganos del proceso de descentralización; la ampliación del museo de Bellas Artes; o el 1,5 % cultural y programas financiación rehabilitación patrimonio, y temas claves con la Junta como la tasa turística; las zonas con necesidad de transformación social; la estabilidad y marco de financiación de los servicios sociales; las acciones contra la sequía: los programas de ayudas a la rehabilitación; o los equipamientos educativos y sanitarios en nuevas zonas de expansión de la ciudad. En común con ambas administraciones se encuentra la Ley de Capitalidad.

Proyectos del Estado

Descentralización. Puja por albergar al menos uno de los nuevos organismos

Sevilla quiere albergar al menos uno de los nuevos organismos estatales del proceso de descentralización que ya se encuentra en marcha con un procedimiento abierto, transparente y competitivo al que pueden presentarse todos los entes locales y autonómicos. El primer objetivo del equipo de Antonio Muñoz es lograr la sede de la Agencia Espacial Española, para ello defiende la unidad y la fortaleza del sector aeroespacial de Sevilla, la unanimidad de las administraciones en torno a un proyecto coordinado por el Ayuntamiento y el trabajo previo realizado durante los últimos meses. El gobierno municipal ha facilitado al Ministerio de Ciencia e Innovación un listado de opciones ya disponibles que incluyen distintos inmuebles del Parque Científico y Tecnológico de la Isla de la Cartuja, listado que ha sido coordinado con su dirección, así como las Naves de Renfe de San Jerónimo que se encuentran en la fase final de rehabilitación con un proyecto destinado a la innovación y al emprendimiento. El Ayuntamiento tiene claro que si Sevilla es la elegida o no para albergar la sede espacial seguirá pujando por otros organismos estatales de nueva creación. Los socialistas también tienen en mente albergar en la ciudad una parte de la Casa de América.

SE-40. Puente o túnel para el paso del Guadalquivir

De los 77 kilómetros de esta segunda ronda de circunvalación queda por hacer prácticamente la mitad. El paso del río Guadalquivir es el punto negro del proyecto. El ministerio dijo que se rescindía la obra de los túneles y encargó un nuevo estudio de alternativas (puente o túneles más largos) que los expertos interpretan como una clara intención de optar por un puente. El nuevo estudio tendría que estar ya terminado. Según el Gobierno, se darán a conocer las conclusiones a finales de este año.

Conexión a Santa Justa. Un estudio de alternativas para optar a fondos europeos 

No se entiende cómo la capital andaluza, cuyo aeropuerto mueve más de 7,5 millones de pasajeros (datos de 2019, antes de la pandemia del coronavirus) sigue sin una conexión ferroviaria entre la estación de trenes de Santa Justa y el aeródromo de San Pablo. Y más cuando la reserva de suelo para esta línea como prolongación del Cercanías está incluida en el plan de ordenación urbanística vigente (PGOU) desde 2006, lo que supone que la capital andaluza lleva la friolera de 16 años esperando esta conexión. Los últimos pasos del Ministerio de Transportes y la Junta de Andalucía han sido gastar algo más de un millón de euros públicos entre las dos en un mismo contrato: el estudio informativo sobre la conexión entre el aeropuerto y la estación. Este tipo de estudio de alternativas es una exigencia europea para los contratos que quieren optar a fondos comunitarios. El Estado ha pasado de un extremo a otro en relación a esta conexión. La Junta firmó el contrato con la UTE adjudicataria en abril.

Bellas Artes. Una partida en los presupuestos del año que viene

Más de una década de espera. La intención del Gobierno es retomar el proyecto de ampliación del Museo de Bellas Artes lo antes posible, por lo que “vamos a intentar meterlo en los presupuestos del año que viene para poder financiar la ampliación”, apuntan desde el Ministerio de Cultura. Los socialistas apuntan que pondrían en marcha esta iniciativa “ahora que estamos viendo el final de la profunda reforma integral que se está llevando a cabo en el Museo Arqueológico”.

Proyectos de ambas administraciones

Ley de Capitalidad. A la búsqueda del respaldo de ambas administraciones

Antonio Muñoz ha iniciado hace un mes el camino para reivindicar una Ley de Capitalidad para Sevilla que permita dotar a la ciudad de ciertos privilegios o compensaciones presupuestarias por el hecho de acoger la sede administrativa de la Junta de Andalucía. Éste es un debate que sólo ha servido hasta la fecha para generar confrontación política y ha sido retomado en diferentes mandatos. El alcalde socialista ya cuenta con el respaldo de todos los grupos políticos. El siguiente paso es pedírselo al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la reunión que mantendrá con el popular a la vuelta del verano. El respaldo del Estado (con el que ya ha tenido algunos contactos) sería un punto a favor para iniciar las conversaciones. Muñoz saca del cajón una vieja reivindicación que supondría reconocer a Sevilla como capital real a todos los efectos, sobre todo, presupuestarios. La Ley de la Capitalidad ofrece un trato especial para la ciudad, que sería compensada con una aportación económica extra por prestar servicios como capital de Andalucía, que es lo que supone dicho estatuto. La capitalidad es una cuestión de intereses contantes y sonantes, a pesar de que nadie ha cifrado con detalle cuánto más podría recibir el Ayuntamiento si consigue este trato diferencial.

Línea 3 de Metro

El convenio de financiación del tramo norte de la línea 3 del Metro que tramitan jurídica y económicamente tanto el Ministerio de Transportes como la Junta de Andalucía para su firma tras el verano estipula el reparto de cantidades para la fase de obras y para la fase de explotación comercial. El documento acota la financiación estatal (que se sumará a la que aporta la Junta) a los años que duran las obras y estipula que el pago se realice a lo largo de los siete años que requiere su construcción. Por contra, el coste de la explotación comercial de este transporte será asumido por el gobierno andaluz con la participación del Ayuntamiento de Sevilla. La fase de explotación comercial de la línea se iniciará con su puesta en marcha y obliga a pagar una subvención al billete para que la tarifa que se cobra al usuario sea asequible. El coste anual de la subvención al billete estará por debajo de los 25 millones de euros anuales, un cálculo extrapolado de los 50 millones de euros que la Junta paga al año.

Proyectos de la Junta

Tasa turística. Trabajar con el sector para determinar la cuantía

El alcalde ha acordado con los principales agentes del sector turístico impulsar y liderar desde Sevilla el debate en torno a la implantación de un modelo de fiscalidad turística que sea voluntario para las ciudades y que se pueda desarrollar en la ciudad. Para ello, se han fijado como prioridades que haya consenso en torno al procedimiento de cobro y al uso de los recursos, que se ejecuten con la máxima transparencia y que tengan como destino final la mejora de la competitividad del destino turístico y de los servicios públicos. Dentro de este análisis el objetivo es trabajar con el sector para determinar la cuantía y el modelo de implementación de la tasa turística y específicamente el destino de los fondos que debe ejecutarse con la máxima transparencia. Falta el respaldo del gobierno andaluz.

Servicios sociales. Garantías de estabilidad en los distintos programas

En la carta remitida por el alcalde de Sevilla al presidente de la Junta a principios de agosto, Antonio Muñoz espera tratar con Juanma Moreno garantías de estabilidad en los programas de servicios sociales y planes de empleo, pues diferentes programas sociales cofinanciados entre el Ayuntamiento y el gobierno andaluz sufren interrupciones cada vez que se agota la financiación y es necesario recabar nuevos fondos, en algunos casos en espera de convocatorias de subvenciones autonómicas en la materia. Desde el gobierno local apunta que la falta de estabilidad en los programas supone un grave problema para las familias que dependen de los servicios sociales.

Equipamientos en los nuevos barrios. Colegios y centros de salud en las zonas de expansión

Sevilla se expande en la actualidad principalmente hacia el sur. Algunos ejemplos de ello lo constituyen el proyecto de urbanización de la zona del antiguo Regimiento de Artillería que tiene en marcha el ministerio de Fomento para la construcción de casi 1.000 viviendas; o el nuevo barrio en construcción por Metrovacesa en Palmas Altas con capacidad para 3.000 pisos. El equipo de Antonio Muñoz trabaja para sacarle el compromiso a la Junta de Andalucía para que levante equipamientos educativos y sanitarios en esas nuevas zonas de expansión de la ciudad.

Acciones contra la sequía. La ausencia de precipitaciones obligará a declarar la alerta

La ausencia de precipitaciones agudiza el déficit hídrico de la cuenca del Guadalquivir lo que, de continuar la falta de lluvias, Emasesa tendría que declarar la alerta por sequía en septiembre. Esta, aunque aún no conllevaría restricciones de agua, sí supondría una intensificación del ahorro, en un 5% sobre el porcentaje fijado en la prealerta por sequía, penalizaciones por los excesos y activar iniciativas de intercambio de agua. En el presente año hidrológico, que arrancó el pasado 1 de octubre y finaliza el próximo 30 de septiembre, las aportaciones de agua a los embalses han sido de sólo 57 hm³, siendo el segundo peor registro de la última década. El Ayuntamiento solicita acciones contra la sequía a la Junta de Andalucía, quien mira hacia otro lado al sostener que ha puesto en marcha dos decretos de sequía con una inversión de 140 millones en obras de emergencia, mientras el Gobierno ha destinado nueve millones. El presidente del gobierno andaluz, Juanma Moreno, insiste en la idea de que hay infraestructuras que sólo dependen del Estado.