La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que dirige la granadina Marifrán Carazo, tendrá como nuevas entidades adscritas Cetursa Sierra Nevada, la empresa pública que gestiona la estación de esquí granadina, y el Consorcio Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada.
Esto ha sido confirmado en el Decreto sobre reestructuración de consejerías dictado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y recogido en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) este martes 26 de julio, después de que ayer Moreno confirmara a sus nuevos consejeros para la legislatura recien iniciada.
En el caso de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda que dirige la granadina, que fue ratificada y nombrada nuevamente como titular de esta cartera, se precisa que le corresponden las competencias que hasta ahora ha tenido atribuidas la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, salvo las competencias en materia de puertos.
Junto a ello, además de mantenerse las entidades adscritas actualmente a la antigua Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio (salvo los puertos andaluces) A Carazo le adscriben Cetursa Sierra Nevada, S.A., y el Consorcio Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, dos de las grandes infraestructuras que la Junta de Andalucía gestiona en Granada, y que son entregadas a la parlamentaria adscrita a esta provincia.
En el citado decreto, se recuerda que, de acuerdo a la normativa vigente, corresponde al presidente de la Junta de Andalucía dictar los decretos que supongan la creación de consejerías, la modificación en la denominación de las existentes, en su distribución de competencias o su orden de prelación, así como la supresión de las mismas.
“La necesidad de acompasar la actividad de la Administración de la Junta de Andalucía con la ejecución del conjunto de políticas públicas que conforman el programa político del Gobierno, hace preciso proceder a la redistribución de las competencias de las Consejerías, buscando siempre la máxima eficiencia posible en el empleo de los recursos públicos para hacer frente a las circunstancias de orden político, económico y social en las que se encuentra inmersa en el momento actual la Comunidad Autónoma de Andalucía”, reza el texto, donde se recoge la reestructuración de cada una de las consejerías.
Rescatar al Palacio de Congresos, una prioridad
La situación del Palacio de Congresos de Granada está cada vez más tensa, y el hilo del que pende las relaciones entre empresa e instituciones ha estado a punto de romperse varias veces. Las relaciones entre la empresa que lo gestiona y el Consorcio público propietario del edificio, del que ahora se hará cargo Carazo, no son buenas. Pero tampoco lo son las de los propios miembros del consorcio, Junta y Ayuntamiento, que difieren en cómo hay que solucionar la situación de una infraestructura clave para el turismo y la atracción de negocio y economía a Granada.
Y si a eso se suma un historial judicial entre las partes aún vigente, la tormenta es perfecta. Tanto que el pasado 5 de mayo se llegó a convocar una reunión del consejo rector para recuperar la concesión rescindiendo el contrato a la empresa, a la que le quedan aún 15 años de permanencia. Finalmente, este encuentro fue desconvocado por la presión municipal.
Hay que recordar que el Palacio de Congresos de Granada es de titularidad pública y los dueños, Junta y Ayuntamiento, forman un Consorcio con una participación del 64 y del 36%, respectivamente. Pero la gestión se concede mediante concesión a una empresa.
En 2011 fue la última vez que salió a concurso y se dio a una sociedad anónima, la mercantil Palacio de Exposiciones y Congresos S.A., con dos socios, FCC y RCK. Una empresa que tiene la concesion durante 25 años y, por tanto, terminaría el 2 de enero de 2037, dentro de 15 años.
Cuando la empresa tomó posesión del Palacio, comenzaron los problemas. Según defienden, se dieron cuenta de que lo que recibían no estaba en condiciones. Que las instalaciones del Palacio tenían deficiencias y que incluso no había licencia para algunas de las actividades que tradicionalmente se realizaban, como por ejemplo la fiesta de Nochevieja.
Por todo esto, considera que han dejado de ganar dinero. Esto ha llevado históricamente a reclamaciones de la empresa al Consorcio e incluso hubo sentencia judicial contra el Ayuntamiento que le condenaba a pagar unos 100.000 euros por obras que había tenido que adelantar la empresa para mejorar las instalaciones.
A esto se le suma una segunda demanda por reequilibrio económico. Debido a las pérdidas por el cierre obligado durante el estado de alarma por la pandemia y las restricciones de aforo, se han acumulado pérdidas por la falta de congresos, la anulación de espectáculos y conciertos y la reducción de los beneficios por la reducción del público. Y la empresa considera que se ha dado ayudas a todos los sectores menos a ellos. Ante esta situación, la concesionaria presentó demanda judicial exigiendo el reequilibrio económico en el que reclaman 5 millones de euros, ya que no es solo lo que corresponde al confinamiento, sino los cuatro trimestres de restricciones.
Esta tensa situación a día de hoy hace más distante que nunca a todas las organizaciones implicadas. Marifrán Carazo y su equipo tendrán mucho trabajo por delante si quieren rescatar la situación y que el Palacio de Congresos granadino siga siendo uno de los más punteros de España treinta años después de su apertura.
Sierra Nevada y su plan inversor
La situación en la única estación de esquí alpino que existe en Andalucía no dista mucho de la que se encuentra en Granada capital. Si bien es cierto que no hay tantas tensiones como en el Consorcio del palacio, la impresión es que, desde hace muchos años, todo está igual en Pradollano y alrededores.
Poco o nada ha cambiado la estación desde que se convirtiera en lo que hoy es tras las grandes inversiones llevadas a cabo para acoger los Campeonatos del Mundo de esquí alpino de 1995, aplazados luego al 96. Cada inicio de la campaña invernal conlleva mejoras en la Sierra, pero algunas son poco apreciables por el público de a pie, y algunas sí las captan los más aficionados.
Las posibilidades de mejora de la estación son complicadas. Confinada en los extremos por los límites de un Parque Nacional muy sensible a alteraciones ambientales, tanto para la expansión de la urbanización como de la zona esquiable, las opciones son limitadas. Si se suma que de media la nieve dura cerca de una semana menos en quedarse cada año y que las cotas son cada vez más altas, a uno de los motores económicos de la provincia se le presenta un panorama difícil. Pero no imposible.
En el verano de 2021, el plan estratégico de Sierra Nevada, que prevé una inversión de 250 millones en las zonas de la estación, propone cambios. Algunos tan radicales como una nueva zona hotelera en Los Peñones, que además contemplaría nada menos que un tren: un funicular, en principio subterráneo, para unir la parte alta y baja de la urbanización.
Las posibilidades sobre la mesa de Marifrán Carazo son, según las recomendaciones de la consultora Deloitte, abrirse al capital privado para abordar las costosas inversiones o hacerlo mediante la colaboración público-privada, de los cuales el informe no especifica de qué forma coexistirían. Esto también incluiría la ampliación de la superficie esquiable aún no explotada, y que no forma parte del espacio protegido del Parque Nacional de Sierra Nevada. Se trata de la zona de Prado Redondo, con una inversión prevista de 30 millones de euros y donde, aunque el dossier no lo especifica, se requiere de la instalación de algún tipo de remonte.
Las inversiones propias de Cetursa para este periodo concluirían en 2025 ascenderían a 24,4 millones de euros en remontes, con la inclusión de la renovación del telesilla Veleta a partir de 2024. Luego se destinarían 2,1 millones de euros a las pistas de esquí; 1,8 en agua y nieve; y 2,7 en maquinaria y movilidad.