• Otoño caliente. Así se presenta la vuelta de verano para el sector de la construcción, en particular, que pronostica un rosario de concursos porque están trabajando a pérdidas

Otoño caliente. Así se presenta la vuelta de verano para la economía, en general, y para el sector de la construcción, en particular. Sobre todo, después de que el Ministerio de Hacienda se mantuviera firme este martes en su particular interpretación de los reales decretos de revisión de precios de las obras, una visión que golpea especialmente a pequeñas y medianas empresas y que deja fuera al 80% de estos trabajos, según han denunciado desde la CNC (Confederación Nacional de la Construcción).

La cartera dirigida por María Jesús Montero defendió, en una reunión en la sede de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, dos dictámenes en los que se rechaza conceder la revisión excepcional de precios a las obras de menos de 12 meses de duración. Este mecanismo fue aprobado por el Gobierno el pasado marzo para ajustar el precio de las obras públicas al alza de los materiales. Pero, cuando ha llegado el momento de aplicarse, se ha demostrado imposible.

Hacienda interpreta que para poder acogerse a la cláusula de revisión de precios es necesario que estos trabajos hayan estado ejecutándose, al menos, durante los 12 meses de 2021 y que, además, las obras estuvieran en marcha cuando entró en vigor el real decreto, es decir, marzo de 2022. Esta posición es la que ha quedado recogida en la propuesta de informe de la Junta Consultiva, lo que ha provocado tres votos particulares en contra, dos de las organizaciones empresariales y uno del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).

A la espera de ver qué resuelve el abogado del Estado, los números hablan por sí solos: desde el 1 de enero de 2021 se han licitado 6.679 obras, de las cuales 5.307 tienen una duración inferior a los 12 meses que exige Hacienda. Sobre la base de este dato, la patronal de los constructores estima que el 80% de los trabajos queda matemáticamente fuera del sistema de reequilibrio y, como consecuencia, muchas empresas irán a concurso ahora que se ha levantado la moratoria. 

“Los dos reales decretos-leyes aprobados hasta la fecha no han ayudado a las empresas a mitigar el tremendo impacto que está teniendo la subida superior al 30% del coste de las obras. O se aprueba un tercer real decreto-ley de revisión excepcional de precios, o seguirán muriendo empresas y destruyéndose empleo en un sector determinante para la recuperación del conjunto de la economía”, denunció este martes el presidente de CNC, Pedro Fernández Alén.

La patronal estima que entre el 90% y el 95% de las obras no tienen ninguna posibilidad de aplicar la revisión de precios porque, además de la citada interpretación de Hacienda, hay un rosario de condicionantes que terminan haciéndolo imposible. Por ejemplo, quedan fuera aquellas obras terminadas antes de la entrada en vigor de los reales decretos, en marzo de 2022, aunque hayan estado ejecutándose durante todo el ejercicio 2021.

Además, para tener derecho a la revisión excepcional de precios, solo se toma en consideración una pequeña cesta de productos, fundamentalmente los materiales siderúrgicos, bituminosos (betunes y alquitranes), aluminio y cobre, lo que distorsiona la fórmula de cálculo aplicada para estimar la desviación de precios, ya que el resto de materiales, como cemento, madera, cerámica o vidrio, también sufre incrementos.

A partir de esta fórmula, se determina un umbral mínimo del 5% que debe alcanzarse para poder pedir la revisión de precios, listón que la CNC ha pedido que se rebaje al 2% e introducir en el cálculo más materiales. Como argumento para defender su postura, la patronal recuerda que, entre marzo de 2021 y marzo de 2022, la energía se ha disparado un 84,4%, los materiales siderúrgicos un 50%, los bituminosos un 44,3%, la cerámica un 39,6%, la electricidad un 178,3%, el cobre un 20%, la madera un 16,5% y el aluminio un 55,4%.

La CNC advierte de que se está abocando a muchas empresas a la quiebra y que la ejecución de los fondos Next Generation está en riesgo

“La consecuencia es que muchas empresas se están desangrando, están muriendo por los sobrecostes”, advierten desde la CNC. El presidente de la patronal recuerda que, si la situación continúa como hasta ahora, los próximos damnificados van a ser los fondos Next Generation, que se quedarán sin ejecutar por falta de empresas y porque las que sigan en pie van a tentarse la ropa antes de concurrir a las licitaciones.

Ya el año pasado, entre noviembre y diciembre, CNC identificó medio millar de obras que habían quedado desiertas, situación que intentó corregirse con los dos reales decretos de revisión excepcional de precios que, ahora, se han demostrado también estériles y que han llevado a los constructores a pedir una tercera versión.

Pablo Cerezal. Madrid

El Gobierno se resiste a rebajar sus previsiones de crecimiento económico para este año, a pesar de las numerosas voces de alerta entre los distintos organismos de previsión; la última de ellas, ayer, por parte del Fondo Monetario Internacional (ver información en la página 27). Sin embargo, en torno a un dato de PIB que se mantiene invariable para el ejercicio actual surgen numerosos elementos de incertidumbre, como es el caso de una revisión al alza de la inflación, el recorte del crecimiento en 2023 o el frenazo del empleo ese ejercicio. Además, hay que tener en cuenta que prácticamente todos los motores del crecimiento se han empezado a apagar este año o lo harán el próximo, siendo los fondos europeos, la construcción y el turismo los tres únicos baluartes del crecimiento que todavía permanecen firmes.

En concreto, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, anunció ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno mantiene la previsión de crecimiento del PIB de España para este año en el 4,3%, mientras que revisa a la baja en ocho décimas la estimación para 2023, hasta el 2,7%. Calviño explicó que la previsión para este año se mantiene mientras que la del próximo ejercicio empeora por el alza de los precios de la energía, los riesgos de suministro de gas, el endurecimiento de las condiciones monetarias y una “previsible desaceleración económica para la eurozona”, lo que afecta a las exportaciones. Sin embargo, los indicadores de la actividad reflejan un crecimiento “fuerte” hasta el momento y la economía está avanzando basada en un “excelente” comportamiento del mercado de trabajo y la inversión, señaló Calviño, lo que puede resultar algo paradójico en medio de un panorama oscurecido por una inflación cada vez más intensa.

De hecho, aunque el Gobierno no tocó ayer las previsiones de PIB para este año, eso no significa que no haya cambios en sus componentes, ya que el Ejecutivo ha recortado sus pronósticos de gasto privado y público a cambio de elevar las cifras de inversión y de exportaciones. Además, Moncloa también elevó las cifras del deflactor del consumo privado (un indicador similar al IPC) en seis décimas, hasta el 7,8%, lo que por un lado reduce la capacidad de gasto de los ciudadanos (que, si mantienen el consumo, lo hacen a costa del ahorro y de la balanza exterior) y, por otro, eleva los compromisos de gasto del Ejecutivo, ya que, con este pronóstico, el coste de actualizar las pensiones con el IPC se eleva hasta los 14.000 millones de euros, y también se puede incrementar la presión por parte de los funcionarios para elevar sus sueldos. Sin embargo, esta mayor subida de precios, aunque no afectará en teoría al crecimiento este ejercicio sí lastrará el PIB el próximo ejercicio, para cuando el Ejecutivo plantea un avance bastante más moderado, del 2,7%, ocho décimas menos de lo planteado hace tres meses. Con ello, el PIB no recuperará las cifras previas al covid hasta, al menos, 2024.

Así, aunque la Moncloa mantiene sus previsiones para el ejercicio en curso, apuntaladas fundamentalmente por la inversión derivada de los fondos europeos y la inversión en vivienda, así como las exportaciones (fundamentalmente, por la fuerte recuperación del sector turístico), eso solo significa que el frenazo llegará, aunque lo hará con toda su crudeza el próximo ejercicio. De hecho, cuando se observa la evolución por componentes, prácticamente todos los elementos del PIB apuntan a la baja. Es el caso del consumo privado (2,5%, lastrado por la inflación), de la inversión en bienes de equipo (3,8%, la tercera parte que en 2022) o las exportaciones (4,9%). La gran excepción son el gasto público (2,2%) y la inversión en construcción (7,4%), que redobla su avance al calor de los nuevos contratos en los últimos años, que han dado un renovado impulso a la concesión de hipotecas.

Empleo

Sin embargo, quizá uno de los elementos en los que más se note un frenazo en seco será en el mercado laboral. La creación de empleo, que había sido especialmente intensa en los últimos meses, a pesar del enfriamiento de la economía, va a quedar muy mermada. En concreto, el Gobierno prevé para este año un avance del empleo del 3,7%, lo que equivale a la creación de cerca de 700.000 puestos de trabajo, un dato que se reducirá al 0,8% el próximo ejercicio, es decir, cerca de 160.000 empleos. Con ello, la tasa de desempleo quedará estancada en el 12% el próximo año. Esto tiene una derivada desde el punto de vista del equilibrio presupuestario, ya que hasta ahora el Gobierno ha fiado el reequilibrio de las cuentas públicas a la creación de empleo y a la subida de precios, por lo que el enfriamiento del mercado laboral frenará también el ajuste del déficit (ver información a la derecha).

• El presidente de Diputación y el alcalde de Huércal-Overa colocan la primera piedra de una actuación, con tres millones de inversión, fundamental para los usuarios del Hospital Comarcal

• Los objetivos de la actuación son otorgar fluidez al tráfico con la descongestión de la Avenida Felipe VI, donde se encuentran el colegio, el pabellón y el recinto ferial; así como la reducción de tiempos

Las obras del nuevo acceso al Hospital Comarcal ‘La Inmaculada’, en Huércal-Overa, son una realidad gracias a la colaboración institucional entre el Ayuntamiento huercalense y la Diputación de Almería. Esta mañana, el presidente de la Institución Provincial, Javier A. García, y el alcalde, Domingo Fernández, han colocado la primera piedra de una obra fundamental para el municipio y para los usuarios del Hospital del Levante, Almanzora y Los Vélez.

Este nuevo vial que conectará las avenidas La Molineta y Doctora Ana Parra dando acceso directo a las urgencias del Hospital de La Inmaculada cuenta con 3 millones de euros de inversión cofinanciados por Ayuntamiento y Diputación. En el acto han estado presente el vicepresidente Ángel Escobar, así como distintos miembros de las corporaciones local y provincial y las representantes de la empresa adjudicataria: Nila.

Los objetivos de la actuación son otorgar fluidez al tráfico con la descongestión de la Avenida Felipe VI, donde se encuentran el colegio, el pabellón y el recinto ferial; así como la reducción de tiempos en los traslados tanto en vehículo como en ambulancia.

El presidente de la Diputación se ha mostrado orgulloso de formar parte de un proyecto que va a beneficiar a los vecinos de la zona Norte de la provincia: “Este proyecto es fundamental para los 150.000 almerienses que viven hasta en 40 municipios en los que ‘La Inmaculada’ es el Hospital de referencia. Esta obra facilitará el acceso a los ciudadanos a los servicios sanitarios y garantiza el crecimiento ordenado del municipio”.

Javier A. García ha asegurado que “este proyecto responde a una máxima de la Institución Provincial: igualar oportunidades entre almerienses, vivan donde vivan. Esta actuación mejorará la calidad de vida, la comodidad y seguridad de todos los usuarios de ‘La Inmaculada’ los almerienses que reciban servicios sanitarios en La Inmaculada”.

JAVIER A. GARCÍA: “ESTE PROYECTO ES FUNDAMENTAL PARA LOS 150.000 ALMERIENSES QUE VIVEN HASTA EN 40 MUNICIPIOS EN LOS QUE ‘LA INMACULADA’ ES EL HOSPITAL DE REFERENCIA”

• Con un presupuesto de 490.000 euros, financiados en un 55% por el Ayuntamiento de Huércal de Almería y en un 45% por Diputación, el inicio de la obra es inminente y tendrá un plazo de ejecución de siete meses

• Esta zona del municipio podrá contar con una pista polideportiva, otra de baloncesto y dos más de pádel

Huércal de Almería contará en breve con una nueva zona deportiva en el barrio de Villa Inés, una actuación enmarcada dentro de los Planes Provinciales de la Diputación Provincial de Almería. La actuación, que está muy cerca de su inicio, cuenta con un presupuesto global de 490.000 euros y está financiada en un 55% por el Ayuntamiento de Huércal de Almería y en un 45% por la institución provincial. El plazo de ejecución es de siete meses.

“Se trata de una obra necesaria para nuestro municipio, en una zona de expansión como es Villa Inés donde existe una escasez de zonas deportivas y de zonas verdes”, ha destacado el alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, quien ha añadido que “se van a mejorar de forma considerable los espacios públicos del entorno” y destacado que “se van a establecer itinerarios personales a lo largo de todo el parque para facilitar la accesibilidad”.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Huércal de Almería continúa dotando a la localidad de infraestructuras deportivas y de ocio. Hay que recordar que en los últimos años se ha construido una pista de pumptrack y un bowl en el barrio de Los Pinos, donde también han comenzado ya los trabajos para la ampliación de la piscina municipal; que está aprobada la construcción de una nueva piscina cubierta y centro deportivo en la zona del Bulevar, en la que es la infraestructura con mayor inversión (3,4 millones de euros) del Ayuntamiento hasta la fecha, y que en el Mirador del Mediterráneo se va a construir otra zona deportiva y de ocio.

El recinto deportivo contará con diferentes instalaciones destinadas a la práctica de diferentes modalidades, siendo estas una pista polideportiva, una pista de baloncesto y dos pistas de pádel, que complementarán las ya existentes en el municipio, y que vienen determinadas por la mayor demanda existente. Además, la urbanización de la parcela, de casi 6.000 metros cuadrados, dejará espacios libres en los que más adelante se podrían instalar nuevas instalaciones deportivas o de ocio.

• La subida de precios y los problemas de suministro prorrogan las fechas de Dipu-inver y Dipu-invierte 2021 a petición de los consistorios y Elas

• El pleno da luz verde a la edición de 2022 de esta iniciativa y al plan provincial de obras con casi 40 millones más

El pleno de la Diputación  ha aprobado de manera urgente los puntos necesarios, con una modificación presupuestaria, para dar luz verde a una nueva edición del plan Dipu-Inver para 2022 y de los planes provinciales hasta 2023 que traerán cerca de 40 millones en inversiones en los municipios, según ya se anunció en su momento. Pero además, en la sesión se aprobó ampliar los plazos previstos para las ejecuciones de su edición anterior, en los casos de Dipu-inver y Dipu-invierte 2021, a petición de los ayuntamientos y ELAS, que están encontrando dificultades como la subida de los precios por la inflación y falta de stocks, según señaló el diputado Manuel Chacón, para finalizar sus proyectos.

“Hay numerosos municipios que han solicitado una prórroga para estas obras que tenían de ejecución hasta 1 de diciembre y justificación hasta el 15, ampliando en ocho y siete meses el plazo legal”, ha añadido Chacón. Se trata, ha incidido, de “no dejar en el camino ninguna actuación” y dar respuesta en este contexto excepcional. “Lo estamos padeciendo con problemática de subida de precios, estocaje de las diferentes constructoras y era muy necesario para todos los alcaldes y alcaldesas”, intervenía el diputado de Axsí y primer edil de Barbate, Miguel Molina.

Según recordó el presidente de la institución, Juan Carlos Ruiz Boix, que se estrenaba como tal en sesión ordinaria, estos proyectos están moviendo actualmente 36,9 millones de euros en la provincia con la creación de unos 5.200 empleos entre directos e indirectos, a espera de la siguiente edición que dio ayer sus primeros pasos.

Estos puntos de gestión fueron los más destacados de una sesión tranquila, donde la nueva portavoz del Gobierno provincial, Ana Carrera, defendió los asuntos económicos que a partir de ahora llevará el alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, que tomó en esta sesión su acta como diputado provincial. “Estoy seguro que lo hará con máxima eficacia”, decía Ruiz Boix en la bienvenida al compañero que llevará el área antes de su competencia.

En este último pleno la materia económica centró buena parte del orden del día. Así, salió adelante otra modificación presupuestaria de algo más de 1.543.000 euros que se van a destinar “fundamentalmente a cuestiones de publicaciones, actividades formativas, desarrollo de smart cities, vida y salud, convenios con ayuntamientos, actividades deportivas y culturales”, manifestó Carrera, que también informó de un reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de 937.000 euros y dio cuenta del informe de control financiero permanente definitivo en materia de contratos menores.

• Ruiz Boix se estrena en un pleno ordinario que ha dado luz verde a que los planes provinciales de obras y servicios sean plurianuales y estén 100% financiados por la institución provincial

El de julio ha sido el primer Pleno ordinario de Juan Carlos Ruiz Boix en el cargo de presidente de Diputación de Cádiz, y también ha sido el de la toma de posesión del diputado provincial Víctor Mora Escobar, del partido judicial de Sanlúcar, que sustituye a Irene García, y que, según ha anunciado Ruiz Boix, se hará cargo de la gestión económica de la institución, en concreto en el Área de Servicios Económicos, Hacienda y Gestión Tributaria. La  renuncia de García también ha tenido consecuencias en la Junta General Universal de la Empresa Provincial de Información de Cádiz, S.A., que ha actualizado su composición y pasa a estar presidida por Ruiz Boix.   

Esta sesión ha servido para hacer realidad dos nuevos planes de inversiones en obras públicas de la Diputación. Las obras del Dipu-Inver 2022 y los Planes Provinciales de Obras y Servicios 2020-2023, así como las modificaciones presupuestarias necesarias para su ejecución, han sido debatidas y aprobadas por vía de urgencia y van a poner en movimiento 40,8 millones de euros para la provincia de Cádiz, cifra obtenida tras la suma de ambos planes.

Manuel Chacón, diputado de Desarrollo Local, ha explicado que se han presentado por urgencia tras apurar los plazos para poder incluir todas las demandas que han planteado los ayuntamientos de municipios y ELA. Como novedades, la agrupación de los Planes Provinciales de Obras y Servicios en un programa plurianual y el hecho de que por primera vez serán financiados al 100 por 100 por la Diputación. Esto representará 546.000 euros de ahorro para los ayuntamientos al año, lo que asciende a más de dos millones sumando los cuatro años en que se ejecuta, según los datos que ha revelado el diputado.

El Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2022-2023, supondrá un total de 10.699.865,28 euros. Por otro lado, el Dipu-Inver 2022 asciende a 30.129.040,72 entre 2022 y 2023. En 2022 se ejecutará el 70% y el resto en 2023.

Juan Carlos Ruiz Boix, ha querido exponer cuál es la repercusión real que tienen en la provincia estas actuaciones, y ha usado de ejemplo otros dos programas de inversiones, en este caso en ejecución, que también han tenido protagonismo en el debate plenario. Se trata del Plan Dipu-Inver 2021 y el Plan Dipu-Invierte 2021. El presidente ha recordado que entre ambos suman 36,9 millones de euros, y que propician una previsión de contrataciones, entre empleos directos e indirectos, de 5.239 personas.

Los ayuntamientos de los municipios y ELA están teniendo dificultades para cumplir con los plazos establecidos en estos planes. Por ello, por unanimidad, el Pleno ha aprobado ampliar el plazo de ejecución y justificación de ambos para dar respuesta a sus demandas de habilitar una prórroga. En principio, estaba previsto como plazo máximo de finalización el 1 de diciembre, y de justificación, hasta el 15 del mismo mes. Con el acuerdo plenario se ha aprobado un aumento de plazos de 8 meses para el Dipu-Inver y de 7 para el Dipu-Invierte, el máximo legal, y se da respuesta así al contexto de circunstancias excepcionales de inflación y dificultad de suministros.

En el apartado de gestión económica, Ana Carrera ha informado de una modificación presupuestaria de algo más de 1.543.000 euros que se van a destinar  “fundamentalmente a cuestiones de publicaciones, actividades formativas, desarrollo de smart cities, vida y salud, convenios con ayuntamientos, actividades deportivas y culturales”. La nueva portavoz del Grupo Socialista, según se ha oficializado en este mismo Pleno, ha dado cuenta al mismo sobre el informe de control financiero permanente definitivo en materia de contratos menores, que ha sido calificado como “muy positivo” por el presidente Ruiz Boix.  

La licitación de servicios y aprovisionamientos ha acaparado varios puntos del orden del día. Se ha aprobado una propuesta de iniciación de un expediente de contratación para el servicio de limpieza en el Palacio Provincial, el Edificio Roma y las oficinas de atención a la drogodependencia de la Diputación, por valor de más 3,2 millones de euros, por un período de tres años, prorrogables a otros dos. Mismo plazo que establecerá el pliego para la contratación del suministro de vestuario del personal de la Diputación, en este caso por valor de 377.543 euros, divididos en cuatro lotes. Del mismo modo, el Pleno ha aprobado el inicio de otro expediente para erradicar plagas de termitas.

 Además se ha aprobado un reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de 937.000 euros, cantidad que se empleará en la ayuda a domicilio a personas dependientes, y se ha aprobado la revisión al alza de las tarifas del Servicio Público Provincial de Tratamiento y Reciclado de Escombros.

Bonos de Alquiler Joven

El debate de las mociones presentadas por los grupos políticos ha generado un alto porcentaje de acuerdo, pues se han aprobado a excepción de uno, todos los puntos sometidos a debate. 

De este modo, se ha alcanzado la unanimidad en la proposición del Grupo Socialista sobre el ‘Bono de alquiler joven’ que solicita a la Junta de Andalucía que “a  la mayor brevedad posible establezca los mecanismos administrativos que agilicen el acceso a estos Bonos de Alquiler Joven” y a “la realización de campañas informativas dirigidas a los jóvenes de todos los municipios andaluces”. Otra moción, para reconocer la labor de los profesionales de la abogacía que desempeñan su labor en el turno de oficio, y que se incrementen las compensaciones económicas que reciben por su servicio, también ha sido respaldada por todos los grupos. La tercera propuesta socialista también ha sido aprobada, si bien el Grupo Popular se abstuvo, para que se reconozca y retribuya la turnicidad en sus jornadas laborales de los enfermeros y enfermeras del Servicio Andaluz de Salud.

 Por unanimidad ha prosperado la proposición del Grupo Izquierda Unida Andalucía para combatir la pobreza infantil, que exige la elaboración de un plan contra la pobreza en menores e insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a implantar un paquete de 14 medidas encaminadas a este fin. Al igual que la otra moción de este grupo, sobre el cierre del Centro de Coordinación de Salvamento de Tarifa. Todos los grupos han instado a la Dirección de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, Sasemar, y a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a mantener su ubicación actual y a revocar la decisión de cerrarlo y trasladar su plantilla al de Algeciras.

Política migratorias

También relacionada con las políticas migratorias, la proposición del Grupo Adelante Cádiz, de apoyo a la campaña iniciativa legislativa popular ‘Esenciales’, que aboga por una regularización extraordinaria de personas inmigrantes sin permisos legales de residencia, ha sido aprobada con las abstenciones del Grupo Popular y Ciudadanos. El Grupo Adelante Cádiz también ha presentado una propuesta relativa a la inclusión de intérpretes de lengua de signos en los actos públicos de la Diputación y que facilite a las personas con discapacidad auditiva o sordociegas cualquier trámite o gestión que necesiten
realizar en esta administración, aprobada por unanimidad.

El Pleno además ha secundado una moción en torno a las personas celíacas y sus familiares, con una situación agravada al tener que asumir sobrecostes por la inflación de los precios para los productos que pueden consumir. Esta moción del Grupo Ciudadanos ha sido aprobada con la abstención de Adelante Andalucía y solicita al Gobierno ayudas o deducciones fiscales, así como declarar el apoyo institucional de la Diputación a este colectivo, entre otras medidas.

A propuesta del Grupo Popular, con el voto en contra del Grupo Izquierda Unida, se ha instado al Gobierno de España a impulsar la aprobación de los Diplomas de Acreditación específicos de educadores en diabetes, que es la credencial que certifica que el profesional sanitario ha alcanzado las competencias y los requisitos de formación continuada. El Grupo Popular también ha encontrado el apoyo del resto de formaciones del Pleno, salvo Adelante Cádiz, que votó en contra, en su moción sobre el Centro Comarcal de Desarrollo Infantil y Atención Temprana ‘Bajo Guadalquivir’. En ella, se pide que la Diputación Provincial colabore económicamente con las obras de ampliación de este equipamiento para cubrir la demanda existente y que se inste al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, a la Consejería de Asuntos Sociales y al Ministerio de Asuntos sociales a que participen en la financiación necesaria para las obras.

La Corporación también ha instado a la Junta de Andalucía a la elaboración de un proyecto urgente para la modificación o sustitución de la actual línea eléctrica que suministra a Barbate, de 22 kilowatios, por otra con un mínimo de 66kw, y construir una subestación en el Polígono del Olivar para el municipio de Barbate, a propuesta del Grupo Andalucía Por Sí. Votó en contra el Grupo Popular y se abstuvieron Izquierda Unida y Adelante Andalucía. Andalucía por Sí también ha visto cómo prosperaba su propuesta con una serie de medidas para mejorar la recepción de la señal de la televisión en la provincia.

• El proyecto presentado a los fondos del Plan de Resiliencia incluye mejoras en la plaza de San Bernardo, la instalación de toldos en la calle Ancha y la extensión de la red de wifi gratuito

El Pleno del Ayuntamiento de Algeciras ha aprobado este martes por unanimidad la solicitud al Gobierno central de 892.761 euros con cargo a los fondos del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia para la reforma de la Plaza Alta y su entorno. El proyecto se incluye en la línea de ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas, que cuenta con un fondo de 29.380.000 euros y que serán repartidos mediante concurrencia competitiva entre todos los planes presentados a nivel estatal.

La propuesta incluye la reurbanización del borde exterior de la Plaza Alta (444.155 euros) y del eje con la calle Muñoz Cobos (detrás de la iglesia de la Palma, 303.676 euros), la instalación de toldos en la calle Ancha (70.000 euros), la implantación de zonas wifi (20.000 euros), la colocación de papeleras inteligentes con sensores de llenado en la zona de influencia del Centro Comercial Abierto (30.927 euros) y formación en idiomas (24.000 euros). 

• El gobierno municipal insta al club a acudir al periodo de alegaciones de 20 días para solventar los asuntos en los que hay desacuerdo
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• El concesionario tendrá que permitir gratis el hotel

El gobierno municipal del Ayuntamiento de Córdoba ha cerrado cualquier puerta a que exista una licitación conjunta de los usos deportivos del estadio del Arcángel con los derechos urbanísticos del futuro hotel de tribuna. El presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, que también es responsable de Hacienda, ha explicado que la directiva del Córdoba CF es plenamente consciente de que no es posible meter uno y otro asunto en el mismo procedimiento.

La argumentación del Ayuntamiento de Córdoba entiende que un concurso de usos deportivos se tiene que dilucidar entre entidades de carácter deportivo. Es decir, clubes de fútbol o sociedades anónimas deportivas. Un concurso donde se plantee un hotel o un negocio terciario (entendido de forma amplia) se tiene que convocar entre empresas promotoras y especializadas en la gestión de estos espacios.

El Ayuntamiento de Córdoba quiere reducir diez grados la presión barométrica relacionada con este asunto porque entiende que hay salidas. El pliego de condiciones, explicó Fuentes, estará sometido durante veinte días a las alegaciones de las entidades que se consideren perjudicadas. Será en ese momento cuando se podrán plantear las dudas y objeciones que, en cualquier caso, se estudiarán por parte del equipo técnico y jurídico de la casa.

El gobierno municipal ha apelado a la buena relación que existe entre dos partes sin las cuales no hay pliego, ni cesión, ni acuerdo, ni nada. El problema es de reconocimiento. El gobierno municipal entiende que sacar el pliego, en sí mismo, es un avance relevante. Y que éste se haga sin informes de reparo, sin máculas que lo lleven a los tribunales de justicia, es una asunto que se debe tener en cuenta. «Lo que era una broma es cómo estaba antes la situación», dijo.

El equipo de gobierno sostiene que el hotel en la tribuna que da a la Feria todavía es un proyecto posible. Aquella idea tenía que ver con una reorganización urbanística, el Plan del Arenal, que nunca se llevó a cabo porque las casetas nunca fueron trasladadas a la zona sur de la autovía, donde ahora está el aparcamiento de Barea.

Fuentes explicó que entienden que aún hay interés en desarrollar ese negocio en la tribuna que mira a la ciudad y, de hecho, explicó que no es un contrato que se esté planteando al medio y largo plazo. Se quiere sacar pasado el verano, entre septiembre y octubre, de forma que corran en paralelo los usos y la explotación turística del mismo.

El Ayuntamiento de Córdoba no da por muerto el contrato que acaba de aprobar pero entiende que, si no sale por falta de interés de los licitadores, no hay que echarse las manos a la cabeza. Bajo su punto de vista, se seguiría con la misma situación precaria que se tiene desde la apertura del estadio tras ser trasladado en los años noventa.

Donde sí se están moviendo cosas es el ámbito político. Y es que la oposición está empezando a empujar. El portavoz socialista, José Antonio Romero, acusó al Ayuntamiento de «estropear todo lo que toca» en referencia a la sitaución del campo de fútbol. Romero aseguró que lo que está ocurriendo con el gobierno municipal es un problema de falta de capacidad. Dijo que el alcalde esta haciendo votos ya para que se acabe el mandato ante el agotamiento de su proyecto de gestión.