• El presidente de Seopan cree que se ha minado injustamente la imagen de los seis líderes de la construcción y urge una reforma en la contratación ante los desafíos que afronta España

Las seis compañías que dominan la obra civil acaban de ser multadas por la CNMC con más de 200 millones por prácticas contra la competencia entre 1992 y 2017. ACS, Ferrovial, Acciona, FCC, Sacyr y OHLA preparan su defensa ante la Audiencia Nacional. Y Julián Núñez, presidente de Seopan, asociación a la que pertenecen, confía en que la resolución no lastrará la confianza del sector público y será anulada en los tribunales. Es más, opina que Administración y capital privado deben colaborar más estrechamente ante los retos económicos y ambientales que ya están aquí.

•  ¿Qué interpretación hace de la resolución de la CNMC?

Si se lee con objetividad, podemos ver que la CNMC afirma expresamente que la práctica investigada no se ha calificado de cártel por no tratarse de una colusión de las habitualmente sancionadas. La multa no tiene sentido: no se ha producido ningún acuerdo sobre fijación de precios o reparto del mercado de las licitaciones. La CNMC se contradice con una sanción cuyo importe es muy desproporcionado.

Competencia ha investigado durante años y asegura que se han infringido las normas de competencia.

Estamos convencidos de que no se ha actuado contra la normativa. La CNMC abrió el expediente por una práctica a la que se puso fin en 2017, que consistía en completar las carencias de los proyectos aprobados por la Administración en aspectos como estudios topográficos, geotécnicos o de otra naturaleza similar, necesarios para la ejecución de los contratos. En todo momento las empresas tenían la convicción, y la siguen teniendo hoy, de que esta práctica de reducción de costes ha sido lícita, normal y eficiente, redundando en beneficio de las Administraciones públicas.

El fallo indica que los informes compartidos formaban parte de las ofertas técnicas que son puntuadas en los concursos. Eso empobrece la diversidad de propuestas recibidas por los licitadores.

Esta es una apreciación subjetiva que no se sustenta en ninguna prueba practicada en el procedimiento. La ausencia de estudios en la documentación facilitada por las Administraciones, necesarios para la ejecución de un contrato, obligaba a las constructoras a completarlos por su cuenta. Compartían el coste, pero cada una los utilizaba independientemente y de la forma que consideraban oportuno. Debe quedar muy claro que en ningún momento se acordó presentar una proposición única ni se vulneró el secreto de las ofertas. Las empresas eran absolutamente independientes a la hora de presentar sus propuestas, sin que se viera afectada la variedad y calidad de las ofertas técnicas.

Si había reuniones semanales para tratar aspectos técnicos de nuevos contratos, es fácil suponer que se iba más lejos. La CNMC habla de intercambios de información comercial sensible, como la referente a la formación de UTE.

La afirmación de que las seis se reu­nían con periodicidad semanal, dando a entender que había una especie de estrategia planificada, carece de todo fundamento y no se ha acreditado. La CNMC se guía por meras sospechas, opiniones o presentimientos, pero sin aportar elemento probatorio alguno. Si la opinión pública presiente que hay más, como me dice, es porque lo conoce a través de lo que lee en la prensa y oye en radio y televisión. La información se ha visto condicionada a partir de la nota de prensa publicada por la CNMC. Lejos de comunicar que no se trata de la existencia de un cártel, ni de acuerdos sobre fijación de precios o reparto del mercado, que es lo que señala la resolución, se dio a entender lo contrario. Respecto a las UTE, se trata de una figura legítima que se emplea en todo el mundo y que está expresamente reconocida y regulada por nuestras leyes. Obviamente, las empresas que deciden presentarse en UTE intercambian la información necesaria para la formalización de la oferta conjunta.

• Usted se queja de falta de rigor en el proceso. ¿En qué se basa?

Es necesario que exista un organismo como la CNMC, que garantice, preserve y promueva el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos. Ello va en beneficio de los consumidores y usuarios. Pero es imprescindible, dadas las amplísimas facultades de investigación y sanción que tiene, garantizar su independencia, profesionalidad y rigor en la observancia de los derechos fundamentales que deben presidir todo procedimiento sancionador. La resolución califica arbitrariamente, como contraria a la competencia, la práctica investigada aún sin estar tipificada. Tampoco se ha probado que haya supuesto un perjuicio efectivo a la competencia, pues se basa en meras sospechas u opiniones. La desorbitada sanción impuesta, por último, no guarda ninguna proporción con la gravedad de la infracción supuestamente cometida. Por ello, denunciamos falta de rigor, algo que de forma reiterada ponen de manifiesto los tribunales en sentencias que anulan las sanciones impuestas por la CNMC por falta de prueba o por fundamentarse e imputar conductas no contempladas en la Ley de Competencia. La evidencia de ello la proporcionan las memorias anuales de la CNMC publicadas desde 2014: las empresas sancionadas, de todos los sectores, interpusieron 690 recursos ante la Audiencia Nacional, y en 500 de ellos fueron anuladas las resoluciones sancionadoras impuestas, estimando total o parcialmente las pretensiones de las empresas.

• ¿Seopan observa las prevenciones que reclama la CNMC para cumplir con la normativa de Competencia? ¿Confía en que sus empresas juegan limpio?

Totalmente. Las principales firmas españolas de infraestructuras son las mayores beneficiarias de un mercado limpio y transparente. Solo así se explica que hayan podido alcanzar el liderazgo en países muy exigentes en este sentido, como son EE UU, Canadá, Australia o los países nórdicos. Con el fin de mejorar la transparencia en la contratación pública, realizamos un informe en 2017, con el apoyo de EY, que analizaba las mejores prácticas internacionales y realizaba recomendaciones a los poderes públicos. Lo remitimos a los 350 diputados del Congreso en dos ocasiones, y tuvimos reuniones con el presidente de la Comisión de Hacienda y con el de la Comisión para la Calidad Democrática. Seguimos a la espera de respuesta.

• ¿Queda deteriorada la relación del sector con la Administración?

El daño reputacional es importante y difícilmente resarcible. Sembrar la duda sobre la honorabilidad de unas empresas que dan trabajo a más de 242.000 personas, sobre la base de una resolución que no es firme y que deberá ser revisada por los tribunales, es una grave irresponsabilidad. Pero estamos convencidos de que esta resolución, mientras los Tribunales no digan lo contrario, no va a minar las relaciones de las constructoras con el sector público y menos en una situación como la que atraviesa el país: la ejecución de las infraestructuras a través de los fondos europeos es objetivo prioritario.

• ¿Esta crisis económica está sirviendo para revisar y modernizar los procesos de licitación?

Tenemos un modelo de contratación de obra pública agotado, donde la variable que decide la adjudicación es puramente económica. Creo que los desafíos que enfrentamos a medio plazo merecen otra visión. Hoy nos centramos en los cuatro años que dura de media la ejecución de un proyecto, pero el objetivo de esa infraestructura es el servicio que prestará durante su vida útil. Eso no se tiene en consideración en la adjudicación, cuando es algo establecido por directiva. También suele faltar la planificación del retorno económico y social de las inversiones.

• ¿Este agotamiento del modelo en qué se traduce?

Mi opinión es que será muy difícil cumplir los objetivos comprometidos como país. Hacienda reconoce que hay distintos órganos de contratación de la Administración General del Estado que en 2021 tuvieron ejecuciones escasamente por encima del 30%. Esto confirma que el modelo está agotado, además de la tendencia del sector público a judicializar la actividad en lugar de recurrir a la gestión de los proyectos.

• ¿Cómo se adapta la construcción a un contexto tan complicado?

La obra civil es un sector cuasi regulado por cuanto la demanda de actividad la fijan las Administraciones públicas. El sector no puede más que adaptarse a las circunstancias de cada momento. A mediados de 2020 comenzó a percibirse la escalada de precios en las materias primas y no es hasta ahora cuando la inflación en los productos siderúrgicos comienza a apuntar hacia una cierta ralentización. Durante este año vamos a seguir teniendo precios muy superiores a los que había en enero de 2020. La pregunta, desde mi punto de vista, es cómo deben adaptarse las Administraciones públicas para intentar sostener la actividad y que esta coyuntura no suponga una ralentización de los proyectos.

• ¿Se están tomando medidas efectivas en este sentido?

Citaría la aprobación del Real Decreto 3/2022. No va a permitir la recuperación plena de los sobrecostes que se están produciendo en las obras, pero garantiza la continuidad de gran parte de la actividad. También ha sido clave la ratificación de esta medida por parte de las comunidades autónomas. Vemos como una oportunidad el plan de recuperación, pero no es un programa de obra civil. De los 51.000 millones comprometidos en los Presupuestos de 2021 y 2022, solo el 10% son subvenciones que van a crear infraestructuras de obra civil. Eso sí, la tramitación está siendo ágil: a mes de mayo se habían licitado unos 3.700 millones de los 5.200 millones previstos.

• ¿Hay margen, por tanto, para agotar el Next Generation?

Es fundamental que se aplique una prórroga porque la aprobación del reglamento y de los hitos del plan de recuperación se produjo en verano de 2021 y los acontecimientos han alterado enormemente los plazos previstos para la ejecución en lo que se refiere, por ejemplo, a los contratos de obra civil. La inflación en los materiales, el estrangulamiento de las cadenas de suministro y el precio de la energía, que afecta a la industria electrointensiva que trabaja para nuestro sector, merecen como mínimo un año de prórroga en la fecha de presentación de los proyectos, que tiene límite en el 31 de diciembre de 2023, y para la implementación de las reformas y ejecución de las subvenciones consignadas a la obra civil, fijado en el 31 de agosto de 2026. Otra razón para la prórroga es que habrá una mayor dotación de subvenciones, con unos 8.000 millones de euros extras.

• La transición ecológica es la otra gran palanca de desarrollo y es ahí donde el sector privado ofrece inversión para alcanzar los objetivos.

La sostenibilidad y la adaptación de las infraestructuras a los múltiples desafíos que tiene el país ofrece oportunidades. La Agenda 2030, el Fit for 55, el plan REPower EU… hemos estimado que España ha de invertir no menos de 240.000 millones para alcanzar los objetivos climáticos. Las infraestructuras no son un fin en sí mismas, pero sí una palanca esencial. Las Administraciones tienen la tendencia de pensar mucho más en los objetivos que en los pasos intermedios necesarios para alcanzarlos. La movilidad sostenible, segura, conectada y eléctrica, por ejemplo, requiere actuar ya sobre las infraestructuras si queremos dar servicio a cinco millones de vehículos eléctricos en 2030.

• Ya pasamos por una dura crisis y España no activó la palanca de la colaboración público-privada, que es uno de sus caballos de batalla..

La crisis financiera de 2008 supuso incrementar nuestro endeudamiento público del 40% del PIB en 2010 al 100% en 2014. Fueron 600.000 millones extras de deuda pública. La pandemia incrementará la deuda en unos 300.000 millones y ahora ya no somos, como en 2010, uno de los países europeos con menor ratio de deuda pública. Estamos por encima del 100% y la solución no será otra que el ajuste fiscal en nuestras cuentas públicas a partir de 2024. Ante este escenario no me cabe duda de que la financiación privada de infraestructuras será una herramienta clave a recuperar por los compromisos de inversión que tiene España.

Juande Portillo. Madrid

España opta finalmente a recibir algo más de 161.500 millones de euros del Mecanismo de Recuperación europeo por la crisis del Covid, unos 22.000 millones más de los 140.000 inicialmente previstos de la suma de transferencias y préstamos del fondo Next Generation EU. El incremento se produce porque la mala evolución económica del país supone sumar 7.724 millones en ayudas directas a los 69.510 millones originalmente asignados y porque el reparto de los préstamos, equivalente al 6,8% de la renta nacional bruta, rondará los 84.500 millones frente a los 70.000 millones estimados inicialmente. Para articular el uso de los nuevos fondos y realizar la petición de los créditos, el Gobierno prepara una adenda al Plan de Recuperación que incluya nuevos proyectos de inversión y reformas. Tras recabar propuestas del resto de Ministerios, la vicepresidenta primera y titular de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, anunció ayer que ahora solicitará aportaciones a las comunidades autónomas.

“Voy a enviar, entre hoy y mañana, una carta a los presidentes de las comunidades autónomas para solicitar sus propuestas y comentarios de cara a la elaboración de esa adenda que esperamos presentar a la Comisión Europea en la segunda parte del año”, avanzó ayer Calviño en declaraciones a la prensa tras presidir la cuarta reunión de la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios, a la que acuden los consejeros de Economía o Hacienda de las regiones y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

“Todos los datos indican la aceleración en el despliegue de las inversiones con los fondos europeos. Estamos alcanzando la velocidad crucero”, aseveró Calviño, cifrando en “superior a los 2.000 millones de euros” el ritmo mensual de convocatorias estatales y autonómicas que se están celebrando. En total, a 7 de julio, detalló Calviño, el Estado ha autorizado la ejecución del 53% de los fondos europeos presupuestados para 2022, 15.100 millones, mientras que el volumen formalmente comprometido es del 34% y las obligaciones reconocidas del 23%.

En paralelo, el Gobierno ha asignado casi 16.000 millones de euros a las autonomías, que han resuelto 650 convocatorias sobre 21.000 proyectos beneficiarios. Las regiones que más fondos han recibido hasta la fecha son Andalucía (2.598 millones de euros), Cataluña (2.227 millones de euros), Comunidad de Madrid (1.689 millones de euros), Canarias (1.099 millones de euros), Castilla y León (998 millones de euros) y Galicia (951 millones de euros), desglosó Economía.

Frente a la positiva lectura de Calviño, las regiones gobernadas por el PP se mostraron muy críticas con el diseño de la ejecución del Plan de Recuperación y su ritmo de avance. “Las comunidades autónomas del PP insistimos en la ausencia absoluta de cogobernanza y la falta de ejecución de los fondos que nos hace que temamos de manera fundada por una posible pérdida de fondos por falta de ejecución”, denunciaron en un comunicado, aseverando que en muchos casos las líneas diseñadas tienen poco que ver con “las necesidades reales de los territorios”. “Lo hemos denunciado por activa y por pasiva y no nos han hecho caso. El diseño del Gobierno nos ha convertido en meros ejecutores de planes que no tienen conexión con el territorio”, enfatizan las regiones gobernadas por el PP, que son Andalucía, Castilla y León, Galicia, Madrid y Murcia, pese a que algunas de ellas son las que mayor volumen de fondos comunitarios han recibido hasta ahora.

Así, pese a que Calviño celebró el clima constructivo de la reunión, fuentes populares presentes en la cita aseveran que hubo relevantes puntos de tensión en el encuentro. De hecho, varios de los presentes relatan que Calviño retiró el turno de palabra a los consejeros de Madrid y Murcia ante su disconformidad con la senda de reducción del déficit dibujada por el Gobierno y sus críticas al relevo en la presidencia del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Carlos Polanco. Madrid

La inflación es un problema con raíces profundas en el tejido productivo del país. Las empresas, independientemente del sector productivo al que pertenezcan, sufren el alza de precios, y no todas pueden trasladar parte de esa subida al cliente. Por eso, la inflación tiene derivadas en el día a día de las compañías en forma de limitaciones en sus obligaciones con otras empresas, en las retribuciones a los empleados o incluso en sus propias oportunidades de crecimiento. Tanto es así, que el 61% de las compañías españolas reconocen que, debido a la inflación, cada vez es más difícil pagar a los proveedores a tiempo. Como consecuencia de esto, tres de cada cinco empresas han pedido a sus proveedores una ampliación en los plazos de pago.

Es una de las conclusiones del Informe Europeo de Pagos, realizado por la empresa de gestión de crédito Intrum. Una encuesta a 800 directivos de compañías de todos los sectores y tamaños en España y 11.000 en Europa. El documento revela una paradoja: España es, de entre las grandes economías europeas, la que tiene un mayor dato de inflación, del 10,2% en junio; a la vez, es el segundo país con menor porcentaje de empresas que reconocen no tener la capacidad necesaria para gestionar el impacto de la inflación en sus empresas, un 51%, sólo mejorado por 49% de Alemania. Esto “puede deberse a que el tejido empresarial español esté más habituado a experimentar periodos económicos de mayor incertidumbre, lo que ha permitido a nuestras organizaciones adquirir mayores habilidades y confianza para enfrentar la adversidad. En cualquier caso, esa vulnerabilidad de más de la mitad de las empresas españolas sigue siendo elevada, ya que refleja la necesidad de que nuestras organizaciones adquieran una posición más proactiva en la gestión de la inflación si no quieren ver peligrar su margen de beneficios o, incluso, su supervivencia”, señalan desde fuentes de la compañía.

Un peldaño por debajo de las dificultades en el pago a los proveedores se encuentran las preocupaciones de expansión del negocio: el 55% de las compañías explican que la destacada alza de precios supone un obstáculo considerable a la hora de aprovechar las nuevas oportunidades y para la capacidad para hacer crecer el negocio. La media europea, por contra, es del 51%, por la menor inflación a nivel continental. Los sectores que más están viendo limitada su capacidad para hacer crecer el negocio son las telecomunicaciones, la banca y la tecnología, entre otros. Tras las dificultades de expansión, llegan las de recursos humanos: el 54% de las empresas lamentan no “tener capacidad para satisfacer la demanda de subidas salariales de sus trabajadores ante la elevada tasa inflacionista”.

El problema se acentúa si tenemos en cuenta que la inflación comenzó su escalada a lo largo del pasado año y se disparó aún más con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Quizá sin el añadido del conflicto bélico, los precios hubieran vuelto en mayor o menor medida a su cauce habitual en unos meses, pero la influencia de la guerra en los costes energéticos apunta a una inflación sostenida en el tiempo, sobre todo si tenemos en cuenta el dato de la inflación subyacente. Así lo avalan las numerosas previsiones económicas para 2022 y 2023, que hablan de un inflación por encima del 8% para este año, que se moderaría ligeramente hasta el 5% de cara al año siguiente.

No sorprende, por tanto, que un 57% de los encuestados opine que de aquí a un año el riesgo de impagos o de retrasos en los pagos sea mayor, mientras que un 27% considera que se mantendrá estable. “Puede tener un reflejo directo en un aumento de la tasa de morosidad empresarial y un efecto directo en la sostenibilidad del negocio y, por tanto, en la destrucción de empleo. Si la actividad del negocio depende de estos proveedores, llevar los pagos al día será crucial para evitar que limiten o cancelen la prestación de servicios o productos o exijan términos de pago mucho más estrictos”, subrayan desde estas mismas fuentes.

Mayor flexibilidad

El informe recoge que, a causa de la situación actual, las empresas han llevado a cabo distintas formas de flexibilización en sus condiciones de pago. Hace un año, el 43% de las empresas consideraban que ofrecían condiciones demasiado generosas, mientras que ahora ese porcentaje se sitúa en el 48%. También, la mitad de las compañías reconoce que ahora acepta plazos más largos de pago, para evitar así dañar sus relaciones con el cliente. De ahí que el tiempo de pago haya crecido con respecto a 2021 tanto en los clientes que son empresas como cuando el cliente es el sector público. Por sectores, el mayor tiempo promedio de pago se da en el gobierno y el sector público, con 72 días; en el sector inmobiliario, con 61 días; o en la hostelería, con 59 días. Por contra, los sectores con menores tiempos de pago son los servicios empresariales, con 46 días; el transporte y la logística, con 45; y el sector bancario y financiero, con 38 días.

Carlos Polanco. Madrid

Mientras la mayoría de las grandes potencias mundiales volvieron a ostentar su peso económico de 2019 durante el pasado año, tras el profundo socavón causado por el Covid, España se encuentra todavía en el camino de la recuperación. Y, aunque las previsiones más optimistas ya indicaban que tampoco sería este año en el que volviera al volumen prepandemia, la revisión de estas previsiones, que en las últimas semanas han marcado una tendencia a la baja, se alejan aún más de la senda de crecimiento marcada antes de la irrupción mundial del Covid.

Ayer, Funcas y Mapfre Economics ahondaron en esta rebaja de previsiones, que hasta la fecha ya habían realizado la Comisión Europea, la OCDE o el Banco de España, entre otros organismos. Mientras que la Fundación de las Cajas de Ahorros cree que la economía crecerá un 4,2% en 2022 y un 2% en 2023, los analistas de Mapfre sitúan el crecimiento en el 4,1% y el 2,4%, respectivamente. Eso sí, este último contempla un escenario mucho más sombrío, en el que en 2023 el PIB perdería un 2,5%.

Funcas mantiene así su previsión para este año, pero realiza una fuerte moderación para el año que viene, de 1,3 puntos porcentuales, respecto al anterior pronóstico que había realizado. No solo eso, sino que el último trimestre de este año el crecimiento se quedará en el 0%. “Estaríamos rozando la recesión”, aseguró Raymond Torres, director de coyuntura económica de Funcas. Esto siempre y cuando se cumpla la hipótesis “de unos precios energéticos al alza hasta la próxima primavera antes de estabilizarse”, como explica el informe que recoge las previsiones. En caso de que los precios energéticos sufrieran un encarecimiento mayor del esperado, la economía entraría en crecimiento negativo en la última parte del año.

Por ello, el ente señala que la inflación se situará en el 8,8% en 2022 y en el 5% en 2023. Las previsiones de Funcas superan a las realizadas la semana pasada por la Comisión Europea, no tanto para este año, en el que es 0,7 puntos porcentuales superior, sino sobre todo en 2023, con 1,5 puntos por encima. “Las opciones de los gobiernos para reducir la inflación son muy limitadas”, reconoció el director general de Funcas, Carlos Ocaña, pero “la política monetaria tiene la misión de no agravar las consecuencias del alza de precios”.

Por parte de Mapfre Economics, el “escenario estresado” que dibuja, con una caída del 2,5%, se cumpliría si “el conflicto bélico se cristaliza, extendiéndose más allá de 2022, con mayores sanciones o recortes de suministro por el frente ruso, con tasas de inflación más persistentes y con una respuesta monetaria restrictiva más enérgica”.

Cabe recordar que la semana pasada BBVA Research ya contemplaba la posibilidad de una recesión, que en este caso sucedería en el último trimestre del año y el primero del que viene. En cualquier caso, sería una zambullida corta y poco profunda en el crecimiento negativo: un retroceso del 0,3% en los tres últimos meses del año y del 0,2% en los tres primeros de 2023 para volver a terreno positivo en el segundo trimestre.

Con todas estas instituciones coincidiendo en el deterioro económico, ¿qué es lo que sujetará la economía española este año? La respuesta a la pregunta también es coincidente. Por un lado, el inicio de la temporada turística está demostrando que el sector puede reverdecer laureles más rápido que la totalidad de la actividad económica. Las patronales turísticas ya avisan de la práctica recuperación del PIB, al tiempo que la proyección en el número de visitantes también apunta a un cómputo alto a final de año. Por el otro lado, los fondos europeos también están ayudando a impulsar la actividad. Sin estos dos condicionantes, el shock energético intensificado por la guerra de Ucrania y que es responsable de buena parte de la inflación, que superó en junio el 10% en su peor dato en 37 años, no encontraría ningún contrapeso.

Con respecto a las medidas del Gobierno para combatir la inflación, Torres opinó que las anunciadas durante el Debate sobre el estado de la Nación tendrán un alcance limitado porque no abordan esta cuestión, mientras que la influencia de la bonificación a los carburantes es “puntual” y en ningún caso “adaptada a un perturbación alargada de los precios energéticos”, como la que estamos viviendo.

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha publicado la licitación de las obras de acondicionamiento de la dársena del puerto pesquero, dentro de la cuarta alineación del Muelle de Ribera.

La obra, que una vez adjudicada tendrá un plazo de ejecución de 84 días, sale a concurso por 286.495,56 euros (impuestos incluidos).

El plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta las 18,00 horas del 1 de agosto próximo, según ha informado la APA.

La información sobre el concurso y presentación de las ofertas se puede obtener en la web de la Autoridad Portuaria https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=LvZI%2FSUE9GKmq21uxhbaVQ%3D%3D

Para la realización de las obras, la APA encargó al Instituto Técnico de Materiales y Construcciones (Intemac) la redacción del proyecto de acondicionamiento de la dársena pesquera, que en la actualidad está formada por tableros de vigas prefabricadas, apoyadas en pórticos de hormigón armado, estructuras que requieren una actuación para su refuerzo estructural.

• El Ayuntamiento actualiza el precio de la actuación, que se ve incrementado en un 30%

Las obras para hacer visitable el Templo Romano de Córdoba costarán casi 900.000 euros en vez de los 600.000 previstos tras el decreto de revisión excepcional de precios de los contratos públicos aprobado por la Junta de Andalucía y al que se adhirió el Ayuntamiento. Esta revisión ha supuesto un encarecimiento del 30% de estas actuaciones, que serán realizadas con cargo a los fondos europeos Next Generation, tal y como han confirmado el arqueólogo municipal, Juan Murillo, el alcalde, José María Bellido, y el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes.

Este decreto ley de  revisión excepcional de precios de los contratos públicos quiere compensar a las empresas de la construcción que trabajan con el Ayuntamiento por el sobrecoste ligado a la subida de precios de los materiales, motivada por la huelga de transporte y por los efectos de la invasión rusa en Ucrania.

El proyecto para la realización de las obras, cuya ejecución se paralizó al retirarse la empresa adjudicataria -Arquepec- alegando el sobrecoste que le suponía, será el mismo y en breves fechas pasará a Contratación. Esas obras, correspondientes a la segunda fase de la recuperación sel Templo Romano, se quedaron al 20%. Estas actuaciones estaban incluidas en el Plan Turístico de Grandes Ciudades. Las obras de la segunda fase arrancaron en julio de 2018, tenían un plazo de ejecución de cinco meses y un presupuesto inicial de casi 400.000 euros. 

Esta fase incluía la instalación de una plataforma de unos 120 metros entre las columnas levantadas por Félix Hernández. La pasarela tiene un doble fin: conseguir con la menor intervención y de la forma más reversible posible un elemento que permita la protección de las estructuras, así como permitir el acceso del público visitante hasta el nivel actual del templo. De esta manera, los visitantes podrán tener una mirada sobre la plaza y, más allá, sobre la manzana de San Pablo-Orive donde se extendía el Circo. En estos trabajos estaba previsto también la apertura de la comunicación entre el Templo y el edificio del Ayuntamiento a través de la medianera de su planta baja; en este espacio se ubicará el Centro de Interpretación del monumento, aunque esto pertenece ya a otro proyecto.

El proyecto completo también recoge hacer un centro de interpretación del Templo Romano, si bien esta parte no se prevé en la próxima actuación, no obstante no es condición sine qua non para que sea visitable el resto de la reforma. Este centro de interpretación, que se plantea como el que hay en Medina Azahara, se ubicaría dentro del Ayuntamiento, donde antes estaba la Oficina de Consumo. Este centro de interpretación tiene como objetivo informar de manera didáctica de los datos del Templo.

En el Templo Romano ya se acometió inicialmente alguna reforma, como la realizada en 2013 que permitía observar el monumento con más facilidad que antes. Después, en 2017 se llevó a cabo una fase previa a la que ahora se va a contratar que contemplaba la reconsolidación de la estructura, con especial atención en los sillares, los muros de contención que lindan con el Ayuntamiento y los elementos de las columnas. El presupuesto para esta parte alcanzó los 200.000 euros y la empresa encargada de llevarla a cabo fue Patrimonio Inteligente SL.

• Urbanismo concede hasta junio casi 3.000 nuevas licencias, principalmente destinadas al sector privado

• El responsable del área considera que la capital ha experimentado la “mayor actividad urbanística desde el inicio de la democracia”

• Un estudio determina que las viviendas del Área Metropolitana afectadas por los terremotos perderán un tercio de su valor

Poco a poco el sector de la construcción en la capital comienza a ganar músculo, tal y como se refleja en los datos hechos públicos por el área de Urbanismo del Ayuntamiento, que reflejan cómo, en el primer semestre del año, se concedieron 2.940 licencias de obra, lo que supone una inversión que supera ampliamente los cien millones, según ha explicado el responsable del área, Miguel Ángel Fernández, en rueda de prensa. 

Esta inversión surge de la colaboración público-privada, de ahí que esas licencias se repartan entre las 66 que corresponden a obra pública, con una inversión de 59 millones de euros; mientras que dentro del ámbito privado se ha tramitado licencias por valor de 116 millones de euros, de las que 149 corresponden a obra mayor, 49 se refieren a permisos de menor cuantía y 2.676 a declaraciones responsables, por lo que, en  palabras del concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, Granada experimenta “una actividad urbanística sin precedentes”, que él mismo ha calificado como la “mayor desde el inicio de la democracia ”.

Para Fernández Madrid, Granada, a diferencia de “tiempos pretéritos en los que estaba gobernada por la derecha”, bajo el mandato socialista se ha convertido “en un ejemplo de colaboración pública-privada”, logrando que sea una “ciudad apetecible para invertir”, según se puede observar, ha dicho, con los datos proporcionados por el Consistorio.

A la hora de desgranar las cifras, el concejal ha destacado la concesión para la construcción de cinco nuevos hoteles de cinco estrellas, con una inversión superior a los 20 millones “solo en presupuestos de ejecución de materiales”. También tendrá la capital cinco nuevas residencias universitarias, cuyo coste de obra superará los 37 millones, a las que se suman la licencia de primera ocupación de dos residencias estudiantiles. 

Por lo que respecta a la construcción de nuevas viviendas, se han gestionado licencias para nuevas edificaciones en sectores que “antes estaban paralizados”, entre los que ha citado los Oestes o la zona de Albayda,  que van a permitir la construcción de 956 nuevas viviendas tanto de protección oficial como libres, “que supondrán una inversión solo en ejecución de material 59.018.935 euros”.

“Se trata de obras, que además de estar teniendo una repercusión muy importante por el ingreso de tasas en la economía municipales, son un gran acicate para mantener la actividad productiva de nuestra ciudad en el sector de la construcción”, del que ha recordado “sufrió mucho en los años de la crisis del ladrillo con un ajuste en términos de personal de casi el 40% y que en este momento está manteniendo una actividad que es muy de agradecer”, según Fernández Madrid.

Impulsor de la inversión pública

El concejal ha subrayado que, junto a esta normalidad institucional, se une la apuesta del Gobierno municipal por “erigirse como actor en el impulso de la inversión en obra pública, a través de diferentes programas tanto europeos como nacionales, entre los que ha recordado el Plan Alhambra, que “hacen que en este momento tengamos en marcha proyectos por valor de 59 millones de euros”.

Ha especificado que esta inversión corresponden a 66 obras públicas, de las que algunas ya están acabadas, a falta de la autorización del área de Cultura de la Junta de Andalucía, que son los correspondientes al programa europeo Edusi, y otras en fase de licitación, entre las que ha destacado el proyecto para la recuperación de Santa Adela o el Plan Alhambra.

El edil ha reconocido que esta “ingente actividad municipal” no sería posible sin “el trabajo y esfuerzo de los técnicos municipales del área de Urbanismo, que incluso ha requerido de la puesta en marcha de un programa de productividad de cara a garantizar que no se pierda ninguno de los fondos de inversión que estamos gestionando”.