• Diputación aprueba para Urrácal, Arboleas y Fondón proyectos que suman 320.000 € de inversión

Los municipios de Urrácal, Arboleas y Fondón van a mejorar sus caminos municipales gracias a las inversiones que va a ejecutar la Diputación de Almería. Así lo ha precisado el vicepresidente, Ángel Escobar, quien ha detallado que la Junta de Gobierno ha aprobado tres proyectos que suman mas de 320.000 euros, entre el Plan de Caminos y los Planes Provinciales, para la mejora de las infraestructuras viarias de estos municipios del Almanzora y la Alpujarra.

Ángel Escobar ha puesto en valor la importancia de la mejora de las comunicaciones y caminos municipales: “Son fundamentales porque mejoran la seguridad de los vecinos y trabajadores que circulan por ellos, al tiempo que facilitan la salida de la producción agroalimentaria de la provincia de Almería. Diputación colabora con los municipios para que puedan lucir su mejor aspecto y dinamizar su economía”, ha asegurado

En el caso de Urrácal, se trata de un proyecto para la mejora integral del camino de acceso a la Ermita, La Era y Cementerio en Urrácal. Se trata de una obra fundamental porque aborda, además de la pavimentación y la seguridad en el barrio de la Ermita, la mejora de las redes básicas (alcantarillado, pavimentación y electricidad) para los vecinos de esta zona del municipio.

Con un presupuesto de 170.000 euros, esta actuación pondrá fin a los riesgos que entraña la falta de acerado en su totalidad y los daños en las barreras de seguridad. Para conseguirlo se realizarán entre otras las siguientes actuaciones:

– Demolición de elementos existentes como pavimentos en la calzada, pilastras de fábrica y barandillas, retirada de biondas. La barandilla metálica existente en el camino de acceso al cementerio se retirará para ser posteriormente recolocada.

– Ejecución de un muro de contención de hormigón armado en la margen izquierda de la C/Ermita para garantizar la estabilidad del vial existente.

– Renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento

– Pavimentación

– Instalación de barreras metálicas

– Renovación de la canalización de Alumbrado Público existente y renovación de arquetas, cableado y conexionado.

– Señalización horizontal y vertical al inicio de la C/Ermita en su intersección con la Ctra. AL-6102.

En Arboleas, con una inversión de 75.000 euros, la Diputación va a acometer un proyecto que consiste en la reparación y mantenimiento de un tramo de la carretera AL-8107. Los trabajos consistirán en la mejora del firme, así como de las cunetas.

Por último, en Fondón se van a reparar y mantener tres caminos de su red municipal: Camino de la Bolsa, Camino del Ramizal y el Camino de las Ánimas mediante una inversión de 64.400 euros. Ambos caminos conservarán su trazado y anchura.

El Camino de la Bolsa actualmente tiene pavimento asfáltico deteriorado y va a ser renovado, al igual que en el Camino del Ramizal que cuenta con blandones y el camino de las ánimas que no cuenta con asfalto y tiene lastras.

Más de 10 millones en Caminos

El Plan de Caminos Municipales 2020 se ha cerrado así con más de 10 millones de euros para la mejora de los viales de los 103 municipios. Se trata de proyectos financiados al 100% con fondos provinciales que son fundamentales para facilitar la actividad agrícola y ganadera.

La Junta de Gobierno Local adjudicó las obras para la calle Fierro y un nuevo tramo de Molino Viejo. La puesta en marcha de las obras, cuya duración se estima en ocho y cuatro meses respectivamente, supondrá importantes beneficios tanto para el centro de la ciudad como para el espacio de comunicación de la playa. 

Las obras del Molino Viejo corresponderán al tramo comprendido entre la rotonda del Consorcio y la rotonda del camino del Sotillo, en Aldea del Coto. La actuación será ejecutada por Construcciones Garrucho por el precio de 335.000 euros. Durante las obras, se colocará el acerado que falta en ese tramo, así como la instalación de pluviales, completando la urbanización de la zona.

“La carretera del Molino Viejo quedaría transformada en su totalidad, puesto que el tramo entre la rotonda de Salmorejo y la del Atún lo tiene también adjudicado Garrucho. Así, toda esta vía quedará acabada como una gran avenida urbana”, explicó el alcalde de Chiclana, José María Román, quien compareció en rueda de prensa junto a la

“Este fue el proyecto que nosotros presentamos a la Junta de Andalucía para el programa Ciudad Amable, un proyecto perfecto, porque transformaba toda la carretera, pero la Junta no tuvo a bien darnos la subvención de 1,2 millones de euros. Lo hemos conseguido a través del Gobierno de España, por el proyecto de Bajas Emisiones, de los fondos Next Generation. De esta forma podemos seguir mejorando la movilidad y la conectividad en el municipio”, destacó José María Román. 

Obras en el centro

• En la provincia, hasta 26 sociedades entraron en concurso de acreedores en el arranque de 2022

Los primeros seis meses de 2022 han registrado en Córdoba 26 concursos de acreedores y 212 disoluciones de empresas, según el Estudio sobre Concursos y Disoluciones realizado por Informa D&B S.A.U. (S.M.E.), compañía filial de Cesce y líder en el suministro de información comercial, financiera, sectorial y de marketing. Esto dibuja un panorama ligeramente peor al que dejó 2021, que en su conjunto dejó 48 concursos y 336 disoluciones.

La cifra sube hasta los 280 concursos en el global de Andalucía, lo que representa un incremento del 4% respeto al año anterior -se cerró con 492-, lo que sitúa a la región por encima de la media nacional, que apenas alcanza un 0,3%. Las disoluciones, que acumulan 2.346 -al final del último ejercicio fueron 3.723-, suben tres veces más, hasta un 12%, un comportamiento similar al del resto del país, donde se han registrado 3.192 concursos y 17.084 disoluciones en la primera mitad del año. Este último apartado deja en junio su cifra más baja en lo que va de 2022 (2.210, un 2% que en mayo).

En junio, los procesos concursales también se elevan en Andalucía, un 17% para quedar en 42 -de ellos, la provincia de Córdoba aporta siete-, mientras que los datos para el conjunto del país avanzan un 21%. Las disoluciones en la comunidad suben un 8% hasta 309 -27 de sociedades cordobesas-, por debajo del avance del 12% del conjunto de España.

Según los datos generales del informe, la construcción y actividades inmobiliarias, y el comercio son los dos sectores que mayor número de ambos tipos de procesos registran en estos seis primeros meses en la comunidad autónoma, con 55 y 56 concursos y 660 y 487 disoluciones cada uno. Por provincias, Málaga con 45 concursos y 718 disoluciones, y Sevilla, con 85 y 561 respectivamente, concentran la mayor parte.

Córdoba queda en una zona intermedia en esta particular clasificación, pues sus 26 concursos y 212 disoluciones se ven superados también por los 42 y 260 de Cádiz y los 29 y 219 de Granada; por contra, Almería (22 y 181), Huelva (20 y 90) y Jaén (11 y 97) han vivido una situación mejor durante los últimos seis meses.

En la provincia de Córdoba, de los 26 concursos registrados en el primer semestre del año, más de la mitad se concentran en tres sectores: construcción y actividades inmobiliarias, con seis, y comercio y servicios empresariales, con cuatro cada uno. La hostelería sufrió tres, por dos de la industria, uno de la agricultura, las comunicaciones, la educación y la sanidad. Además, tres más entran en el cajón de sastre de otros servicios.

En cuanto a las 212 disoluciones, la construcción y las actividades inmobiliarias, y el comercio se llevan la palma con 48 cada sector, seguidas justo a la mitad (24) por los servicios empresariales, ya que el resto no pasa de la decena de cierres. Los transportes, con ocho, y la hostelería, las comunicaciones y la sanidad, con siete cada uno, continúan una nómina que completan la agricultura (cinco), la educación (cuatro), la energía y la intermediación financiera, con dos cada uno. Por último, aparecen seis casos de otros servicios y tres sin determinar, mientras que quedan a salvo las industrias extractivas y la administración.

Cataluña marca el paso en España

Cataluña es la comunidad con más procesos concursales en los seis primeros meses del año, 852, aunque recorta un 3%, seguida de Madrid (665) y Valencia (495). Las tres regiones repiten puestos en junio, con 142, 122 y 104 concursos, respectivamente. Ocho autonomías, además de Cataluña, reducen sus cifras desde enero: Aragón (9%), Asturias (21%), Castilla y León (35%), Extremadura (23%), Baleares (20%), Canarias (7%), La Rioja (19%) y el País Vasco (22%).

En el caso de las disoluciones, Madrid encabeza las cifras tanto en el primer semestre, con 4.918, el 28% del total, como en junio, con 718. Tras ella, Andalucía es segunda, y Valencia tercera con 1.966 en el acumulado y 229 en el mes. En este caso, solo Asturias, Ceuta, Melilla, Galicia y Baleares contabilizan menos procesos desde enero, y Madrid, Andalucía y Cataluña son las que más suman, 805, 255 y 176 en cada caso.

“Aunque se prevé un fuerte aumento de los concursos con el fin de la moratoria decretada por el Gobierno, el primer semestre cierra con 3.192 procedimientos, solo un 0,28% más que el año pasado. Sin embargo, los 587 concursos iniciados en el mes de junio suben un 10% respecto a mayo y un 21% frente al mismo mes el pasado año”, señala Nathalie Gianese, directora de Estudios de Informa D&B. 

Durante el 2020 y el 2021 el número de empresas que presenta la solicitud conjunta de concurso y extinción, conocida como concursos exprés, ha ido creciendo. El 2020 terminó con un 54%, en 2021 alcanzó el 65% de media y durante los seis primeros meses del 2022 no ha bajado del 65,5%. En junio roza el 70%, la segunda cifra más alta desde que se comenzó a seguir este indicador en mayo de 2019.

Del total de concursos contabilizados en junio, el 85,5% son microempresas, un 13,5% corresponde a pequeñas empresas, un 1% a medianas y ninguna gran empresa ha presentado proceso concursal este mes.

Las empresas concursadas desde enero daban trabajo a 19.879 personas y facturaban cerca de 3.700 millones de euros, por encima de los poco más de 3.000 millones de las que iniciaron este proceso los mismos meses en 2021. Las afectadas por las disoluciones en el primer semestre de este año suman 40.942 empleados y unas ventas de más de 8.400 millones de euros, inferior a los 9.000 millones de euros que acumulaban las disueltas un año antes.

• El Colegio de Arquitectos registra una cuarta parte de los proyectos que se firmaron en 2021
• El precio de la vivienda nueva sube un 4,3%
• El fin de la moratoria concursal avanza una cascada de quiebras para el otoño

El visado de viviendas en el Colegio de Arquitectos se considera como el termómetro del futuro de la actividad de la construcción. Toda promoción nueva tiene que pasar, antes de nada, por el sello de la institución colegial. Y lo que dicen esos datos es que la construcción va camino de un nuevo parón que tendrá, además, un carácter súbito dado que la caída es a plomo. En los dos trimestres del 2022 se le ha dado el visto bueno a proyectos que incluyen 297 viviendas de todo tipo, libres y de protección oficial.

Si se comparan con las mismas cifras del primer semestre de 2021, es cuando se nota el camino del golpe. En esos seis meses del año anterior, con la sociedad recuperándose de los efectos más inmediatos del coronavirus, se alcanzaron las 1.163 viviendas. Es decir, en este año no se ha llegado a una cuarta parte de lo que se generó hace apenas doce meses.

La explicación puede encontrarse en el panel semestral que realiza la asociación de constructores de Córdoba, Construcor. Los profesionales, dice ese informe, esperan un empeoramiento general de la economía. Los asuntos que más preocupan se fundamentan en la crisis de los suministros y en el encarecimiento de las materias primas. Advierte, además, de un elemento clave: un endurecimiento de las condiciones del crédito bancario si se produce una subida de tipos de interés en la zona euro.

Hay un dato en el visado de viviendas tremendamente revelador que tiene que ver con los metros cuadrados de cada piso al que se le ha puesto el sello. En el primer trimestre, el Colegio visó proyectos de 235 metros cuadrados por cada unidad libre. En el segundo, de 952 metros cuadrados por vivienda libre. Durante el año anterior, esas magnitudes de referencia fueron de 146 y 181 metros cuadrados, respectivamente. Lo que quiere decir que la única vivienda que se está visando son complejos muy grandes con zonas ajardinadas comunes y equipamientos de apoyo. Urbanizaciones como las que pueblan la zona de Poniente.

El microdato del Colegio de Arquitectos explica que se están visando, sobre todo, viviendas de nueva planta (y no en edificios existentes), que consumen más superficie de la estrictamente precisa para la edificación y que se venderán en el mercado libre de Córdoba capital. Es un comportamiento ya conocido del mercado de la vivienda que, en tiempo de crisis, se centra en el cliente de perfil medio-alto que es el que no tendrá problemas en abordar un crédito bancario.

Un parón a la vista del mercado de la construcción se traduce en menos empleo directo en las obras y también en las empresas y oficios que las nutren. El asunto afectara, principalmente, a las firmas que trabajan en el mercado de las viviendas de protección oficial, las de precio limitada y más asequiles para amplias capas de la población.

Durante los seis meses contabilizados durante todo el año, se han registrado un total de 22 viviendas protegidas en la provincia de Córdoba. En concreto, se consignaron en la capital y en el mismo mes, lo que indica que puede ser una sola promoción que empezará en el futuro. Las viviendas libres de ese mismo periodo fueron 275 unidades.

Durante el año 2021, la actividad de la vivienda protegida sí tuvo cierta actividad. En el primer trimestre no se registró promoción alguna pero en el segundo fueron 94. En todo el año pasado, fueron 208 viviendas protegidas por 1.772 libres.

• En una reunión de seguimiento del proyecto, las entidades valoran los avances y confían en que la apertura del periodo de licitación se abra en este mes

• Acordaron volver a reunirse tras el verano en una asamblea general con todos los miembros

La Plataforma por el Túnel de San Silvestre ha reunido a todas las comunidades de regantes que están integradas en su núcleo para valorar los últimos avances del proyecto de desdoble del túnel, un encuentro en el que mostraron su confianza en que el periodo de licitación de la obra se abra en este mes de julio.

En el encuentro, que tuvo lugar por videoconferencia, la comisión de la plataforma informó al resto de los asistentes sobre los últimos pasos que ha ido dando el proyecto, como ha sido la salida a información pública del proyecto y la presentación de alegaciones a las expropiaciones por parte de los afectados, entre otros.

El siguiente movimiento “debe ser la apertura del proceso de licitación, al que pueden concurrir las empresas que lo deseen, y la adjudicación de la obra”. Las comunidades de regantes, como núcleo en el que se gestó la plataforma, han decidido convocar una asamblea general con la treintena de miembros que forma parte de la plataforma tras el verano. “Servirá para hacer balance de lo que llevamos conseguido e igual podemos ya celebrar alguna otra buena noticia”.

Características del proyecto

El nuevo túnel será paralelo al actual y estará separado del primero por 30 metros de distancia. Medirá 7,3 kilómetros y pasará de poder mover agua de los 10 m3/segundo actuales a los 20 metros cúbicos por segundo. Además, tendrá nuevos canales de entrada y salida. El presupuesto total será de 64 millones de euros, dedicándose seis millones a la protección medioambiental del entorno.

• El Ministerio del Interior justifica la decisión en el acuerdo plenario del Ayuntamiento para estudiar la protección del edificio

El Gobierno central ha frenado en seco el proceso de contratación que inició a finales del año pasado para demoler el antiguo cuartel de Capuchinos de Málaga, ubicado en la plaza del mismo nombre. El objetivo de este derribo era la construcción de una nueva comisaría del Cuerpo Nacional de Policía para la capital, en unos suelos que abarcan unos 6.500 metros cuadrados de superficie. Sin embargo, el Ministerio del Interior ha decidido paralizar esa demolición, que aspiraban a ejecutar ocho empresas, ante las acciones emprendidas por el Ayuntamiento para estudiar la catalogación del inmueble, que está ubicado junto a la parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa de Jesús, un templo que data del siglo XVII.

La presidenta de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), Mercedes Gallizo, ha emitido una resolución en la que renuncia al contrato para la demolición del antiguo acuartelamiento «al concurrir una razón de interés público como es la decisión del Ayuntamiento de Málaga de instar a las administraciones competentes a la iniciación de los expedientes administrativos que correspondan para que el antiguo convento y cuartel de Capuchinos de dicho término municipal sea objeto de la debida protección por su interés histórico, arquitectónico y cultural».

Gallizo se refiere a una moción del grupo municipal de Unidas Podemos que fue aprobada por el pleno del Ayuntamiento del pasado mes de diciembre y en la que se pedía que la Gerencia Municipal de Urbanismo siga con los trámites para estudiar la protección arquitectónica del antiguo cuartel «incorporando todos los elementos singulares del inmueble y su entorno»; y que la delegación de la Consejería de Cultura también analice si el edificio merece ser catalogado como parte del patrimonio histórico de Andalucía. La moción fue aprobada con la abstención de los concejales del PSOE en los puntos relativos a la protección del antiguo cuartel.

La resolución de la SIEPSE señala que “siendo así, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior ha retirado el encargo de promover la demolición de las edificaciones del citado inmueble, respecto de las cuales pretende declararse una especial protección”.

No obstante, como informó SUR, la parcela en la que se ubica el cuartel de Capuchinos está dentro de los límites del vigente Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Centro de Málaga, un ámbito con unas normas urbanísticas particulares que impiden autorizar la demolición de un edificio si esa petición no viene acompañada por la solicitud de la licencia de obras para levantar otro que lo reemplace.

Esta norma tiene como excepciones los casos de inmuebles que amenacen con venirse abajo por ruina, y aquellos que deban desaparecer para permitir una excavación arqueológica autorizada por la Consejería de Cultura, como fue el caso de los cines Astoria y Victoria. Sin embargo, el cuartel de Capuchinos no reúne estos requisitos, por lo que el Gobierno central no habría podido recabar por ahora el permiso de la Gerencia de Urbanismo para su demolición.

Aunque fue reformado en el siglo XIX para su uso militar, partes del edificio del cuartel que el Gobierno quería derribar pertenecieron al antiguo convento de los capuchinos. En concreto, según se recoge en el proyecto de demolición que fue licitado por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de Seguridad del Estado, se echarían abajo zonas que forman parte de la estructura de un antiguo claustro de aquel convento, al que todavía se da uso como patio de la parroquia, junto a una galería que recorre el lateral sur del templo.

El proyecto apuraba la demolición hasta los muros sur y este de ese claustro, donde todavía se puede observar el trazado de sus arcos, comprometiendo su estabilidad al no prever un apuntalamiento con estructuras metálicas, según apuntaron fuentes expertas que revisaron el plan de demolición.

El cuartel se encuentra actualmente en desuso, custodiado por la Policía. El pasado mes de marzo sirvió como escenario para el rodaje de la serie ‘La chica de nieve’, una producción de Atípica Films para Netflix basada en la exitosa novela del escritor malagueño Javier Castillo.

• El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha sostenido este miércoles que la propuesta del presidente de la Junta en funciones y candidato a la reelección, Juanma Moreno (PP-A), de dejar en suspenso el canon del agua con el que se financian infraestructuras hidráulicas “imprescindibles”, pone “en riesgo” esas obras en pleno periodo de sequía.

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha sostenido este miércoles que la propuesta del presidente de la Junta en funciones y candidato a la reelección, Juanma Moreno (PP-A), de dejar en suspenso el canon del agua con el que se financian infraestructuras hidráulicas “imprescindibles”, pone “en riesgo” esas obras en pleno periodo de sequía.

En una rueda de prensa en la sede del PSOE-A, en Sevilla, Juan Espadas ha agregado al respecto que “ésta no puede ser la legislatura de los problemas del agua en Andalucía”, y ha reclamado al presidente de la Junta en funciones y candidato a la reelección “mucho cuidado al plantear la gestión de los recursos hídricos”, y medidas para paliar la incidencia del cambio climático sobre este bien escaso.

Ha recalcado que la sequía “no es algo a afrontar si no llueve en el próximo otoño”, sino que es un problema real que ya está aquí, toda vez que las previsiones ratifican que en septiembre “más del 90% de la población andaluza estará en situación de sequía”, según ha advertido Espadas.

Para el dirigente regional socialista, es evidente que la legislatura recién terminada ya fue “perdida” en ejecución de infraestructuras hidráulicas clave para abastecimiento de agua, cuya realización va “a ritmo muy deficiente”, y sin que haya “planificación” planteada por Moreno en materia hídrica para los próximos cuatro años pese a que “nos estamos jugando el abastecimiento de la población” junto al agua para agricultura y ganadería y toda la actividad económica, según ha insistido el líder del PSOE-A.

“Moreno Bonilla no ha hecho en materia de agua una gestión ni una planificación en las cuencas intracomunitarias andaluzas, que son su competencia”, ha remarcado Espadas, criticando la falta de “compromisos de inversión claros” ni de ejecución de obras hidráulicas “con cronograma de obras y plazos”.

El líder socialista andaluz ha denunciado que, pese a ser evidente que la financiación de infraestructuras hidráulicas es básica, Moreno “dice que su medida estrella será la supresión del canon del agua que financia el abastecimiento y saneamiento”.

Espadas ha preguntado entonces “cómo va a financiar” la Junta “esas infraestructuras clave para el abastecimiento justo en un momento de sequía”, y ha reclamado respuestas sobre con qué recursos económicos piensa el Gobierno del PP “acometer proyectos hidráulicos y sus propios compromisos”.

“Qué va a hacer Moreno Bonilla con más de 200 proyectos en redacción o licitados por su Gobierno, y con su planificación de obras en cuencas intracomunitarias 2022-2027”, ha demandado Espadas, quien ha recordado que el canon del agua es un recurso finalista y sólo puede emplearse en la ejecución de obras hidráulicas.

“Sin este recurso, cómo va a financiar Moreno Bonilla proyectos en este momento de sequía”, ha insistido en preguntar el secretario general del PSOE andaluz, criticando que PP pretenda de esta forma endosar “sus competencias al Gobierno de España”. “Sería la enésima tomadura de pelo”, ha advertido.

Juan Espadas ha calculado que la comunidad cuenta con 1.200 millones de euros estatales para modernización y digitalización de infraestructuras en Andalucía, con el objetivo de la eficiencia energética, y ha explicado en los municipios esta iniciativa requiere la “presentación de proyectos, algo difícil en entornos rurales”.

Por ello, ha emplazado a Moreno Bonilla a que “se siente con ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y con diputaciones y diseñe un proyecto para que la comunidad que pueda acogerse a esta iniciativa de mejora de eficiencia en recurso vital como el agua”, ha reivindicado.

• Los suelos suman más de 27.800 metros cuadrados de superficie y se ofrecen en concesión demanial para inversiones con un canon de 15,4 millones de euros que se destinará a la ejecución de programas de vivienda

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa municipal de vivienda y suelo (Emvisesa) ha impulsado el desarrollo urbanístico de dos parcelas que suman más de 27.800 metros cuadrados y que están ubicadas junto al Palacio de Exposiciones y Congresos con el objetivo de que se desarrollen inversiones que puedan contribuir a la dinamización económica. El objetivo del proceso que se activa este jueves, como resultado de un convenio firmado entre Emvisesa y Fibes en 2021, es generar un gran complejo de empresas, industrias y servicios asociados al Palacio de Congresos que consolide a Sevilla como capital del sector MICE española y que genere nuevas oportunidades de negocio.

En estos suelos, por su calificación urbanística, deben combinarse proyectos de servicios complementarios (comercio, hostelería, hoteles) con iniciativas económicas de carácter estratégico como centros de formación, logísticos, de empresas tecnológicas o de sectores vinculados como el audiovisual o tecnología.

Concretamente, la comisión ejecutiva de Emvisesa ha aprobado y ha publicado las bases para la licitación de las parcelas R1 y R2 ubicadas junto al Palacio de Exposiciones y Congresos. La primera tiene una superficie de 17.543 metros cuadrados y una edificabilidad de 54.206 metros cuadrados, mientras que la segunda tiene una superficie de 10.303 metros cuadrados. Ambos suelos tienen una calificación de SIPS, es decir, se deben combinar proyectos de interés general con usos terciarios complementarios (comerciales, hoteleros, oficinas, logística…).

Dos parcelas junto a Fibes por 15,4 millones de euros

• La OCU ha realizado una encuesta sobre el tráfico, el estado de la calzada y las obras 

• Sevilla es la provincia española que menos inversión en infraestructuras ha recibido desde 1985

• La CES critica el olvido de inversiones estatales clave para Sevilla

Una de las carreteras de España con peor reputación. La Autovía A-49, que une Sevilla con Huelva y Portugal, es una de las que concitan una opinión más negativa entre los conductores españoles. Así lo afirman los datos obtenidos a través de una encuesta por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). En dicho cuestionario, los más de 1.250 conductores entrevistados dieron su opinión sobre nueve aspectos, entre los que se incluyen el estado de la calzada, la señalización, las obras en la carretera o el flujo del tráfico.

La Autopista del Cantábrico (AP-8) y la Autopista del Norte (AP-1) son las dos carreteras peor valoradas por los conductores. Junto a ellas se encuentran las carreteras que unen Sevilla y Portugal (A-49), Algeciras y Almería (A-47) y el eje del Atlántico entre Ferrol y Portugal (AP-9) como las vías peor valoradas. Salvo la Autopista del Atlántico, que al igual que la Autovía de las Rías Baixas (A-52) obtiene un 6,1 sobre 10, el resto de carreteras mencionadas no superan una nota de 6.

En concreto, y por lo que respecta a Sevilla y la A-49, la también conocida como Autovía del V Centenario recibe una puntuación de 6 sobre 10. Lo peor, el excesivo flujo de tráfico y las pocas áreas de servicio. Otros apartados con bajas valoraciones son los que se refieren a la presencia de obras y al estado de la calzada (de las notas más bajas en este apartado entre las autopistas y autovías valoradas).

En general, los aspectos peor valorados son el alto flujo de tráfico, el mal estado de la calzada y el diseño de las entradas y las salidas. La presencia de continuas obras también es un aspecto valorado muy negativamente, obteniendo la nota más baja en las carreteras de Irún-Bilbao (AP-8) y Victoria-Irún (AP-1).

En este sentido, la OCU ha solicitado aumentar la inversión en su conservación y mantenimiento, que se incrementó en el año 2021, pero “acumula un déficit histórico”.

Los datos recogidos para las vías locales, urbanas y provinciales, son incluso peores, con una valoración media que ronda el 6,0 sobre 10. Una valoración que revela la necesidad de aumentar la inversión en carreteras. Es cierto que el año pasado aumentó de manera significativa el gasto en su conservación y mantenimiento, pero aún está lejos de las cifras de los países de nuestro entorno y acumula un elevado déficit histórico.