El Ayuntamiento de Antequera ha sacado la licitación hasta el 20 de junio la segunda fase de las obras del nuevo pabellón polideportivo 15 de julio ubicado en el Complejo Deportivo de El Maulí.

El número de espectadores que podrá albergar este recinto será de 600 personas, adaptándose también a toda la normativa de accesibilidad con zonas especiales dedicadas a personas con movilidad reducida. El plazo de ejecución de las obras es de 8 meses, incluyéndose entre las mejoras previstas de cara a la licitación que pueda haber una reducción de dicho plazo hasta 6 meses.

En principio, quedará por completar aún una tercera fase del proyecto en la que se llevarán a cabo los vestuarios, la enfermería, el gimnasio y la zona de recepción.

Todas las empresas interesadas pueden presentar su oferta a través de la plataforma de contratación pública del Estado hasta el 20 de junio, estimándose que en julio pueda estar adjudicada para iniciar las obras a lo largo de septiembre.

«Ha sido muy complicado por la dificultad de la infraestructura en sí y por la cuantía de la misma, viéndose afectado también por la subida de la inflación y de los precios en general, teniéndose que ultimar y actualizar constantemente el proyecto», explicó el concejal de Deportes, Juan Rosas.

• La cabeza de lista del PP por Sevilla, Patricia del Pozo, defiende que la apuesta por la infraestructura no tiene vuelta atrás

La licitación del ramal técnico del metro de Sevilla «es inminente». Así lo ha anunciado la cabeza de lista del PP por Sevilla, Patricia del Pozo, durante una rueda de prensa frente a la estación de San Bernardo. Esa es la primera obra de la infraestructura y la única que dispone actualmente de un presupuesto asegurado. Los pliegos de la contratación ya están terminados y se podrían publicar mañana mismo.

Del Pozo ha asegurado que el Gobierno andaluz avanzará en el proyecto con o sin el apoyo del Ministerio de Transportes y Movilidad, que ha retrasado la nueva reunión para debatir la financiación al 21 de junio, dos días después de las elecciones. «Estamos cansados ya de tanto esperar, de tantos incumplimientos desde que hicieron la línea 1, que costó a todos los andaluces a primeros del año 2019 más de 170 millones en sentencias judiciales por desviaciones», ha recordado.

«Queremos seguir avanzando, no tenemos los ritmos de Pedro Sánchez. Los sevillanos necesitamos seguir avanzando y queremos nuestra red de metro», ha reclamado.

La consejera sevillana ha valorado el trabajo que el Ejecutivo de Juanma Moreno ha realizado desde que llegó a la Junta para reactivar la ampliación del servicio tras una década de espera. Y ha aclarado que «se sigue trabajando con la línea 3, tenemos ya listo el tramo norte, cuya licitación del ramal técnico es inminente. Vamos a continuar adecuando el proyecto, en el que hemos invertido más de cuatro millones de euros». También ha recalcado esa manera de proceder, frente a la actitud de la etapa socialista en la que se gastaron 17 millones en redactar proyectos que se metieron en un cajón y ahora «todo ese dinero se ha tirado a la basura».

«Nosotros seguimos avanzando mientras el Ministerio deshoja margarita. Nosotros hemos puesto más de 500 millones encima de la mesa y esperamos que que el Estado aporte los 500 millones que hacen falta para terminar línea 3», ha asegurado. También ha afeado la demora en dar una respuesta y que los sevillanos vayan a votar sin saber si habrá o no un apoyo del Gobierno central al proyecto. «No sé qué noticia quieren darnos para celebrar esa reunión tras elecciones, nosotros seguimos con nuestras licitaciones adelante y modificando y actualizando proyectos que nos hacen falta», ha concluido.

Respecto al tramo sur, que comunicará el Prado con el hospital de Valme, ha señalado que las empresas siguen trabajando en el mismo para tenerlo cuanto antes. Y será a principios del año que viene cuando se licitará la actualización de la línea 2, que une Sevilla Este con la Cartuja, un trabajo que también se dividirá en dos tramos para facilitar su ejecución posterior.

• Salen a licitación, en el marco de la Edusi, actuaciones en La Orden, Santa Marta, La Navidad y El Torrejón

En el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de la Ciudad de Huelva (Edusi) se va a llevar a cabo la recuperación o remodelación de espacios urbanos en cuatro barrios de la capital onubense, concretamente en La Orden, Santa Marta, La Navidad y El Torrejón. El Ayuntamiento de Huelva saca a licitación las obras por una cuantía de 809.353,53 euros. Las empresas interesadas tienen hasta el próximo 15 de junio para presentar sus ofertas. El plazo de ejecución es de siete meses.

Las actuaciones contempladas son el acondicionamiento del espacio público ubicado en la confluencia de las calles Belén y Niño Jesús, en el barrio de La Navidad; la creación de un área infantil en el Plan Parcial número 2 Parque Moret; la remodelación del área infantil y plazoleta anexa en la barriada de Santa Marta; la rehabilitación de la Plaza de las Oblatas junto al Santuario de la Cinta, en La Orden, y la mejora del ajardinamiento en la nueva plaza de la calle Vicente Ferrer, en La Orden.

Respecto a la barriada de La Navidad se actuará en un espacio terrizo de 803 metros cuadrados de superficie que bordea la parte medianera trasera de unas viviendas de planta baja. Se creará un área infantil de 164 metros cuadrados y un circuito biosaludable con aparatos de gimnasia dispuestos longitudinalmente a lo largo de la senda de pavimento de chino lavado existente, la cual ha de ser objeto de demolición y nueva ejecución debido al mal estado en el que se encuentra.

El ajardinamiento del espacio se conformará mediante setos de confinamiento, macizos de plantas y arbolado. Se instalará riego automático por goteo para mantenimiento de la vegetación y se colocará nuevo mobiliario urbano.

En el Plan Parcial número 2, Parque Moret, se creará un área infantil, para ello se acondicionará un espacio terrizo de 1.475 metros cuadrados, comprendido entre zonas ajardinadas y plaza pública. El área infantil ocupará 282 metros cuadrados, la superficie restante serán zonas verdes que conectarán con los jardines actuales. Se instalará riego automático y se ampliará y mejorará la red existente y se dotará de nuevo mobiliario púbico.

En el barrio Santa Marta se remodelará el área infantil y el espacio público anexo. Se intervendrá en una superficie de 1.094 metros cuadrados; delimitada entre edificios, cerramiento de instituto y paseo peatonal. Se incorporará un circuito biosaludable. La superficie estancial se cubrirá con césped artificial. En cuanto al mobiliario urbano, se contempla mesa de ping pong y de ajedrez.

Se crearán zonas verdes, con parterres ajardinados con plantas ornamentales arbustivas y vivaces e integración del arbolado existente, que dispondrá de riego automático. Se incluyen áreas de albero y pavicésped.

En la Plaza de las Oblatas, en La Orden, se reordenará el espacio público para el incremento de su superficie verde y dotacional e integración y conectividad con la actuación anexa de urbanización, peatonalización y acondicionamiento del entorno del Santuario de Nuestra Señora de la Cinta terminadas recientemente.

Se instalará un juego interactivo con pantallas táctiles LED, constituido por postes de acero inoxidable anclados al pavimento, con cubrición de pavimento de seguridad de caucho continuo de diversos colores, y un circuito biosaludable. También se contempla la creación de zonas verdes, con parterres ajardinados con macizos de plantas ornamentales arbustivas y vivaces y mantenimiento del arbolado actual, que tendrán riego automático.

En el nuevo espacio público de la calle Vicente Ferrer, en El Torrejón, se terminará la jardinería que quedó inconclusa. La superficie de intervención es de 2.748 metros cuadrados. Los trabajos consistirán en la continuación de revestimiento de talud existente, con aplacado de piedra arenisca similar al ejecutado, la creación de parterre junto al muro de cerramiento de los depósitos de agua, se pintará el muro de cerramiento y se plantarán especies trepadoras y arbustibas en el parterre.

Se ampliará el sistema de riego automático por goteo existente, se instalará la red de riego por aspersión. La actuación se completará con la plantación de césped con mezcla de especies de bajo mantenimiento o pradera naturalizada.

• Destacan que ya se han abonado más de 3 millones de euros de un préstamo de 3,6 millones que el Ayuntamiento pidió en 2012 para pagar deudas financieras

El Ayuntamiento de Monachil destinará más de 617.000 euros de remanentes de tesorería para realizar inversiones y seguir pagando sentencias urbanísticas y deudas financieras de la época que el Consistorio mantiene del gobierno del Partido Popular. 

El Pleno municipal ha aprobado la liquidación del presupuesto del 2021, donde se recoge que “este equipo de Gobierno ha abonado ya más de 3 millones de euros de un préstamo de 3,6 millones que el Ayuntamiento pidió en 2012 para pagar deudas financieras, y seguimos pagando sentencias urbanísticas de la época en la que gobernaba el PP”, explica el alcalde de Monachil, José Morales.

Se trata de una evolución de los remanentes de tesorería positiva, desde 2016 estos ahorros -que son un termómetro de la liquidez municipal- han sido siempre positivos, y este 2021 han vuelto a arrojar un saldo positivo de más de 617.000 euros.

El primer teniente de alcalde de Monachil, Blas Gómez, destaca que este año -gracias a la suspensión de las reglas fiscales en los Ayuntamientos decretada por el Gobierno de España, y a que el Consistorio monachileño cumple ahora las reglas de gasto y estabilidad presupuestaria-, “podremos volver a destinar parte de estos remanentes a realizar inversiones en nuestro municipio”.

El año pasado el Consistorio invirtió 170.000 euros de los remanentes en distintas actuaciones, y este año esta cifra aumentará hasta los 269.000 euros, que irán destinados a distintas áreas y concejalías para poner en marcha iniciativas de formación, empleo, mejora de infraestructuras, accesibilidad o instalaciones municipales.

Morales anuncia que, entre las actuaciones que el Ayuntamiento llevará a cabo en los próximos meses con estos remanentes, destacan 70.000 euros para la infraestructura necesaria para la instalación de contador eléctrico municipal en el depósito de la Fuente del Mirlo en Pradollano; 50.000 euros para el previsible sobrecoste del suministro eléctrico municipal; 32.000 euros para el cambio del pavimento de la pista de tenis del Barrio de Monachil; 30.000 euros para las inversiones que se tendrán que ir llevando a cabo con motivo del nuevo sistema de recogida de basura (la instalación de un quinto contenedor y su respectiva nueva recogida); 22.000 euros para el vallado de todo el complejo polideportivo Manuel Robles en el Barrio de Monachil o 20.000 euros para el cerramiento y acondicionamiento de la parcela donde se realizará el proyecto de compostaje municipal.

También se destinarán 20.000 euros de estos remanentes municipales de 2021 para completar el presupuesto de la nueva cubierta en una de las pistas del Colegio Los Llanos, que tendrá un presupuesto total de unos 180.000 euros.

“Es importante destacar que, pese a lo positivo de estas cifras económicas, lamentablemente seguiremos pagando la deuda bancaria contraída por corporaciones anteriores debido a los intolerables desmanes urbanísticos que sufrimos en Monachil, y que ahora debemos pagar entre todos los vecinos”, apunta el regidor.

J. Díaz. Madrid

Pese a la falta de un acuerdo global en materia de salarios para este año entre patronal y sindicatos, lo que preludia un aumento de la conflictividad en las mesas de negociación de los convenios colectivos en los próximos meses, lo cierto es que el pulso entre sueldos e inflación se libra ya desde hace tiempo, como queda reflejado en los convenios registrados hasta abril, en los que el impacto del germen de los precios sobre los salarios es cada vez más evidente, afectando a un número creciente de empresas y trabajadores. Así, aunque el aumento salarial medio pactado en convenio hasta finales de abril fue del 2,4%, según las últimas estadísticas del Ministerio de Trabajo, cuatro centésimas más que en marzo y una tasa muy distante todavía del 8,3% que marcó el IPC ese mes antes de escalar al 8,7% en mayo, un total de 116.284 empresas pactaron mejoras de sueldos medias del 5,51%. Esto es, un porcentaje que más que duplica el promedio de la subida global y que constata el esprint que están registrando los salarios en una porción cada vez más significativa del tejido empresarial. De hecho, el número de compañías que en enero acordaron incrementos salariales medios próximos al 6% ascendía a 20.890, una cifra que en apenas cuatro meses se ha multiplicado por más de cinco, hasta superar esas 116.000 en abril, 37.122 más que en marzo.

Estas cifras dejan patente que, con independencia del naufragio de las negociaciones entre organizaciones sindicales y patronal, que han dejado en coma el pacto de rentas que pedía el Gobierno, las tensiones inflacionistas estaban ya muy presentes en las mesas de los convenios renovados hasta la fecha, y aún lo estarán más en los todavía pendientes de revisar. Mientras tanto, 1,12 millones de trabajadores españoles (casi el 21% de los 5,37 millones afectados por los convenios sellados hasta abril), agrupados en esas 116.284 empresas, verán mejorados sus sueldos un 5,51% de media este año, un porcentaje que cada vez se acerca más al IPC medio del 6% que prevé el Gobierno para este año e incluso al 6,3% pronosticado por la Comisión Europea. De momento, esas subidas sí baten a la inflación subyacente, que cerró abril en el 4,4% y mayo en el 4,9%, una cota inédita desde 1995, constatando que la plaga inflacionista originada por los precios energéticos y agravada por la agresión de Rusia a Ucrania se ha trasladado con fuerza al conjunto de la cesta de la compra, donde más de una veintena de productos básicos se encarecieron a tasas de doble dígito en abril, asestando un duro golpe al bolsillo de las familias.

Cláusulas de revisión

En este contexto, en el que los vientos de las subidas salariales soplan ya con relativa fuerza sobre una parte cada vez mayor del mapa empresarial, el dique de contención que hasta ahora ha supuesto la ausencia mayoritaria de cláusulas de revisión salarial ha empezado a resquebrajarse. Si en enero solo el 17% de los convenios registrados contenía estas cláusulas, en abril el porcentaje era del 27%. Si bien es ligeramente inferior al 29% de marzo, el cambio de tendencia podría agudizarse en los próximos meses ante la amenaza de las organizaciones sindicales de agitar el avispero de la negociación colectiva, sector a sector y convenio a convenio, para forzar subidas de sueldos que mitiguen el impacto de los precios en el poder adquisitivo de los trabajadores e incluir cláusulas de revisión salarial. De hecho, el Banco de España resaltaba recientemente que “los convenios ya acordados para 2023 presentan un aumento adicional de la incidencia de las cláusulas de garantía salarial, hasta casi el 50% de los trabajadores con convenio vigente para dicho año”.

En este contexto, UGT volvió a exigir la semana pasada subidas generalizadas de los sueldos ante el repunte de la inflación. La organización que lidera Pepe Álvarez y CCOO se movilizarán el próximo jueves, 9 de junio, para presionar a la CEOE a que acepte la inclusión de cláusulas de revisión en los convenios.

Precisamente, fueron las cláusulas de garantía salarial lo que provocó el descarrilamiento de las negociaciones entre patronal y sindicatos. La primera ofrecía una mejora salarial del 8% repartida en tres años, pero sin revisión posterior ligada al IPC como reclamaban las organizaciones sindicales.

Pacto de rentas

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, insistió el miércoles pasado en la necesidad urgente de un pacto de rentas para evitar un caos inflacionista. Y aunque admitió que ese acuerdo se ha venido aplicando de forma tácita en los últimos meses entre empresas y trabajadores (las primeras renunciando a parte de sus márgenes y los segundos moderando las alzas salariales), alertó de que ya se detecta “un cierto agotamiento en este pacto de rentas implícito”.

Construcción e industria

Entre los grandes sectores de actividad, las mayores subidas salariales se registran en la construcción, con una mejora media del 3,15%, y en la industria, donde los sueldos suben de media un 3,11%. A mediados de mayo, patronal y sindicatos del sector constructor pactaron un incremento salarial del 10% en tres años desvinculado del IPC que afectará a un millón de trabajadores. En el sector servicios, la mejora es del 2,07%, inferior al promedio general, y en la agricultura se reduce al 1,78%.

Por provincias, las asimetrías son muy grandes, con diferencias de hasta 5,5 puntos porcentuales entre la mayor y la menor subida. A la cabeza del ránking se encuentra Valencia, con un alza media del 6,77%, la mayor de toda España. En esa provincia, por ejemplo, el convenio de transportes por carretera recoge aumentos salariales del 6,5% para este año, mientras que el de los trabajadores del Puerto de Valencia contempla alzas del 5,5%. Sin olvidar que a comienzos de año la cadena de supermercados Mercadona elevó un 6,5% el sueldo a toda su plantilla, compuesta por más de 93.000 empleados repartidos por toda España.

La segunda mayor subida se registra en la provincia de Guipúzcoa, del 6,27%, espoleada en gran parte por la mejora del 6,5% pactada en el sector del metal. Le siguen León, con un incremento medio del 4,83% (el convenio siderometalúrgico prevé allí cláusulas de revisión con la inflación), y Sevilla, con un alza del 4,76%, fruto de diferentes convenios, que recogen subidas del 6% en el transporte interurbano de viajeros y de hasta el 7,4% en el sector de la limpieza.

En Vizcaya, la mejora media es del 4,73%, y en Cantabria, del 4,21%. En las antípodas de estas provincias se encuentran Palencia (1,23%), Córdoba (1,34%) y Burgos (1,4%). Es donde menos crecen los salarios, muy por debajo del promedio nacional y, en el caso de Palencia, prácticamente la mitad.

J. Díaz. Madrid

La pequeña y mediana empresa española, que representa más del 99% del tejido productivo español, ha salido muy tocada de la crisis del Covid y en precarias condiciones para afrontar el nuevo bache económico provocado por la guerra en Ucrania. “Tras la pandemia, la empresa española da muestras de haberse quedado descolgada de la recuperación”. Es la principal conclusión a la que ha llegado Cepyme tras analizar los datos de su primer Indicador sobre la Situación de la Pyme, cuya principal misión es pulsar el estado de salud del tejido empresarial español, sus “fortalezas y vulnerabilidades”. El diagnóstico que arroja la quincena de magnitudes económicas que recoge el indicador no es precisamente tranquilizador. Con una puntuación de 5,4 puntos sobre 10, “la pequeña y mediana empresa española atraviesa la situación más difícil que ha vivido el tejido empresarial desde 2014”. La culpa es de los elevados y crecientes costes que las empresas arrastran desde hace meses y que la invasión de Ucrania ha exacerbado. El resultado es una fuerte reducción de los márgenes, ya que si bien las ventas crecen, lo hacen a menor ritmo que los costes.

En el primer trimestre de este año, las pymes españolas han visto dispararse un 23% sus costes totales, con la energía y los suministros a la cabeza, mientras que las ventas crecieron un 19,8%. En otras palabras, “aunque hay más actividad, es mucho menos rentable”, señala el informe. En ese aumento se incluyen los costes laborales, que en el primer trimestre crecieron un 5,7%, tras haberlo hecho un 5,1% en 2021. Es “el mayor incremento de los costes laborales en años”, resalta Cepyme, que da a conocer estos datos en pleno pulso de las patronales con los sindicatos, que exigen subidas salariales con cláusulas de revisión ligadas al IPC. Mientras las organizaciones sindicales anuncian movilizaciones y conflictividad laboral si los sueldos no se acompasan a la escalada de la inflación, Cepyme recuerda que el salario medio en las pymes ya ha crecido en los últimos años por el alza del SMI, que ha pasado de 655 euros en 2016 a 1.000 en 2022 (un salto del 52,6%); por las revalorizaciones anuales pactadas en convenio y por “la presión al alza que supone en los sueldos la falta de trabajadores para ocupar determinados puestos”. La patronal añade que las empresas pequeñas tienen una productividad menor, lo que provoca que “una subida generalizada de salarios, como ocurre ahora, es más difícil de sobrellevar para las pymes”, muchas de las cuales soportan esas subidas “a costa de reducir los márgenes”.

En este contexto y como resultado tanto de las mejoras salariales como del desfase entre ventas y costes, la rentabilidad de las pymes se ha encogido hasta niveles de hace seis años después de haber encadenado ocho trimestres consecutivos a la baja. En los tres primeros meses de este año, la rentabilidad neta sobre el activo ha descendido al 3%, frente al 3,7% que registraba en 2019.

No son los únicos lastres con los que las pequeñas y medianas empresas se enfrentan al incierto panorama abierto por la guerra en Ucrania. Lo hacen también con una pesada mochila de deuda sobre sus espaldas. Solo en 2021, el pasivo de las pymes sobre su patrimonio neto aumentó en diez puntos, hasta alcanzar el 96%, encarando en una situación de clara vulnerabilidad “la próxima subida de tipos de interés y el endurecimiento de crédito” que se avecina tras el giro anunciado en la política monetaria del BCE.

Para evitar que las pymes españolas sigan entre las más vulnerables de la UE, Cepyme urge al Gobierno a desarrollar políticas que ayuden a impulsar su tamaño y, con ello, su productividad y competitividad.

• La Junta agota el suelo en el polígono de Poniente mientras el Gobierno sigue sin concretar la conexión viaria
• El parque logístico del Higuerón toma velocidad: ultima sus grandes ventas de suelo

La logística ha sido desde hace al menos tres décadas una de las grandes apuestas de las administraciones por el desarrollo de Córdoba capital. Su posición geográfica en la franja central de Andalucía y, sobre todo, sus excelentes comunicaciones tanto por carretera como por ferrocarril, la convierten en una ciudad candidata a albergar grandes polígonos relacionados con el transporte y el movimiento de todo tipo de mercancías.

Hasta hace bien poco, sin embargo, no había pasado de ser eso, una candidata. Otras ciudades cercanas se han quedado ya con gran parte de las inversiones, como Antequera con un puerto seco de medio millón de metros cuadrados en la actualidad, o Sevilla que atrajo el interés de Amazon para la distribución de sus productos desde Dos Hermanas.

Uno de los proyectos logísticos de envergadura que sí ha cuajado en Córdoba (al margen de la Base del Ejército de Tierra aún en ciernes) es el Parque Logístico de El Higuerón, un desarrollo industrial promovido por la Junta de Andalucía que se encuentra ya prácticamente con todos los terrenos y parcelas vendidos o en reserva. Hay interés de las empresas del sector en instalarse aquí. Un solo dato lo demuestra: hace tres años y medio la primera fase de urbanización tenía un 20 por ciento de ocupación; hoy está al completo, se ha comercializado toda la segunda fase y ha salido ha licitación este viernes la redacción del proyecto para la tercera fase por 55.000 euros.

Con este proyecto y las correspondientes obras sobre unos 40.000 metros cuadrados, como avanzó ABC Córdoba, que llevarán en unos meses, la Junta de Andalucía ha conseguido en apenas tres años y medio reimpulsar el Área Logística del Higuerón poniendo todo su suelo en carga.

Hasta aquí, todo bien. Un proyecto ambicioso de logística promovido por una administración que resulta exitoso y atractivo para los inversores. Y con buenas infraestructuras de comunicaciones tanto por tren como por carretera en las cercanías. El problema radica que en el Parque Logístico de El Higuerón no tiene en la actualidad conexión directa con ninguna de esas vías de alta capacidad. Los tráficos deben buscar vías alternativas para acceder a ellas.

Carretera autonómica

Por carretera, la única forma de acceso actualmente es la carretera de Palma del Río, una vía de escasa capacidad que no está preparada para aceptar grandes tráficos de mercancías. Pero el plan no era ése. Cuando se diseñó el Parque Logístico, el plan era que hasta allí llegara la Variante Oeste, una carretera de circunvalación amplia y con sentidos diferenciados que permitiría el acceso directo hasta la autovía A-4, y desde allí hacia Sevilla, Málaga o Madrid. Sobre el papel es un buen plan.

La Variante Oeste, que corre a cargo del Estado, comenzó a construirse según lo planificado por tramos, y el primero de ellos (de 5,9 kilómetros) se inauguró a comienzos de 2011 para conectar la carretera del Aeropuerto con la autovía, muy alejado del centro urbano (a diferencia de la Ronda Oeste, o de Poniente, que discurre pegada prácticamente a la ciudad). Para cruzar el Guadalquivir se levantó el elegante puente de Ibn Firnás que puede verse desde los accesos occidentales de Córdoba. La intención era servir de apoyo al aeropuerto tras su ampliación, pero esa instalación nunca ha logrado despegar, con variante o sin ella.

El segundo tramo es el que importa al Parque Logístico de Córdoba puesto que supone la conexión directa con la autovía. Con tan sólo 2,3 kilómetros, debía unir la carretera del Aeropuerto con la de Palma del Río y acabar prácticamente en la puerta del Parque Logístico. En plena crisis económica, los distintos gobiernos del país empeza

ron a dar largas al proyecto, que desde entonces está durmiendo en algún cajón del Ministerio de Transportes. Y sin ese tramo, los tráficos por carretera se complican al tener que dar grandes rodeos y entrar casi en la ciudad, lo que supone un punto negro para cualquier centro logístico, en el que la rapidez y eficiencia del transporte es un elemento esencial.

La solución

La solución al problema pasa por un acuerdo entre las dos administraciones implicadas, la Junta de Andalucía y el Gobierno central. Existe incluso una comisión para tratar exclusivamente el asunto de la Variante Oeste que no se reúne, de acuerdo con las explicaciones de la Junta de Andalucía, por la falta de interés del Ejecutivo actual. Marifrán Carazo, consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, declaró hace escasos días a este medio que «recibimos una carta de respuesta indicándonos que tenían que revisar el convenio y que, cuando pudieran convocar esa reunión, se nos citaría. Eso es no decirnos nada. Luego, no hay interés del Gobierno en la segunda fase de la Variante Oeste».

El conflicto tiene su origen en la propia concepción de la obra. El PP, cuando gobernaba el país en 2002, consideró que ese segundo tramo era competencia de la Junta, entonces en manos del PSOE. Cuando los socialistas volvieron al poder, llegaron a un acuerdo que no fraguó por la llegada de la crisis económica. Y desde entonces sigue igual.