• La ministra Sánchez señala que “nos cuesta entender porque se busca polemizar en un tema tan importante para los sevillanos”

• La Junta realizará con fondos propios el tramo de la línea 3 de Metro entre Pino Montano y el Prado

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana insiste en que “está comprometido totalmente con el proyecto, lo hemos dicho y reiterado siempre desde el primer momento”. El estado ha reiterado en varias ocasiones su compromiso a contribuir a la financiación de la nueva línea 3 del Metro de Sevilla.

“Nuestro compromiso es doble, hacer las mismas aportaciones que haga la Junta y ayudar a obtener todos los fondos europeos posibles para ayudar a la financiación y que lo que aportemos la Junta y el Ministerio sea tan solo lo que no cubran estos fondos”, ha comentado a Diario de Sevilla la ministra Raquel Sánchez tras el anuncio esta mañana del presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a revalidar en el cargo en las próximas autonómicas del 19 de junio, Juanma Moreno, de que va a ejecutar con presupuesto propio el tramo de la línea 3 del Metro entre Pino Montano y la Ronda Histórica. 

Tras repetir de nuevo que el ministerio está “dispuesto a rubricar el convenio que nos comprometa”, Sánchez señaló que “nos cuesta entender porque se busca polemizar en un tema tan importante para los sevillanos”.

• Moreno anuncia la licitación inminente del ramal técnico y promete actualizar en 2023 el proyecto de la línea 2

• San Jacinto será reordenada este verano para acabar con el caos en el tramo peatonal

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a revalidar en el cargo en las próximas autonómicas del 19 de junio, Juanma Moreno, ha anunciado este martes que la Junta va a ejecutar con presupuesto propio el tramo de la línea 3 del Metro entre Pino Montano y la Ronda Histórica. Es el 50% del tramo norte, que une Pino Montano con el Prado de San Sebastián -presupuestado en 1.045 millones de euros-, y tiene un coste de 566 millones. “Sevilla no se puede permitir esperar los tiempos del señor Sánchez, que son tiempos largos y complejos”, ha lamentado Moreno.

En el marco de los encuentros informativos que organiza Europa Press Andalucía, en colaboración con la Fundación Cajasol, con los candidatos a la Presidencia de la Junta de los principales partidos y coaliciones que concurren a las autonómicas del próximo 19 de junio, Moreno ha reconocido que “nos hemos cansado de que se juegue al gato y el ratón con Sevilla -en alusión a las negociaciones para la firma del convenio de financiación entre Andalucía y el Ministerio de Transportes- y les anuncio que vamos a ejecutar la línea 3 del Metro, con presupuesto de la Junta, desde Pino Montano hasta la Ronda Histórica”.

El presidente de la Junta y candidato a revalidar en el cargo ha señalado que se va a empezar “ya” con la licitación “inminente” del ramal técnico de Pino Montano, a lo que ha sumado también su “compromiso de licitar el próximo año la actualización del proyecto de la línea 2 entre Sevilla Este y la Cartuja” y el inicio de la redacción del proyecto del soterramiento de la autovía Sevilla-Utrera Montequinto y Condequinto, en Dos Hermanas, para, “inmediatamente después”, iniciar la obra que acabe con este “cuello de botella”.

Moreno ha defendido el “cambio positivo” que ha “experimentado” Sevilla desde el vuelco del signo político en el Gobierno de Andalucía tras las autonómicas de 2018. “Reivindico el papel que le corresponde a Sevilla como una de las grandes capitales españolas”, en contraposición, ha expuesto, a los “décadas” en las que la ciudad “dejó de ser la prioridad en las inversiones y la gestión de los anteriores gobiernos autonómicos”.

“Sevilla es más potente, más capaz y más protagonista de lo que sus infraestructuras, su movilidad o sus servicios mostraban cuando llegué al gobierno de la Junta de Andalucía”, ha sostenido el candidato popular, que ha recordado el “rescate” de “proyectos paralizados” que ahora tienen “plazos y presupuesto”, como el Metro, la Ciudad de la Justicia, las Atarazanas, el estadio de la Cartuja y el tranvía de Alcalá, entre otros.

EL CANDIDATO DEL PP AVANZA QUE SE SOTERRARÁ LA AUTOVÍA ENTRE SEVILLA Y UTRERA A SU PASO POR MONTEQUINTO

El presidente de la Junta ha remarcado su “compromiso incuestionable” con que Sevilla tenga una red de Metro “a la altura de la gran capital que es”. Ante el “titubeo” del Gobierno de Pedro Sánchez -en referencia a la negociación del convenio de financiación del tramo norte de la línea 3, en el que el Ministerio de Transportes ha prometido un euro estatal por cada euro que ponga el Ejecutivo andaluz-, “les anuncio que vamos a ejecutar la línea 3 del Metro con presupuesto de la Junta, desde Pino Montano hasta la Ronda Histórica“. La Junta remitió el pasado 11 de abril una propuesta de convenio. El 9 de mayo reclamó vía correo electrónico una respuesta y una reunión, petición que se reiteró el 17 y 25 de mayo, han señalado fuentes de la Consejería de Fomento.

Moreno ha explicado que la Junta asume así el 50% del tramo norte, con un coste de 566 millones de euros. El trazado desde Pino Montano a la Ronda cuenta con siete estaciones con las que se dará servicio a Pino Montano, la Ronda Norte y Macarena, “los barrios más poblados de Sevilla”, ha apostillado. El “compromiso” de ejecutar esta parte de la línea 3 se materalizará “ya con la licitación inminente de las obras del ramal técnico”, ha apostillado.

Sobre la red de Metro para Sevilla, el presidente de la Junta ha asegurado que “mantengo mi compromiso de licitar el próximo año la actualización del proyecto de la línea 2 del Metro entre Sevilla Este y la Cartuja”, al tiempo que, en materia de infraestructuras, también ha anunciado el inicio de la redacción del proyecto de soterramiento de la autovía Sevilla-Utrera Montequinto y Condequinto, en Dos Hermanas, para “inmediatamente después iniciar la obra”. Son proyectos “complejos” pero “cuando antes empecemos, antes los terminarenos”, ha apuntado Moreno, que ha recordado que los trabajos en el Metro de Málaga se han concluido en los últimos tres años de legislatura.

“Por fin, después de más de diez años, vamos a cerrar la herida que supone la autovía para los vecinos de estos barrios”, ha subrayado Moreno. Entre las “nuevas iniciativas” reseñadas por el candidato del PP para que “sirvan de acicate para el despegue económico y social de Sevilla”, ha destacado el comienzo de las obras del Centro Integrado de Formación Profesional del sector aeroespacial, presupuestado en más de once millones de euros, “el primero de Andalucía y un referente de la enseñanza aeronáutica en España”. En cuanto al Parque Científico y Tecnológico Cartuja, ha puesto el acento en su “consolidación”, con más de 530 empresas y cerca de 28.000 trabajadores, ejemplo, ha reconocido, de la “enorme capacidad tecnológica que el Gobierno autonómico debe impulsar hacia el futuro”.

J. Díaz. Madrid

Un respiro efímero. Eso es lo que fue el dato de inflación de abril, cuando el efecto base respecto a 2021 y la discreta bajada del precio de la electricidad permitieron soñar con una progresiva distensión de las presiones inflacionistas en los meses siguientes. El dato avanzado de mayo ha devuelto las expectativas a la fría realidad, mostrando de nuevo un empeoramiento de la fiebre inflacionaria que ni siquiera el efecto escalón ni la moderación de los precios eléctricos (que aun así continúan en zona de máximos históricos) han logrado contener. El IPC se aupó en mayo hasta el 8,7%, según el dato adelantado ayer por el INE, cuatro décimas más que en abril y una cifra sin parangón desde octubre de 1986, espoleado por el precio de los alimentos y los carburantes. En tasa mensual, los precios subieron un 0,8% tras haber retrocedido un 0,2% en abril, asestando así un renovado golpe al bolsillo de las familias, que mes tras mes acumulan una galopante pérdida de poder adquisitivo.

La tasa de inflación general sigue por debajo del 9,8% registrado en marzo, dato inédito desde mayo de 1985, pero la tendencia es cada vez más preocupante por el fuerte nivel de penetración de la espiral alcista en los precios de consumo, mucho de ellos productos básicos de la cesta de la compra. Una peligrosa deriva que se plasma en el inexorable avance de la inflación subyacente, aquella que no incluye los alimentos frescos ni los precios energéticos (los más volátiles), que en mayo se ha catapultado hasta el 4,9%, cinco décimas más que en abril y su tasa más alta desde octubre de 1995.

Hace un año, el IPC subyacente apenas era del 0,2%, lo que da idea de la magnitud del desafío al que se enfrenta la economía española, con el fantasma de la estanflación llamando a la puerta cada vez con más insistencia y los temidos efectos de segunda ronda impregnando el conjunto de la cesta de la compra, porque, tal como señalaba Funcas recientemente, “el alza de la subyacente apunta a una traslación intensa de los mayores costes de producción a los elementos menos volátiles del índice”. Los precios industriales se dispararon un 45% en abril tras dieciséis meses consecutivos de subidas, lo que ha hecho insostenible para la mayoría de empresas seguir absorbiendo el incremento de costes contra sus márgenes. Esos costes se están trasladando con fuerza creciente a los precios de consumo y, a falta del desglose del IPC de mayo, el resultado es que productos básicos como el pan, la leche, la harina, las pastas alimenticias o el aceite subían ya en abril a tasas de doble dígito (desde el 10,1% del pan al 96% de otros aceites comestibles, pasando por el 42,5% del aceite de oliva). Esto es, lo que durante meses se defendió como un fenómeno coyuntural está mutando en uno estructural. Aunque el Gobierno sigue sin dar su brazo a torcer y su equipo económico mantiene “la previsión de que la inflación irá desacelerándose progresivamente durante la segunda parte del año”, aunque sin descartar “oscilaciones durante los meses de verano” por los posibles efectos base y “la alta incertidumbre derivada del contexto económico global”.

En este contexto, el Gobierno cruza los dedos para que la llamada excepción ibérica, en virtud de la cual España y Portugal podrán topar los precios del gas para abaratar el recibo de la luz, permita aliviar la presión de la olla inflacionista; el problema es que han transcurrido dos meses desde su anuncio y Bruselas no ha dado aún el respaldo oficial para su puesta en marcha. De momento, el Ejecutivo se ha apresurado a deslizar que pronto decidirá sobre la extensión de las medidas contenidas en el plan de respuesta a la crisis derivada de la guerra en Ucrania, una terapia de choque dotada con 16.000 millones en ayudas y, sobre todo, créditos, para contener el incendio inflacionario. “Seguimos trabajando en medidas para frenar los precios, especialmente precios energéticos y de materias primas, que es donde está el problema”, afirmó ayer la ministra de Industria, Reyes Maroto, aunque el IPC subyacente evidencia que el problema trasciende ya de la energía y las commodities.

Pero si bien ese plan de choque, en el que también figuran medidas como el mantenimiento de la rebaja del IVA eléctrico del 21% al 10% o la congelación del impuesto de la electricidad, ha servido para mitigar los precios energéticos (que no obstante siguen en cifras récord), ha sido poco eficaz para evitar que la riada inflacionista inundara el resto de la cesta de la compra. “Los datos confirman que la inflación sigue desbocada y el parche del Gobierno no funciona”, afirmó ayer el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien volvió a reclamar “una bajada selectiva y temporal de impuestos con efecto retroactivo desde enero” para aliviar a las familias.

La conflictividad que viene

Con una inflación media prevista para este año del 6,9%, según el último panel de Funcas, porcentaje que varios panelistas elevan por encima del 7% (Cámara de Comercio de España, 7,6%; BBVA Research, 7%…), la pérdida de poder adquisitivo de las familias está prácticamente garantizada ante unos sueldos que suben pero más lentamente. De hecho, el alza salarial media pactada en convenio hasta abril se situó en el 2,4%, aunque cada vez son más los convenios que acuerdan mejoras próximas e incluso superiores al 5%, y los que incorporan cláusulas de revisión salarial. Y garantiza también la conflictividad laboral en empresas y sectores tras el fracaso de un pacto de rentas entre patronal y sindicatos. UGT insistió ayer en que sus negociadores pelearán subidas mínimas del 3,5% para este año junto a la inclusión de cláusulas de garantía ligadas al IPC, mientras que CCOO recordó que ese pulso convenio a convenio irá acompañado de una estrategia de movilización para “garantizar el mantenimiento del nivel de compra de los salarios en este 2022 y en los dos próximos años”. Y su líder, Unai Sordo, volvió a instar al Gobierno a servirse de la política fiscal para forzar a las empresas a pactar subidas salariales, utilizando el Impuesto de Sociedades para “poner en pie” una prestación extraordinaria que mitigue el impacto del IPC en los ciudadanos con menos ingresos, porque, a su juicio, “no se puede tolerar” que no haya incrementos salariales.

A. Zanón / C. Morán

Barcelona / Madrid

Aena será la principal empresa pública, si no la única, que no estará obligada a aplicar una revisión de precios en los contratos de obra. Así lo establece la disposición final 37 del decreto que aprobó el Gobierno el 29 de marzo de medidas urgentes en respuesta a la guerra en Ucrania, que no ha sentado bien en el sector de la construcción al establecer esta excepción.

Dicho texto enmienda parcialmente otro real decreto-ley de principios de marzo que establece los “casos susceptibles de revisión excepcional en los precios de los contratos de obra”. Aquí se incluyeron los “adjudicados por cualquiera de las entidades que forman parte del sector público estatal”. “Se reconocerá al contratista la posibilidad de una revisión excepcional de precios siempre que concurra la circunstancia establecida”, recoge el texto inicial, luego matizado.

La excepción para el operador aeroportuario queda redactada de la siguiente forma: “Lo dispuesto en este artículo [la revisión excepcional de precios] no será aplicable a entidades del sector público que operen en sectores regulados cuyo régimen de inversiones se hubiera cerrado en los últimos 9 meses”.

El texto no cita explícitamente a Aena, pero el párrafo parece redactado específicamente pensando en la compañía presidida por Maurici Lucena. En primer lugar, la cotizada opera en un sector cuya actividad está regulada casi al 100%. En segundo lugar, su plan inversor –el Documento de Regulación Aeroportuaria 2022-26, Dora II– fue publicado en el BOE el pasado 30 de septiembre y su modificación requeriría la aprobación en el Consejo de Ministros.

El Dora II establece inversiones para el citado quinquenio por 2.250 millones de euros. Entre ellas, destacan el inicio de la ampliación del aeropuerto de Madrid. Estas actuaciones, junto con la previsión de viajeros de Aena para el periodo, son dos de los principales elementos de una compleja fórmula con la que se calcula el marco de tarifas que se cobran a las aerolíneas.

Fuentes de Aena recuerdan que al ser un negocio regulado a cinco años vista, las inversiones no se pueden modificar, al menos en teoría. Es lo que puede suceder, por ejemplo, con El Prat, cuya ampliación, tras no entrar en el Dora II, debería esperar al periodo 2027-32 (si es el caso).

En 2022, Aena tenía previsto invertir 535 millones de euros en España, pero no todo son obras. Por ejemplo, en el primer trimestre las actuaciones pagadas correspondieron a los segmentos de seguridad (40%), mantenimiento (26%), capacidad (6%) y medio ambiente (3%). El 25% restante fue a otros ámbitos.

Sin explicación

En cambio, las constructoras no encuentran explicación y advierten de que algunas obras pueden “ralentizarse o paralizarse”, especialmente las de gran tamaño. Fuentes de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) recuerdan que el alza de materiales ha repercutido en un incremento del 22% del coste medio de cada obra. El sector ya era muy crítico con Aena por el sistema de subasta que utiliza para adjudicar sus obras, lo que llevaba a las empresas a realizar importantes descuentos para conseguir ganar contratos, dada la fuerte competencia.

Aena, participada por el Gobierno en un 51%, fue también la única excepción de asumir los costes de la suspensión de los contratos públicos decretada en marzo de 2020 por la pandemia. En aquella ocasión, se justificó por cotizar en Bolsa y por no obtener ingresos de los Presupuestos (se autofinancia).

Las constructoras están muy disgustadas con el “trato de favor” que recibe Aena y su sistema de contratación. Las compañías no entienden por qué el monopolio aeroportuario ya fue protegido de una manera excepcional durante los decretos de la pandemia y ahora, en medio del repunte de precios, sucede lo mismo. “Los aeropuertos son activos estratégicos que deben ser atendidos con el mayor cuidado posible. ¿Por qué el Gobierno ha optado por dejarlos fuera del alcance del último real decreto?, ¿son más importantes los intereses de los accionistas de Aena que los de Adif y Puertos del Estado?”, se preguntan.

Fuentes próximas a las empresas del sector aseguran que tanto desde la CNC como desde Seopan se han dirigido a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para exigirle el argumento técnico que justificase la excepcionalidad de Aena. “La respuesta ha sido el silencio”, lamentan.

• Transportes, Puertos del Estado, Ayuntamiento, Puerto y Adif se verán a finales de junio

La llegada del ferrocarril al Puerto de Almería comienza a ser algo más que una reivindicación o una alternativa pintada en un papel. Al menos esto es lo que transmiten todos los que este lunes se sentaron alrededor de la mesa del Ministerio de Transportes presidida por el secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores, en la que se acordó establecer una comisión técnica coordinada por Puertos del Estado y realizar un estudio de viabilidad.

En este encuentro, en el que también participaron el presidente de la Autoridad Portuaria de Almería, Jesús Caicedo, la concejal de Urbanismo e Infraestructuras de la capital, Ana Martínez Labella, el presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, y varios representantes de Adif, se decidió que es “relevante recuperar” la conexión ferroviaria con las instalaciones portuarias, poniendo así en valor las reivindicaciones que tiene la entidad desde hace años.

Es por ello por lo que se ha decidido, “para la coordinación y seguimiento de las actuaciones”, establecer una comisión técnica que se constituirá a finales del mes de junio, en la que participarán todos los actores del encuentro, y que tiene una misión inicial muy importante: establecer las bases con las que definir el pliego para contratar a una asistencia técnica que diseñe un estudio de viabilidad del acceso ferroviario.

Explican desde el MITMA en su comunicado de prensa que este estudio de viabilidad debe tener en cuenta “los antecedentes y los condicionantes, actuales y futuros, por parte de todos los actores implicados, la prognosis de demanda y tipos de tráficos previstos, la funcionalidad ferroviaria de la solución y la integración con el conjunto de la ciudad”.

Claves
Esto no es más que, como bien define la concejal de Urbanismo, tiene que ser un estudio que recoja las necesidades de conexión de la instalación portuaria y de Adif pero, “por supuesto tiene que dar respuesta a Almería con una integración urbanística que sea acorde con una ciudad que apuesta por su futuro”.

• El Ayuntamiento de Almería concede una moratoria con la que se duplica el plazo de ejecución

Las obras para el desvío de tuberías de entrada y desagüe en el depósito de La Pipa Alta se van a demorar cinco meses, duplicando el tiempo de ejecución inicialmente calculado y extendiendo los trabajos hasta octubre.

Es el nuevo plazo facilitado por el Ayuntamiento de la capital. Desde el área de Sostenibilidad Ambiental, ha sido atendida la solicitud de moratoria presentada por la empresa adjudicataria de las obras de desvío de tuberías de entrada y desagüe en el depósito de la Pipa Alta. Construcciones Nila ha puesto en conocimiento del Consistorio los problemas encontrados.

En la ejecución de esta “compleja” obra, como se relataba en el proyecto, se incluyó el desvío de otros servicios, como el de cableado eléctrico dispuesto entre el depósito y el centro de transformación, en la calle Buenos Aires. El cambio de las líneas subterráneas de media tensión, que coincidían con las nuevas canalizaciones del agua , no terminaron hasta el pasado mes marzo, según puntualizan. Añaden, además, las dificultades derivadas de la huelga del transporte. Las obras pudieron ser reanudadas el día 17 del pasado mes de marzo, lo que ha motivado la petición de una prórroga.

Estos trabajos fueron adjudicados por importe cercano a los 800.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, que después se convertiría en cinco meses y medio –la adjudicación estuvo suspendida por la pandemia–. Los trabajos fueron retomados en octubre del pasado año, por lo que tendrían que haber estado terminados el pasado día 21 de mayo.

El Ayuntamiento ha atendido los criterios de la empresa, considerando que están debidamente justificados, por lo que en una reciente Junta de Gobierno Local ha dado su consentimiento a la ampliación de plazo, manteniendo, eso sí, el precio de la obra. Son 158 días extra los otorgados, lo que pospone el final de obras al 27 de octubre de este año, tal y como consta en el acta de la citada Junta de Gobierno.

Este anuncio fue confirmado la pasada semana durante su visita a la ciudad por la directora General de Calidad del Aire y Cambio Climático, María López Sanchís; el delegado territorial de Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez Román, y el propio alcalde de la ciudad, Juan Franco, durante el acto de presentación del Plan Municipal Contra el Cambio Climático y la citada Declaración.

Los errores surgidos en su tramitación inicial se trataron de una mera cuestión de competencias, al declararse la declaración territorial de Desarrollo Sostenible como no competente para su firma y elevarlo a una instancia superior, en este caso la Dirección General de Calidad del Aire y Cambio Climático.

La resolución apunta, de hecho, que se mantiene la validez de las restantes partes del procedimiento de evaluación ambiental estratégica tramitada en la propia delegación territorial de Desarrollo Sostenible en Cádiz como órgano competente para ello.

La Declaración Ambiental Estratégica se configura como un documento básico para continuar con la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. El documento íntegro puede consultarse en la web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.  

• Subdivide la parte inicial del proyecto original, con 1,5 de los seis millones previstos
• La UCO aprueba una propuesta de compra de la Zona por 2,4 millones de euros

Aunque pueda parecer un trabalenguas, la Universidad de Córdoba ha licitado la primera parte de la primera fase de la reurbanización del campus de Rabanales. El proyecto ha salido a contratación por 1,6 millones y 14 meses. Pero eso no era la primera fase inicialmente proyectada sino la Fase 1A. Las letras deben ir cayendo una detrás de otra.

Originalmente, la reurbanización o urbanización del campus se iba a hacer en cinco fases tal y como se estableció en los proyectos presentados. Solamente la parte 1 del proyecto, que coincide con la zona Oeste del recinto universitario, costaba seis millones de euros. El equipo del rector saliente ha optado por trocear las actuaciones para pagarla en cómodos plazos.

Se entiende porque la obra de reurbanizar Rabanales ha sido la apuesta más cara de todas en las que se ha embarcado el equipo rectoral saliente, el de Gómez Villamandos, y que recibirá el nuevo responsable del cargo, Manuel Torralbo. Solo la primera fase completa cuesta seis millones. El proyecto en su totalidad cuesta 15 millones de euros y sin meterle la inflación en materiales de construcción.

El Campos de Rabanales tiene algunas partes donde los caminos aún están terrizos desde la etapa de la Laboral. El traslado de la UCO a las instalaciones, con Amador Jover, no vino acompañado de unas obras de adecuación completa. Se hizo lo que se pudo con lo que había. Y esa es la parte por donde se quiere comenzar. Que es la zona occidental, fronteriza con Rabanales 21 y la parcela que acaba de adquirir el grupo Barin para construir un colegio mayor de gran envergadura.

El proyecto, a grandes rasgos, consiste en realizar una dotación correcta de las instalaciones y ponerlo bonito y accesible. Se actuará en saneamientos, electricidad, telecomunicaciones, sistemas de riego, acerados y todo lo necesario para que funcione el barrio 51 de Córdoba. Unas ocho mil personas trabajan o estudian cada día en sus instalaciones.

El diseño incluye algunas reformas singulares como la que se ha previsto realizar en el antiguo eucaliptal de la Colonia San José, que se pretende convertir en un parque con flora mediterránea. El proyecto se pensó para mejorar el confort de los usuarios, sobre todo desde el punto de vista térmico. Prevé crear zonas de sombra por medio de paseos entoldados. Con suerte, todo el proyecto podría tardar unos cinco años en desarrollarse.