Las pymes denuncian que las AAPP les deben más de 110.000 millones
- CIFRA RÉCORD/ La PMcM asegura que las obligaciones pendientes de pago con los proveedores alcanzan cotas históricas y Hacienda lo desmiente y reduce a 9.759 millones la deuda comercial, 11 veces menos.
J. Díaz. Madrid
Choque entre la plataforma multisectorial contra la morosidad (PMcM) y el Ministerio de Hacienda a cuenta de la deuda que las Administraciones Públicas acumulan con sus proveedores. La plataforma, que representa a casi un millón de empresas, denunció ayer que, tras el desahogo que supuso el plan de pago a proveedores lanzado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, que permitió abonar ingentes cantidades de facturas acumuladas hasta entonces en los cajones, la deuda de las Administraciones Públicas con sus proveedores ha vuelto a dispararse hasta niveles récord: más de 110.700 millones de euros al cierre de 2021, un 28% más que en el trimestre anterior y la cifra más alta de toda la serie histórica, que arrancó en 2003. Lo hizo apoyándose en las estadísticas más recientes del Banco de España. Sin embargo, pocas horas después Hacienda salió al paso de esas cifras asegurando que la deuda comercial del conjunto de las administraciones con sus proveedores se limita a 9.759 millones; es decir, once veces menos de lo que denuncia la PMcM, tildando la cifra utilizada por la plataforma de “incorrecta y muy alejada de la realidad”. Cruce de datos que eleva la temperatura de un ya de por sí encendido debate sobre las metodologías empleadas para calcularlos.
La PMcM argumenta que, de acuerdo con la metodología del Banco de España y de la UE, el cálculo de los 110.700 millones de euros “hace referencia a las obligaciones pendientes de pago consolidadas”; esto es, excluyendo las deudas pendientes de unas administraciones públicas con otras, pero “contemplándose la deuda de las CCAA y de las corporaciones locales con el Estado por las liquidaciones definitivas de la participación en impuestos”. En otras palabras, “se trata de una aproximación a los créditos comerciales” o, si se prefiere, “el valor de los derechos financieros derivados de los desfases temporales entre el momento en el que tienen lugar las operaciones y el de los correspondientes pagos”, señaló la plataforma.
El ministerio que dirige María Jesús Montero asegura, sin embargo, que los créditos comerciales y anticipos del conjunto de las Administraciones Públicas suman una cifra muy inferior, reduciendo la deuda con proveedores a 4.151 millones de euros en el caso de las CCAA, a 3.300 millones en el de las corporaciones locales, a 2.278 millones en el de la Administración Central, y a 30 millones en el de la Seguridad Social. La polémica está servida.
Antoni Cañete, presidente de la PMcM lleva tiempo advirtiendo del riesgo que el retraso en los pagos representa para la supervivencia de muchas compañías y, por ende, para la actividad económica, máxime en un contexto de endeble recuperación por las tensiones inflacionistas y la guerra en Ucrania. Cañete ya alertó el pasado abril de que la espiral de los precios, el final de la moratoria concursal, previsto para finales de junio si no hay más prórrogas, y los nuevos créditos ICO podrían “tener un efecto devastador en los plazos de pago, incrementando las empresas zombies y el riesgo de impago en un círculo vicioso”. El tejido empresarial denuncia enfrentarse a ese sombrío escenario con un enorme agujero en sus cobros. Y es que, de acuerdo con los datos esgrimidos por la PMcM, la deuda actual de las Administraciones Públicas con sus proveedores superaría en 19.465 millones de euros los 91.313 millones de 2011, cuando se alcanzó el anterior techo, que ya parecía inasumible.
Más allá del cruce de datos y cifras con Hacienda, Cañete aseguró ayer que “el panorama es desolador a todos los niveles”. Recordó que el problema no se circunscribe a la “altísima deuda” del Estado, las CCAA y los ayuntamientos con sus proveedores. De hecho, subrayó que, de acuerdo también con los datos del Banco de España, “en nuestro país el importe de créditos comerciales y anticipos por pagar de las sociedades no financieras asciende a 455.664 millones de euros frente a los 344.083 de 2014”. Esto es, un 32% más. Una cifra en la que, sin embargo, no todo es morosidad: “Incluye facturas dentro y fuera del plazo legal, pero imaginamos que este incremento va aparejado con el aumento de la mora, ya que no se ajusta a la evolución del PIB”, advirtió Cañete.
La PMcM ha intensificado en los últimos meses sus advertencias sobre el peligro que representa la morosidad empresarial para el tejido productivo. Su receta para combatir esta lacra pasa por la adopción de medidas contundentes. “Hay que vencer la morosidad a golpe de acciones decisivas, como con un régimen sancionador que multe a las empresas morosas, o que las Administraciones Públicas comprueben que dentro de su cadena de pagos se cumpla la legislación contra la morosidad”, defendió Cañete.
El presidente de la PMcM reconoció que el Gobierno está tomando medidas, como la Ley Crea y Crece o el nuevo plan de pago a proveedores, pero asegura que “no son suficientes”. A su juicio, la futura ley, actualmente en tramitación, precisaría “cambios para hacerla eficaz y eficiente”, mientras que considera que el plan de pago a proveedores “llegará solo a unos pocos”. Desde hace meses, la PMcM reclama sin éxito un régimen sancionador que frene la morosidad empresarial. De hecho, en 2020 se aprobó en el Congreso la tramitación de una proposición de ley que, desde entonces, permanece atascada en el hemiciclo sin lograr salir de las prórrogas de los plazos de enmiendas (acumula más de sesenta ya).