La presidente de CEACOP, Ana Chocano Román, valora el Decreto Ley 4/2022 para la revisión de precios en los contratos de obra pública.
La entrevista completa en el siguiente enlace:
>>> ENTREVISTA
Carlos Polanco. Madrid
Nuevo marco laboral para un millón de empleados de la construcción. Patronal y sindicatos han firmado un principio de acuerdo que contempla una subida escalonada de salarios en el sector desligada del IPC. En concreto, será del 10% y se completará en 2024. Además, por primera vez se contempla la puesta en marcha de un plan de pensiones de empleo sectorial, en el marco del futuro fondo de promoción pública, cuya regulación se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria. Junto a ello se naturalizan para el sector las nuevas modalidades de contrato surgidas de la reforma laboral aprobada a finales de año.
Para llegar a la subida salarial del 10%, los firmantes –la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), CCOO del Hábitat y UGT-Fica– acordaron en el texto que la subida salarial será del 4% en 2022 y del 3% tanto en 2023 como en 2024. El acuerdo, que se extiende también hasta 2025 y 2026, prevé concretar para esos años incrementos adaptados a la situación económica del país, “a la vista de los problemas de desabastecimiento y la crisis por el conflicto bélico en Ucrania”. Pese a desligar del IPC los incrementos en los tres próximos años, el texto recoge una “cláusula de garantía salarial que tendrá en cuenta el promedio de los Índices de Precios al Consumo de los indicados años, y cuyo exceso fijado incrementará las tablas salariales del año 2025”.
El plan es que parte de esa subida la absorban los planes de pensiones, cuya puesta en marcha dependerá de que el Gobierno apruebe la Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, actualmente en trámite parlamentario. La previsión es que se apruebe este verano y entre en vigor a principios del año que viene. Eso sí, patronales y sindicatos advierten de que el plan de pensiones del sector estará supeditado a que en la ley “se recojan los incentivos comprometidos por el Gobierno”. Funcionará como un complemento al sistema público. Los firmantes lo destacaron como “una mejora histórica de marcado carácter social”.
En cuanto a las nuevas modalidades de contrato destaca el indefinido adscrito a obra, que entró en vigor a finales de marzo por la reforma laboral, en sustitución del contrato fijo de obra. Por el contrato indefinido adscrito a obra, cuando termine la actividad para la cual el trabajador fue contratado, la empresa estará obligada a ofrecer otro trabajo o una alternativa de formación para poder comenzar otro empleo. Asimismo, el contrato temporal tendrá una duración máxima de un año, con una indemnización del 7% en caso de ruptura, y se desarrollan los contratos formativos y los fijos discontinuos. Otras medidas que contempla el preacuerdo son la creación de una bolsa de empleo sectorial, la obligación de pagar sólo mediante transferencia bancaria o la regulación de la jubilación forzosa.
Una “situación crítica”
Patronal y sindicatos celebraron ayer el preacuerdo, negociado en el contexto de una “situación crítica” y que “dota de seguridad al sector y despeja incertidumbres”. La situación crítica a la que aluden es la de un sector en la que el precio de las materias primas por la inflación se ha disparado, así como los costes laborales, y en el que la necesidad de mano de obra es muy acuciante: según cálculos de la patronal, harán falta 700.000 empleados más en los próximos años para realizar todos los proyectos planeados. De hecho, BBVA Research ha estimado que los salarios en la construcción han aumentado a más velocidad que el resto de sectores en lo que va de año para intentar suplir la falta de mano de obra.
“Es un éxito del diálogo social, máxime teniendo en cuenta los problemas que sufre el sector por la crisis energética y el encarecimiento de los costes, que están asfixiando a muchas empresas”, celebró la CNC. Desde UGT, por su parte, señalaron el “importante paso adelante para los trabajadores del sector, en un contexto de incertidumbre y concatenación de circunstancias adversas para el conjunto de la economía”.
El entendimiento entre patronal y sindicatos de la construcción destaca especialmente ahora, cuando la negociación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) ha encallado, con la CEOE insistiendo en la importancia de no vincular las subidas salariales al incremento del IPC. Del mismo modo, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, lleva meses insistiendo en un pacto de rentas para repartir entre empresas y trabajadores los costes por la inflación y la guerra en Ucrania. Desde la CEOE han recomendado a los negociadores de convenios sectoriales no vincular las subidas a la inflación y sí hacerlo a “indicadores cuantificables” como la productividad o el PIB.
E. del Pozo. Madrid
Mercer, consultora de recursos humanos de Marsh McLennan, asesora los primeros pasos de lo que puede ser el primer plan de pensiones de empleo de promoción pública, impulsado por el Gobierno.
Mercer desarrolla esta actividad en el marco del VII Convenio Colectivo firmado este miércoles como preacuerdo entre la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), CCOO del Hábitat y UGT-FICA. El pacto incluye una subida salarial del 10% entre 2022 y 2024.
El texto consensuado señala que en 2022 se elevarán los salarios un 4%; en 2023, un 3%; y en 2024, otro 3%.
Según los primeros cálculos –y si el preacuerdo se ratifica por las partes–, en 2022, del 4% pactado se destinará el 3% a subida salarial y el 1% a aportación a plan de pensiones.
De esta forma, un trabajador de la construcción que tenga un sueldo de 20.000 euros anuales pasará a cobrar 20.800 euros en 2022, y tendrá 200 euros en su nuevo fondo de pensiones de empleo.
En 2023 el patrimonio de este plan aumentará en otros 200 euros y en 250 euros en 2024, hasta completar alrededor de 650 en 2025. Estas cifras son preliminares y orientativas y no tienen en cuenta el rendimiento que puedan dar las inversiones de la cartera del plan.
El acuerdo volverá a revisarse tras sus tres años de vigencia.
Las cifras manejadas apuntan que este fondo de pensiones contará con un millón de partícipes trabajadores y podría alcanzar los 3.500 millones en los próximos 10 años.
Según estas estimaciones, un empleado del sector de la construcción con 25 años en la actualidad podría llegar a acumular una bolsa de ahorro en este fondo de 35.000 euros en el momento de su jubilación.
Mercer trabaja en perfilar los mimbres de este preacuerdo, que condiciona su viabilidad a que las aportaciones a planes de pensiones de empleo mantengan los incentivos fiscales que se han incluido en el Proyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo. La futura norma está ahora en tramitación parlamentaria y debería estar aprobada antes del próximo verano, si se cumple el calendario fijado por José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, principal defensor de esta iniciativa.
Cuando la ley sea una realidad, la patronal y los sindicatos junto con Mercer iniciarán la materialización de su acuerdo y elegirán la gestora del nuevo plan, para lo que abrirán un proceso de selección al que, con toda probabilidad acudirán las grandes entidades.
La idea es que este plan de pensiones colectivo “actúe como complemento al sistema público, apoyando así el contenido económico-laboral del mismo con otro pilar que, de forma similar a la Fundación Laboral de la Construcción, incorporará a nuestro sector una nueva mejora histórica de marcado carácter social”, señalan los firmantes del preacuerdo.
El pacto alcanzado en el sector de la construcción se produce en medio de las fuertes criticas de patronales, sindicatos, gestoras de planes y aseguradoras en contra de este proyecto del Gobierno, decidido a impulsar los fondos de pensiones de empleo en detrimento de los planes de particulares.
Tras el anuncio de este objetivo, se ha recortado de 8.000 euros anuales en 2020, a 2.000 euros en 2021, y 1.500 euros en 2022 la cantidad máxima que se puede aportar y deducir en los planes de pensiones individuales. En paralelo, se ha aumentado también progresivamente la permitida a planes de empleo.
Las actuaciones están encaminadas a regenerar y modernizar las condiciones de circulación y vialidad del túnel
También se mejorará el sistema de ventilación, iluminación y señalización
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha formalizado el contrato de obras de adecuación y mejora de las condiciones de vialidad y circulación del túnel de Aguadulce (Almería), en la autovía A-7, por 6,4 millones de euros (IVA incluido).
La actuación, que busca adecuar la infraestructura a los requisitos recogidos en el Real Decreto 635/2006, se enmarca en las previsiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para mejorar la seguridad y la vialidad de la Red de Carreteras del Estado y se financia con cargo a los fondos NextGenerationEU.
En concreto, en el túnel de Aguadulce está previsto implementar una galería auxiliar a ambos lados de túnel para reforzar los sistemas de evacuación, un sistema de drenaje para tóxicos o una red de hidrantes. Asimismo, se mejorará el sistema de ventilación, de iluminación y señalización de seguridad, la megafonía y el circuito de televisión, entre otras actuaciones.
Aunque en la actualidad los túneles cuentan con unas condiciones de explotación favorables, es necesario llevar a cabo esta actuación, incluida en el componente 6 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), para actualizar sus instalaciones.
El PRTR cuenta con un presupuesto de 357 millones de euros del fondo NextGenerationEU para adaptar los túneles a la normativa europea y para potenciar la protección de la fauna y los usuarios vulnerables. En concreto, financiará actuaciones en túneles de la RCE centradas en la mejora de las salidas de emergencia, la señalización, el balizamiento, la iluminación, la ventilación, la instalación eléctrica, la protección antincendios, el drenaje, la comunicación o la gestión del tráfico, etc.
Un total de 20 empresas se presentaron a la licitación de las obras de instalación de la planta fotovoltaica en la cubierta de la estación de bombeo de aguas residuales La Martona ubicada en la avenida de la Sanidad Pública. Se trata del mayor número de empresas que se han presentado a una licitación de Aguas de Cádiz en toda su historia. La adjudicación ha recaído sobre la empresa Adentech. La actuación tiene como objeto poner en marcha una instalación fotovoltaica que se empleará en el autoconsumo de la estación de bombeo más grande de la ciudad y a la que llega casi la totalidad de las aguas residuales y pluviales de Cádiz. De allí se impulsan hacia la estación ubicada en Cortadura y, a continuación hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Cádiz-San Fernando. De hecho, con esta planta se prevé cubrir casi el 13% de las grandes necesidades energéticas de la estación, reduciendo la facturación eléctrica anual y un importante ahorro de emisiones de CO2.
Las obras comprenden la instalación de un total de 200 paneles fotovoltaicos de 480kWp cada uno, de tecnología avanzada que permiten aprovechar al máximo la radiación solar, con placas de vidrio a doble cara para hacerlas resistentes a los conocidos efectos de la corrosión que se produce en las estaciones de aguas residuales. La vida útil de las instalaciones fotovoltaicas se estima en 25 años. Al margen de los beneficios medioambientales que supone, Aguas de Cádiz espera amortizar la instalación en un periodo de unos ocho años, y se estima que durante toda su vida útil la generación de energía de la misma supere ampliamente los 500.000 euros, lo que supone. Es decir, al menos cinco veces el coste de la inversión, que es de 110.000 euros, con un plazo de ejecución de 12 semanas.
Con esta actuación, incluida en el Plan Director de Sostenibilidad y Utilización de Energías Renovables de Aguas de Cádiz, la empresa municipal sigue apostando por la generación de energías renovables, lo que la ha convertido en pionera entre las operadoras del agua en la eliminación de la huella de carbono y de la huella hídrica gracias, entre otras cosas, al uso de energías renovables en sus instalaciones. La planta de La Martona se une a las que recientemente han puesto en marcha en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales La Paz, en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales ubicada en la Avenida de Marconi y en la del edificio de las oficinas centrales de María Auxiliadora. Aguas de Cádiz lleva más de cinco años calculando su huella de carbono y está ejecutando importantes acciones encaminadas a reducir el calentamiento global. Estas actuaciones han supuesto dejar de emitir 307,7 toneladas de CO2 a la atmósfera, cantidad que irá en aumento, con la previsión de haber dejado de emitir hasta 372,32 toneladas de CO2 en 2021 y de 423,7 toneladas de CO2 en 2022.
Se ha adjudicado por casi 859.00 euros, más de un 25% menos del precio de licitación
Diez meses se ha prolongado el proceso de adjudicación de estos trabajos que darán continuidad a los que se desarrollan en la barriada, bajo la ejecución de la concesionaria del Agua (Hidralia) con cargo al canon de inversión del contrato, y que se centrarán en la construcción del desvío del colector general, de la nueva EBAR, del colector de conexión a la red de saneamiento, del aliviadores e la impulsión de pluviales. Si en agosto se publicó la licitación y se cerró el plazo a finales de ese mes, en septiembre se abrió el sobre con la información administrativa -que hizo necesario una periodo de subsanación de falta de información- y en octubre se abrió la oferta técnica.
El informe de valoración municipal data de finales de marzo, y todas las licitadoras pasaron el umbral de 15 puntos (sobre 40) exigidos. En esa fase de la licitación la finalmente adjudicataria quedó segundo en puntuación, mientras que su oferta fue la más económica. La propuesta recogía, según los detalles aportados por los técnicos en su análisis, un reportaje fotográfico que demostraba un recorrido pormenorizado de la zona. Además, apunta a los servicios afectados, a las necesidades de tráfico por los cortes que sufrirá el área y a cuestiones medioambientales como el control de la energía consumida en las obras, con el funcionamiento de los generadores con luz solar; y del control del uso del agua.
La adjudicataria reduce el plazo de ejecución de 8 a 6 meses, y además divide en tres fases la intervención. una de implantación de obra y dos de trabajos, que desarrollaría de manera simultánea, con dos equipos diferentes. Por un lado, haría la modificación y el desvío de la galería subterránea que actualmente cruza la barriada; y por otro, la construcción del canal del aliviadero de pluviales.
La oferta económica de la adjudicataria, de 857.850,31 euros, supone un ahorro de algo más de 334.000 euros sobre el precio inicial de casi 1,2 millones de euros.
Huelva Desarrollo y Progreso asegura que se ha conseguido “consensuar el proyecto de viabilidad” con Aviación Civil
El máximo responsable de Huelva Desarrollo y Progreso, Alfredo González, empresa promotora del proyecto del aeropuerto privado de Huelva, ha señalado este jueves que están “ilusionados” y “esperanzados” con los avances del proyecto y cree que la licencia para comenzar la construcción del aeropuerto podría estar “en un año”.
Así lo ha manifestado González en declaraciones a los medios durante un desayuno empresarial celebrado para hablar de infraestructuras en la provincia de Huelva, donde ha explicado que en los tres últimos meses han conseguido “consensuar el proyecto de viabilidad” con Aviación Civil, así como que esperan recibir noticias “muy pronto” para que “se dé este gran paso” de que el plan director del proyecto entre en exposición pública.
“Previamente, al ser un proyecto privado, la administración necesita estar totalmente segura de su viabilidad“, ha destacado antes de añadir que “con ella se lleva el último año”.
En este sentido, ha explicado que “de trámite administrativo queda poco más de un año” para tener la licencia y poder comenzar con su construcción, por lo que calcula que “en el momento en el que se inicie el proceso de información pública, en tres o cuatro años podría ser una realidad“, toda vez que ha reiterado que están “muy contentos” porque se hayan realizado reuniones con Aviación Civil que permitan “avanzar en el proyecto”.
Asimismo, ha señalado que “hay muchísimo interés“, no solo en el ámbito turístico, sino “también en el agroalimentario”, al tiempo que ha aseverado que este proyecto “puede transformar la provincia”.
El Ayuntamiento formaliza el contrato con la empresa adjudicataria, Albaida de Infraestructuras S.A. El importe asciende a 2,9 millones de euros
Tras el proceso de licitación, el Ayuntamiento de Huelva ha formalizado con la empresa adjudicataria Albaida de Infraestructuras S.A la contratación de las obras definidas en el proyecto de conservación, consolidación estructural, constructiva y de urbanización circundante del antiguo Cuartel del Paseo Santa Fe y los espacios públicos anexos. El importe del contrato asciende a 2.402.397,22 euros, a los que se añaden 504.503,42 de IVA, lo que hacen un total de 2.906.900 euros.
Tras la firma del contrato, la empresa tiene un mes para iniciar las obras, pero la rehabilitación del emblemático edificio, ejemplo de la denominada Arquitectura del Hierro de finales del siglo XIX, tiene prioridad máxima y comenzará “en unos días”. Subvencionadas al 60% dentro del Programa 1’5% Cultural del Ministerio de Fomento, el plazo de ejecución es de un año.
El objetivo es devolver a la edificación, que se proyectó como un mercado, a su estado original, potenciando el gran espacio diáfano interior, a la vez que se conserva la estructura metálica de la cubierta. Con una antigüedad de 117 años, fue en su origen mercado de abastos, luego Escuela de Artes y Oficios; Escuela de Capataces de Minas, Biblioteca Popular, Museo de Pintura y, finalmente, cuartel de la Policía Nacional.
En la actuación se abordarán las patologías detectadas en la edificación, se consolidará su estructura y también se remodelará el entorno, acometiendo además la consolidación estructural y constructiva del muro de la iglesia de San Pedro. Se trata de la primera fase, dirigida a la rehabilitación del inmueble, a la que seguirá una segunda fase, centrada en la adecuación funcional del edificio a su futuro uso sociocultural.
Se llevará a cabo una labor de consolidación a nivel de cimentaciones que consistirá en el recalce perimetral de los doce pilares que sustentan la cubierta, así como la creación de una solera arriostrante de 20 centímetros de espesor de hormigón armado en planta semisótano y planta baja, que, acompañada de cámara sanitaria de ventilación, supondrá una sustancial mejora de la envolvente de la edificación.
La intervención en todo el perímetro del edificio para evitar la entrada de agua bajo los muros consistirá en dar pendiente hacia afuera a la solera armada del acerado impermeabilizando su encuentro con el cerramiento de fábrica, colocando una red de drenaje perimetral evitando la humedad excesiva bajo los muros y el terreno de apoyo de la cimentación.
Con respecto a la estructura metálica que sustenta las cubiertas, se procederá a la reposición de elementos dañados, garantizando la coherencia de las soluciones y correspondencia en materialidad, dado que el sistema de cerchas de arquitectura del hierro histórica es el elemento fundamental que justifica la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC). Fue en noviembre de 2017 cuando la Junta de Andalucía catalogó el edificio como BIC.
Se sustituirán las cubiertas y sus correas, de forma que el fibrocemento y la chapa galvanizada se sustituirán por panel sándwich tipo Termochip (TKH) y se instalarán nuevas correas de acero galvanizado con perfiles ligeros. El acabado superior va en chapa de zinc prepatinada. La cerrajería original será objeto de restauración así como se procederá a la instalación de nueva carpintería en todos los huecos, con incorporación de pletinas verticales de acero galvanizado a modo de celosía en los ventanales evitando deslumbramientos desde el interior y consiguiendo buen funcionamiento bioclimático.
El proyecto estudia en profundidad las patologías presentes en las fachadas monumentales del edifico y plantea sus soluciones. Se incluye la construcción de un volumen complementario en la Plaza 2 de Mayo para vestíbulo, comunicaciones verticales y equipos de climatización. Se contemplan, por otro lado, todas las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento del edificio, lo que implica nuevo saneamiento diseñado de acuerdo a los nuevos usos, nueva instalación de fontanería, instalación completa de electricidad, previsión de un centro de transformación, instalación de protección contra incendios, previsión de la red de iluminación, telecomunicaciones o climatización.
El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, manifestó que con esta contratación “damos un paso histórico en la ciudad para recuperar un legado arquitectónico más que centenario, llamado a llenar de vida la zona de San Pedro con un uso sociocultural. Con estas obras cumpliremos una aspiración largamente demorada de Huelva, como es la recuperación de este emblemático edificio en pleno centro de la ciudad y justo cuando estamos impulsando una transformación urbana sin precedentes con las peatonalizaciones licitadas, con la cofinanciación de los fondos Next Generation, tanto en este entorno de San Pedro, como en la Plaza de Las Monjas y la reurbanización de la calle Puerto”.
Según Cruz, “todas estas obras van a suponer un cambio radical del Casco Antiguo de Huelva, que será un entorno mucho más atractivo, disfrutable, sostenible y amable, y en el caso del antiguo Cuartel de Santa Fe, pondremos en valor este edificio como hito monumental y lo dotaremos de contenido para la dinamización de la zona”. Recalcó que “llegar a este punto ha supuesto un largo y complejo camino burocrático, en primera instancia, para conseguir la cofinanciación necesaria para recuperar este Bien de Interés Cultural que llevaba 15 años en desuso”.
La licitación contempla un presupuesto de 2,3 millones de euros, con un plazo de ejecución de los trabajos de 12 meses.
El Puerto de Málaga avanza en el proyecto para impulsar el movimiento de mercancías en el recinto con la construcción del nuevo muelle 8. Así, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ha aprobado, en reunión mantenida este jueves, la ordenación para la contratación de las obras complementarias relacionadas con la reubicación de la zona de pescadería.
De este modo, se licitarán las obras, mediante procedimiento abierto, para el traslado de los atraques pesqueros a la margen derecha de la desembocadura del río Guadalmedina por un importe de 2,6 millones de euros -IVA excluido- y un plazo de ejecución de diez meses, según ha informado la Autoridad Portuaria en un comunicado.
El Consejo ha aprobado, además, la licitación mediante procedimiento abierto del traslado de las instalaciones de la actual lonja del Puerto de Málaga, en cuyo proyecto se incluye la construcción de cuatro armadores, la aportación de nuevo equipamiento y la mejora de las condiciones de seguridad y eficiencia energética.
Esta licitación contempla un presupuesto de 2,3 millones de euros -IVA excluido-, con un plazo de ejecución de los trabajos de 12 meses.
Otra de las cuestiones destacadas del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria celebrado este jueves ha sido la aprobación de concesión administrativa otorgada a Muelle Uno para la construcción y explotación de un espacio de oficinas en la esquina de los muelles 1 y 2 del recinto para el uso conocido como coworking, dentro del ámbito de su concesión.
El proyecto tiene un presupuesto de 17 millones de euros y cuenta con más de medio millar de viviendas VPO
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga aprobará este viernes la urbanización de un barrio en Cortijo Merino, en los terrenos de lo que fue la fábrica de amoniaco de Málaga. Los terrenos, que lindan al norte con el espacio reservado para la Expo 27 a la que opta la ciudad, comprenden 284.457 metros cuadrados, en los que se espera levantar 1.250 viviendas, de las cuales más de medio millar serán de protección oficial (VPO).
Es, de esta manera, un paso clave en la candidatura a la Exposición Universal de 2027, ya que contar con el entorno urbanizado y dispuesto antes de que se falle el resultado de la ciudad ganadora suma enteros en la disputa. El proceso de urbanización tiene un presupuesto de licitación base de 17 millones de euros. El plazo de ejecución de las obras es de dos años.
Los servicios que se instalarán en la zona son el de abastecimiento de agua potable: conexión con la red existente, con el objetivo de regularizar presiones entre los dos tramos adyacentes al Sector; el saneamiento: recogida tanto de pluviales como de aguas negras y conexión con los sistemas generales; la distribución de energía eléctrica, tanto de fuerza y alumbrado interior, como para alumbrado público; la canalización telefónica, toma de la red existente y distribución interior a todas las parcelas; conexión y distribución de gas natural, y el sistema de contenerización para los residuos sólidos urbanos generados en el entorno.
Las viviendas contempladas se agruparán en bloques de una altura máxima de planta baja más 4 más ático. Al techo residencial se suman 29.000 metros cuadrados de zona verde para parques, jardines, áreas de juegos y zona forestal; y destina un total de 33.000 metros a equipamientos.
A estas 1.250 viviendas en el sector Cortijo Merino hay que sumar las más de 1.400 proyectadas en los terrenos de la Expo en caso de que la ciudad resulta vencedora de la carrera por el evento internacional. Estas 1.400 viviendas tendrán como primer destino alojar a los trabajadores de a Exposición Internacional, para después sumarse al parque de viviendas de alquiler público del Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga.
El principal motivo por el que se realiza este proyecto es el desarrollo urbanístico de las parcelas situadas en dicho sector, así como obtener un aprovechamiento óptimo del suelo para futuros usos, procurando una mayor accesibilidad y una mejora de los servicios del sector, de forma que estos interactúen con las zonas colindantes de la mejor manera posible.