• En total, el Ejecutivo central invertirá 6,1 millones en actuaciones en la costa andaluza, de los que 2,1 millones irán destinados a la provincia malagueña, la más afectada

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente, del Ministerio para la Transición Ecológica y del Reto Demográfico (Miteco), ha publicado este martes la resolución por la que se inicia del proceso de contratación de las obras de emergencia para reparar los daños causados por los temporales marítimos, de viento y de lluvias, registrados el pasado mes de marzo y principios de abril en la provincia de Málaga, así como en Almería, Granada y Cádiz. En total, se prevé una inversión inicial de 6,18 millones de euros.

Esta iniciativa, acordada en Consejo de Ministros, “forma parte del compromiso adquirido por el Gobierno con los alcaldes de los municipios andaluces con los que se reunió el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el pasado 7 de abril”, a quienes anunció una inversión inicial de más de seis millones de euros “tras una primera valoración para atender los daños más urgentes en las costas”, ha recordado en un comunicado la Delegación del Gobierno en Andalucía.

• Las actuaciones presentadas a concurso están divididas en los 11 distritos

• Palma-Palmilla, Churriana y Campanillas, los peor parados del reparto

El Ayuntamiento de Málaga ha sacado a licitación el Acuerdo Marco de las obras en la vía pública de pavimentación, renovación de infraestructuras y zonas verdes municipales de Málaga, por un valor de algo más de 11 millones de euros (IVA incluido). Este proceso recoge obras en los 11 distritos de la ciudad, por lo que se recogen 11 lotes distintos con diferentes cuantías para cada uno de los entornos, según sus diferentes necesidades. 

El mismo recoge un plazo de ejecución de dos años prorrogables otros dos –con las mismas condiciones ofertadas en este pliego–, por lo que el total de lo invertido por el Consistorio se elevaría hasta los 22 millones de euros en cuatro años en estas acometidas. Las empresas que pretenden presentar sus ofertas cuentan con 30 días naturales desde este martes. Las empresas pueden presentarse a uno o a varios de los lotes, pero sólo se puede adjudicar un lote a las diferentes empresas que se presenten a concurso. 

• El borrador para financiar la mitad norte de la línea, de Pino Montano al Prado, incluye un programa de anualidades para que cada administración abone 1.045 millones en siete años
• La Junta descarta la participación privada en el metro de Sevilla ante las reticencias del Gobierno

Uno de los proyectos esenciales para Sevilla capital tiene su plan perfilado a falta de que las dos administraciones implicadas se pongan de acuerdo en su pago. La obra de la mitad norte de la línea 3 del metro, el proyecto prioritario que se va a acometer de toda la red pendiente, se pagaría en sólo siete años, de hecho, según la programación de anualidades que ha elaborado la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía y que ha incluido en el borrador del convenio que ha trasladado al Ministerio de Transportes este lunes. Éste incluye un plan de pagos de siete años que engloba el ejercicio en curso, para el que la Administración andaluza tendría los dos millones iniciales ya consignados, los del ramal técnico.

Ese calendario de anualidades refleja el pago inicial de esos dos millones y luego un programa de seis años más, que se pondrían en marcha en el mismo 2023 si Junta y Estado alcanzan un acuerdo y firman el convenio, cuya rúbrica viene demorándose por los constantes tiras y aflojas entre las dos administraciones en torno a la forma de financiar el proyecto y costear cada una el 50% del mismo. Se ha pactado ya ese reparto de mitad y mitad, pero no la manera. Y con ello llevan ya varios meses. Pero no residen el problema en la falta de un cronograma de anualidades, como ha ido deslizando en los últimos días el Ejecutivo nacional, pues este se incluyó ya en el convenio. ABC ha tenido acceso al mismo, que aparece en la documentación desglosado ejercicio a ejercicio.

Incremento progresivo durante tres años

Ese pago de la mitad norte de la línea 3 (de Pino Montano al Prado de San Sebastián) se desarrollaría entre 2023 y 2028 para alcanzar los 1.045 millones de euros que debería abonar cada una de las dos administraciones involucradas. El primer año es en realidad el actual, con los citados dos millones ya consignados para el ramal técnico y así poder licitar antes de este verano y arrancar lo antes posible con las obras, como ha recalcado una y otra vez la consejera de Fomento, Marifrán Carazo. A partir de ahí, el calendario refleja un incremento progresivo de las cantidades durante los tres primeros años, de manera que para el primero de esos seis años de pago conjunto se ha previsto un abono de 101,6 millones de euros por administración. El segundo de los ejercicios contempla el pago de 251,8 millones por parte de la Junta y otro tanto desde el Gobierno nacional. El tercero refiere el mayor de los pagos, de 322,8 millones por cada uno de los dos actores. A partir del cuarto año el dinero a aportar va descendiendo y en ese ejercicio se queda ya en 251,5 millones por gobierno. Para el quinto año de esta programación cada administración tendría que financiar la obra con 88,3 millones. Y el último de los pagos, sexto año del calendario de abonos conjuntos, habría que aportar 27,2 millones desde cada uno de los ejecutivos.

• El Consejo de Gobierno aprueba un decreto ley con 71,5 millones de euros de más para hacer frente a los sobrecostes

El Consejo de Gobierno ha aprobado este Martes Santo un decreto ley por el que se revisan de forma urgente y excepcional los precios de los contratos públicos ya firmados para que las empresas no tengan que hacer frente a los sobrecostes de los materiales y a la subida de precios motivada por la huelga de transporte y por los efectos de la invasión rusa en Ucrania.

Según ha explicado el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, se consignan 71,5 millones de euros para hacer frente a estos sobrecostes con una serie de medidas que complementan el decreto estatal que también ha aprobado este Martes Santo el Consejo de Ministros.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, explicó el pasado jueves que las empresas que trabajan con las administraciones tienen un severo problema por la imprevista alteración en sus planteamientos económicos iniciales, un asunto que se ha convertido «en un verdadero dolor de cabeza» para el Gobierno andaluz.

Así, y de la mano del sector de la construcción se ha aprobado este decreto ley con medidas urgentes para la revisión excepcional de los precios en los contratos públicos de obras.

El decreto ley andaluz mejora la cobertura a muchos contratos y permite que más empresas se puedan beneficiar de esta revisión de precios para no parar obras y para no poner en peligro la viabilidad de esos contratos, de las empresas y de miles de puestos de trabajo.

En concreto, a diferencia de la norma del Gobierno de España, el decreto ley andaluz incluye las obras en ejecución en 2021 y que a la entrada en vigor del real decreto ley estatal hayan terminado, así como las obras de menos de un año de duración. Además, amplía el filtro de obras con derecho a revisión de sus precios e incluye todo tipo de materiales empleados, y no sólo los cuatro recogidos en el real decreto estatal (bituminosos, siderúrgicos, aluminio y cobre).

Asimismo, la norma andaluza da la posibilidad a que se adhieran a este decreto ley las entidades locales y también las universidades, al tiempo que suprime las penalizaciones por los retrasos vinculados a falta de material y permite la sustitución de materiales siempre que no altere la calidad del producto.

Revisión de precios en todos los pliegos

Por otro lado, el decreto ley andaluz amplía la compensación a los contratos de servicios de conservación de carreteras y edificios públicos y establece que a partir de ahora todos los pliegos de los contratos futuros contemplen la fórmula de revisión de precios.

Se estima que el alza de los precios puede estar en una horquilla entre el diez y el 20 por ciento, que es el tope máximo que impone el Estado.

El sobrecoste se pagará en la certificación final de la obra, por lo que el impacto en los presupuestos andaluces se verá reflejado en varias anualidades. El impacto económico para las arcas de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio se estima (con los índices provisionales publicados hasta diciembre de 2021) en 59 millones de euros, pero dicha cantidad puede elevarse según la evolución de los índices en 2022 y 2023. Si bien la norma también afecta a otras consejerías con obras como las de Salud y Familias, Educación y Deportes; Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible; Cultura y Patrimonio Histórico y de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local, que están analizando la repercusión de la medida.

En total, la Junta consigna 71,5 millones de euros en este decreto ley que tendrá que ser ratificado por el Parlamento andaluz o, en su caso, por la Diputación Permanente.

Marca «Corazón andaluz»

Por otra parte, el decreto ley también crea la marca ‘Corazón Andaluz’ como marca promocional genérica y regula el procedimiento para su uso con el fin de favorecer la promoción de productos de Andalucía, contribuyendo a incrementar y consolidar la presencia del tejido empresarial y productivo andaluz en los principales mercados de ámbito regional, nacional e internacional.

Esta marca busca beneficiar a todas las empresas y personas que se quieran adherir a la iniciativa y que permitirá visibilizar la solidez, solvencia y calidad de los productos andaluces.

El decreto ley recoge que la utilización de la marca tiene carácter gratuito y voluntario, así como que, con carácter anual, la Dirección General de Andalucía Global aprobará un Plan de Actuación que establecerá la programación y actividades a favor de la marca ‘Corazón Andaluz’, así como todas las medidas tendentes a su desarrollo y evaluación.