Juande Portillo. Madrid

El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto ley el Plan Nacional de Respuesta al Impacto de Guerra en Ucrania que contiene ayudas directas y rebajas fiscales por 6.000 millones de euros así como un nuevo lote de créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por 10.000 millones más que podrán solicitarse hasta final de este año. El paquete, que entrará en vigor mañana, tendrá vigencia hasta el 30 de junio, si bien el Gobierno admitió ayer que está abierto a evaluar la necesidad de prorrogarlo total o parcialmente en función de si para entonces ha sido posible reconducir la galopante subida de los precios alimentada por la invasión rusa sobre Ucrania.

La letra pequeña del plan de choque fue presentada por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Hoy ponemos en marcha el Plan Nacional en respuesta a la guerra con una batería de medidas sin precedentes, que nos van a permitir mitigar el impacto económico y social de la guerra protegiendo a los sectores más afectados y colectivos más vulnerables”, prometió Calviño.

La vicepresidenta económica admitió que el conflicto está afectando con fuerza a la economía y los precios en España en un marco de convulsión internacional y de recuperación aún parcial de la pandemia de Covid. Calviño aseguró que el plan busca no solo paliar estos efectos sino cristalizar la “determinación del Gobierno para repartir de forma justa el impacto de la guerra”. Estas son las principales claves del paquete:

Objetivos

El plan consta de ocho objetivos sobre cinco pilares. Los objetivos son bajar el precio del gas, la electricidad y los carburantes; apoyar a los sectores más afectados, con especial atención a pymes y autónomos; reforzar la estabilidad de precios evitando una espiral inflacionista; asegurar los suministros; proteger la estabilidad financiera; desplegar el Plan de Recuperación, especialmente en el ámbito del desarrollo de las energías renovables; impulsar la eficiencia energética y reforzar la ciberseguridad.

Palancas

El primer pilar busca dar respaldo a las familias, bonificando 20 céntimos por litro de combustible hasta final de junio; impedir el despido a las empresas que reciban ayudas directas; limitando al 2% la actualización de los alquileres; extendiendo la rebajas fiscales y el bono social durante tres meses; y elevando un 15% el ingreso mínimo vital

El segundo, dirigido a las empresas, incluye ayudas directas a agricultura, ganadería y pesca, entre otros o los 10.000 millones en créditos avalados por el ICO. La tercera palanca es la asistencia al transporte, con ayudas específicas y la promoción de una ley de precio justo, y el aplazamiento de cuotas de la Seguridad Social.

El cuarto campo, la ciberseguridad, recibirá 1.200 millones que incluye la creación de un centro nacional específico, medidas de protección de la Administración General del Estado ante ciberataques y el desarrollo de las redes 5G.

El quinto paquete es el destinado a rebajar el precio de la energía aprovechando la “excepcionalidad ibérica” con un plan conjunto con Portugal para topar el precio del gas y abaratar la factura general.

Duración

El real decreto ley aprobado ayer por el Gobierno se publicará hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para entrar en vigor mañana, 1 de abril, limitando específicamente sus efectos a los tres meses que transcurrirán desde ese día hasta el 30 de junio. El Ejecutivo, sin embargo, dejó ayer la puerta abierta prorrogar algunas de las medidas más allá de este plazo si lo considera necesario. “Es un plan de choque urgente, necesario y contundente con un conjunto de medidas que tiene que permitir amortiguar el impacto negativo de la guerra en el crecimiento económico y el empleo, y frenar el precio de la electricidad para que lleguemos al pico máximo de inflación”, que cerró febrero en el 7,6%, su máxima cota desde 1986, y comenzar a bajar a partir de ahí, reveló ayer Calviño, para matizar luego su expectativa. “Somos conscientes de que una de las consecuencias de esta guerra es la enorme incertidumbre” que genera, “por eso es un paquete de tres meses que responde de forma contundente a las necesidades de la economía y los sectores más afectados”. A partir de ahí, admitió, “adaptaremos estas medidas para responder a la evolución de las circunstancias”.

Bonifica gasolinas

Una de las medidas clave del plan, adelantada el lunes a algunos de los principales empresarios del país por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es la rebaja de 20 céntimos por litro de gasolina o gasóleo a toda la población. El Estado cubrirá 15 céntimos de esta bonificación, que se aplicará directamente en las gasolineras (a las que la Agencia Tributaria anticipará o devolverá el dinero necesario) con un coste público aproximado de 1.420 millones de euros, según los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). A partir de ahí, las petroleras deberán aplicar un descuento mínimo adicional de otros cinco céntimos por los medios que consideren oportunos (por otros 470 millones). La medida (ver más información en la página 32) será compatible con la devolución del Impuesto de Hidrocarburos a los profesionales, que se acelera para ejecutarse en solo un mes en lugar de los tres habituales.

Avales de lCO

Replicando un esquema que ya tuvo éxito durante la pandemia, el Gobierno ha decidido que la mejor vía para facilitar liquidez a las empresas tensionadas por el alza de los precios de la energía es ofrecer una nueva línea de 10.000 millones de euros en créditos avalados por ICO, que los interesados podrán solicitar hasta 31 diciembre de 2022 con 12 meses de carencia. En paralelo, Economía flexibilizará las condiciones de la financiación ya viva modificando el código de buenas prácticas mediante en el que se impulsaron las líneas ligadas al Covid. Gracias a ello, los autónomos y pymes de los sectores agrícola, ganadero, pesquero y de transporte por carretera, los más afectados, podrán solicitar una ampliación de seis meses del plazo de carencia. Para mejorar la liquidez de este tipo de actividades también se les ofrecerán tres meses de aplazamiento en el pago de cuotas a la Seguridad Social.

Ayudas directas

En paralelo a las líneas de liquidez, el Gobierno ha desplegado un lote de ayudas directas a los sectores más dañados por el encarecimiento energético. El paquete incluye un total de 362 millones para la agricultura y ganadería, de los que 169 se repartirán entre los productores de leche en función del número de cabezas de ganado que posean por un máximo de 35.000 euros, que es el límite que la UE permite en el marco de ayudas de estado para el sector primario (para el resto son de hasta 400.000 euros). También se concederán 68 millones a la pesca (18 de ellos a repartir por buque, de nuevo con el límite de 35.000 euros). La industria electrointensiva recibirá 500 millones para compensarles el 80% de los peajes energéticos; la gasintensiva obtendrá 125 millones; y el transporte 450 millones (a razón de 1.250 euros por camión, 900 por autobús, 500 por furgoneta y 300 por taxi, VTC o ambulancia).

Rebaja fiscal

Tras descartar una rebaja generalizada de impusetos, en favor de la bonificación del carburante, el Gobierno limita la rebaja fiscal del paquete a la prórroga durante tres meses del plan ya vigente, que reduce del 21% al 10% el IVA que se le aplica; deja en suspenso el Impuesto al Valor de la Producción de la electricidad del 7%; y rebaja del 5,1% al 0,5% el Especial sobre la Electricidad.

Abaratar la energía

“El objetivo del Gobierno es político y técnico, es que el precio de la energía sea el más bajo posible”, defendió ayer Calviño que, al igual que Ribera, rehusó a poner un precio a la rebaja del megawatio hora que el Gobierno aspira a lograr aprovechando la llamada “excepción Ibérica” que Sánchez logró arrancar al Consejo Europeo para topar el precio del gas. La medida, que sigue consensuándose con Portugal, deberá ser autorizada luego por la Unión Europea, lo que llevará entre “tres y cuatro semanas”, estimó Ribera. En paralelo a esta estrategia, que busca desligar el precio general de la energía del coste marginal del gas, el Gobierno promoverá las compras conjuntas de energía y la minoración de los beneficios caídos del cielo de las eléctricas. A su vez, Economía actualiza el régimen de plantas de energía renovable y uso de residuos, que hasta la fecha se han visto financiadas a través del precio del mercado mayorista, recibiendo más recursos de aquellos que les correspondían. Tras negociar con el sector, el Gobierno ha decidido acelerar la liquidación de esos saldos lo que permitirá un ahorro en las facturas de 1.800 millones. Estas plantas quedarán habilitadas además para vender su energía fuera del mercado mayorista. Además, se introduce una regla de reducción de beneficios extraordinarios ligados al precio del gas, topando el precio de los contratos nuevos o que se revisen en el entorno de los 67 a 70 euros por megawatio hora, y se ofrecen medidas de apoyo a las renovables.

Bono social

El real decreto del Gobierno también supone una ampliación del bono social eléctrico (del 60% para colectivos vulnerables y el 70% para casos severos), ampliando sus efectos sobre 600.000 nuevas familias hasta alcanzar los 1,9 millones de hogares protegidos. Además, se amplían sus financiadores en ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo de 31 de enero, y se pasa de hablar de familias beneficiarias a personas convivientes, facilitando una mayor flexibilidad para quienes conviven bajo el mismo techo sin lazos sanguíneos a fin de que puedan acogerse.

• La consejera Concepción Gutiérrez fue la primera en hacer mención a la necesidad de una vía de transporte de alta capacidad en la comarca

La primera pista la dio la Consejera de Obras Públicas de la Junta de Andalucía a principios de la década de los 2000, Concepción Gutiérrez (PSOE). Almería y la comarca del Poniente requieren de un servicio metropolitano de tren de Cercanías, similar al que disponen provincias como Cádiz, Málaga, Murcia, Alicante, Castellón o Tarragona. La propuesta aparecía vinculada a los planes de desarrollo infraestructural generados cuando la burbuja inmobiliaria era la gallina de los huevos de oro que todo lo permitía, incluso entelequias sobre plano. La pretensión era ejecutar el soterramiento, el acceso del tren al Puerto de Almería y, desde allí, iniciar una línea por los acantilados que llevara a los trenes al Campo de Dalías.

No pasó nunca de un proyecto verbal, de algo sin demasiado estudio económico o social. Una idea. Como la del tranvía de Roquetas o el de Almería, ambos proyectos que también podrían haberse enlazado por El Cañarete y que, en ambos casos, acabaron donde los papeles arrugados. El de Roquetas de Mar lo diseñó INECO, la consultora pública. y según Gabriel Amat, que lo presentó en 2006 (hace 16 años), era «bueno y rentable» además de «viable», pero nunca se materilizó. El proyecto para Almería lo encargó la Consejería de Fomento de la Junta en 2007. Costó casi 900.000 euros y acabó en la misma papelera por su ingente cuantía: casi 230 millones de euros entre infraestructura, superestructura y trenes, sin contar con los posteriores costes de explotación.
En principio, esta conexión de alta capacidad iba a viajar por la futurible -y aún no descartada- línea ferroviaria entre Almería y Málaga por Motril (Granada). Esta línea se pintó en el Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte y en los consiguientes planes directores de infraestructura diseñados, responsable tras responsable, por el Ministerio de Fomento. Y permitirían enlazar en tiempos muy competitivos ciudades como Roquetas de Mar, al borde de los 100.000 habitantes, El Ejido, con cerca de 90.000 y otros como La Mojonera y Vícar. Lobbys como Ferrmed siguen incluyéndola en sus mapas de infraestructura deseable por el potencial agroindustrial y turístico de las comarcas de la costa almeriense, granadina y malagueña.

Almería es la única capital de provincia costera de todo el arco mediterráneo que no cuenta con servicios de Cercanías, algo que si disfrutan otras áreas metropolitanas de menor dimensión como son las de Castellón, Tarragona o Girona. En estos dos últimos casos, gestionados por la Generalitat de Cataluña, que sí que ha asumido las competencias ferroviarias. En Andalucía, pese a que constan en el Estatuto, la Junta no ha dado el paso para gestionarlas de forma directa aunque sí que ha solicitado participación indirecta.

• Muchos tramos del carril se encuentran en mal estado debido al crecimiento de las raíces de los pinos, que levantan los adoquines

Las obras que el Ayuntamiento de San Roque ha contratado para el arreglo del camino de entrada del Pinar del Rey se van a iniciar de manera inminente, según ha informado el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix. El Ayuntamiento adjudicó el pasado mes de enero a la empresa Jicar SA por 376.000 euros estas obras, que estarán finalizadas en unos tres meses. El carril se encuentra en mal estado porque las raíces de los pinos levantan sistemáticamente los adoquines y provocan baches y obstáculos.

Ruiz Boix ha explicado que se trata de la reparación del acceso al Área Recreativa del Pinar del Rey desde la entrada a lo largo de una longitud de casi 2,7 kilómetros, en los que se va a utilizar un material novedoso y respetuoso con el medio natural. “Se trata de una obra muy demandada por los usuarios del Pinar del Rey, no ya solo del municipio, sino de toda la comarca, que usan este paraje natural de 350 hectáreas de propiedad municipal, sobre todo en primavera”, indica el regidor. 

“Se trata de una actuación para facilitar el acceso a este paraje natural en las mejores condiciones, sabiendo en todo caso que vamos al campo y que, por tanto, hemos previsto con los técnicos municipales una actuación de mejora del firme de acceso a la zona recreativa. Es una de las demandas que nos planteaban los vecinos de San Roque, a la que se suman centenares de familias del Campo de Gibraltar, ya que el paraje natural del Pinar del Rey sigue siendo ese punto de encuentro familiar de celebraciones en general”, indica el primer edil. 

El alcalde espera que el uso del Pinar “se haga desde el respeto al medio ambiente, al mobiliario que se viene mejorando y que ahora va a contar con un nuevo firme”.

• La sociedad estatal Acuaes autoriza los pliegos para licitar los servicios complementarios a la construcción de las instalaciones

• La entidad subraya que este contrato y el de construcción podrán salir a concurso una vez que la Junta dé por validado el convenio con la Mancomunidad firmado en noviembre

Nuevo e importante trámite para hacer realidad el proyecto de la futura depuradora de aguas de San Roque y Los Barrios. El Consejo de Administración de la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) ha autorizado este martes los pliegos para sacar a concurso los servicios complementarios a las obras de construcción de la planta, valorada en 55 millones de euros. 

Los contratos que próximamente saldrán a concurso abarcan la asistencia técnica a la dirección facultativa en la supervisión y control de la ejecución, en la coordinación de seguridad y salud y en la supervisión y control medioambiental del proyecto de saneamiento. 

Este contrato saldrá a concurso con un presupuesto de licitación de 1.947.432 euros, que serán cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder 2014-2020) dentro del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE). El plazo previsto es de 37 meses, el mismo que se prevé como periodo para la construcción de la depuradora.

El pasado noviembre se produjo otro de los trámites indispensables para materializar las obras: la firma del convenio con la Junta de Andalucía y la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar para la construcción de las instalaciones.

Acuaes ha precisado este martes que una vez que la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía concluya la tramitación interna del convenio y proceda a su firma, se podrá realizar la licitación de ambos contratos, tanto el de asistencia técnica como el de las propias obras de construcción. 

La actuación, declarada de interés general del Estado, tiene como objetivo resolver los problemas de capacidad y de calidad de los vertidos del saneamiento y depuración del Campo de Gibraltar, en cumplimiento con los límites normativos fijados para las aguas depuradas por la Comunidad Europea.

Con esta actuación, se agruparán los vertidos en los municipios de Los Barrios y San Roque con la ejecución de 14 kilómetros de impulsiones, tres tanques de tormentas (depósitos para capturar y retener el agua de lluvia, sobre todo cuando hay precipitaciones muy intensas, para disminuir la posibilidad de inundaciones), cuatro nuevas estaciones de bombeo y la adecuación de una existente que impulsarán las aguas residuales hasta una nueva depuradora ubicada en el término municipal sanroqueño.

• El gasto, que sale de una reprogramación del presupuesto de 2021, se desembolsará en tres anualidades
• Base Logística de Córdoba | El Ayuntamiento tendrá listo todos los trámites urbanísticos en septiembre

El Consejo de Gobierno de la Junta ha informado de que este martes ha autorizado a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), un gasto de 38,3 millones (IVA excluido) para la urbanización de los terrenos de la futura Base Logística del Ejército de Tierra en el Parque Industrial La Rinconada en Córdoba. Ésta ha sido la primera reprogramación que ha hecho el Consejo de Gobierno del presupuesto de 2021.

AVRA ya había anunciado que había hecho esta disposición de fondos, que debía pasar por el Consejo de Gobierno, lo que debía suceder este martes, tal y como había avanzando la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en una entrevista concedida a ABC Córdoba el viernes.

Esta actuación, sigue la nota de prensa del Ejecutivo regional, se desarrollará entre 2022 y 2024, fruto del convenio urbanístico firmado en septiembre pasado entre la Junta, el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Córdoba.

La nueva Base Logística del Ejército de Tierra, destaca el Gobierno de Juanma Moreno, es una «punta de lanza tecnológica, con elementos de inteligencia artificial, digitalización e innovación y eficiencia energética, que será transformador para la economía de Córdoba y Andalucía». Con su puesta en marcha, ahonda el comunicado, se prevé la creación de 1.600 puestos de trabajo directos en los próximos seis años, a los que se sumarán más de un millar de indirectos con la reactivación de la industria auxiliar y servicios, como escuelas, vivienda y hostelería. Además, este macrocomplejo atraerá a otras empresas en materia logística.

Cesión gratuita del suelo

La Junta se comprometió durante la firma del convenio citado a constituir gratuitamente, por un plazo de 75 años, un derecho de superficie sobre una parcela de 85 hectáreas en La Rinconada para su posterior adscripción al Ministerio de Defensa.

Tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Córdoba se encargarán de las tareas necesarias para urbanizar los terrenos hasta que adquieran la condición de solares: desde la modificación de todos los documentos de planeamiento y proyectos hasta la ejecución de los trabajos. Los costes de urbanización pendientes se estiman en más de 70 millones de euros (IVA excluido), de los que a la Junta de Andalucía le corresponde sufragar más de la mitad (38,3 millones), ya que le corresponde asumir un 38,2% en concepto de propietaria y un 15,68% en concepto de precio por la adquisición de suelo.

La cantidad aportada por AVRA se estructurará en tres anualidades, con un reparto de 10,8 millones para 2022, 18 millones para 2023 y 9,5 millones para el último año.

La Junta de Andalucía se ha comprometido a invertir en este proyecto hasta cien millones. El resto de los fondos, según ha apuntado el Gobierno regional, irán a proyectos de digitalización e innovación (componentes vitales en la Base Logística), así como de formación.

• Ha actuado en nueve distritos y barrios para mejorar sus redes de abastecimiento
• Ramón Díaz-Castellanos, presidente de Emacsa | «No cortaremos el agua por la sequía salvo que sea por imperativo legal»

El consejo de administración de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba SA (Emacsa) aprobó ayer las cuentas anuales y el informe de gestión de 2021, ejercicio marcado por un «incremento de las inversiones a pesar de la crisis sanitaria», explicó la empresa en una nota. En este sentido la empresa recalcó el gran número de actuaciones desarrolladas en el pasado ejercicio, así como el «impulso de infraestructuras de gran envergadura que, por su complejidad, se prolongarán durante varios años».

La memoria de cuentas recoge así un balance con un beneficio de 2,8 millones de euros. Destaca una reducción en los metros cúbicos de agua facturados, concretamente un 1,5 por ciento respecto al ejercicio anterior. La empresa ha detectado un paulatino retorno a la situación previa a la pandemia, con un incremento de la facturación de industriales y comerciales del diez por ciento, aunque sin alcanzar los niveles previos a la pandemia –el descenso en 2020 fue del 18 por ciento–.

En el caso del consumo en el ámbito doméstico la situación sí recuperó los niveles habituales.

Las inversiones durante el pasado año fueron uno de los principales capítulos de los que se ocupó Emacsa. Aquí tienen cabida las intervenciones realizadas en redes de abastecimiento y saneamiento en Las Quemadas, Tablero, Valdeolleros, Ciudad Jardín, Levante, Cerro Muriano, Distrito Centro, Levante y Poniente Sur.

Nuevos depósitos

Emacsa realizó también diversas actuaciones en sus instalaciones de tratamiento de agua potable en el ejercicio 2021. Entre ellas la renovación de la conducción del bombeo de emergencia desde Villa Azul al Depósito Carril Huerta de Arcos, la construcción del nuevo Depósito Carril Huerta de Arcos y, por su efecto medioambiental, las nuevas placas solares fotovoltaicas en las cubiertas de los edificios de la EDAR y Guadanuño, estando previsto que la empresa amplíe la instalación de placas solares en otras ubicaciones.

Además de estas obras, Emacsa está acometiendo las obras de rehabilitación de los depósitos A y B de la ETAP de Villa Azul, primera fase de un ambicioso proyecto que acondicionará varios edificios de la ETAP.

En cuanto a instalaciones de tratamiento de aguas residuales, se ha acabado la construcción de una nave industrial para uso de almacén en la EDAR La Golondrina así como su cierre perimetral y la instalación de un nuevo sistema de lavado biológico de gases para aumentar la capacidad de desodorización. A su vez, la depuración de aguas residuales en Trassierra recibirá un importante impulso gracias a la instalación de un sistema de tratamiento biológico con biodiscos para complementar los sistemas actuales. Todo ello mientras que Emacsa concluya la solución definitiva, que conducirá las aguas residuales hasta la EDAR.

Quedan pendientes las obras de nuevas infraestructuras de gran envergadura, actuaciones que se prolongarán durante varios años debido a su complejidad. Son los casos de la construcción de un tanque de tormentas en la zona del Balcón del Guadalquivir (se han realizado los estudios geotécnicos y se ha redactado el proyecto), la construcción de un nuevo edificio en la depuradora de La Golondrina destinado a laboratorio (que contempla además la creación de una zona de aparcamiento y la remodelación de los edificios de personal y control), así como el proyecto de reforma y ampliación de la sede social de Plateros, recientemente adjudicada.

• La consejera de Fomento augura un impulso a la tercera fase del Área del Higuerón
• La Junta autoriza el gasto de 38 millones de euros para la urbanización de la Base

La consejera de Fomento de la Junta, la popular Marifrán Carazo, anunció ayer que la licitación de las obras de urbanización necesarias para la edificación de la Base Logística de Córdoba se realizará antes de final de año con el objetivo de cumplir con los compromisos entre el Ministerio de Defensa, Gobierno andaluz y Ayuntamiento de Córdoba.

Este anuncio se realizó en el Foro Asfacto Talks, organizado por la patronal de grandes fabricantes, donde Carazo explicó las líneas fundamentales del Gobierno andaluz. El Consejo de Gobierno aprobó durante la tarde de este martes liberar los 38,5 millones de euros, la primera porción del dinero que tiene que poner hasta llegar a cien m millones comprometidos.

Carazo explicó que ha sido una medida compleja al convertirse en la primera reforma sufrida por los presupuestos de la Junta en 2022.

Como el Parlamento no aprobó el proyecto de ley presentado, el Gobierno de PP y Cs tienen que reformar las cuentas existentes. El contenido de esos cambios ha de ser neutro. Es decir, solo se puede hacer eliminando partidas que no se van a gastar o incorporando nuevas partidas de otros lugares del presupuesto.

La consejera de Fomento no solamente abordó los asuntos militares de la logística sino también civiles que son de su competencia. Marifrán Carazo explicó que la Junta da por culminada la comercialización de las fases uno y dos del Área Logística del Higuerón. En la segunda, con todo el terreno precontratado, se han reservado espacios por valor de 11 millones de euros y se trabaja en el remate de las actuaciones arqueológicas pendientes de desarrollar. Se está pendiente de escriturar las parcelas que se han quedado dos plataformas potentes ligadas a esquemas financieros, VGP y Montepino.

Lo que resta, explicó la consejera ante el Foro Asfaco, será la urbanización de la tercera fase que, dijo, se realizará por medio de la colaboración público-privada. Carazo explicó que son los terrenos que conectarán el Área Logística de Córdoba con el ferrocarril y con las posibilidades de mover mercancías por medio de la terminal de ADIF en la capital.

En materia de interés empresarial, la consejera anunció que antes de final de año estará publicado y en vigor el reglamento de desarrollo de la nueva ley del suelo de Andalucía, conocida por sus siglas: Lista. «Es una ley clara, ágil y sencilla que aporta seguridad jurídica y facilitará a los ayuntamientos la gestión del urbanismo después de muchos años de un urbanismo marcado por una legislación obsoleta y farragosa», aseguró.

En el caso de Córdoba, medio centenar de municipios van a poder tramitar y aprobar el Plan Básico de Ordenación Municipal, un procedimiento más ágil que los anteriores planes generales de ordenación urbana, pensado para los municipios con menos de 10.000 habitantes que ni son litorales ni forman parte de una aglomeración urbana. Además, para adaptar los planes a la nueva norma se trabaja con los ayuntamientos en mesas de trabajo que, en el caso de Córdoba, se han constituido en Almodóvar del Río, Belalcázar, Caracabuey y Puente Genil. Carazo aseguró que se está haciendo un esfuerzo por la política de vivienda que prime unos precios asequibles para los consumidores finales de las viviendas.

• La formación Maderaula tiene como objetivo la capacitación de profesionales para conseguir una construcción eficiente a nivel energético, a la vez que industrializada

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la Universidad de Granada (ETSIE) y el proyecto LIFE Madera para el Futuro han celebrado el curso Maderaula, con 40 estudiantes. Se trata de un aula de formación teórica y práctica que ha permitido trabajar la construcción con madera bajo un consumo energético casi nulo.

El proyecto Maderaula, de la Fundación CESEFOR de Castilla y León y financiado por el programa de Empleo Verde de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, recorre diferentes localizaciones en España y tiene como objetivo la capacitación de profesionales en el sistema constructivo de entramado ligero para conseguir una construcción eficiente a nivel energético, a la vez que industrializada.

Antolino Gallego ha incidido en “el importante potencial” de los recursos forestales de Andalucía, las choperas y los pinares de coníferas, “actualmente infrautilizados para embalaje o biomasa”. Estos recursos, indica el catedrático de la UGR, “pueden ser transformados en productos de madera técnica estructural para una construcción de consumo energético casi nulo, dándole así un alto valor añadido en el mercado”. Apostar por un aprovechamiento sostenible de los recursos forestales andaluces, avalado por una certificación forestal sostenible en toda la cadena de custodia: desde el árbol hasta el producto final, es “sinónimo de apostar por conservación de nuestros recursos forestales y además generar riqueza para sus propietarios, privados y públicos, generar empleo en una industria local y suministrar enormes valores ambientales para toda la sociedad y el planeta”, ha subrayado Antolino Gallego.

Los asistentes a la mesa inaugural de la formación han destacado que la mejor forma de proteger montes de los incendios y las plagas “es fomentar su aprovechamiento en productos de calidad, como las viviendas de entramado ligero de altísima eficiencia energética propuestas por Maderaula y los productos estructurales mixtos chopo-pino-hormigón que se pondrán cerca del mercado con el proyecto LIFE Madera para el Futuro”.

Para ello, los organizadores del curso consideran la formación a todos los niveles (FP y universidad), así como la investigación y la innovación, con participación público-privada, “elementos fundamentales para propiciar el cambio en la construcción y dar protagonismo a la madera como el material clave para una ‘revolución verde’ de la construcción, con potencial para ser motor de una Andalucía más industrializada y menos dependiente de los sectores básicos”. El curso ha abordado también el reto de idear productos y dirigir los proyectos hacia soluciones que demanden menos materia prima y mezclen, de una manera inteligente y eficiente, diferentes materiales, según sean sus potencialidades mecánicas, cubriendo así una mayor cuota de mercado y logrando mayores tasas de reducción de la huella ecológica y ahorro energético.

Durante el curso se han expuesto diferentes proyectos, entre ellos, los desarrollados por Eduardo Román, arquitecto de la industria gaditana Polanco ubicada en Jerez de la Frontera, única empresa andaluza que elabora soluciones industrializadas con entramado ligero; y Ana Carvajal, del estudio granadino Arquigreen, delegación andaluza de la firma catalana Arquima, referente en la construcción de entramado ligero con madera en España. El aula ha concluido con la elaboración in situ de un prototipo de forjado y muro de fachada con aislamiento de fibra y celulosa de madera, para una construcción ligera, durable y de consumo energético casi nulo.

Profesionales de la arquitectura, la arquitectura técnica, la ingeniería de edificación, la carpintería y la docencia coinciden con la expectación y la necesidad que existe en el sector de la construcción por ir ampliando cada día la formación y las redes de conexión, para así dar una respuesta tecnológicamente exitosa a la creciente demanda del mercado por soluciones de menor huella ecológica y de menor consumo energético, con menor dependencia de mercados exteriores y del precio tan creciente y volátil de la energía y los materiales.

La vida en pandemia y el encarecimiento de la energía, indican desde la organización de Maderaula, han propulsado la reforma de las viviendas y la inversión hacia los hogares, para conseguir unas casas modernas, más acogedoras y saludables y de menor consumo energético. El mercado español de la madera está creciendo, siguiendo la senda de otros mercados europeos más maduros, siendo las soluciones de entramado ligero y la construcción con madera técnica laminada y contralaminada las más demandas actualmente.

• Entre las medidas se encuentran la generación de nuevos recursos hídricos a través de las aguas regeneradas de terciarios

La situación de emergencia que viven los agricultores en algunos puntos de la provincia de Granada por la falta de agua o de recursos que permitan impulsar la almacenada en Béznar Rules es algo que viene de largo. Las distintas administraciones buscan la manera de mitigar el impacto directo que la falta de recursos hídricos repercute directamente en los trabajadores del campo, hartos de ver como se secan sus cosechas y como se pierden plantaciones.

Situación que desde la Junta de Andalucía intentan solucionar con una serie de medidas urgentes que permitirán realizar unas infraestructuras hidráulicas necesarias con las que permitir que el agua llegue hasta las distintas instalaciones. En esta línea, el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado la ampliación del decreto de sequía, con un paquete de ayudas que permitirán grandes inversiones para solucionar la falta de abastecimiento en municipios de toda la comunidad autónoma.

Inversiones que en el caso de la provincia de Granada permitirán generar nuevos recursos hídricos a través de las aguas regeneradas mediante la ejecución de tratamientos terciarios en depuradoras de Almuñécar y La Herradura que, junto a actuaciones en otras provincias andaluzas, permitirá a la administración sumar 20 hectómetros cúbicos al plan de aguas regeneradas de la Junta de 43,6 hectómetros cúbicos.

La consejera de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha reseñado que se trata de un decreto “muy completo” que permitirá “aliviar” la situación de los agricultores, entre otros. En el documento se establece la exención de cánones y tarifas para aquellos usuarios que vean reducida su dotación en el 50% o más. Se trata de una medida que se aplicará para los cánones de regulación y tarifa de utilización correspondiente al 2022. Además, ofrecen la posibilidad de aplazarlo a un año o fraccionarlo en dos pagos, en el caso del canon de regulación, y la tarifa de utilización de cualquier periodo impositivo, a petición del interesado, sin que generen intereses, ni se exijan garantías.

Además, se fija el régimen de explotación de las aguas subterráneas, regeneradas y desaladas. De esta forma se podrán realizar sondeos para obtener recursos adicionales, y asumir la gestión de los ya existentes para garantizar el uso eficiente de las instalaciones que permitan el abastecimiento de agua potable. Se establece la obligatoriedad de las aguas regeneradas siempre que estén en disposición de ser utilizadas, por ser un recurso estratégico en situaciones de sequía. Además, se hace un despacho preferente de todos los procedimientos en relación con la puesta a disposición de recursos de aguas desaladas.

Uso de terciarios

Mientras se llevan a cabo estas actuaciones, administraciones como la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical ha puesto a disposición de las comunidades de regantes de Almuñécar y La Herradura las instalaciones de la EDAR del municipio para instalar el bombeo necesario para poder regar sus cultivos con el agua depurada del terciario.

Según reseñan desde el ente mancomunado, los regantes que lo soliciten a la Junta de Andalucía, administración competente en materia de Aguas para Riego, y obtenga la autorización, podrán regar sus campos con aguas depuradas del terciario de la EDAR de Almuñécar, instalando el bombeo necesario en las instalaciones de la EDAR, suelo que Mancomunidad cede sin coste alguno.