J. Díaz. Madrid

La esperanza de que el huracán inflacionista perdiera fuerza a partir de la segunda mitad del año se desvaneció el 24 de febrero con la brutal agresión de Rusia a Ucrania, que ha desatado un enfrentamiento económico y político entre el régimen de Vladimir Putin y Occidente de consecuencias imprevisibles, pero cuyos primeros efectos han sido un fuerte shock en los precios de la energía y de las materias primas, agravando una tendencia que venía de meses atrás. En este contexto, la inflación en España se disparó hasta el 7,6% interanual en febrero, dos décimas más de lo anticipado a finales del mes pasado y un salto de 1,5 puntos respecto al dato de enero (6,1%), según la cifra revisada publicada ayer por el INE. Es la tasa más alta en casi 36 años (desde diciembre de 1986) y una palpable amenaza para la recuperación económica, que ya renqueaba por los cuellos de botella, el persistente encarecimiento energético, así como el rally y la escasez de algunas materias primas. Además, no es más que el preludio de lo que puede estar por llegar, ya que el dato de IPC de febrero apenas ha coincidido con los cinco primeros días de la guerra en Ucrania.

El principal ingrediente de este cóctel envenenado es el fuerte encarecimiento de la energía, con alzas del 80,5% en el precio de la electricidad o del 52,3% en los combustibles líquidos, pero sus efectos ya se han trasladado con fuerza al resto de la cesta de compra, incluidos alimentos y bienes de primera necesidad (ver información en página 21), tal como se refleja en la inflación subyacente (+3%), en máximos de casi 13 años.

Tras la borrasca del Covid, viene una nueva tempestad. Y es que la invasión de Ucrania amenaza con agravar exponencialmente un escenario ya de sí por complejo, presagiando tasas de inflación de doble dígito en España en los próximos meses, cotas inéditas en España desde inicios de la década de los 80. Todo ello en un contexto en el que si bien la amenaza es generalizada en Europa, la exposición de la economía española al shock inflacionista es mayor. Mientras que el peso de la energía y de los alimentos frescos en el IPC de la zona euro ronda el 15%–16%, en España es del 19%, lo que augura una factura más abultada en términos de pérdida de poder adquisitivo de los hogares, de merma de los márgenes empresariales y de competitividad internacional.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha admitido que “nos encontramos en un momento de alto riesgo de una espiral inflacionista” y entidades como CaixaBank Research advierten ya de que la inflación media puede superar este año el 7%, más del doble que en 2021, restando más de un punto al crecimiento esperado para 2022. Funcas sitúa la inflación media este año en el 6,8%, tras alcanzar un pico del 8,6% en marzo.

Lastre en las pensiones

Si estos pronósticos se cumplen, la onda expansiva de la guerra en Ucrania y de las duras sanciones a Rusia por parte de Occidente sería brutal para España. Un IPC medio superior al 7% dispararía la factura de las pensiones, que este año han subido ya un 2,5%. Si los pronósticos más pesimistas hasta la fecha se materializan, el Gobierno debería compensar una desviación de 4,5 puntos porcentuales, lo que catapultaría el gasto extra en pensiones por encima de los 6.000 millones solo para resarcir ese desfase. Si se tiene en cuenta que esa cantidad se multiplicaría por dos para consolidar la nueva paguilla extra en la base de las pensiones, el coste adicional superaría los 12.000 millones, engrosando el lastre estructural de un sistema que hace tiempo que se tambalea. Todo ello sin contar con la subida que se apruebe para 2023.

El golpe sería también demoledor para las familias españolas, cuyo ahorro se vería drásticamente devaluado. Al cierre de enero (último dato disponible), los hogares españoles atesoraban 959.600 millones de euros en depósitos bancarios. Con la inflación en el 7,6%, la capacidad adquisitiva de ese dinero se ve depreciada en casi 73.000 millones, poniendo en riesgo el consumo privado, imprescindible para mantener viva la llama del crecimiento.

El impacto en la economía, sobre la que ya sobrevuela el temible fantasma de la estanflación, podría recrudecerse si la presión de los precios acaba trasladándose con fuerza a los salarios, provocando efectos de segunda ronda y haciendo estructural un problema que hasta hace apenas unas semanas se creía transitorio. Los sindicatos reclaman subidas salariales de alrededor del 5% para mitigar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, pese a las advertencias de la patronal CEOE, que alerta de que vincular sueldos e IPC generaría un “problema muy importante en España” y que ayer hizo un nuevo llamamiento a “evitar un escenario en el que los aumentos de precios y salarios se retroalimenten entre sí”. UGT insistió, sin embargo, en un aumento “adecuado” de los salarios “ante un IPC desbocado”. Ambas posturas enfrentadas anticipan una dura negociación colectiva.

El mazazo sobre la economía española es mucho más amplio y se extiende como un reguero de pólvora por numerosos sectores de actividad: pescadores que optan por no salir a faenar porque no les resulta rentable ante el descontrolado precio del gasoil, que se ha disparado más de un 80% desde enero; transportistas que reclaman la acción urgente del Gobierno para paliar el impacto del precio del combustible y que alertan del riesgo de “colapso de la cadena de suministros”, o la dramática situación del campo español, que a los estratosféricos costes energéticos y de los fertilizantes suman ahora la amenaza de desabastecimiento de cereales por la invasión de Ucrania, hasta el punto de que los ganaderos alertan de que si no se garantiza el suministro de pienso, en pocas semanas tendrán que comenzar a sacrificar ganado.

Todo ello sin olvidar la presión que la espiral inflacionista ejerce sobre el BCE, que ha acelerado su giro en política monetaria ante el descontrol de los precios, lo que sitúa una eventual subida de tipos ya en el horizonte, algo que puede resultar letal para economías tan endeudadas como la española.

• La inversión real no alcanza ni el 5% de lo contemplado en los Presupuestos Generales de 2021. En las últimas dos décadas se esfuman más de 1.500 millones de la línea a Murcia

La construcción de la línea de Alta Velocidad entre Almería y Murcia es un pozo sin fondo al que han ido cayendo durante las dos últimas décadas partidas millonarias que nunca llegaron a su destino. Entre los años 2002 y 2022 sido más de 1.500 millones consignados en los Presupuestos del Estado los que se han esfumado sin más, quedando en papel mojado con la grotesca justificación de los ministros de turno (antes Fomento y ahora de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) de retrasos en todas las fases de tramitación y ejecución. Pero el despropósito va más allá de las demoras en licitaciones y otros inconvenientes surgidos como los modificados de los contratos que ocurren en todos los trazados de la Alta Velocidad en España y en la provincia se vienen concentrando a gran escala principalmente por la falta de planificación y pésima gestión en el desarrollo de un eje estratégico para la isla de Almería.

El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha indicado que “ha sido complicado por las numerosas trabas que nos encontramos por el camino, pero finalmente se ha adjudicado una obra muy demandada por los numerosos vecinos que a diario se ejercitan caminando por el arcén de la vía de servicio que lleva al Casino Admiral desde la zona de Cuatro Vientos, a pesar del riesgo evidente por el tráfico de vehículos”.

Destacó que “se trata de un compromiso electoral que intentamos llevar a cabo en 2014, pero el Gobierno que presidía Mariano Rajoy no nos concedió entonces el permiso pertinente al ser esa carretera competencia del Ministerio de Fomento. Hubo que cambiar el proyecto inicial y ahora la Demarcación de Carreteras ha dado luz verde”.

Señaló el alcalde que “una vez adjudicada la obra, espero que los trabajos comiencen en el menor plazo de tiempo posible para que en la primavera del año próximo sea por fin una realidad. Contaremos entonces con otros 3 kilómetros de carril bici que sumar a la extensa red ya existente entre San Roque Ciudad y el Pinar del Rey, y entre Estación, Taraguilla y Guadarranque. Sin olvidar la obra que se está realizando entre Guadarranque y Puente y que tendrá continuidad pronto hasta Campamento. A todo ello hay que añadir el carril previsto en el Valle del Guadiaro, para unir el final de la carretera de Arenillas con el Club de Golf La Cañada”, concluyó Ruiz Boix.

El teniente de alcalde delegado de Contratación, Óscar Ledesma, explicó que “se presentaron seis empresas a la licitación, aunque una de las ofertas fue descartada por no cumplir todos los requisitos exigidos. Al final, se ha conseguido un considerable ahorro frente al presupuesto inicial, que era de casi 1,4 millones de euros y ha bajado finalmente a 1.150.000 euros (IVA incluido en ambos casos)”.

En el proyecto se contempla mantener un arcén mínimo de seguridad y modificar el resto para convertirlo en un camino protegido que pueda ser utilizado como carril bici y/o senda peatonal, a modo de senda ciclable, permitiendo el uso seguro y compartido de peatones y ciclistas. Además, hay que actuar sobre el terreno natural en la zona donde no existe arcén, con medidas como una pasarela para superar un arroyo.

• Un trabajo de la Escuela Politénica de Belmez crea una nueva tecnología que podría utilizarse en la fabricación de elementos como adoquines, bordillos, bovedillas y mobiliario urbano

Un trabajo de investigación de la Universidad de Córdoba (UCO) ha conseguido dosificar un hormigón a través de un nuevo procedimiento que elimina dióxido de carbono de la atmósfera y que podría usarse para la fabricación de adoquines, bordillos, bovedillas y otros tipos de mobiliario urbano sin armadura de acero.

El estudio, desarrollado de forma conjunta en la Escuela Politécnica Superior de Belmez por los grupos de Ingeniería de la Construcción (TEP-227) y Materiales y Aplicaciones (FQM-391) de la Universidad de Córdoba, ha elaborado una nueva receta de este material con dos ingredientes fundamentales: áridos reciclados procedentes de residuos de construcción y demolición, y agua con gas, el típico refrigerio consumido en multitud de bares y restaurantes.

Según los resultados de la investigación, publicada en la revista Journal of CO2 Utilization, el empleo de agua carbonatada, que se utiliza para mezclar y curar el hormigón, y el uso de áridos reciclados consigue capturar un 181% más de dióxido de carbono de la atmósfera comparado con el uso de áridos naturales y el mezclado con agua convencional.

Se trata, tal y como subrayan el investigador José María Fernández, uno de los autores del estudio, “de una estrategia pionera que consigue mitigar el cambio climático y que además está basada en el paradigma de la economía circular, en la que los residuos y gases de efecto invernadero se vuelven a integrar en el proceso de fabricación”.

Cuando el dióxido de carbono se convierte en piedra

¿Qué función tiene el agua con gas en todo este procedimiento? ¿Cómo es posible que un determinado material pueda descontaminar la atmósfera?

La respuesta, tal y como suele ocurrir, está en la química que subyace a todo este proceso y, en este caso, en una reacción en cadena mediante la que el CO2 se convierte en piedra: El agua gasificada contiene el dióxido de carbono, que, a su vez, reacciona con uno de los componentes del cemento (portlandita) para formar carbonato cálcico. En otras palabras, el carbono en forma de CO2 desaparece de la atmósfera para adherirse al propio hormigón rellenando sus poros, “lo que mejora la resistencia y propiedades mecánicas del material”, explica David Suescum Morales, autor principal de la investigación.

Se trata de un proceso denominado carbonatación acelerada, técnica que ,aunque está en las primeras fases de investigación, sólo podía realizarse en cámaras de carbonatación, que son bastante costosas, destaca José Ramón Jiménez, otro de los autores del estudio. La diferencia es que ahora la incorporación de CO2 puede implementarse en el proceso de amasado de hormigones y morteros “in-situ” a través de un procedimiento más barato, sin necesidad de usar estas cámaras especiales de carbonatación.

El trabajo avanza de esta forma en la consecución de uno de los grandes objetivos de la industria cementera, cuya hoja de ruta está marcada por la meta de reducir las emisiones de CO2 y alcanzar una neutralidad climática.

El sector de la construcción es una fuente importante de emisiones de dióxido de carbono (CO2) en todo el mundo, hasta el punto de que, según calcula la Agencia Internacional de la Energía, el 8% de todas las emisiones globales de este gas están relacionadas con la industria del cemento. Por ello, el desarrollo de nuevos materiales y procesos de construcción sostenibles es uno de los grandes retos medioambientales del futuro.

• Incluye el consolidado del embovedado de la acequia y la restauración del puente medieval que cruzaba y daba paso al Camino del Baño

Los baños árabes de Churriana de la Vega, declarados Bien de Interés Cultural (BIC), serán rehabilitados en los próximos meses en el marco de un proyecto que ya cuenta con el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio y que, con una inversión superior al millón de euros, incluirá la adecuación del entorno, dentro del caso histórico de la localidad y junto a la acequia Arabuleila.

Así, el proyecto incluye el consolidado del embovedado de la acequia y la restauración del puente medieval que cruzaba y daba paso al Camino del Baño. Por su parte, en el entorno del edificio donde se encuentran los baños habrá zonas destinadas a huerta de temporada, con plantas aromáticas características de las huertas nazaríes, según ha detallado a Europa Press el alcalde de Churriana de la Vega, Antonio Narváez, quien explica que están “muy ilusionados con este proyecto” con el que se busca reforzar este reclamo turístico y cultural del municipio.

Los baños árabes de Churriana de la Vega datan de los siglos XIII-XV, y constituyen los hammam mejor conservados de la provincia de Granada en un entorno rural. El inmueble fue adquirido por el Ayuntamiento en 1996 y se ha hecho un “gran esfuerzo” por acelerar los pasos para la intervención que requiere. El proyecto final pondrá en valor este monumento declarado BIC en 2006 que conserva todos los elementos que integran un baño árabe: sala fría, sala templada y caliente, todas ellas abovedadas. “Forman un conjunto inseparable con la acequia Arabuleila, otro de los vestigios más antiguos que tenemos”, relata el alcalde.

La actuación se enmarca en el programa de rehabilitación de edificios públicos de destacado interés patrimonial del Plan ‘Vive en Andalucía’ de la Junta. Con un presupuesto ligeramente superior al millón de euros, la Junta asumirá el 80 por ciento del coste de la inversión, mientras que el 20 por ciento restante corresponderá al Ayuntamiento.

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Granada ya ha aprobado el proyecto básico y de ejecución. Recientemente se ha realizado un estudio geotécnico solicitado por la Delegación Territorial de Fomento que supone el paso previo a la firma del convenio que permitirá el inicio de la licitación de los trabajos de rehabilitación por parte de la Junta de Andalucía.

“La colaboración institucional y el compromiso conjunto del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía van a convertir los baños árabes en un espacio abierto y un reclamo cultural y turístico que creará riqueza y empleo”, ha destacado el regidor, aunque la actividad de los baños árabes no se ha frenado y en los últimos años se han desarrollado “con mucha prudencia” visitas guiadas a escolares y recreaciones.

Con respecto a las edificaciones construidas sobre el edificio de los baños, está previsto mantener el volumen de la casa morisca del siglo XVI, ubicado fundamentalmente sobre la sala caliente. Ello implicará la recuperación del extradós de las bóvedas del baño en la sala fría y de la sala templada, además de la restauración y puesta en valor del interior del complejo, muy transformado por sus sucesivos usos vivideros.

La esperada llegada del metro de Málaga hasta el Centro está cada vez más cerca. A la espera de que en breve comiencen a circular en fase de pruebas los primeros vagones desde El Perchel hasta la Alameda Principal con la previsión de que su estreno oficial sea el próximo mes de agosto, la Junta de Andalucía acaba de adjudicar el último contrato que quedaba pendiente: la coordinación de las últimas obras que quedan pendientes y el plan para integrar este tramo con el resto de la red del suburbano. La unión temporal de empresas formada por Inse Rail y Betancourt Ingenieros se ha hecho con el contrato por un importe de 1,3 millones de euros. El plazo de ejecución es de un año, aunque desde la Consejería de Fomento aclaran que es «un plazo máximo e incluye el periodo de garantías, por lo que no es ni indicativo ni significativo».

El contrato de ‘Servicios de asistencia técnica de coordinación de las obras para la entrega al concesionario y supervisión de la puesta en marcha’ de los tramos centrales consiste básicamente en verificar la correcta ejecución de las obras, las instalaciones y sistemas de señalización ferroviaria de este último trazado, que discurre bajo Callejones del Perchel y la avenida de Andalucía hasta desembocar en la Alameda Principal. Éste será el último paso para su entrega a la sociedad explotadora de cara a la próxima puesta en servicio. Se trata de cumplir la garantía que exige el concesionario de que la obra que va a recibir cumple con todos los requisitos.

• El Ayuntamiento ha reservado una partida de 300.000 euros en el Presupuesto

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria quiere adelantarse a los procedimientos de la Junta de Andalucía para construir el nuevo centro de salud del municipio que lleva en espera casi 20 años. El pasado mes de octubre el alcalde, Francisco Salado y la delegada autonómica en Málaga, Patricia Navarro, consensuaron los terrenos – una parcela en Huerta Julián – para este nueva infraestructura sanitaria. El trámite de cesión pasará por el Pleno de este mes de marzo. El presupuesto estimado es de 7 millones de euros.

Para la contratación del proyecto básico y de ejecución el Ayuntamiento ha reservado una partida de 300.000 euros en el Presupuesto de 2022, pendiente de aprobación definitiva. “Para acelerar su construcción, nos hemos comprometido a sufragar la redacción del proyecto básico de ejecución. Un importe cercano a los 300.000 euros, que son bienvenidos aunque no sean de nuestra competencia, porque es un servicio muy necesario y muy demandado en nuestro municipio”, afirmó el regidor. “Por eso creo que los ciudadanos valorarán que están bien gastados esos recursos económicos”, añadió.

El área de Urbanismo y Grandes Proyectos, que dirige Miguel Ángel Jiménez, cuenta ya con el borrador del proyecto base para la licitación e incluye el Programa Funcional emitido por el Servicio Andaluz de Salud. Uvez que salga a concurso, requerirá de tres meses aproximadamente para su redacción. A partir de aquí, será la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía la que dé el visto bueno para la ejecución de la infraestructura sanitaria de la que se encargaría la administración autonómica.