El eje central de la reforma laboral pactada entre el Gobierno y los interlocutores sociales, y cuyo contenido en parte está en vigor desde el pasado 29 de diciembre, es combatir el abuso de la temporalidad. Para ello, a partir del 31 de marzo –que es cuando entrará en vigor la nueva normativa sobre contratos temporales– desaparecerá del ordenamiento legal español el muy utilizado contrato de obra o servicio, que duraba lo que durara la actividad. Era, por tanto, la modalidad contratctual más utilizada por las empresas grandes y pequeñas del sector de la construcción. Ante esto, la ley crea un nuevo contrato fijo de obra solo para ese sector, que obliga a las empresas a recolocar al trabajador y formarle para ello si fuera necesario y fija una indeminzación del 7% del salario. a nueva ley incluye un cambio en la normativa de las subcontratas, también que pasan a regirse por los convenios de la actividad que realicen.

Estos y otros cambios hacen que la construcción sea una de las actividades más afectadas por la nueva ley de reforma laboral. Pero esta norma no está siendo recibida por igual entre las distintas compañías del sector. Mientras las grandes constructoras ven esta norma con buenos ojos o, al menos, creen en su mayoría que no será muy perjudicial para ellas, las empresas, generalmente de menor tamaño, subcontratadas por las grandes contratas han recibido la reforma con recelo y temen sus efectos en su actividad futura. Así queda reflejado en una encuesta elaborada por la plataforma digital Nalanda Global que pone en contacto a grandes empresas contratistas con subcontratas, a las que otorga la homologación necesaria. Esta compañía ha consultado a 106 empresas del sector de la construcción (25% contratistas y 75% subcontratistas de entre sus clientes) y ha concluido que, en términos generales el 43,2% de las empresas del sector considera que la nueva reforma laboral tendrá efectos negativos para este tejido empresarial, frente al 18,3% que piensa que su repercusión será positiva; y el 38,5% restante entiende que no afectará.

Pero las diferencias entre lo que opinan las contratas y subcontratas llega con los detalles. Por ejemplo, en la respuesta a la anterior pregunta sobre los efectos de la reforma, la mitad de las subontratas temen que sean negativos para su actividad, mientras que solo una de cada cuatro contratas temen que la nueva leydañe su facturación.

Igualmente, las subcontratas que ven en el nuevo contrato fijo de obra un riesgo elevado para el funcionamiento de su empresa son el doble (31%) que entre las contratistas (16%). Y el reparto de opiniones es similar cuando se les pregunta si creen que la reforma fomentará la contratación de trabajadores (ver gráfico)

Pero, las grandes van más allá y ven como oportunidades la formación que deberán dar a los trabajadores al término de su contrato para recolocarles, algo que ven como una “ventaja” casi la mitad de las consultadas, frente a solo el 14% de las subcontratas; que en un 36% ven esta formación como un perjuicio.

Otra discrepancia surge por aumento de las sanciones por fraude en la contratación. Mientras el 40% de los contratistas creen que esto facilitará la homologación en materia laboral de sus proveedores (solo el 18% de las subcontratan lo opinan), la mayoría de las subcontratadas (28%) opinan, que les será más difícil cumplir con la nueva reglamentación y les dificultará homologarse para los contratistas conforme nueva ley.

El consejero delegado de Nalanda Global, Juan Francisco Gil Rabadán, cree que la reforma “se ha solucionado de forma propicia para el sector”. Aunque ahora queda “un esfuerzo mayúsculo para recualificar a los trabajadores”, ha resaltado.

Pablo Cerezal. Madrid

El Consejo de Ministros dio luz verde ayer a la ley de vivienda, y lo hizo a pesar del informe desfavorable del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que considera que el texto del Gobierno vulnera las competencias de las comunidades autónomas. La nueva norma es una de las más complicadas de la legislatura, ya que es una de las propuestas estrella de Podemos pero viene de la mano ministerial del PSOE, que ha tratado de suavizar el planteamiento inicial de la formación morada, que podría haber resultado muy contraproducente para el mercado. Sin embargo, esto ha causado un gran retraso en la norma que ha provocado que llegue desfasada, una vez que el mercado del alquiler se ha ajustado con la crisis del coronavirus.

Contra el dictamen del Poder Judicial. La nueva norma nace contra el informe desfavorable que ha emitido el CGPJ, que señala que el texto del Gobierno supone una “clara limitación” de las competencias autonómicas, lo que a su vez podría dañar la oferta de vivienda en alquiler, impulsando los precios. El informe concluye que la “expropiación de la regulación autonómica por el legislador estatal generará, sin duda, una situación de gran inseguridad jurídica al resultar ciertamente difícil determinar qué norma habrá de aplicarse, la estatal o la autonómica, cuando no concuerden completamente entre sí”. Sin embargo, el Ejecutivo apostó por mantener el texto prácticamente inalterado en su versión final, señalando que este informe tiene un carácter preceptivo, pero no vinculante.

Limitación de los precios del alquiler. La principal novedad que introduce la ley es la limitación de las subidas del alquiler en las zonas tensionadas. Se considerarán así a aquellas áreas donde la renta media suponga más del 30% de los ingresos y en las que el alquiler haya subido un 5% sobre el IPC en los últimos cinco años. Esto incluiría dos docenas de barrios entre Madrid y Barcelona, de acuerdo con los cálculos de urbanData, así como posiblemente otras zonas en ciudades más pequeñas dentro de provincias como Málaga, Alicante, Vizcaya, Baleares o las dos provincias canarias. Con este mecanismo, serán los ayuntamientos quienes puedan definir estas zonas durante un período de tres años, ampliables a otro adicional en el caso de que la tensión del mercado se mantenga, en base a un índice de precios que debe elaborarse en 18 meses desde la entrada en vigor de la norma. Esta declaración de zona tensionada permitiría congelar o limitar las rentas durante tres años, en función de si el casero es un particular o una empresa con más de 10 casas. Los propietarios solo podrían subir los precios hasta un 10%, pero el incremento estaría condicionado a la realización de mejoras en el inmueble.

Frente a las CCAA y frente a la autorregulación del mercado. Sin embargo, esta propuesta choca contra la realidad política y económica del país. Por un lado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos son los responsables de la declaración de zona tensionada y de la aplicación de las medidas que consideren pertinentes, pero el PP ya ha anticipado que no utilizará los instrumentos de la norma por considerar que este texto limitaría la oferta de vivienda en alquiler, frenando las bajadas de precios en el medio y largo plazo. De hecho, muchos expertos señalan que la ley del alquiler llega en un momento en el que ya no es necesaria, debido a que el coronavirus ha reducido la demanda de alquiler de vivienda precisamente en las zonas más tensionadas durante los años pasados, aliviando la carga financiera de las familias. Además, la fuerte subida del IPC (el 6% en enero), que muchos propietarios no están en disposición de repercutir a sus inquilinos, puede provocar que muchas áreas queden excluidas de la calificación de zonas tensionadas.

Estímulos fiscales al alquiler. Además, el Gobierno introduce el concepto de vivienda asequible incentivada de titularidad privada. La norma pretende estimular fiscalmente el alquiler de la vivienda habitacional de manera asequible con deducciones que llegarán hasta el 90% en el IRPF. En concreto, en las áreas tensionadas en las que los caseros bajen un 5% el alquiler respecto al contrato anterior, la bonificación ascenderá al 90%. En cambio, la deducción será del 70% si se alquila por primera vez a jóvenes de 18 a 35 años en esas zonas tensionadas. Si se han realizado obras de rehabilitación o mejora en el inmueble, la bonificación será del 60%. Asimismo, los propietarios que firmen un contrato de, al menos, 10 años podrán librarse de la congelación de los precios en las zonas tensionadas y podrán incrementar el alquiler hasta en un 10% a cambio de ampliar la duración del contrato. Además, en estas zonas el inquilino podrá prorrogar su contrato tres años más de lo que se contempla actualmente, manteniendo las mismas condiciones, con lo que se aseguran que la renta suba con el IPC durante un periodo más amplio.

Parque público de vivienda en alquiler. Otra de las herramientas para tratar de reducir los precios del alquiler pasa por la creación de un parque público de vivienda en alquiler, que no podrá venderse nunca, al tiempo que se fija un mínimo nacional de 30 años para descalificar el resto de viviendas en régimen de protección pública. Asimismo, se establece un porcentaje mínimo del 50% para vivienda protegida en alquiler dentro del suelo de reserva para vivienda protegida, y se establece la posibilidad de que la legislación urbanística pueda establecer una reserva del 30% en suelo urbanizado. Con ello se trata de lograr que haya una oferta suficiente de vivienda en alquiler para evitar que el endurecimiento de la regulación para los propietarios lleve a un mercado negro donde realmente haya una mayor desprotección para los inquilinos. Además, para movilizar la vivienda y evitar que estas condiciones más lesivas para los arrendatarios limiten la oferta, el texto establece recargos de hasta el 150% al IBI en la cuota líquida de los pisos vacíos, frente a las cifras máximas permitidas en la actualidad, de hasta el 50%. Este recargo se aplicará a viviendas desocupadas durante más de dos años y a propietarios titulares de 4 viviendas o más en el mismo municipio.

• Las actuaciones persiguen mejorar la garantía de suministro en el área de influencia de la desaladora del Atabal y Valle del Almanzora

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha informado al Consejo de Gobierno de sendas actuaciones de emergencia en las provincias de Málaga y Almería con el objetivo de paliar los efectos de la sequía. La suma total de ambas iniciativas, consistentes en el incremento de la capacidad de tratamiento de agua salobre de la desaladora del barrio malagueño de El Atabal y la mejora de la garantía de abastecimiento en municipios del Valle del Almanzora, asciende a 10,65 millones de euros

Ambas obras beneficiarán a una población de 318.500 habitantes con la generación de 160 empleos verdes. La financiación corre a cargo al cien por cien del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas.

La Consejería ha informado al Consejo de Gobierno de la declaración de emergencia de la ejecución de las obras de mejora de la garantía de abastecimiento a los municipios del Valle del Almanzora con recursos procedentes del Embalse de Cuevas del Almanzora y de la Instalación Desaladora de Agua de Mar (IDAM) de Carboneras.

En este caso, la inversión por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible asciende a algo más de 7,5 millones de euros y va a beneficiar a una población total de 132.000 habitantes. Esta actuación va a consistir en la mejora del sistema de bombeos en serie utilizando las instalaciones existentes de la conducción El Saltador-Presa de Cuevas del Almanzora, así como su conexión con la conducción del trasvase del Negratín-Almanzora para elevar el agua demanda hasta una balsa del municipio de Tíjola.

El Gobierno andaluz ha puesto de relieve la situación crítica en la que se encuentra el Embalse de Cuevas, a tan solo el 7,8% de su capacidad. A ello se suma que el 7 de julio se interrumpió el trasvase proveniente del Negratín, lo que supuso una disminución de siete hectómetros cúbicos de las aportaciones a la zona.

Tanto la actuación de la desaladora de aguas salobres de El Atabal como la prevista para garantizar el abastecimiento de agua en el Valle del Almanzora han sido posibles gracias al Decreto de Sequía aprobado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Desaladora de aguas salobres El Atabal

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la declaración de emergencia de la ejecución de las obras de aumento de la capacidad de tratamiento en la instalación desaladora de aguas salobres de El Atabal, en la capital malagueña. Esta infraestructura beneficia a un total de 186.500 ciudadanos.

Esta actuación va a permitir ampliar la disponibilidad de agua para el propio sistema, así como para la transferencia a otros adyacentes, como es el caso de los de la Costa del Sol Occidental y Viñuela. El objetivo principal pasa por aumentar la garantía de suministro.

La urgencia de estas obras se justifica por la situación en la que se encuentra el Embalse de La Viñuela, oficialmente en situación de sequía grave al haber superado el umbral de 41,5 hectómetros cúbicos. La zona de la presa va a ver aumentado el suministro de agua con la obra de incremento de la capacidad de tratamiento de agua salobre de la Desaladora de El Atabal.

Las obras consisten en ampliar los veinticuatro bastidores de osmosis, además de reformar las bombas de alimentación de segunda etapa, y las tuberías y conexiones de las nuevas cajas de presión a los colectores de alimentación, rechazo y salida. Para no frenar el funcionamiento de la infraestructura, la sustitución de equipos está prevista de manera secuencial, permitiendo siempre que la planta esté en marcha al menos a un 90% de sus posibilidades.

• La Junta y los empresarios andaluces piden al Gobierno que facilite la inversión privada en grandes obras públicas como la segunda línea del Metro de Sevilla, que negociarán mañana

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, recibirá mañana a la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, y al alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, para negociar la financiación de la segunda línea del Metro de Sevilla, una infraestructura históricamente demandada que siempre ha sido objeto de polémica entre las distintas administraciones públicas.

En esta ocasión, el Gobierno regional ha sido el que ha movido ficha al haber presentado en enero el proyecto y presupuesto del Tramo Norte (la mitad del total) de esta línea, que transcurriría entre el barrio exterior de Pino Montano y el céntrico Prado de San Sebastián (junto al Alcázar de Sevilla), y que supondría una inversión de 1.045 millones de euros.

Ahora toca la negociación para saber qué parte asume cada administración pública, con el objetivo de que las obras puedan comenzar el próximo año. Sin embargo, los empresarios se han mostrado dispuestos a entrar en esta ecuación pero para ello apoyan la reclamación de la Junta de Andalucía de que se modifique la Ley de Contratos Públicos del año 2015.

La Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la economía española, y desarrollada en reglamento en el año 2017, limita la rentabilidad del inversor que quiera participar en una obra pública a una horquilla del 2,5% al 4%, muy por debajo de los parámetros que manejan fondos de inversiones y grandes constructoras, lo que ahuyenta su interés en participar en la financiación de grandes infraestructuras.

La consejera andaluza se reunió hace unos días con el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus, y la patronal de la construcción (Gaesco) para llevar una postura común a la reunión en Madrid con la ministra, a la que volverán a mostrar su interés y disposición a participar en esta obra.

La anulación de esta ley de desindexación es una reclamación de la que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha hecho bandera en sus tres años de gobierno. De hecho, ha enviado cartas tanto a la ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero, como al propio presidente, Pedro Sánchez. Además, ha hecho esta misma reclamación hasta en cinco Conferencias de Presidentes durante los últimos tres años sin que haya obtenido respuesta positiva.

Para Moreno, la participación de los empresarios es un pilar muy importante dentro de su plan de recuperación denominado “Andalucía, en marcha”, que tiene como objetivo reactivar la economía, generar empleo y modernizar infraestructuras y servicios en todas las provincias andaluzas y con la que busca movilizar todos los recursos posibles para la recuperación tras la crisis de la Covid-19.

El presidente andaluz presentó este plan en septiembre de 2020 y anunció que pondría en circulación un total de 3.450 millones de euros en el período 2020-2023 para hacer obras en infraestructuras sanitarias, educativas, hidráulicas y en materia de transporte y comunicaciones”.

Entonces abogó por dar un impulso a la colaboración público-privada, que consideró “fundamental para el desarrollo y el mantenimiento de infraestructuras y servicios y para priorizar infraestructuras sostenibles y estratégicas sin impactar negativamente en las cuentas públicas a través de deuda pública”.

Ya entonces, el presidente andaluz aseguraba que la denominada “tasa de descuento” dificulta estas inversiones, por lo que proponía al Gobierno de la Nación la modificación de la regulación establecida en la normativa sobre desindexación de la economía española. Sin embargo, la Junta sigue sin respuesta a su reclamación.

Ayer, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, recordó que la ley de desindexación fue aprobada por durante la Presidencia de Mariano Rajoy y que su objetivo era reducir el déficit público, ya que las obras que son financiadas por el sector privado suelen tener un mayor coste, aunque la deuda se paga a mayor plazo por las administraciones públicas.

La Consejería de Fomento de la Junta asegura que empresarios e inversores han mostrado interés en participar en grandes infraestructuras en Andalucía más allá del Metro sevillano, como el tranvía de Jaén, la conexión del aeropuerto de Sevilla con la estación de tren de Santa Justa, y numerosas carreteras.

La administración andaluza ya está realizando proyectos de colaboración público-privada en la promoción de viviendas. Así lo ha hecho, por ejemplo en Córdoba y Huelva, donde la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (Avra) ha cedido suelo a promotores privados a cambio de la construcción de 60 VPO con una inversión privada de 7,3 y 6,2 millones, respectivamente.

La presidenta del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP), Ana Chocano, recuerda que la colaboración público-privada permite financiar grandes obras públicas por parte de los empresarios, pero deben tener una “compensación adecuada”. En ese sentido, recuerda que si una empresa va a invertir 100 millones de euros para una carretera y no los va a recuperar hasta dentro de unos años que le pague la deuda la administración pública, parece lógico que quiera tener unos beneficios por ello”.

• Aunque todavía lejos de los máximos logrados en los años 2018 y 2019, las administraciones vuelven a sacar músculo, la Junta lidera las licitaciones y la provincia encabeza el importe de contrataciones

El frenazo en seco que supuso en 2020 la inversión en obra pública de las distintas administraciones, más enfocadas a hacer frente a los gastos de la pandemia que a continuar proyectos iniciados o arrancar otros nuevos, llevó el pasado año a un considerable despegue de las licitaciones. Así lo han asegurado desde la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería, Asempal, que ha valorado el repunte experimentado en 2021, aunque lejos aún de los máximos logrados en 2018 y 2019.

La Junta de Andalucía ha sido, además, la Administración que ha liderado durante ese ejercicio las licitaciones de obra pública en Almería, una provincia que, según el colectivo empresarial, ha encabezado las inversiones de la comunidad autónoma.

En concreto, tal y como han informado desde Asempal, el conjunto de las licitaciones de las distintas administraciones alcanzó en Almería los 486,1 millones de euros, frente a los exiguos 182 millones de 2020, primer año de la pandemia, lo que supone un aumento del 166%.

Una cifra que, a pesar del incremento, sigue estando lejos de los máximos logrados en los ejercicios de 2018 y 2019, cuando se licitaron obras en Almería por valor de 738 y 874 millones de euros, respectivamente.

De los 486 millones de euros totales licitados en la provincia, 136,2 millones de euros correspondieron a edificación y, 349,8 millones de euros, a obra civil.

Inversión pública

Tomando como base los datos nacionales provisionales de 2021 que acaba de hacer públicos la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), Asempal ha destacado la capacidad licitadora de la Administración autonómica, que sacó a concurso obras por valor de 273,2 millones de euros, con un incremento del 180,5% respecto al ejercicio anterior. Las licitaciones del Gobierno andaluz representaron, no en vano, el 56,2% del total licitado en la provincia, que fue, además, el territorio de la región con más licitaciones de la Junta de Andalucía.

Le siguieron la Administración local, es decir, la Diputación de Almería y los ayuntamientos, con licitaciones por importe de 156,9 millones de euros, lo que supuso un 155% más que en el año anterior. Estas licitaciones de la Administración local representaron, además, el 32,2% de la inversión a concurso ese año.

Por detrás se situaron el Gobierno central, con convocatorias de obra pública por valor de 55,9 millones de euros, lo que supone un aumento importante frente a los 23,7 millones de euros del ejercicio anterior. Las licitaciones de la Administración central representaron, asimismo, el 11,5% del total en 2021.

El presidente de Asempal, José Cano García, ha mostrado su satisfacción por el repunte de licitaciones de obra pública en Almería durante 2021 y confía en que las administraciones incrementen en 2022 su esfuerzo inversor en obra pública para «dar respuesta a las muchas necesidades en agua, AVE, comunicaciones viarias y equipamiento que tiene Almería».

• El equipo de gobierno evalúa el estado de ejecución de los distintos proyectos

La Línea tiene obras finalizadas, en ejecución y pendientes de comenzar por un importe de 37 millones de euros procedentes de subvenciones. El estado de ejecución de estos proyectos ha centrado la reunión del equipo de gobierno celebrada este martes.

Las actuaciones están divididas en cuatro bloques. Por un lado, los proyectos asociados en fondos Edusi, entre los que destacan la rehabilitación del Mercado de la Concepción, que avanza a muy buen ritmo y ya ha comenzado el derribo del exterior de las naves; La Línea Revitaliza, proyecto para la rehabilitación de La Atunara; la mejora de la eficiencia energética de los edificios municipales, la rehabilitación de la plaza de toros El Arenal y la implantación de la administración digital, entre otros.

El alcalde, Juan Franco, ha explicado que también se avanza en proyectos dependientes de los fondos Next Generation de la Unión Europea, entre los que destacan los relativos a las zonas de bajas emisiones, que se irán detallando en breve para su adjudicación y puesta en marcha.

En tercer lugar están los trabajos que sufraga la Diputación de Cádiz, como la ejecución del VI Plan de Asfaltado, las obras de la calle Crespo, la rehabilitación de los Jardines Saccone, la estabilización del talud de Alcaidesa y otra serie de proyectos que avanzan a buen ritmo.

El cuarto bloque, con cargo a la Junta de Andalucía, gestiona el proyecto Ciudad Amable, que consistirá en la regeneración de La Velada y los aledaños de la plaza de toros; la regeneración de Periáñez y la licitación de las obras del Estadio Municipal, que contará con una inversión cercana a los 6 millones de euros.

El alcalde ha calificado todas estas obras de “extraordinaria importancia para la ciudad” y confía en que poco a poco puedan ir viendo la luz “con pasos firmes y seguros”.

Los concejales Teresa Alonso y César del Espino, responsables municipales de la oficina Edusi y el área de Obras y Servicios Operativos, respectivamente, han visitado este martes 1 de febrero las obras de la segunda fase, iniciadas hace un par de semanas con un presupuesto de adjudicación de 1.686.982 euros, en ejecución por parte de la empresa Jicar Y con un plazo de duración de ocho meses.

En esta fase de las obras, se prevé la construcción de la base del parque (vallado, movimiento de tierras, firmes, instalaciones subterráneas…), además de elementos como lámina de agua, poblado infantil, parque biosaludable para personas mayores, pista multideportiva, zona de mesas de juego, quiosco, mirador-depósito, aseos públicos, edificio de mantenimiento, zona de celebraciones, jardín para mascotas, aparcamiento para caravanas, merendero, pista de baile y parte de los juegos infantiles.

Sobre un solar municipal superior a las 4,5 hectáreas, el Parque Europa se proyecta como un gran parque urbano que permite recuperar para la ciudad una franja de terreno paralela al río Lucena sin apenas uso hasta la actualidad. Su realización se ha convertido en el proyecto de mayor dotación presupuestaria entre las inversiones incluidas en la Estrategia DUSI Lucena Cohesionada, cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y con un 20% de aportación municipal.

Hasta el momento, el Consistorio ya ejecutó en una fase anterior la construcción de la pasarela sobre el río Lucena, que conecta el Auditorio municipal con el propio parque, los huertos urbanos y la zona de aparcamiento con un coste de 665.000 euros.

“De forma paralela a la materialización de esta segunda fase, ultimamos la contratación de la tercera y última fase, prevista con un presupuesto de 910.000 euros”, ha explicado César del Espino, que ha detallado que esa etapa final tendrá como objeto la instalación de los últimos elementos de servicios y decorativos de este amplio parque.

Por su parte, Teresa Alonso ha valorado el ritmo de ejecución de las inversiones Edusi, “al 76% entre lo ya hecho y actualmente en obras”, con un programa inversor hasta finales del año 2023 en el que “el Parque Europa acapara buena parte del presupuesto aprobado para este programa de inversiones con fondos europeos por ser una actuación pensada no sólo para el ocio familiar, sino también para la generación de nuevas oportunidades por la novedad que supondrá en Lucena este tipo de recintos”.

• La regeneración del antiguo Cuartel de Automovilismo abrirá a la ciudad «en un mes» un espacio de más de 23.000 metros cuadrad

La cuenta atrás para conectar Camino de Ronda con los Pajaritos ya está iniciada. En apenas un mes, según desveló ayer el alcalde de Granada, la ciudad tendrá a su disposición un nuevo área de más de 23.000 cuadrados llamado a mejorar los lazos que existían hasta ahora entre los dos barrios. Paco Cuenca, que supervisó este martes los trabajos que se siguen desarrollando en el entorno, reconoció su «ilusión» por «la apertura en breve para disfrute de los granadinos de una de las zonas de mayor transformación de la ciudad, que afecta a miles de personas».

El regidor pudo comprobar in situ el grado de avance de la actuación, que tiene casi finalizada la nueva conexión peatonal entre la avenida del Sur y Camino de Ronda y el acceso entre esta última vía y la calle Alondra, que estará dedicada tanto a vehículos como a peatones. Se trata, como manifestó, de una operación que va a eliminar «una barrera que estaba limitando el paso». Cuenca recordó que la actuación tiene otro elemento de interés como es la dotación de una nueva zona verde en el corazón de la ciudad, Se refería, en concreto, a la configuración de unos jardines con más de 10.000 metros cuadrados que conllevará la plantación de 120 árboles nuevos y crear un parque infantil.

De acuerdo con el Plan Especial, la nueva ordenación que está a punto de finalizar y que cuenta con un presupuesto total de casi dos millones de euros, ha dado lugar a dos parcelas edificables, una destinada a Vivienda de Protección Oficial con una superficie aproximada de 2.330 metros cuadrados –cuya ejecución se realiza en con la Junta de Andalucía– y otra de promoción libre de 2.115 metros. El proyecto contempla también la construcción de nuevos viales y una residencia universitaria. «Nuestra prioridad es no sólo mejorar la accesibilidad y hace esta ciudad más amable y más verde sino, especialmente, recuperar espacios para el peatón», afirmó Cuenca.

• Riaumbría, empresa constructora, insiste en que acudirá al Supremo a defender su proyecto de dos torres 

El Ayuntamiento de Punta Umbría asume que el procedimiento de venta de las parcelas de terreno R-1, R-2, R-3 y R-4, ubicadas en la Avenida Ciudad de Huelva-SUNC/Antiguos Depósitos se hará en base al proyecto inicial en el que se prevé la construcción de cuatro edificios. Una vez que se clarifiquen las causas judiciales pendientes, el Consistorio seguirá adelante con la primera de las opciones planteadas “y que cuenta con todas las autorizaciones pertinentes”, según ha manifestado el concejal delegado de Economía y Hacienda, Daniel Ferrera.

Según el edil puntaumbrieño “aunque pensamos que el proyecto de construcción de dos edificios es mucho mejor, la sentencia del TSJA en la que se da la razón al Ministerio de Transición Ecológica por apantallamiento, provoca que nos centremos en la ordenación inicial”. El propio concejal ha señalado “la incongruencia del Ministerio porque denuncia en Punta Umbría dos edificios de de 19 plantas a 500 metros de la playa y permite la construcción en otras provincias de torres de más de 20 plantas en primera línea de playa”.

Por su parte, Riaumbria, la empresa promotora del proyecto urbanístico y residencial William Martin, ha anunciado que defenderá en el Tribunal Supremo “la legalidad del proyecto urbanístico William Martin y el modelo de actuación que propone al liberar más espacios libres y favorecer usos a favor del ciudadano, en contraposición con el modelo que defiende el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que opta por un proyecto de cuatro edificios”.

Según señala en una nota, “el TSJA ha estimado el recurso contencioso-administrativo presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica contra el acuerdo que adoptó el pleno del Ayuntamiento de Punta Umbría, dando luz verde a esta importante actuación encaminada a crear un nuevo espacio clave para el futuro de esta ciudad. Considera el TSJA que los dos edificios proyectados por Riaumbria en los terrenos de la Avenida Ciudad de Huelva, suponen una pantalla arquitectónica, por lo que obliga a reducir la altura de las edificaciones repartiendo los usos en cuatro bloques“.

La constructora considera que esta elección del TSJA “perjudica claramente los usos previstos en el proyecto, ya que duplica la superficie destinada a los edificios, se reducen a la mitad los espacios libres y las zonas de esparcimiento y ocio y apuesta por una actuación menos sostenible que el proyecto urbanístico aprobado. Todo ello a pesar de que en el mismo entorno del proyecto, y más cerca aún de la playa, existe en estos momentos una línea de edificios con la misma altura que la del proyecto William Martin“.

Considera además Riaumbria que”su decisión de acudir al Tribunal Supremo está “respaldada por una amplia jurisprudencia que autoriza este tipo de proyectos urbanísticos en altura para liberar espacios libres frente al uso extensivo de los suelos. Prueba de ello son los proyectos de similares características que se está ejecutando en estos momentos en Andalucía, alguno de ellos incluso en primera línea de playa o frente fluvial, como son los casos de Málaga, Cádiz, Sevilla”.

La actuación, según insiste el Ayuntamiento en una nota de prensa, pretende “mejorar y recuperar una zona principal y de entrada a la localidad“. La iniciativa está centrada en una superficie de algo más de 30.000 metros cuadrados y los bloques de viviendas libres y de VPO no superarían en altura a los existentes en los alrededores, como son los de las urbanizaciones Cormorán, Everluz o Altair.

Con dicha actuación el Ayuntamiento “conseguiría liberar suelo, aumentar los espacios públicos y zonas libres del lugar, una imagen más moderna y equipada de la principal entrada de Punta Umbría”. Del mismo modo, “el proyecto proporciona reservas de suelo para espacios libres y zonas verdes, además de las dotacionales, superando con creces los mínimos exigidos por la legislación, y la creación de aparcamientos”.