• La Consejería de Fomento actualiza los precios de referencia para atender a la “preocupante” situación que atraviesa el sector

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha presentado un informe al Consejo de Gobierno en la que detalla la revisión de la Base de costes de la construcción para atender a la situación “preocupante” que atraviesa el sector ante el incremento del precio de los materiales. El Ejecutivo andaluz ha analizado así la fórmula elaborada por la Secretaría General de Vivienda, que incluye un método simplificado por el que se han actualizado los precios de referencia para que estén más ajustados a la realidad.

La situación actual del mercado ha provocado que el sector de la construcción se enfrente a un fenómeno que ha desembocado en un incremento del coste de las materias primas, originando que la actual Base de costes de la construcción de Andalucía se encuentre totalmente desfasada con la realidad. Además, se trata de un documento que no se actualizaba desde el año 2017.

La gran desviación de esta base con la realidad ocasiona un gran problema para las empresas licitadoras, derivado de los escuetos márgenes de beneficios resultantes de los precios de mercado actuales, hecho que les impide incluso concurrir, y si así lo hicieran se complica o incluso imposibilita la ejecución normal de los contratos.

Atendiendo esta situación, la Secretaría General de Vivienda ha elaborado un análisis de los precios de esta base de coste y de la situación actual del mercado, para ofrecer un método simplificado, amparado en datos estadísticos y económicos, con los que se pueda actualizar estos precios, adaptándolos a la situación actual del mercado, con el objetivo de garantizar unos precios de referencia más ajustados a la realidad.

Además, esta es una herramienta transversal que servirá a otras consejerías para la elaboración de sus proyectos, para la construcción de colegios o centros de salud, entre otros, y que va a acercar a la realidad la promoción de los equipamientos públicos y de las viviendas de la Junta de Andalucía.

Para determinar el incremento de los costes, se ha seleccionado el valor porcentual más fundamentado y ponderado, mediante el estudio de una profusa documentación. De esta manera, se han analizado los índices estadísticos de precios para materiales de construcción del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y los indicadores de precios referenciados al Instituto Nacional de Estadística (INE), así como diferentes informes estadísticos del mercado.

También se han tenido en cuenta otros estudios, como la información proporcionada por asociaciones de fabricantes y productores en el sector de la construcción que publican o disponen de indicadores de precios del sector, los informes de la Cámara de Comercio y diversos indicadores internacionales relacionados con los precios de materias primas, asociaciones de fabricantes europeas y mercados de valores internacionales.

• El borrador del Real Decreto contempla introducir el reequilibrio
• El golpe de los sobrecostes se estima en más de 1.300 millones

El Gobierno ultima la aprobación de un Real Decreto para fijar los mecanismos de compensación por los sobrecostes ocurridos en las obras públicas como consecuencia de la subida de los precios de los materiales de construcción que se ha producido desde hace casi dos años.

El borrador de la norma, elaborado en origen por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y que se halla atascado desde hace unas semanas en el Ministerio de Economía, contempla compensar a las constructoras considerando el incremento de los precios a partir del 1 de enero 2021, según explican fuentes gubernamentales. De este modo, quedarían excluidas las subidas que ya comenzaron a registrarse en los primeros meses de 2020.

Las constructoras enfrentan un sobrecoste promedio cercano al 20% en las obras públicas que están ejecutando en España por el encarecimiento de los materiales de construcción desde hace casi dos años. Según la información recabada por Seopan, se está viendo afectada una producción anual estimada en los 7.000 millones de euros. Así, el impacto en la facturación para los contratistas con proyectos adjudicados por las Administraciones Públicas desde 2018 supera los 1.300 millones de euros.

La decisión de excluir la revisión de precios en 2020, de ratificarse, “supondrá un golpe importante” para las constructoras, denuncian desde el sector, que lo cuantifican en varios cientos de millones de euros. Aunque el sobrecoste anual se estima en los 1.300 millones mencionados, la cifra que asumirán las Administraciones Públicas “será muy inferior”. Se debe, de un lado, a la previsión de organismos como el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) de que la curva de los precios comenzará a bajar a partir de la primavera de 2022. En consecuencia, la eventual revisión de precios corregirá entonces en sentido contrario el desequilibrio acumulado ahora. Y, por otro lado, el coste para las Administraciones no será de tal magnitud porque éstas utilizan los índices de precios oficiales, que históricamente siempre han sido inferiores a los reales en el ámbito de las actividades de construcción.

El peso de los materiales de construcción en el coste de una obra civil media alcanza el 37%. Hasta noviembre de 2021, la cesta de materiales, que incluye el acero, el cobre, el aluminio o las mezclas bituminosas, entre otras, se había encarecido más del 54% en el último año, con ascensos en algunos casos superiores al 100%, según advirtió Seopan. Los índices de revisión de precios de contratos públicos de cierre de 2020 desvelaron incrementos del 37,6% en materiales bituminosos con respecto a mayo de aquel año, del 29,3% con respecto a marzo en el cobre y del 15,7% en energía -frente a mayo-.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, admitió a primeros de octubre que el Gobierno ya estaba trabajando en una fórmula para responder a la escalada de los precios, lo que ponía en peligro el equilibrio económico de los contratos y, en consecuencia, el cumplimiento de los plazos contractuales de las obras. Los altos niveles de precios han continuado desde entonces y las expectativas es que se mantengan aún varios meses más.

La revisión de precios en los contratos públicos era habitual y automática

La normativa que desarrollará los mecanismos de compensación sigue a la espera del visto bueno de Economía. Mientras, Transportes sí ha dado pasos en firme para las nuevas licitaciones con la inclusión de la revisión de precios, según consta en una reciente resolución, como adelantó ‘elEconomista’.

Hasta la entrada en vigor del Real Decreto 55/2017 por el que se desarrolla la Ley de Desindexación de la Economía España y la regulación al respecto en la Ley de Contratos del Sector Público la revisión de precios en los contratos públicos era habitual y automática, pero la nueva normativa restringió drásticamente su uso, al dotar al licitador de discrecionalidad para hacerlo.

Aunque su supresión ya había generado discrepancias entre el sector privado y las Administraciones años atrás, a raíz de la escalada de los precios de los materiales de construcción desde 2020, las organizaciones empresariales alzaron la voz antes del verano para demandar la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público. Su objetivo es restaurar la obligatoriedad de los mecanismos de revisión de precios en los nuevos contratos de obra pública y  cambiar el actual procedimiento de determinación de los índices de revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas. Asimismo, las empresas requieren que se habilite para las obras en curso una norma especial que, con carácter excepcional, permita resolver mientras persista la situación generada por el alza de los precios de materias primas como el acero, el cobre, el aluminio, el petróleo y las mezclas bituminosas, a lo que se suman tensiones en la disponibilidad de determinados materiales.

La licitación crece un 68%

La licitación pública ejecutada por todos los organismos públicos de España alcanzó un importe de 23.648 millones de euros en 2021, lo que representa un crecimiento del 68% respecto al año anterior y del 29,6% en comparación con 2019, el ejercicio previo al estallido de la pandemia, según los datos de Seopan. La Administración General del Estado subió la licitación un 153,4% en 2021, las Comunidades Autónomas un 40,6% y los entes locales un 46%.

J. Díaz. Madrid

El Gobierno de Pedro Sánchez desplegó ayer su arsenal mediático para hacer frente a las críticas sobre la gestión, reparto y lenta ejecución de los fondos europeos, procedentes tanto del sector empresarial como del principal partido de la oposición, el PP, que en los últimos días ha acentuado su presión sobre el Ejecutivo reclamando transparencia e insistiendo en la necesidad de crear una autoridad independiente que vigile la distribución del maná comunitario. Para intentar acallar estas críticas, el Gobierno dio a conocer una misiva enviada el pasado 25 de enero a Pedro Sánchez por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que felicita al Ejecutivo español “por el cumplimiento satisfactorio de los primeros 52 hitos del Plan de Recuperación” español y alaba su “transparencia y rendición de cuentas” en los informes remitidos a Bruselas. No fue la única contramedida para intentar poner sordina a la ofensiva del PP, cuyo líder, Pablo Casado, acusó ayer al PSOE y al Gobierno de usar los fondos europeos “para ganar votos, incluso en la campaña electoral de Castilla y León, anunciando proyectos de Gobierno” y otorgando ayudas a dedo. Y es que, según el PP, los ayuntamientos socialistas están recibiendo el doble de fondos que los consistorios regidos por los populares, un “engaño” que, a juicio de Casado, Bruselas descubrirá en 2023 cuando evalúe “las contrarreformas” del Ejecutivo de Sánchez.

En medio de esta batería de denuncias, críticas y acusaciones, fuentes del Gobierno anticiparon ayer que el Ejecutivo licitará 24.667 millones en proyectos vinculados al Plan de Recuperación y los fondos europeos solo en el primer semestre del año, cifra que incluye unos 2.600 millones que se quedaron sin licitar en 2021. El Ejecutivo quiere transmitir así el mensaje de que la implementación de las ayudas comunitarias alcanzará “velocidad de crucero” en 2022, aunque su llegada a la economía real y su impacto revitalizante sobre el PIB siguen siendo un enigma en términos cuantitativos, más allá de admitir que el grueso de su influjo positivo “debería llegar a la economía a final de año”. Es justo lo que advirtió recientemente Fedea, para quien “el dinero irá llegando a sus destinatarios de finales de 2022 en adelante”.

El objetivo del Gobierno es ambicioso, sobre todo teniendo en cuenta que hasta el 29 de enero se habían publicado 534 convocatorias por un importe total de 19.708 millones, de los que solo 5.273 millones (303 convocatorias) corresponden a concursos y licitaciones cerradas; esto es, “adjudicadas o en fase de adjudicación”, alrededor de una cuarta parte del total. Convocatorias que suman 7.734 millones siguen abiertas, mientras que otras que aglutinan un importe de 6.700 millones aún deben abrirse.

Es en este contexto, de lenta y pesada digestión de los fondos europeos, en el que el Gobierno se compromete ahora a movilizar más de 24.600 millones solo en la primera mitad de año, ya que en el segundo semestre “habrá otras licitaciones”; es decir, cuando aún quedan por digerir miles de millones de las convocatorias ya publicadas.

De ese diluvio de concursos y licitaciones que están por venir y que se repartirán entre ministerios, CCAA y ayuntamientos, 7.421 millones irán a proyectos relacionados con la transición energética y 7.223 millones a movilidad sostenible. En el ámbito de la digitalización, la otra gran pata del Plan de Recuperación, se destinarán 8.096 millones para impulsar la digitalización, el crecimiento y la competitividad industrial de las empresas. El Ejecutivo resalta que las empresas serán las grandes beneficiarias de las convocatorias previstas para el semestre, con más de 16.500 millones. Un guiño al tejido productivo que se produce en medio de las críticas de CEOE y otras instituciones a la “lentitud” mostrada hasta ahora en la ejecución de los fondos comunitarios, en contraste con el rápido ritmo de absorción mostrado por otros países como Francia, Italia y Portugal, y que podría provocar deslocalización de inversiones si no se pisa el acelerador.

Y otro gesto dirigido a los ayuntamientos, a los que se prometen más de 6.000 millones de euros en el primer trimestre de este año, anuncio que se produce en medio de las acusaciones del PP de trato de favor a los consistorios socialistas.

Miguel Ángel Patiño. Madrid

El boom de las renovables en España empieza a dar señales de agotamiento. Al menos en cuanto a volumen total de megavatios disponibles en el mercado, tanto operativos como en proyecto.

Así se desprende de los últimos datos elaborados por Red Eléctrica (REE), la compañía que gestiona las redes de alta tensión eléctrica en España. REE, grupo presidido por Beatriz Corredor, es la empresa que se encarga de dar uno de los permisos que necesitan las renovables para poder verter electricidad a la red: la licencia de acceso.

REE lleva un registro puntual de todo el mercado de renovables en su conjunto: cuántos megavatios hay operativos (tanto de eólicas como de fotovoltaicas); cuántos hay con el permiso de acceso concedido pero aun sin construir; cuántos megavatios hay sin el permiso de acceso concedido pero ya solicitado; y a cuántos megavatios les ha sido rechazada la solicitud de permiso.

Tras un continuo crecimiento del volumen total de proyectos en todos sus estados de desarrollo, desde los más incipientes al operativo, el pasado mes de diciembre el mercado se frenó.

En total, a 31 de diciembre de 2021, REE tiene registrados 339.800 megavatios en España, prácticamente la misma cantidad que en noviembre (339.700 megavatios). El parón de noviembre a diciembre contrasta con el crecimiento de meses anteriores. Por ejemplo, de septiembre a octubre, y de octubre a noviembre, el total de megavatios creció a una media de 2.000 por mes.

El frenazo de final de año es más notorio si, además, se desgranan los datos. De los 339.800 megavatios registrados a finales de diciembre, a 122.400 se les había rechazado la solicitud de permiso. Aunque eso no quiere decir que no vuelvan a pedirlo, en la práctica quedan 217.400 megavatios que son los que realmente cuentan para negociar en el mercado.

Esa cifra es más reducida que la de noviembre. En noviembre, había registrados un total de 121.800 megavatios rechazados y por lo tanto, el número neto de megavatios en el mercado se elevaba a 217.900, más que diciembre.

¿Qué está pasando?

La pregunta es qué está pasando. La respuesta es sencilla. El propio mercado está cribando proyectos, eliminando aquellos que no tienen viabilidad. Para ello está siendo de mucha ayuda la norma que el Gobierno aprobó de urgencia en diciembre. La norma sirvió para extender nueve meses el plazo para completar todos los permisos, ante el atasco de las administraciones en la tramitación de licencias, por ejemplo, la de declaración de impacto ambiental. Pero en la práctica, esa norma también está sirviendo para filtrar megavatios permitiendo a los proyectos inviables a desistir de sus planes de ejecución sin perder avales. Es ahora cuando empiezan a verse los primeros datos de esta depuración, que previsiblemente seguirá en los próximos meses. El propio Gobierno, cuando aprobó la norma, dijo que en la actualidad hay otorgados permisos de acceso y conexión a la red por unos 150.000 megavatios, mientras que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) apunta a tener operativos 35.000 adicionales en 2025 y 60.000 en 2030. Se refirió a un “exceso de solicitudes, muchas de ellas inviables económica o ambientalmente”, para justificar la norma.

Otra pregunta es cómo está afectando la evolución del mercado a cada tecnología y la conclusión es muy sencilla: la eólica sigue líder pero la fotovoltaica no tardará en superarle. De los 41.300 megavatios operativos a finales de diciembre (40.900 megavatios en noviembre), 28.300 eran eólicos (igual que en noviembre) y 13.000 fotovoltaicos (400 más que en noviembre).

De los 147.100 megavatios con permiso otorgado pero sin construir aún (147.700 en noviembre), 44.800 eran eólicos (-0,7% con relación a noviembre) y 102.300 eran fotovoltaicos (-0,3% con relación a noviembre).

La fotovoltaica también gana por goleada en proyectos rechazados. De los 122.400 megavatios rechazados en diciembre (0,5% más que en noviembre), 22.800 eran eólicos (frente a 22.600 en noviembre) y 99.600 eran fotovoltaicos (frente a 99.200 en noviembre).

Paradoja

El frenazo en el volumen total de megavatios en el mercado está produciendo un doble efecto. Algunos expertos opinen que la burbuja empieza a desinflarse. Otros piensan lo contrario.

Ambos llevan razón. Menos megavatios en el mercado es un claro síntoma de saneamiento y ralentización. Pero al haber menos megavatios para compraventa, el precio de los que hay sube, alimentando la burbuja de precios. En el último año el precio ha subido un 30% y, aunque depende del grado de desarrollo, ahora un megavatio en proyecto puede superar fácilmente los 100.000 euros.

C.Morán. Madrid

El mercado de obra pública español se tomó un respiro en 2021 después de varios ejercicios de repetidas caídas. Las mayores unidades inversoras del Estado, dependientes del Ministerio de Transportes, intensificaron el ritmo licitador el año pasado, lo que ha permitido a los grandes grupos de infraestructuras ganar tamaño en España y sumar cartera para los próximos ejercicios. Según los datos provisionales a los que ha tenido acceso EXPANSIÓN, ACS lidera nuevamente el ránking de obra pública, seguida de cerca por Ferrovial y Acciona.

También destaca el mayor reparto de los contratos entre grandes y pequeños grupos. Sobresale entre los medianos el empuje de Comsa, que repite como uno de los grandes contratistas del Estado, junto a Azvi y Rover.

ACS, que este año ya no dispondrá de la potencia de fuego que le daba la división industrial (Cobra y el resto de filiales de la división pertenecen a Vinci) en la parte de obras electromecánicas, sigue dominando el mercado de obra pública gracias a la fortaleza de filiales como Dragados y Vías (ACS es el único contratista que acude a concursos del Estado con más de una oferta). El grupo presidido por Florentino Pérez ganó contratos en el Ministerio de Transportes por valor de casi 366 millones de euros, lo que representa una gran mejora con respecto a los 245 millones de euros de 2020, un ejercicio marcado por el impacto del Covid sobre el sistema de contratación público español.

ACS lideró la contratación tanto en Adif, el pulmón de la obra pública española, como en las autoridades portuarias.

Ferrovial y Acciona también han cerrado un buen año en España. El grupo presidido por Rafael del Pino sumó cartera por 240 millones gracias a los contratos ganados en Adif y en Aena. Por su parte, Acciona subió en 2021 hasta los 186 millones al ser el mayor contratista del Estado en el ámbito de carreteras.

Adif sigue siendo la gran locomotora de la obra pública. El gestor público de la red de AVE intensificó en 2021 la licitación de proyectos de construcción de plataforma y estaciones hasta duplicar las adjudicaciones de un año antes y superar los 1.500 millones. Los mayores contratos por volumen de inversión forman parte de la lista de Adif, entre los que sobresalen la construcción de plataforma en el Corredor Mediterráneo o la remodelación de estaciones como la de Chamartín, en Madrid. Las perspectivas de la empresa estatal en 2022 siguen siendo igual de optimistas, ya que el administrador estatal debe poner en marcha, entre otros proyectos, las reformas de las estaciones de Atocha y Chamartín y seguir con las rutas de alta velocidad. Según el programa de inversiones hasta 2025, Adif tiene previsto invertir 21.000 millones de euros. La mayor parte de los fondos procedentes del Estado se emplearán en inversiones para mejorar las cercanías (casi 5.000 millones de euros en cinco años) y completar los principales corredores de alta velocidad incluidos en el programa TEN-T de la UE (más de 10.000 millones de euros). El foco está puesto en terminar las conexiones de Madrid con el País Vasco, Asturias, Galicia y Extremadura.

Inversión ferroviaria

El convenio de Adif 2021-2025 incluye aportaciones importantes del fondo de recuperación y resiliencia de la UE. En total, la empresa estatal prevé recibir algo más de 5.500 millones de euros en los próximos tres años. Además, el administrador de la red recibirá aportaciones patrimoniales y subvenciones a la explotación por otros 8.100 millones de euros.

El tren se ha convertido en la fuente principal de trabajo para las constructoras, desplazando a la carretera, cuyo ritmo de adjudicaciones se ha estabilizado en los últimos años algo por encima de los 500 millones de euros anuales. En este apartado, Acciona se situó a la cabeza del sector, con contratos por valor de 63 millones de euros. Entre los proyectos más importantes por volumen destaca las obras para ampliar el Puente Centenario de Sevilla.

En carreteras, los constructores no esperan grandes adjudicaciones en 2022 salvo que el Gobierno arranque el plan de mejora de autovías, archivado desde hace años. En el ámbito regional destaca el plan extraordinario de inversiones en carreteras 2023-2025 de Aragón, distribuido en diez tramos, con un presupuesto de 400 millones de euros. Sacyr figura entre los primeros grupos en sumar cartera de carreteras en 2022 al ganar dos contratos del Ministerio de Transportes en Canarias y en Extremadura que suman 65 millones entre los dos. La constructora presidida por Manuel Manrique se situó en la quinta posición el año pasado, con obras por valor de 132 millones.

Después de Adif y de Carreteras, la unidad inversora más dinámica en 2021 fue Puertos del Estado, con algo más de 200 millones en obras adjudicadas, seguida del grupo Enaire, con 163 millones de euros. Seittsa ha desaparecido del mapa inversor.

Al igual que ocurrió un año antes, destaca el salto como contratista de Comsa. El grupo presidido por Jorge Miarnau se sitúa entre las cuatro primeras constructoras con 160 millones de euros adjudicados gracias a los trabajos realizados por Adif. Rover, con 99 millones, y Azvi, con 80 millones, también han conseguido salvar un buen año gracias al ferrocarril.

Más reparto

Entre las tendencias más marcadas de 2021 sobresale la política de reparto de obra pública, que ha permitido que un mayor volumen de inversión sea ejecutado por un mayor número de empresas. Se trata de una evolución evidente en Adif, donde la mayor parte de los contratos se ha adjudicado a UTE formadas por más de dos constructoras

Las perspectivas para este año están definidas en los presupuestos del Estado y en los compromisos de inversión del Gobierno con cargo a los fondos de recuperación y de resiliencia. Desde las constructoras creen que hay motivos para el optimismo aunque echan en falta un mayor protagonismo de la inversión público-privada para sacar adelante proyectos que llevan meses atascados, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico y en el local.

Este año solo hay una licitación en marcha basada en un modelo concesional: el nuevo párking del Hospital Niño Jesús de Madrid, un contrato valorado en unos 112 millones de euros.

En el mercado señalan que hay más oportunidades con fórmulas de gestión privada, que se encuentran limitadas por la actual ley de desindexación de la economía. Entre los proyectos más ambiciosos figura el plan del Gobierno de la Comunidad de Madrid para lanzar la licitación de la Ciudad de la Justicia. El proyecto consiste en la construcción y explotación de 18 edificios con una inversión de más de 500 millones de euros.

En Madrid, las constructoras también están pendientes de los planes del Gobierno regional sobre la Línea 11 del Metro y el futuro soterramiento en la capital de la A-5 (Carretera de Extremadura). En Hospitales, destacan los proyectos de la Junta de Andalucía, que quiere construir en Málaga, Roquetas y la ciudad sanitaria de Jaén.

Uno de los principales receptores de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), Adif, ha diseñado un plan anticorrupción en torno a los 5.000 millones que va a gestionar en obras subvencionadas desde Bruselas.

• La entidad pública incorporó en 2021, de modo pionero en la Administración, la introducción de cláusulas para la revisión automática de precios ante el incremento de las materias primas

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) disparó en 2021 el volumen de licitaciones de obra pública. Desde la renovación y mantenimiento de puentes, túneles y estaciones, hasta la instalación de nuevas catenarias o la construcción de nuevos tramos de alta velocidad.

Según las estadísticas de la patronal de la construcción Seopan, la compañía pública presidida desde hace unos meses por María Luisa Domínguez ha licitado un 110% más que en el año previo al estallido de la pandemia.

En concreto, el Adif ha sacado a concurso contratos por un valor total de 4.040 millones de euros frente a los 1.924 millones de 2019. Respecto al volumen de licitación de 2020, supone multiplicarlo por seis.

Sólo en el mes de diciembre licitó 748 millones de euros en obras; el importe mensual más alto de todo el año. Con estas cifras recopiladas por la patronal de grandes constructoras y concesionarias de infraestructuras, la empresa pública triplica el volumen de licitación de la Dirección General de Carreteras y representa el 64,31% del presupuesto total del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El ‘boom’ de licitaciones por parte de Adif llega en un momento crítico para el sector de la construcción por el desmesurado aumento del precio de los materiales. De hecho, según la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), desde noviembre han quedado desiertas 500 licitaciones por falta de empresarios interesados en pujar por contratos en cuyos pliegos no se refleja el precio de mercado de materiales como el acero, el cobre, la madera, el aluminio o los productos bituminosos.

De hecho, Adif tomó la delantera el pasado verano con la introducción de cláusulas de revisión automática del precio de los contratos que el sector pide ante el ingente incremento de costes y que puede dejar las obras paralizadas. La situación es especialmente grave a las puertas del desembolso millonario por parte de Bruselas de los fondos Next Generation.

Desde hace meses, distintos departamentos del Gobierno trabajan en encontrar la fórmula para introducir las citadas clausulas tanto en los contratos ya vigentes. Para los nuevos, la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, dictó una reciente resolución para que se incluya este mecanismo en los pliegos y pueda reconocerse al contratista el derecho a la revisión periódica y predeterminada de precios.

Ese mecanismo de reequilibrio dejó de ser obligatorio hace casi una década y desde entonces, las Administraciones apenas lo incluyen. Aunque Transportes y el Ministerio de Hacienda parecen estar de acuerdo en la solución al problema, ahora la pelota estaría en el tejado del Ministerio de Economía que dirige Nadia Calviño. Una de las claves a resolver está en si el precio de la energía también se ve o no compensado por los organismos licitadores. Ahí está, según publica Cinco Días, una de las principales discusiones entre los diferentes departamentos del Ejecutivo.

Al margen de Adif, otros organismos como Aena han licitado casi la mitad que en 2019. Según los datos de Seopan, el administrador aeroportuario ha sacado a concurso contratos por un valor total de 491 millones, frente a los 898 de hace dos años. A nivel general, la licitación de obra pública de todas las administraciones creció un 29,6% respecto al último año previo al covid-19 y fue un 68% superior a la registrada en 2020. En total, se licitó obra pública por 23.648 millones de euros.

• El presidente de la Junta, Juanma Moreno, preside la cuarta Mesa de Diálogo Social de la legislatura en la que se abordan temas como la situación sanitaria en Andalucía, el empleo y los fondos europeos

El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha presidido este lunes en el Palacio de San Telmo la Mesa de Diálogo Social en la que han participado representantes de los empresarios y los sindicatos y en la que se ha acordado constituir una mesa técnica entre dichas entidades sociales para la gestión de la llegada de los fondos europeos.

En dicho encuentro también ha participado el vicepresidente del Gobierno andaluz y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín; el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo; el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, que ha estado mediante videoconferencia; el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco; el presidente de la CEA, Javier González de Lara, y las secretarias generales de UGT-A y CCOO-A, Carmen Castilla y Nuria López, respectivamente.

Tras la reunión, el consejero de la Presidencia ha expuesto que es necesaria “una visión más amplia de los fondos europeos“, para lo que se constituirá en los próximos días una mesa en la que participen los consejeros de Hacienda y de Empleo con empresarios y sindicatos. De esta forma, el Gobierno andaluz refuerza su apuesta por el diálogo con dichas organizaciones.

Asimismo, se ha avanzado el estado del proyecto de Ley de Participación Institucional que permitirá robustecer el papel de los agentes sociales y situar a Andalucía como “referente nacional del diálogo social”.

En otro orden de cosas, también se ha compartido la evolución de la pandemia, de la que se recogen datos con una incidencia a la baja tanto en contagios como en el número de hospitalizados. No obstante, desde el Gobierno andaluz se ha trasladado a los sindicatos y a la patronal que este martes se aprobará el Plan de Respuesta de la Incidencia Covid-19 en Atención Primaria para reforzarla y mejorar el servicio. Este plan contempla el refuerzo del personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que ya cuenta con 30.000 trabajadores más que al inicio de la legislatura.

Necesidad de prorrogar los ERTE

En el plano laboral, también se ha planteado la necesidad de prorrogar los ERTE -que expiran el 28 de febrero- hasta finales de año, acompañados de complementos formativos para los trabajadores. En Andalucía, todavía hay 13.649 trabajadores en ERTE por Covid, más otros 1.700 en ERTE ordinario. De hecho, al cierre de 2021 había 4.037 empresas en ERTE por Covid y otras 363 en ERTE ordinario.

Con respecto a los datos de empleo, Andalucía es la comunidad autónoma que ha liderado la creación de puestos de trabajo en el último trimestre del año con 102.300 empleos nuevos, un dato que supone la mayor creación de empleo desde 2005.

Por último, también se han analizado la llegada de los fondos europeos y, al igual que ya han apuntado las regiones de la Unión Europea, se ha concluido que es necesaria “una cogobernanza de verdad con más diálogo y transparencia“. De hecho, se ha acordado la creación de un organismo de participación con empresarios y sindicatos para mejorar la gestión de estos fondos.

Al finalizar la misma, Elías Bendodo, ha sostenido que “el diálogo es el único camino posible y es imprescindible para que a Andalucía le vaya bien y para que los andaluces tengan oportunidades de empleo y buenos servicios públicos”. Así, “aunque podemos discrepar, nunca vamos a renunciar a dialogar“, ha concluido.

• El Ayuntamiento culmina las obras de la calle Escobar, con una dotación de 90.000 euros

Las obras de mejora y remodelación de la calle Escobar, situada en el núcleo de Matagorda, que el Ayuntamiento de El Ejido ha impulsado a través del área de Obras Públicas, han llegado a su fin con una inversión cercana a los 90.000 euros.

En esta línea, Góngora destaca “el compromiso y la labor constante de este equipo de gobierno con los núcleos de población, revitalizando los espacios urbanos, dotándolos de mejores y más actuales servicios y facilitando una mayor fluidez en todo el entramado viario que redunde en una mejor calidad de vida a nuestros vecinos”.

En cuanto a los trabajos que se han ejecutado en la calle Escobar de Matagorda, han consistido en la incorporación de acerado completo de la vía, así como la pavimentación de la calzada. Para ello, se ha llevado a cabo la demolición de las aceras existentes, se ha realizado el escarificado del firme antiguo, se ha acondicionado el terreno y se ha acometido el rasanteo para darle la pendiente correspondiente a todo el vial.

Góngora subraya que este proyecto “no solo ha servido para ofrecer un aspecto completamente nuevo a esta vía, sino que también hemos renovado las infraestructuras que existen bajo el suelo e instalado mejoras en materia de iluminación y ahorro energético”.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, aprovechó la finalización de esta actuación para recordar la apuesta del gobierno municipal por “destinar los recursos necesarios para la remodelación de las zonas públicas del municipio”. Es por ello que “estamos mejorando las calles del municipio, especialmente aquellas estratégicas que optimizan la conectividad con otras arterias, facilitando una mayor fluidez en todo el entramado viario”, resalta el regidor.

De este modo, se ha incluido la sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento y la instalación de diversos puntos de luz. También se han realizado las canalizaciones y arquetas necesarias para dotar de la red de baja tensión a esta vía y de las canalizaciones y arquetas suficientes para facilitar la red de telefonía a este tramo.

Este proyecto ahora culminado, junto a la construcción del Centro de Usos Múltiples en el propio núcleo de de Matagorda, busca continuar haciendo del municipio de El Ejido y sus núcleos de población lugares atractivos y dinámicos, que están dirigidos al uso y disfrute por parte de los ciudadanos de los espacios públicos.

Centro de Usos Múltiples: inversión de 1,2 millones

El Ayuntamiento de El Ejido ha aprobado en Junta de Gobierno Local la modificación del proyecto del Centro de Usos Múltiples de Matagorda, al que se van a destinar finalmente 1,2 millones de euros; sumando el importe del proyecto modificado, las asistencias técnicas contratadas para la ejecución del mismo y las cantidades que se han destinado a la expropiación de los terrenos sobre los que se está levantando este importante equipamiento.

• La delegada de Cultura asegura que se trata de la primera de las cuatro actuaciones incluida en los fondos MRR solicitados al Gobierno

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, celebrada esta mañana, ha aprobado el proyecto de conservación y restauración de las Murallas del Cerro de San Cristóbal y la al-Mudayna, tras el reciente inicio de las obras de Restauración del Muro de la Vela.

Las Murallas del Cerro de San Cristóbal se corresponden con los primeros tramos de muralla del arrabal del Oratorio, ampliación de la antigua medina realizada en el siglo XI, cuando la ciudad fue capital de un reino de taifas. Forman una cortina defensiva orientada en dirección este-oeste compuesta por nueve torres y los correspondientes tramos intermedios, con una longitud total de 206,85 m.

Los objetivos que se persiguen con este proyecto, elaborado por la Escuela de Estudios Árabes del CSIC, son tal y como ha explicado la delegada “por una parte la conservación de las Murallas del Cerro de San Cristóbal, recuperando sus valores originales y su puesto en valor, haciendo accesible y visitable una parte de este espacio”. Eloísa Cabrera ha asegurado que “se trata de una de las cuatro actuaciones incluidas en los fondos MRR solicitados al Gobierno central”.

La delegada territorial ha destacado “la importante inversión realizada por la Junta de Andalucía para la recuperación del patrimonio histórico de Almería mediante la conservación y restauración de bienes culturales o la creación de nuevas infraestructuras culturales”. De esta forma ha recordado que “se han destinado 3,1 millones de euros a la recuperación del patrimonio almeriense en concreto al Conjunto Monumental de La Alcazaba durante estos tres últimos años”. Ha detallado las intervenciones en numerosos enclaves del recinto, entre las que destacan las obras de restauración del primer recinto de la Muralla Norte por 669.573,04 euros, la restauración en el Muro de la Vela por 349.365,76 euros y la restauración de la Torre del Homenaje por 708.006 euros, todas obras financiadas con Feder. A estas inversiones habría que sumar los 7,4 millones solicitados a cargo de los fondos MRR para la restauración íntegra de las murallas de la Alcazaba, de las que forma parte este proyecto.

Los criterios de intervención del proyecto de conservación se basan en la restauración científica, manteniendo los testimonios constructivos, estratigráficos y espaciales de todas las fases históricas desde la fundación a principios del siglo XI hasta las últimas modificaciones realizadas en 1836 con motivo de la Primera Guerra Carlista, pero por otra parte también su puesta en valor, haciendo accesible y visitable una parte de su adarve.

No obstante, la intervención también se extenderá a los restos dispersos del recinto de la al-Mudayna, recuperando este parte del patrimonio hasta ahora olvidado de la ciudad, restaurando los cimientos y arranques de muros de siete torres y lienzos que fueron concienzudamente dibujados por Juan de Mata Prats en su plano de 1852 y que los investigadores han interpretado como pertenecientes a uno de los arrabales más antiguos de la ciudad o como las murallas de asedio construidas por los almohades en 1157.

Entre los métodos y técnicas que se plantean para atajar el grave problema de conservación destaca el uso de una técnica pionera que ha sido probada experimentalmente con éxito en uno de los grandes monumentos declarados Patrimonio Mundial; se trata de una técnica de consolidación de la costra deteriorada de las tapias mediante la bioconsolidación bacteriana, que consiste en aplicar con espray un producto nutritivo, que sirve para generar la mineralización de carbonatos inducidos por bacterias autóctonas del propio medio a tratar, en este caso, la tapia.

Memoria constructiva

La memoria constructiva del proyecto comprende entre otras las siguientes actuaciones:

-Reconstrucción parcial de los antepechos caídos en las torres de mampostería, C-1, C-2, C-3 y C-5, en el lienzo 4-5, y en la recuperación parcial de la volumetría de la torre C-8 por encima del nivel del adarve, subiendo hasta la altura en la que estaría el forjado de techo de su planta baja, según el mismo modelo que se repite en las torres C-6, C-7 y C-9.

-En la torre C-4 se reconstruirá la escalera y bóveda de acceso a la terraza, se reharán las almenas y aspilleras que faltan según el modelo de las conservadas y se dotará de una gárgola de evacuación de aguas pluviales de la terraza en la cara norte. Además, se colocarán barandillas suplementarias en los antepechos de las citadas torres.

-Facilitar el acceso al visitante a la zona horizontal del adarve, entre las torres C-1 y C-5, así como a las terrazas de las torres de ese tramo, acondicionando el recinto de la escalera de acceso al adarve. Al mismo tiempo se eliminarán posibles riesgos para el visitante, colocando barandillas discretas en las escaleras de acceso y en dicho tramo.

-Impermeabilizar del adarve y terrazas de las torres.

– Consolidar los restos arqueológicos de las murallas de la al-Mudayna, que constituyen un paisaje cultural militar circundante a la muralla de San Cristóbal. Para ello, se llevará a cabo una Intervención Arqueológica de apoyo a la restauración que permita aflorar las partes que permanecen soterradas y descubrir el perímetro de estas torres y la longitud de los vestigios de lienzos, antes de su consolidación arquitectónica.