• La Agencia Pública Andaluza de Educación aprueba el nuevo plan de infraestructuras para creación, ampliación o mejora de centros educativos que se suma a las 1.550 en marcha

La Consejería de Educación y Deporte, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha aprobado un total de 170 nuevas actuaciones de construcción, ampliación y mejora o reforma de centros educativos públicos de Andalucía con una inversión total prevista de 84.937.000 euros. Estas obras se sumarán a las 1.550 intervenciones que la Agencia tiene actualmente en ejecución o en tramitación y que tienen un presupuesto de 878 millones de euros.

El Consejo Rector de la Agencia ha dado el visto bueno esta semana al Plan de Infraestructuras Educativas de 2022, que recoge las necesidades detectadas en las diferentes provincias, priorizando aquellas actuaciones que vengan motivadas por demandas de escolarización y que permitan la eliminación de prefabricadas o eviten su instalación en el futuro. Así, 78 de las obras programadas tienen por objeto la creación de nuevos centros o su ampliación y adaptación al objeto de dotar al sistema educativo de nuevos puestos escolares.

También se incluyen 31 actuaciones derivadas de necesidades de origen técnico que afectan a las condiciones de habitabilidad, seguridad o funcionalidad de los centros y que se considera prioritario ejecutar por el estado de la edificación o la urbanización.

Por último, dentro del programa de reformas y mejoras se recogen 61 intervenciones cuyo objeto es mejorar las condiciones de las infraestructuras de los centros educativos que se hayan quedado obsoletas o dotarlas de requisitos o espacios de los que carezcan, de manera que puedan prestar un servicio educativo de calidad que responda a las demandas actuales.

Por provincias, se han aprobado 25 nuevas actuaciones en Almería (por 18,99 millones de euros), 24 en Cádiz (por 7,46 millones), 22 en Córdoba (2,51 millones), 22 en Granada (16,31 millones), 13 en Huelva (8,97 millones), 16 en Jaén (10,76 millones), 24 en Málaga (12,27 millones) y 24 en Sevilla (por 7,64 millones).

Además, a lo largo del año 2022 se producirán necesidades que se incorporarán al Plan de Infraestructuras previa determinación por la Dirección General de Planificación y Centros, como las urgencias técnicas que surgen por incidencias sobrevenidas y las obras de verano que se determinan una vez cerrado el periodo de escolarización del alumnado.

Actuaciones destacadas

Entre las actuaciones más destacadas recogidas en la nueva programación figuran dos nuevos institutos de educación secundaria (IES) en Almería, concretamente en la zona de Nueva Almería y en Los Molinos, con un presupuesto estimado de 5 millones de euros cada uno.

En Cádiz destacan la construcción de un edificio de infantil en el centro de educación infantil y primaria (CEIP) Barca de la Florida de Jerez de la Frontera por 1,5 millones y la ampliación para ciclos formativos del IES Pablo Ruiz Picasso de Chiclana de la Frontera, con más de 1 millón de euros de inversión prevista.

En Córdoba destacan la reforma y mejora de centros como el Conservatorio Profesional de Danza Luis del Río (350.000 euros de presupuesto programado), el CEIP Averroes y la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) Corduba de la capital cordobesa (250.000 y 200.000 euros respectivamente), el CEIP San José de Montilla (300.000 euros) y el colegio público rural (CPR) Ana de Charpentier de Las Pinedas (200.000 euros).

En Granada se ha aprobado la construcción de un nuevo CEIP en Gabia Grande por 6 millones de euros, la sustitución del CEIP San José de Orce (3 millones) y la ampliación del Conservatorio Profesional de Música Ángel Barrios de Granada (2,1 millones), entre otras actuaciones.

En la provincia de Huelva destaca la construcción de un Conservatorio Profesional de Danza en la capital por 6 millones de euros; y en Jaén, la creación de un nuevo edificio para el CEIP San Eufrasio de Andújar por 2,93 millones y el traslado al antiguo edificio de Peritos del IES Santa Engracia de Linares por 1,75 millones.

En Málaga, la mayor actuación de la nueva programación corresponde a la construcción de un nuevo centro de educación infantil y primaria de la barriada de Soliva, en la capital, con un presupuesto estimado de 5,9 millones de euros. Asimismo, destaca la ampliación del CEIP Enrique Ramos Ramos del municipio de Algarrobo por 1,3 millones.

Por último, en Sevilla se recogen, como actuaciones destacadas, la segunda fase del nuevo IES de Dos Hermanas, con un presupuesto estimado de 2,15 millones de euros, y la ampliación del IES Profesor Juan Bautista de El Viso del Alcor por 2 millones de euros.

Las actuaciones de reforma y mejora de importe inferior a 500.000 euros se contratarán a través del Acuerdo Marco de obras puesto en marcha por la Agencia Pública Andaluza de Educación para agilizar los procedimientos de adjudicación de las obras escolares, dando así una respuesta más eficaz a las necesidades de los centros educativos.

Plan de Bioclimatización

Hay que recordar que en 2022 continuará la ejecución del Plan de Bioclimatización y Energías Renovables aprobado en 2021, que se extiende hasta finales de este año. Se trata de 430 actuaciones con un presupuesto total previsto de 140 millones de euros, cofinanciado por la Unión Europea a través de los fondos REACT-UE dentro del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020 como parte de la respuesta de la UE a la pandemia de COVID-19.

Son actuaciones que combinan la instalación de placas solares fotovoltaicas en los centros educativos para la producción de energía eléctrica con un sistema de climatización sostenible mediante refrigeración adiabática, actuándose así simultáneamente en la mejora de la eficiencia energética de los centros y de su confort térmico en verano.

• “Las limitaciones impuestas por el propio planeamiento municipal son demasiado estrictas”, advierte el edil José Luis Llamas

• La votación sale adelante en el Pleno

El pleno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó de forma inicial la innovación que permitirá la modificación del artículo 3.26 recogido en el actual Plan General de Ordenación Urbana, que regula las actuaciones posibles en suelo no urbanizable.

Durante su intervención, el concejal de Agenda Urbana, José Luis Llamas, destacó que el actual PGOU recoge determinadas normas urbanísticas que, en la actualidad, ocasionan problemas debido a las restricciones que se imponen en las actuaciones posibles en suelo no urbanizable agrícola.

LA NORMATIVA SE ADECUARÁ AHORA A LA VIGENTE EN MUNICIPIOS COLINDANTES

Llamas recordó que la actual normativa establece una parcela mínima de 15.000 m2 para cualquier actuación y una edificabilidad máxima de 1.500 m2, lo que supone una ocupación máxima del 10%. “Por tanto, las limitaciones impuestas por el propio planeamiento municipal son demasiados estrictas y, muy alejadas de la realidad económica-productiva local basada, fundamentalmente, en pequeñas y medianas explotaciones”, señala el concejal.

La intención del equipo de Gobierno es adecuar las condiciones de las actuaciones posibles en el suelo no urbanizable agrícola para resolver una problemática real y ya existente, como son las instalaciones y actividades implantadas anteriores al PGOU de 2009, totalmente consolidadas y, en funcionamiento, pero que “ya superan el límite máximo de edificación establecido, lo que impide cualquier ampliación y modernización de sus instalaciones”.

Con la innovación propuesta, en función del uso permitido, la dimensión de la parcela mínima exigida se establece en 10.000 m2, 5.000 m2, 2.500 m2 o se fija en la parcela existente, ya que la parcela mínima prevista en el artículo 3.26 de 15.000 m2 no encaja con la estructura parcelaria existente y “resulta excesiva para la relación de usos e instalaciones permitidos”.

El concejal de Agenda Urbana, José Luis Llamas, detalló en la sesión plenaria las razones que han llevado a plantear esta innovación con la que se pretende dar solución a una petición expresa del sector hortofrutícola y clarificará las actuaciones de otros usos distintos al agrícola.

Entre otros objetivos, se persigue regular los usos permitidos en el suelo agrícola con respecto a la de los municipios colindantes con similares características, adecuar los usos permitidos a la estructura parcelaria del municipio, posibilitar la implantación de actividades estratégicas para la eficiencia del sector en aras de la sostenibilidad ambiental y, mitigar los efectos del cambio climático, junto con una mejora de la competitividad del espacio agrario.

Con la innovación propuesta se pretende adaptar el planeamiento general municipal a la realidad del tejido socio-económico del suelo agrícola intensivo de la comarca del poniente almeriense, evitando que se produzcan asimetrías o diferencias discriminatorias entre las normativas de aplicación de los municipios del entorno geográfico inmediato, sin que ello suponga, en ningún caso, una alteración del carácter del suelo no urbanizable. 

Objetivos de la innovación

Entre otros objetivos, se persigue regular los usos permitidos en el suelo agrícola con respecto a la de los municipios colindantes con similares características de cultivo, adecuar los usos permitidos a la estructura parcelaria del municipio, posibilitar la implantación de actividades estratégicas para la eficiencia del sector en aras de la sostenibilidad ambiental y, mitigar los efectos del cambio climático, junto con una mejora de la competitividad del espacio agrario.

• El desbloqueo del proyecto Lógica saturará un mercado que no encuentra suficientes inversores para toda la superficie disponible

La Bahía de Cádiz tiene suelo disponible de sobra para acoger nuevos proyectos empresariales. Hay más de 220 hectáreas vacías –2,2 millones de metros cuadrados–esperando a un inversor repartidas por los principales polígonos industriales de Chiclana, Puerto Real, El Puerto de Santa María y Jerez, según el visor cartográfico de Espacios Productivos de Andalucía (Espand) elaborado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que depende de la Consejería de Transformación Económica.

Esta herramienta ofrece a los empresarios la información de solares vacantes, así como de las infraestructuras y equipamientos que ofrecen los espacios productivos. En el caso de la Bahía, se centra en los grandes parques empresariales y en los dos parques tecnológicos de la comarca, el Parque Tecnológico Agroindustrial de Jerez y Tecnobahía en El Puerto de Santa María, por lo que no recoge las pastillas de suelo más pequeñas repartidas por otras localidades como San Fernando o la Zona Franca de Cádiz.

El municipio portuense es precisamente el que cuenta con mayor superficie disponible para la inversión, 118 hectáreas. Esto supone casi la mitad del suelo que se reparte por los polígonos Salinas de Poniente y Levante, El Palmar y Tecnobahía, según los datos del IECA La mayor bolsa de suelo libre, unos 300.000 metros cuadrados, se encuentra en manos de propietarios privados en el polígono Las Salinas de Levante, que fue el último que comercializó la empresa municipal Impulsa El Puerto, según datos del municipio. Otra gran bolsa de suelo, de unos 200.000 metros cuadrados, correspondería a los antiguos terrenos de Visteon, que en virtud de una sentencia judicial sobre la que aún queda pendiente un último recurso muy probablemente volverá a manos municipales. La intención de Impulsa es que estos terrenos se pongan a disposición de nuevos proyectos empresariales de interés para la ciudad.

También queda suelo libre en manos de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), en los terrenos ubicados entre la lonja pesquera y Valdelagrana y donde se ubican fundamentalmente proyectos relacionados con la acuicultura, aunque éstos no se encuentran recogidos en el visor desarrollado por el IECA.

En los últimos años El Puerto se ha convertido en enclave privilegiado para el sector logístico, con la llegada de empresas como Bayport y sobre todo Amazon, que se ha instalado en una de las pocas parcelas grandes que quedaban libres en el polígono Salinas de Levante. También está ya en marcha en Las Salinas de Poniente la construcción de la nueva nave de Baublock, una empresa con capital extranjero que fabricará bloques de hormigón, con una inversión anunciada de 20 millones de euros. Fuentes consultadas por Diario de Cádiz señalan que en lo que respecta a los precios, han experimentado una subida en los últimos años, ya que en su día Impulsa vendió las parcelas a unos 60 euros el metro cuadrado y ya se están vendiendo, en algunos casos, a 90 euros el metro, siendo las parcelas grandes las más cotizadas.

También destaca el proceso de regularización en marcha que afecta al polígono San José Bajo, comercializado en su día por Impulsa y que al no culminarse el proyecto, dejó a muchos propietarios que compraron sobre el papel sin escrituras y con unas parcelas en el aire. Se trata de otros 200.000 metros cuadrados de terreno que están a la espera de que concluya este proceso para ordenar la titularidad de cada parcela, algunos de cuyos propietarios terminaron acudiendo a los tribunales.

Disponibilidad en Jerez

Dada la amplitud de su término, es lógico que Jerez sea el municipio que tiene más suelo destinado a actividades productivas: 328 hectáreas repartidas entre el Portal, el Parque Empresarial Oeste, el Parque Empresarial de Jerez, la Ciudad del Transporte o el Polígono Bertola, según la Junta.

De ellas, 74 hectáreas están disponibles, la mayor parte (41) concentradas en la Ciudad del Transporte, un espacio promovido por el Estado hace más de dos décadas a la vera de la A-4 y en las proximidades del Aeropuerto, y que aún tiene libre el 46% de su superficie, según la Junta. En este lugar no han faltado los proyectos fallidos, como el de la supuesta planta automovolística Zahav.

Lógica revoluciona Puerto Real

En el caso de Puerto Real, el IECAsólo contempla 14 hectáreas libres, aunque únicamente analiza Tres Caminos y el Bajo de la Cabezuela, donde la ocupación roza el 90%, dejando fuera zonas como El Trocadero. con una alta disponibilidad. En este espacio se sitúan los 433.213 metros cuadrados de superficie que ocupaba la antigua Delphi. Desde que se cerraron las instalaciones en 2007, tanto el terreno como gran parte de sus naves están a la espera de un proyecto que cuaje. Allí mismo, en el Trocadero, la disponibilidad de naves para pequeñas y medianas empresas es muy baja, pero sí hay suelo disponible, con naves ya construidas, que ocupaban grandes empresas como Gadir Solar.

La oferta de suelo en Puerto Real va a aumentar exponencialmente una vez que se desarrolle el proyecto Lógica, que sustituyó al fallido Parque de las Aletas, anulado por los tribunales al ocupar espacios protegidos medioambientalmente. El Consejo de Gobierno de la Junta dio luz verde antes de Navidad al pago de las indemnizaciones a los propietarios de los terrenos para su expropiación. La sociedad Dehesa Norte recibirá una compensación de casi 11 millones de euros y la familia Derqui otros 7,3 millones.

Una vez cumplimentado este paso, el Ministerio de Hacienda tiene que disolver el consorcio que dirigía Aletas para dar paso a la nueva sociedad que gestionará Lógica. Aunque no tiene actividad, Aletas sigue generando gastos para el erario público. Los Presupuestos Generales del Estado de 2022 contemplan una partida de 121.000 euros para remunerar a su personal.

Lógica contará finalmente con 120 hectáreas, 300 menos de las contempladas en el Proyecto Aletas, lo que va a añadir presión al mercado inmobiliario de la Bahía. Según la Junta, el nuevo proyecto, va a generar una inversión de 70 millones de euros pero “tendrá un efecto multiplicador de 188 millones (lo que se estima puede generar en torno a 3.000 empleos), ya que permitirá concentrar en esta zona de Puerto Real toda la actividad logística de la Bahía de Cádiz”.

Por lo pronto, la empresa británica Hive Energy ya ha manifestado su interés en desarrollar en estos terrenos una planta de producción de hidrógeno y amoniaco verde, orientada al abastecimiento a buques para exportación de estas materias primas al norte de Europa a través del Puerto de Cádiz

El desarrollo de Lógica va a generar aún más presión para otras áreas que se encuentran a la espera de empresas, como la Zona Franca de Cádiz, que sigue buscando comprador para la pastilla de 120.000 metros cuadrados que ocupaba la antigua planta de Altadis. Ante la falta de inversores, el recinto fiscal va a contratar una consultora para comercializar este suelo e intentar captar nuevas empresas, tras el fiasco de iniciativas como la factoría de Torrot.

Posibilidades en Fadricas

Por su parte, San Fernando no aparece en el visor de la Junta de Andalucía aunque cuenta con tres superficies de suelos productivos: Janer, Puente de Hierro y Fadricas. En la entrada desde la CA-33 por La Ardila, se trabaja desde septiembre en la urbanización de unos suelos que tendrán usos comerciales, además de planearse la construcción un hotel y de la pretensión municipal de contar con unas instalaciones para la aceleración de empresas. La empresa Ten Brinke, que se hizo con los terrenos, invierte en esta fase 25 millones.

El polígono Puente de Hierro, durante años vacío, tiene actualmente un 100% de ocupación y rebosa actividad, lo que llevó al Ayuntamiento a realizar obras para ampliar aparcamientos ante la necesidades del lugar. Enfrente, el Parque de la Historia y del Mar que nunca fue una realidad o El Barco (denominación del edificio por su forma) ha revertido su situación y tras una remodelación se ha convertido en un centro de formación de Navantia (el Navantia Trainning Centre) que la compañía pretende convertir en una referencia del sector naval donde la tecnología tiene un papel protagonista.

La disponibilidad de suelo productivo en San Fernando se centra, sin duda, en Fadricas, una superficie claramente diferenciada en dos por su desarrollo. Lo que tradicionalmente ha sido Fadricas I es un polígono de naves con actividades comerciales, hosteleras, talleres o de producción de distinta índole.

El Gobierno local decidió en el mandato anterior modificar sus usos para unificarlo con la otra parte, Fadricas II, un espacio entonces diáfano, y con problemas de infraestructuras, con una superficie de 170.000 metros cuadrados. Tras dotarlo de servicios, en esta superficie el Consistorio isleño ha creado un centro logístico para los servicios de Limpieza y Recogida de Basura y de Mantenimiento de Parques y Jardines, y prevé que también exista en el lugar instalaciones para el servicio de Agua y Alcantarillado y un punto limpio (que sustituirá al de Pery Junquera).

En Fadricas II ya está abierto el nuevo Mercadona, en una superficie de 1.778 metros cuadrados y este año 2022 comenzará la construcción de un Lidl. Además, se espera que Andalucía Emprende erija las nuevas naves que sustituirán a las de La Magdalena para albergar proyectos empresariales.

• Las obras para la transformación de la plaza se inician esta próxima semana y desde hoy estaba prohibido estacionar en la zona

• Así será la renovada Plaza España

• Cien años de historia de la plaza España de Cádiz

Las obras de la Plaza España, que se convertirá en un referente de la peatonalización y que afrontará su mayor transformación desde que se organizó hace un siglo, comenzarán esta próxima semana.  Este domingo ya estaba prohibido el estacionamiento de vehículos en todo el perímetro de la plaza para empezar ya el vallado de la zona y los cambios necesarios de señalización, así como el traslado de las zonas reservadas para carga y descarga, taxi y motos.

Las actuaciones serán ejecutadas por la empresa Martín Casillas S.L.U. Desde el Ayuntamiento gaditano se solicita a los conductores precaución al circular por la zona y seguir las instrucciones dadas por la Policía Local o los responsables de la obra.

Está previsto que este nuevo espacio sea una realidad a finales del verano de 2022. Con el Monumento a las Cortes de Cádiz como referente central, pero a la vez acogiendo edificios de gran valor histórico, como la antigua Casa de Contratación y la Casa de las Cinco Torres, se busca reformar su centralidad y su espacio, de gran tamaño, como referente peatonal. Y, a la vez, su conversión en una de las principales puertas de acceso a Cádiz desde el espacio portuario con sus mayores obras desde que fue urbanizada hace un siglo.

Cambios en la circulación y aparcamientos

Asimismo, la próxima semana está previsto que comiencen también las obras de mejora de la red de Eléctrica de Cádiz, en el tramo comprendido entre la Plaza de España y la Plaza de las Tortugas, por lo que no podrán circular vehículos por esta zona. 

Así, el tráfico de vehículos que transitan por la calle Antonio López, al acceder a la Plaza de España, deberá circular obligatoriamente por calzada existente en el frontal de la Diputación Provincial y salir por la rotonda de la Glorieta de los Periodistas.

Con respecto a las plazas de aparcamiento, el concejal delegado de Urbanismo, Martín Vila, recuerda que se ha previsto una ampliación de más de un centenar en el parque de la muralla y que ya se ampliaron plazas tanto en el muelle pesquero como en la propia avenida de Astilleros.

Asimismo, con respecto al proyecto de peatonalización, Vila resalta que su materialización va a permitir “abrir un pulmón para que el centro de Cádiz tenga una zona de esparcimiento, de juego y de descanso, a la vez que ennoblecerá el monumento a la Constitución de 1812, puesto que se va a mejorar su visibilidad”.

Cabe recordar que la dirección de esta obra es municipal, ya que fue el Ayuntamiento gaditano quien presentó esta iniciativa a la convocatoria para la concesión de la subvención de 1,3 millones de euros, procedentes del Programa de Regeneración del Espacio Público Urbano (Ciudad Amable), sufragado con fondos europeos de la ITI.

• Los empresarios esperan un mejor año que 2021 e insisten en que uno de los principales problemas que atraviesa el sector es la falta de mano de obra

Los empresarios de la construcción e infraestructuras de Córdoba esperan que 2022 sea un mejor año que 2021 tanto en obra civil como residencial. Construcor confía en que no haya factores de inestabilidad adicional “en un año fundamental para la recuperación económica y la vuelta a los niveles prepandemia”, si bien advierten de la falta de mano de obra y muestran su temor por que los costes energéticos y de los materiales sigan al alza y persistan hasta bien entrado el año.

El secretario general Construcor, Francisco Carmona, insiste en que “las expectativas para 2022 son positivas, no se prevé a corto plazo un retroceso en cuanto al nivel de actividad de 2021, si bien es verdad que hay factores de riesgo que pueden generar cierta incertidumbre, como son los costes energéticos y de los materiales”.

Carmona detalla que hasta el momento esos incrementos de estos costes se han sobrellevado recortando los márgenes empresariales, “pero si sigue esa tendencia alcista nos podemos encontrar con algún problema”. Por ejemplo, habla de licitaciones en el ámbito público que ya se están quedando desiertas, “porque los precios no se corresponden con los que hay en el mercado. Estamos hablando de costes que en algunos casos han superado el 50% de lo que hay en el mercado, y eso es inasumible”, destaca. “Si no se corrige ese desequilibrio en la actualización de los precios nos podemos encontrar con problemas”, insiste.

Todo ello después de que el 28,6% de los empresarios del sector haya tenido un 2021 mejor de lo previsto; un 47,6% sobre lo previsto y un 23,8% por debajo de los previsto. Los empresarios de la construcción confían en que la estabilidad económica se recupere e imponga a lo largo de 2022 y la economía crezca con mayor intensidad de lo pronosticado por la mayoría de instituciones públicas y privadas “dadas las dificultades del pasado año”. 

La asociación recuerda que la no aprobación de los presupuestos andaluces para 2022 es un obstáculo que debe solventarse a la mayor rapidez posible, ya que afecta al desarrollo actualizado de los proyectos e inversiones en materia de infraestructuras.

Del mismo modo, Construcor considera que el proceso electoral andaluz debe desarrollarse con la máxima normalidad y facilitar la citada actualización presupuestaria a su finalización. De ahí que espere que no haya factores de inestabilidad adicional en un año fundamental para la recuperación económica y la vuelta a los niveles prepandemia. 

Los costes laborales, los de transporte y el posible repunte de los financieros por el efecto de la inflación, están también entre sus preocupaciones de los empresarios cordobeses de la construcción. No obstante, la falta de profesionales se mantiene como una de las grandes urgencias para el 95% de los empresarios.

Y es que en Córdoba unos 25.800 trabajadores de la construcción han dejado el sector si se comparan los datos de antes de la crisis económica del 2008 con la actualidad. Para esa fecha, al menos 42.000 personas se dedicaban al sector y ahora son cerca de 16.200 en la provincia, lo que supone una pérdida media de casi 2.000 al año. Hacer este cálculo, sin embargo, es complicado para Construcor, que asegura que la realidad de la construcción ha cambiado considerablemente en estos 13 años y calculan que haría falta el 15% más de los que hay hoy en activo, unos 2.430 trabajadores aproximadamente.

“A lo mejor se van a necesitar 3.000 o 4.500, pero ahora no lo sabemos, las cifras son relativas, pero sí hacen falta especialidades, sobre todo en la capital, que absorbe el 15% del total de las construcciones en la provincia”, según el secretario general de la asociación.

Que el coste de los materiales y la falta de trabajadores son dos de los principales problemas del sector de la construcción en Córdoba para este año ha quedado reflejado en una encuesta que entre los empresarios de la construcción ha llevado a cabo Construcor, y que ha desvelado que los otros tres problemas son los costes laborales, los de transporte y los financieros.

Facturación y empleo

La facturación de las empresas a lo largo del ejercicio económico recién acabado ha ido mayoritariamente sobre sus previsiones, un 61,9%, frente a un 23,8% que la ha mejorado y un 14,3% que no la ha alcanzado. Un dato positivo que refleja la actividad del sector y confirma la buena marcha de los distintos indicadores sectoriales en Córdoba y su provincia. 

En cuanto al empleo, el 57% ha mantenido plantilla y el 38% la ha aumentado. Solo un 4% ha tenido que reducirla. El dato refleja la evolución estadística del empleo en el sector. 

La parte de los costes, fundamentalmente la de los materiales, es la que ha afectado a la mayor parte, un 57%, frente a un 42,9% que han ido actualizando sus previsiones según han ido evolucionando desde principios de año. 

En este capítulo de gastos, el 100% de los empresarios creen que el de los materiales les seguirán afectando en 2022, al igual que los energéticos, ya que consideran que la situación actual de dificultades en los suministros y los muy elevados precios de la luz y los carburantes persistirán hasta bien entrado el próximo año. 

En cuanto a otros costes, la preocupación por el alza de los laborales, ante las incertidumbres de las reformas del mercado de trabajo y la persistencia de la inflación, preocupa al 90%. Asimismo, los de los transportes al 70% y los financieros al 65%, si bien creen que, todavía en 2022, las condiciones crediticias no llegarán todavía a endurecerse significativamente. 

No obstante, la citada falta de profesionales se mantiene como una de las grandes preocupaciones de los empresarios, que, en un 95%, consideran una “urgencia” para los próximos años contar con nuevos profesionales bien formados.

La economía y el impacto de los fondos europeos

La encuesta también recoge la opinión de este sector sobre la economía y, en este caso, el 61,9% cree que marchará por debajo de las previsiones de la propia Comisión Europea -estimado en su último análisis en el 5,5%- frente a un 33,3% que sí creen que se cumplirán. Solo el 4,8% restante espera que se supere esa cifra. 

En cuanto a la confianza en el impacto positivo de los fondos europeos del programa Next Generation para el estímulo de la economía, y medida de cero a diez (cero ninguna y 10 máxima) el 35,2% se mueve por encima de la media del cinco; un 19% está en esa media y un 45% por debajo, lo que refleja un grado significativo de escepticismo.

La encuesta recoge las entrevistas, 54 de 60, de las empresas más representativas en tamaño y corresponden a los distintos subsectores de actividad de los asociados de Construcor: edificación residencial, obra civil (pública) gestión y promoción inmobiliaria, ingeniería y consultorías de servicios financieros e inmobiliarios.

• El PSOE y Unidas Podemos trabajan en un acuerdo general previo para el apoyo a las cuentas

• Las plusvalías supondrán una reducción importante de los ingresos

• Si no se permite el endeudamiento, los fondos Next Generation pueden traer problemas

El Ayuntamiento de Granada está inmerso en la realización de un nuevo presupuesto. Como cada inicio de año, el área de Economía trata de elaborar unas cuentas para un año que no será fácil en lo financiero por los golpes que supondrán tanto la reducción de ingresos por las plusvalías como los efectos económicos aún de la pandemia.

El PSOE busca sacar unos presupuestos adaptados a la realidad de 2022 después de que en 2020 permitiera con su voto a favor sacar los primeros presupuestos en 5 años con el famoso ‘Pacto del codo’ con el entonces gobierno de PP-Cs. Unas cuentas que fueron prorrogadas en 2021 y que ya no sirven para este año y la recuperación que se busca.

Ahora, los socios para sacar adelante las cuentas cambian, y aunque al gobierno de Paco Cuenca le hubiera gustado contar con más apoyo de la oposición, como ellos propiciaron, se centran en su apoyo ‘natural’, en el grupo Unidas Podemos, que fueron los que le dieron el voto a la Alcaldía hace unos meses. 

Ese apoyo, según ha explicado el concejal de Economía, José María Corpas, se ha estado trabajando con una base de un marco general que firmarán ambos grupos y que ya tienen “casi acabado”. Un marco que Unidas Podemos quiere cerrar antes de negociar el presupuesto ya que supone sus compromisos de medidas y programas y sus líneas de trabajo que buscan después comprometer económicamente, de ahí el querer ratificarlo antes que la negociación y el apoyo al presupuesto. Un acuerdo además que Unidad Podemos presentará a su asamblea Granada se Encuentra para ratificación antes de firmarlo.

En dicho planeamiento general “coincidimos en la mayoría” de las medidas aportadas aunque, reconoce Corpas, hay otras que aunque se apoyan no son factibles en la actualidad en el Ayuntamiento de Granada, como por ejemplo la remunicipalización de los servicios de limpieza o de transporte, algo que “no es posible” ahora mismo.

Mientras se trabaja en las condiciones del pacto con Unidas Podemos, en el área de Economía ya tienen avanzadas las previsiones de ingresos y gastos que tienen que conformar el borrador de los presupuestos. Y Corpas reconoce que habrá dificultad por la reducción de los ingresos por plusvalías o la reducción de ingresos por la pandemia, aunque es “optimista” en presentar un expediente de presupuestos factible y bueno para la ciudad.

En cuanto al apoyo del resto de grupos, aunque se ha pedido responsabilidad y altura de miras a todos, Corpas reconoce que la negociación es con Unidas Podemos y que le hubiera gustado una oposición “menos beligerante” por parte del PP. “En una corporación local hay pocas cuestiones con un carácter ideológico absoluto. Nosotros lo demostrados cuando apoyamos sus cuentas. Pero hoy es muy difícil contar con el apoyo del PP”, dice. Con Vox no se van a sentar y tampoco han hablado con los tres concejales no adscritos. De todas formas, con los tres votos de Unidas Podemos se garantizan los apoyos suficientes para sacar adelante el presupuesto. Y con el acuerdo previo con ellos, este grupo tendría que dar el visto bueno a cualquier otra conversación.

Unas cuentas que “tienen que salir cuadradas por nuestro plan de ajuste”. Y los fondos europeos Next Generation que se reciban para proyectos de recuperación, ¿cómo afectarían al presupuesto?

Según Corpas, la llegada de fondos europeos no condiciona la elaboración del presupuesto ni puede llegar a frenarlo, aunque reconoce que tiene que cambiar la normativa para que el Ayuntamiento no tenga problemas económicos con estas partidas. Y es que piden que cambie una disposición que no permite endeudarse a los ayuntamientos con un plan de ajuste como el de Granada. Y como los proyectos ejecutados se financiarían con un 80% de dinero de Europa y un 20% del Ayuntamiento, de llevarse a cabo la capital no podría endeudarse para conseguir ese dinero y tendría que sacarlo de otras partidas, lo que obligaría a modificar presupuesto para poder pagar. Algo que se haría a posteriori de aprobar las cuentas de 2022.

“Estamos trabajando para que el decreto nos permita endeudarnos” para no tener que renunciar a los fondos, algo que no está en el pensamiento del gobierno local.

Con esta situación, el equipo de gobierno mantiene febrero como fecha para sacar adelante los nuevos presupuestos, los primeros del PSOE ya que en su anterior etapa de gobierno no pudieron sacar adelante nuevas cuentas y se siguieron prorrogando las que había en 2015 con el PP.

• Además del buen comportamiento de la capital, la decana de los arquitectos pone el acento en la localidad de Dos Hermanas, la única que ha mantenido el «pulso» de construcción en la última década

Sevilla capital recupera los niveles de construcción de vivienda de 2010 y cierra 2021 con un 17% más de visados que en 2019, año anterior a la pandemia, con 2.323 viviendas certificadas (35% del total de la provincia sevillana) frente a las 1.985 de hace dos ejercicios.

Así lo ponen de manifiesto los datos facilitados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS) a Europa Press, unas cifras que la decana del Colegio, Cristina Murillo, valora porque evidencian las «fortalezas» de un sector golpeado por la crisis de 2008 de la que «ha costado tanto levantarlo».

En 2021, fueron 6.607 las viviendas visadas (nuevas y para rehabilitación, éstas en una proporción muy inferior a las primeras) en la provincia de Sevilla frente a las 5.423 de 2019, lo que equivale a un incremento de cerca del 22%.

Además del buen comportamiento de la capital, Murillo pone el acento en la localidad de Dos Hermanas, la única que ha mantenido el «pulso» de construcción en la última década. En 2021, fueron 1.030 las viviendas visadas en el municipio nazareno (16% del total de la provincia) en comparación con las 929 de 2019.

En el resto del área metropolitana, han sido 1.503 las viviendas visadas en 2021 (23% del total) frente a las 1.479 de hace dos años. En el resto de la provincia, el Colegio Oficial de Arquitectos visó el año pasado 1.751 viviendas.

La decana del COAS resalta que el Covid ha tenido un efecto negativo «coyuntural» en el sector de la construcción, donde, después del envite de la crisis de 2008, las «fortalezas» del propio sector y la «gran demanda» de primera residencia en Sevilla capital han servido para capear las incertidumbres generadas en torno a la pandemia.

Cristina Murillo sí alerta del efecto del incremento de precios en los suministros y la falta de mano de obra cualificada. En relación a los costes, el COAS colabora con la patronal de la construcción y la Consejería de Fomento en una actualización y «adaptación» del Banco de costes de Andalucía para evitar que las constructoras se vean abocadas a parar las obras (públicas y privadas) al no poder asumir los incrementos, en algunos casos del doble, como el hierro.

• Hablamos con la empresa de ingeniería sevillana UG21 que ha realizado el proyecto constructivo definitivo del tramo Norte de la línea 3 del Metro de Pino Montano al Prado

UG21, empresa sevillana de ingeniería dirigida por Ozgur Unay y el CEO Manuel González Moles, ha realizado en solitario la revisión y actualización del proyecto constructivo del tramo Norte de la línea 3 del Metro (Pino Montano-Prado) con un presupuesto de 433.183 euros. Cuenta con una plantilla de casi 200 trabajadores con implantación en varios países de Latinoamérica y España (Madrid y Sevilla).

Su presidente, Ozgur Unay, recalca que la obra de esta línea se presta a la colaboración público-privada, que hay empresas interesadas en participar aportando capital privado y que es necesario que cambie la legislación actual nacional de 2015 (la ley de desindexación de la economía) para que la entrada de esos inversores sea rentable. 

“Como técnico del sector creo que el cambio de la ley de desindexación es posible y deseable porque la infraestructura de la línea 3 del Metro se presta a la colaboración público-privada, que podría ser muy interesante. Es una obra de envergadura y muy especializada. En efecto hay empresas interesadas. Si ese cambio ayuda a que Sevilla tenga cuanto antes una segunda línea de Metro, bienvenido sea”, señala Unay.

Unay cree que pueden y deben participar en la obra de construcción de la línea 3 “empresas constructoras sevillanas y andaluzas muy reconocidas en el mundo”, lo que supondría que tuvieran una participación “en este importante proyecto que Sevilla lleva esperando años”.     

La empresa de ingeniería UG21 ha tenido que terminar y actualizar el proyecto constructivo original del tramo Norte de la línea 3 (presentado a la prensa en diciembre de 2011 pero oficialmente terminado en 2012) porque estaba inacabado en algunos detalles, aunque sin llegar al nivel bajo de definición en que están los proyectos de las líneas 2 y 4.

Estos son los elementos que la empresa ha completado de lo que le faltaba al proyecto: definir bien el proyecto de los talleres y cocheras, así como el proyecto de las instalaciones de las 12 estaciones y mejorar el cálculo de cimentaciones. Además se ha adaptado el proyecto a varias decenas de nuevas normativas sobre construcción que han cambiado en la última década en obra civil, estructura de pantallas y losas, hormigón armado, etc. Por último se han actualizado los datos de los servicios que se verán afectados por la obra.

Proyectos internacionales

Su presidente reconoce que “son buenos tiempos para las empresas de ingeniería, que están redactando y ejecutando proyectos tras un parón importante”. Su empresa ha realizado proyectos en Bolivia, Colombia, Perú y México, entre otros. 

La empresa de ingeniería UG21 ha realizado, entre otros proyectos, el de construcción del Metro de Cochabamba (la tercera ciudad de Bolivia con más de un millón de habitantes) que consta de tres líneas en superficie. Asimismo, ha participado en un tramo del proyecto del llamado Tren Maya que cruza México a lo largo de 1.500 kilómetros, en el diseño de torres de control, y de aeropuertos como los de Colombia, Perú y México.

“Estamos muy implicados en proyectos de infraestructuras en Latinoamérica y en España, y seguimos creciendo”, recalca el directivo. La empresa cumplió veinte años en 2021.

UN APASIONADO POR LA INGENIERÍA, EL BETIS Y EL ESQUÍ

Ozgur Unay Unay (Ankara 1966), doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, es presidente de la empresa de ingeniería sevillana UG21 y consejero del Betis. Nació en Ankara (Turquía) pero lleva 31 años en Sevilla, más tiempo aquí ya que en su país de origen, al que vuelve cada año. Allí están sus padres y su hermana a los que visita en verano. Vino a España enamorado de una onubense que es su mujer. Su pasión es esquiar y escaparse a Granada a deslizarse por la nieve en el poco tiempo libre que le queda.   

Hizo ingeniería en Santander tras iniciar sus estudios en la Universidad Técnica de Istanbul. Es Master of Science en Estructuras por la Universidad de Texas en Austin y cursó Alta Dirección de Empresas en el Instituto San Telmo de Sevilla.

Su carrera profesional comenzó en 1989 en EEUU. En 1991 se traslada a España, donde comenzó a trabajar en una empresa consultora de Andalucía, en la cual permanece hasta 2001, año en el que crea UG21 junto a Manuel González Moles.

Su especialidad en estructuras, le ha convertido en un referente a nivel nacional de esta materia, colaborando tanto en el sector público como privado en el diseño y construcción de más de medio millar de estructuras en España y Latinoamérica, relacionadas con autovías, puertos y aeropuertos, trenes y metros, aparcamientos, edificios de viviendas y otras estructuras singulares.

LA JUNTA HA PEDIDO VARIAS VECES AL ESTADO QUE CAMBIE LA LEY DE 2015

La Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la economía española, aprobada en 2015 por Rajoy, limita actualmente la rentabilidad del inversor que quiera participar en una obra pública (por ejemplo el Metro de Sevilla) a una horquilla del 2-2,5% al 4%, cuando por lo general los fondos de inversión trabajan con una rentabilidad del 7% y durante la obra del 14%.

La Junta de Andalucía lleva desde abril de 2020 pidiendo al Estado que esta ley se cambie vía Decreto aun cuando la normativa actual beneficia a la administración al tener que pagar mucho menos por las concesiones. Sin ir más lejos, en Sevilla la Junta paga al año 50 millones de euros para equilibrar la concesión de la línea 1.

Desde la Consejería de Hacienda de la Junta se recalca que llevan pidiendo al Ministerio de Hacienda ese cambio desde casi desde el principio de la pandemia: por carta, en reuniones, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en entrevistas, pero de momento el Ministerio ha hecho caso omiso.

• Nueva fisonomía del Prado: la parada y las vías del Metrocentro quedarán al otro lado, junto a la línea 1 del Metro, y la línea 3 más cerca de los Juzgados
• El tramo Norte de la Línea 3, entre Pino Montano y el Prado, moverá 13,3 millones de viajeros al año

La construcción de la línea 3 entre Pino Montano y el Prado, el llamado tramo Norte, obliga a mover para siempre la parada y las vías del tranvía (Metrocentro) justo encima de la línea 1, es decir, más cerca de los jardines que de los Juzgados. Así pues la estación del Prado de la línea 3 quedará donde actualmente está la parada del Metrocentro. Este desplazamiento “de unos metrosl” no afecta en ningún caso a este servicio de transporte, que no se interrumpirá porque las vías se irán construyendo en paralelo a las actuales hasta el momento en que esté lista toda la nueva infraestructura.

El cambio ha sido consensuado con Emasesa y con Tussam, que están de acuerdo con la solución propuesta por la empresa de ingeniería sevillana UG21, que lo propuso como opción “técnicamente posible y conveniente”. Este es uno de los puntos destacados del proyecto constructivo del tramo Norte revisado y actualizado por esta empresa que preside Ozgur Unay.

El proyecto se presentó esta semana y se resume en 8,9 kilómetros de trazado entre Pino Montano y el Prado, con un coste de 1.045 millones de euros que incluye la compra de 8 trenes (40 millones), tiene 12 paradas y se puede recorrer en 18,12 minutos de una punta a otra del tramo. La previsión es que lo usen 13,3 millones de viajeros al año y 57.200 pasajeros al día.

Intercambiador con la línea 4 y 2

Otro punto singular de proyecto es la construcción del intercambiador con la línea 4 del Metro. La empresa que se haga con el contrato debe dejar hecho el cajón de obra civil de ese intercambiador en la estación Hospital Virgen Macarena. La línea 3 pasará por debajo de la línea 4, con lo que debe quedar hecha la estación completa que dará servicio a ambas líneas. El túnel bajo el aparcamiento del Hospital Virgen Macarena es el que alcanza mayor profundidad del tramo Norte de la línea (21 metros).

Por lo que respecta al cruce con la línea 2, el proyecto del tramo Norte de la línea 3 contempla dejar el espacio para el intercambiador a la altura de la estación María Auxiliadora. La rasante de la línea 3 se ha subido lo máximo posible para que pase por debajo la línea 2 sin tener que situarla muy profunda. Los técnicos de UG21 señalan que en ese punto ambas estaciones se conectarán con un intercambiador.