M.Valverde. Madrid

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, quiere resucitar el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva (AINC) con los sindicatos CCOO y UGT. En declaraciones a EXPANSIÓN, Garamendi explica que busca un pacto de contención salarial para evitar varios problemas a las empresas y a la economía en general: en primer lugar, la posibilidad de que se produzca lo que llama “un destope” de los salarios. Es decir, un incremento acelerado de las retribuciones de los trabajadores, con la recuperación de las cláusulas de revisión, que reclaman CCOO y UGT .

Muchos empresarios prefieren que un pacto interconfederal con los sindicatos acote una horquilla salarial, que sirva de referencia para la negociación colectiva, por el compromiso de las respectivas confederaciones empresariales y sindicales. De otra manera, puede producirse una situación de gran conflictividad en los convenios, con las demandas de los comités de empresa disparadas.

En segundo lugar, y como consecuencia de esta premisa, el presidente de la CEOE teme que se convierta en estructural el actual crecimiento exponencial de la inflación. Más allá de la actual situación coyuntural. Es decir que el incremento de los salarios alimente la subida de los precios, y viceversa. Precisamente, Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, vaticinó ayer que “quizás no sea tan transitorio el actual episodio de elevada inflación”, y añadió que “el mayor riesgo para la perspectiva de inflación son los efectos de segunda ronda”. Es decir, que el incremento de los precios se traslade a los salarios y a las pensiones.

En este contexto, Garamendi ya ha llamado a los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y CCOO, Unai Sordo, para concertar una primera cita en la que empezar a hablar de un pacto salarial con una duración de dos o tres años. El último acuerdo de este tipo entre los agentes sociales estuvo vigente entre 2018 y 2020. Fue en ese último año cuando estalló la recesión provocada por el coronavirus.

El dirigente empresarial explica por qué busca un acuerdo salarial con los sindicatos: “Creo que estamos en un momento en el que sería interesante llegar a un acuerdo al respecto. Y de hecho, me he puesto en contacto con los sindicatos para abordarlo”. “Todo el mundo –continúa Garamendi– vaticina que hasta junio habrá una senda inflacionista, pero, si hacemos bien las cosas, a final de año podemos llegar a cotas más moderadas”. El IPC cerró el año pasado con un crecimiento del 6,7%, y del 3,1% en tasa media. La subida media de los salarios pactados en convenio fue del 1,47%.

Un ‘destope’ salarial

El empresario vasco explica que “el riesgo que están planteando los expertos es que haya una suerte de destope salarial en la negociación colectiva, por la inflación”. “Por lo tanto, –recalca Garamendi– si [la patronal y los sindicatos] fuésemos capaces de llegar a un acuerdo sobre una senda salarial en el tiempo daríamos mucha estabilidad a las empresas. Vamos a ver. Yo creo que [los empresarios] debemos sentarnos con los sindicatos y tratar de llegar a un acuerdo. Deberíamos ser capaces de evitar que un proceso de inflación coyuntural, como el actual, se convierta en estructural. Un pacto que debería durar “dos o tres años. Tenemos que plantear una senda razonable de los salarios que diese tranquilidad a las empresas y a los trabajadores”. “Estamos en los pasos previos de las conversaciones”, dice Garamendi, para anotar que CEOE debe analizar primero el marco de la negociación con los sindicatos, para, después, definir su propuesta. Por lo tanto, la patronal no ha planteado todavía una cifra de incremento salarial. CCOO y UGT deslizaron ayer que partirán de una subida del 3,1%, equivalente a la tasa media del IPC en 2021, más un cláusula de revisión.

El último acuerdo de este tipo entre los agentes sociales estuvo vigente entre 2018 y 2020. El pacto de entonces recogió un incremento fijo de los salarios del 2% para cada uno de los años, más un 1% adicional ligado a objetivos como los siguientes: la mejora de los resultados de la empresa, de la productividad o la reducción del absentismo laboral injustificado. Además, las empresas y trabajadores podían fijar otros objetivos ligados al incremento adicional del 1%, siempre que fuesen metas medibles. Además, el acuerdo estableció un salario mínimo de convenio de 14.000 euros anuales, en 14 pagas, contando con las dos extraordinarias. Es decir, que fijó un salario mínimo de 1.000 euros mensuales. Precisamente, la misma cuantía que quieren implantar el Gobierno y los sindicatos en el Salario Mínimo Interprofesional.

Con ello, el gran objetivo de CCOO y UGT es situar en los 1.000 euros la retribución mínima mensual en toda la economía, con una jornada laboral completa. Incluso, el reciente pacto sobre la reforma laboral fija que, como mínimo, los trabajadores con contratos de formación y de práctica, deben ganar el SMI. Por lo tanto, si sube esta renta debe subir el salario mínimo de convenio. Garamendi, como presidente de Cepyme, fue uno de los firmantes de acuerdo de 2018. También Unai Sordo y Pepe Álvarez. Juan Rosell, era el presidente de la CEOE, en su último año de mandato.

J. Díaz. Madrid

El desorbitado encarecimiento de las materias primas y los problemas de abastecimiento han sumido al sector de la construcción en una lucha contra los elementos cuyo impacto económico es cada vez mayor, con retrasos en la ejecución de obras públicas, paralizaciones de proyectos e incluso cancelaciones puntuales de contratos. Entre abril de 2020 y finales de diciembre pasado, materiales esenciales para la construcción vieron dispararse sus precios, impactando como una batería de misiles sobre los presupuestos de la obra pública. Así, la madera se ha encarecido un 259%, el acero un 115%, el aluminio un 90% y el cobre más de un 85%, a lo que se suma la escalada del petróleo, que subió más de un 200% en ese periodo. El resultado es que la factura de esa espiral inflacionista asciende ya a “más de 10.000 millones de sobrecostes en la obra pública” desde abril de 2020, según los cálculos realizados por el ingeniero de caminos Pedro Luis Santos, director gerente de la consultora Incap.

Si se tiene en cuenta que la inversión nacional en obra pública (incluyendo las licitaciones del Estado, las CCAA y los ayuntamientos) asciende a unos 32.300 millones de euros desde abril del año pasado y que los materiales pesan entre un 25% y un tercio en los costes de los proyectos, “la subida de los precios ha supuesto un encarecimiento superior al 30%” de las obras, señala el experto, quien subraya que es el sector constructor el que está cargando sobre sus espaldas esa pesada mochila adicional y advierte de que “hasta que el Estado no decida alguna fórmula de compensación, esta cifra se irá agrandando”. Son cálculos orientativos pero que ilustran a la perfección la “magnitud del problema que a día de hoy están soportando las empresas de construcción españolas”, afirma Santos.

Un problema que afecta a grandes, medianas y pequeñas, porque aunque los grandes grupos, como ACS, Acciona, Ferrovial, OHL, FCC, Sacyr o Sanjosé aglutinaron en 2020 el 25% de la obra pública (en un año muy atípico y de escasa licitación por el Covid), el 75% se repartió entre una pléyade de contratistas de todos los tamaños. En 2019, antes del estallido de la pandemia, los campeones de la obra pública fueron ACS, Acciona y FCC, nombres que, en un puesto u otro del ránking, se repiten año a año.

La actual escalada de los precios de las materias primas, que se prolonga desde hace meses, es cada vez más insostenible para las compañías del sector con menor músculo, ya que no solo amenaza la viabilidad de muchos proyectos, como han advertido Seopan o la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), sino que pone en riesgo la contribución del sector constructor al proceso de recuperación. La previsible “revisión de precios en los nuevos contratos limitará los riesgos de estos, pero todas las obras en ejecución durante el año pasado y sin revisión de precios han sufrido unos incrementos de costes durante 2021 que se han ido incrementando mes a mes, hasta ser inasumibles para los contratistas”, advierte en declaraciones a EXPANSIÓN Concha Santos, presidenta de ANCI, la asociación nacional de constructoras no cotizadas, quien añade que “el sector es unánime en la necesidad urgente de medidas extraordinarias para reequilibrar las obras en curso”.

Obras paralizadas

En una encuesta realizada en septiembre, la CNC constató ya entonces que prácticamente cuatro de cada diez empresas constructoras se habían visto obligadas a paralizar algunas obras o cancelar algún contrato por la escalada sin precedentes de las materias primas. La situación no ha mejorado desde entonces, sino todo lo contrario: “Ha ido a mucho peor desde que se realizó la escuesta”, señalan fuentes de la CNC. Hasta el punto de que “a algunas empresas les compensa pagar la penalización para no seguir adelante con la obra”, explican desde la patronal. Unas penalizaciones económicas que pueden alcanzar el 4% del importe de la adjudicación u oscilar entre 1.500 y 3.000 euros por día natural en el caso de retrasos. Hasta septiembre, solo un 2,3% de las empresas había optado por una medida tan drástica como cancelar un contrato, pero, en vista del empeoramiento de la situación en los meses siguientes, es muy probable que ese porcentaje haya aumentado. De hecho, los precios industriales volvieron a dispararse un 33,1% en noviembre, encadenando once meses consecutivos de subidas. Un escenario dramático que, paradójicamente, se produce en plena recuperación de las licitaciones de la obra pública que, tras el parón forzado por el Covid en 2020, crecieron un 80% entre enero y noviembre, hasta superar los 21.000 millones, según datos publicados por Seopan.

El acero sube un 115% desde abril de 2020; el aluminio, un 90%, y la madera, un 259%

En este complejo escenario, en el que abundan los proyectos pero está en jaque la viabilidad de muchos de ellos (y no solo por la falta de rentabilidad, sino también por los problemas de mano de obra cualificada), el sector reclama al Gobierno medidas que ayuden a capear el temporal y a digerir unos desequilibrios que han puesto al límite su capacidad financiera, en línea con lo que ya hacen las principales economías de la zona euro (ver información adjunta). Seopan solicitó meses atrás la aprobación de una norma especial que, con carácter excepcional, permita revisar precios en los contratos de obras ya en curso “mientras persista la inflación”. Y que los nuevos contratos incorporen “con carácter obligatorio” mecanismos de revisión de precios en los pliegos de contratación.

Ley de Contratos

“La normativa vigente sobre desindexación y su incorporación en la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 impiden la previsión de fórmulas de revisión de precios vinculadas a la inflación y dificultan, por tanto, en la mayoría de los casos la revisión de los contratos actuales de obra pública por el alza en el coste de las materias primas”, señala Mariano Magide, abogado de Uría Menéndez. En este sentido, el experto aboga por valorar “la incorporación de cláusulas de revisión de precios en los futuros contratos que doten de seguridad jurídica tanto a la entidad contratante como al contratista”, e incluso “una posible reforma de la Ley de Contratos del Sector Público que previera la inclusión directa de esas cláusulas en futuros pliegos sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones que así lo justifiquen para la viabilidad del proyecto en cuestión”. Respecto a los contratos actuales y a expensas de un eventual cambio normativo, las posibles soluciones pasan por “analizar el régimen jurídico de cada contrato y comprobar la procedencia de un eventual reequilibrio sobre la base, por ejemplo, de la doctrina del riesgo imprevisible”.

La Consejería de Educación y Deporte ha “redoblado” su apuesta por la provincia de Almería en esta legislatura, solventado algunos de los déficits más importantes de 2018, especialmente en lo referente a las infraestructuras educativas y deportivas, según el informe de gestión presentado al Consejo de Gobierno celebrado en la Alcazaba.

Según los datos facilitados, en esta legislatura, la Consejería ha aprobado un total de 270 actuaciones en Almería, recogidas en los planes de infraestructuras educativas de 2019, 2020 y 2021. Estas obras tienen un presupuesto total estimado de 102 millones de euros. Entre estas actuaciones destacan 25 obras de construcción o ampliación de centros con objeto de crear nuevas plazas escolares, 63 obras de bioclimatización y energías renovables, 56 de reformas y mejoras, 27 de retirada de amianto y 24 actuaciones derivadas de urgencias técnicas, entre otras.

Para el año 2022, en la provincia se han aprobado 25 nuevas actuaciones por un importe de 18,99 millones, con 11 obras de escolarización, 12 reformas y dos actuaciones por necesidades técnicas.La inversión ejecutada en obras en la provincia en los años 2019, 2020 y 2021 ha sido de 30,55 millones de euros.

En este periodo se han finalizado en la provincia un total de 185 obras de construcción, ampliación, reforma y mejora de centros educativos públicos. En marcha hay 160 actuaciones de creación, ampliación o mejora de centros educativos públicos, por valor de 133 millones, como la construcción del Conservatorio de Danza Kina Jiménez de Almería.

• La consejera de Fomento avanza que la infraestructura podría echar a andar “en el primer semestre de 2022”

El tranvía de la Bahía de Cádiz comenzará a operar “por fin en el primer semestre de 2022“, según ha anunciado este jueves la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta, Marifrán Carazo. En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, la consejera ha celebrado que “en 2022, por fin, va a funcionar el tranvía de la Bahía de Cádiz tras una década en construcción”, al tiempo que ha reconocido que “se ha tardado un poco más de lo esperado en lo que más cuesta, que son los trámites burocráticos, administrativos…”.

Carazo ha recordado los avances que se han realizado a lo largo de esta legislatura para “terminar de rematar las obras”, culminando los trabajos de la obra civil, la estación del Río Arillo o la subestación eléctrica que alimentará a los convoyes.

A finales de diciembre se dio “un paso determinante” con la licitación del contrato de pre-explotación, con Renfe, por cuatro millones de euros, algo que “va a permitir comenzar las últimas pruebas de seguridad antes de la actividad comercial”.

“Espero firmar ese contrato la semana que viene”, ha reconocido Carazo, que ha explicado que “a partir de ese momento, se incorporarán los trabajadores, que ya hicieron su periodo de formación, que siguen esperando esta actividad”.

• «Si no hay sorpresas», se podrán formalizar a finales de que acabe enero / Infraestructuras trabaja para agilizar la autorización de los enganches de Endesa

El concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Álvarez, informó este jueves de que su departamento está «ultimando» la contratación de las empresas que se encargarán de incrementar la potencia eléctrica en los centros educativos de la capital, para la puesta en marcha de los equipos de climatización.

Cabe recordar que las máquinas ya se instalaron, pero no se pudieron poner en marcha por falta de potencia eléctrica, lo que ha requerido un nuevo contrato para adecuar las instalaciones a esta necesidad. Álvarez respondió así a la queja elevada por el colectivo SOS Climatización, que forma parte de la plataforma Niñ@s del Sur, por el retraso acumulado en este proceso y su advertencia de que recurrirán al Defensor del Pueblo para que intervenga.  

Antonio Álvarez, que se hizo cargo de Infraestructuras tras el cese de David Dorado, indicó que «ha sido una prioridad» para él desde que tomó posesión y que «actualmente todos los lotes tienen propuesta de adjudicación aunque se ha requerido más documentación a alguna empresa». En cuanto llegue toda la documentación, «todo pasará por Intervención y se procederá a la formalización del contrato», algo que, en su opinión, «es cuestión de días», si bien no quiso poner fecha.

El objetivo es que, «si no hay sorpresas», los contratos «queden firmados en enero» para iniciar las obras, que cuentan con un plazo de ejecución de mes y medio. El Ayuntamiento descarta que se pueda hacer algo para combatir el frío este invierno con estos sistemas, pero confía en que «todo esté listo de cara a la temporada de calor». 

Por otro lado, el trámite que «podría alargar la puesta en marcha de los equipos», según Álvarez, es el de la autorización de los enganches por parte de Endesa, «algo que también se está tramitando ya para agilizarlo y que esté lo antes posible», adelantó.

• Se levantará en un terreno de casi 2.200 metros propiedad del Ayuntamiento

La delegada de Salud y Familias, María Jesús Botella, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, visitaron este jueves junto al director gerente del Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir, Francisco J. Fonseca, los terrenos donde la Junta de Andalucía prevé la construcción del nuevo consultorio de El Naranjo, para el que se estima un presupuesto de más de dos millones de euros.

El plan funcional del centro establece que éste contará con 5 espacios para administración entre recepción, atención ciudadana, almacenes y espacios para comunicaciones; un área asistencial con 4 zonas para atención inmediata, 12 consultas para clínica de adultos y 2 consultas de pediatría, 10 espacios de servicios auxiliares, 8 espacios para el personal y 13 espacios para áreas de dispositivo de apoyo como el área de cirugía menor.

Este jueves quedó licitado el procedimiento para contratar tanto el anteproyecto como el proyecto de obras y el estudio de seguridad y salud que se aplicarán en las actuaciones. El terreno, que urbanizará el Ayuntamiento de Córdoba y de su titularidad, tiene una superficie de 2.192,90 metros cuadrados y cuenta con todos los servicios urbanísticos: abastecimiento, saneamiento, suministro eléctrico, telefonía y alumbrado público.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), que ha previsto la fecha límite para presentación de ofertas el próximo 27 de enero, llevará a cabo esta actuación mediante dos contratos uno será la redacción de Proyecto más la Dirección de Obras y otro contrato que corresponderá a las obras propiamente dichas, cuyo plazo de ejecución se estima en 18 meses.

Para la delegada de Salud, «desde que llegamos al Gobierno de la Junta de Andalucía la primera prioridad de la Consejería de Salud y Familias y en especial para el consejero Jesús Aguirre fue y es elaborar un mapa de necesidades en infraestructuras sanitarias en la provincia y hacerlas realidad. Y como ejemplo tenemos la nueva dotación para esta zona de la ciudad».

Por su parte el alcalde, José María Bellido, recordó que «el nuevo consultorio del El Naranjo era una reivindicación histórica de los vecinos de este barrio y el gobierno municipal está siempre dispuesto a colaborar».

• Cuenca rechaza la propuesta de la Junta y anuncia alegaciones al estudio informativo

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, ha señalado como «prioritaria» la ampliación del Metro por Chana y Genil. El regidor ha mostrado su rechazo a la propuesta de la Junta, que apuesta por llevar la infraestructura al Centro, y ha anunciado que hará alegaciones al estudio informativo encargado por Fomento.

Cuenca ha afirmado que el planteamiento de la consejería «se parece mucho al de la LAC», una iniciativa impulsada en 2014 por el gobierno de Torres Hurtado «que se demostró que no funcionaba» porque «expulsaba a usuarios por su corto recorrido y falta de visión». El primer edil ha señalado que la visión incluida en el estudio informativo «no tiene sentido si no conecta a los barrios con el resto de municipios del Área Metropolitana» y ha defendido un trazago alternativo que evite «un transbordo para recorrer el Centro».

• Histórica firma para la cesión de las parcelas que acogerán el proyecto IFMIF-Dones en Escúzar

• Un laboratorio de investigación de lito y otro de realidad virtual serán los dos primeros edificios

El acelerador de partículas IFMIF-Dones de Granada es un proyecto del que se lleva hablando prácticamente una década, pero parece que nunca va a llegar. Y todavía no es seguro que vaya a venir a esta esquina de la Península Ibérica, pero el acuerdo firmado ayer entre el Ayuntamiento de Escúzar y el consorcio de la candidatura española para acoger la infraestructura científica más importante del país, lo acerca bastante. “Empezará a materializarse”, expresa el director del Ciemat (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), Carlos Alejaldre. “Estamos haciendo historia mundial”, exulta la ministra de Ciencia, Diana Morant. Se trata de la cesión, de parte del Ayuntamiento de Escúzar, a las puertas del Temple granadino, de los terrenos necesarios para construir el gran complejo situados en el Parque Metropolitano y Tecnológico de la localidad, y que desembocarán a partir de este verano, como muy pronto, con la construcción de los dos primeros edificios auxiliares del proyecto.

El acuerdo se firmó con toda solemnidad entre Antonio Arrabal, alcalde de Escúzar (PSOE), y el director del Ciemat, Carlos Alejaldre, en presencia de la ministra de Ciencia, Diana Morant, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente de la Diputación provincial, José Entrena. Pero no faltó casi nadie. Estaba el consejero de Industria, Rogelio Velasco; el alcalde Granada, Francisco Cuenca, o la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda.

El acuerdo permitirá al consorcio, formado por el Gobierno, la Junta de Andalucía, y la Universidad de Granada, empezar a hacer realidad las primeras instalaciones asociadas al acelerador. Es decir, construir los primeros edificios auxiliares dentro de una parcela de 100.000 metros cuadrados, de los que inicialmente se utilizarán 4.500 para levantar desde este verano los dos primeros y que tendrán que estar terminados a finales del año 2023. La estimación es que los movimientos de tierras empiecen en el segundo semestre de este año, como anunció la ministra el día anterior en el Ayuntamiento de Granada, y que volvió a refrendar en la jornada de ayer.

“Sin lo firmado hoy no podríamos seguir con el proyecto”, afirmó Carlos Alejaldre, ya que es la “materialización de que podemos iniciar la construcción de elementos que serán válidos y útiles para el futuro. Los dos primeros edificios serán laboratorios y oficinas. El primero lo ejecutará el propio Ciemat y estudiará los diferentes usos del litio para la producción de neutrones, “el corazón del proyecto”, y el otro desarrollos de robótica y una sala de control virtual del dispositivo que está en Japón, en el que participa también el Ciemat, y que desarrollará la UGR. La ministra Morant y el presidente Moreno pudieron comprobar con gafas de realidad virtual y un mecanismo instalado en el Ayuntamiento de Escúzar a modo de exhibición algunas de las aplicaciones que se estudiarán y desarrollarán en estos edificios.

“Estamos en un estadío de colaboración en el cual se está produciendo la fusión de los equipos. Naturalmente, el Ciemat tiene el desarrollo y la experiencia, pero estamos incorporando ya a científicos de la Universidad de Granada, posdoctorados que se están contratando, doctorandos que se van a realizar en estos laboratorios… Ya va a ser realmente el consorcio el que va a implementar todas estas medidas. Ya no será la UGR o el Ciemat, sino el propio consorcio”, explicó Alejaldre a este diario.

“Una de las candidaturas para que España sea la única europea al acelerador de partículas IFMIF-Dones ha sido su capacidad científica y tecnológica, y ahora atenemos que dotarles de infraestructuras para que se asienten”; comentó la ministra de Ciencia, Diana Morant. Son 16 millones de euros en infraestructuras y otros 16 de la Junta y que construirá la UGR, en total 32 millones para avanzar en este proyecto a partir de estos próximos meses en “la mayor infraestructura científica y tecnológica internacional de España, estratégica para la transformación de nuestro país”.

Un proyecto que más allá de sus repercusiones tecnológicas impactará en la creación de empleo en Granada. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, recordó que en total ser crearán 30.000 puestos de trabajo en un horizonte de 30 años, de los cuales 12.000 se generarán en Granada. La estimación es que el acelerador de partículas y su proyecto necesiten de la contratación de 1.000 personas al año en todo el mundo, pero que de ese millar, cerca de la mitad, unos 400, recaigan en Granada. Escúzar va a ser “el corazón innovador y tecnológico” del proyecto, un “banco de pruebas único”, dijo el máximo dirigente de la Junta, para quien “estamos ante uno de los grandes retos de la humanidad: lograr domesticar la fusión nuclear para conseguir una fuente de energía universal, asequible y no contaminante y en la lucha frente al cambio climático que tanto amenaza”.