• El objetivo es “relanzar la ciudad tras dos duros años de pandemia”. Aumentan las inversiones en un 25% con respecto al anterior ejercicio, sin contar con los fondos europeos 

Almería contará en 2022 con el mayor presupuesto de la última década, por encima de los 218 millones de euros y superando la cifra del año pasado en casi quince millones, cerca de un 7 por ciento más, según ha avanzado el concejal de Economía y Función Pública, Juan José Alonso.

Las nuevas cuentas, pendientes ahora de su aprobación en Junta de Gobierno Local y su dictamen en Comisión Plenaria antes de ser elevadas a Pleno, previsiblemente todo ello en enero, miran al próximo año con el propósito de “relanzar la ciudad tras dos duros años de pandemia y acelerar la vuelta a la normalidad una vez pueda quedar atrás la situación derivada de la COVID, que sigue condicionando el día a día, y con el objetivo de seguir avanzando en la construcción de una ciudad moderna, sostenible e inclusiva”, ha explicado Alonso.

Para ello, se ha elaborado un presupuesto “inversor, social y sostenible, expansivo, que colabore en la reactivación económica de la ciudad, el empleo y en el refuerzo social de quienes viven y trabajan en nuestra ciudad, por supuesto llegando a todos los sectores”, ha resumido el edil popular.

Con el objetivo general de una recuperación “plena” de la economía ciudad y el diseño de una ciudad atractiva “para vivir, trabajar e invertir”, el responsable del Área de Economía del Ayuntamiento de Almería ha venido a destacar el “gran volumen de inversión pública y gasto social” que se manifiesta en estas cuentas, subrayando el carácter “inversor” del presupuesto para el próximo año, “con más de 18 millones de inversión, sin sumar los fondos europeos”, unas cifras que, según ha adelantado, supondrán un aumento respecto al año anterior de más del 25 por ciento.

Respecto de las cuentas de 2022, Alonso también ha querido subrayar los condicionantes que están determinando su elaboración, como el incremento del IPC, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la plusvalía municipal, declarando la inconstitucionalidad y nulidad del sistema de cálculo de la base imponible del impuesto de plusvalía municipal y la reforma acometida por el gobierno para este impuesto, mediante decreto ley, incluso la situación de la pandemia y sus consecuencias a todos los niveles.

Pendiente ahora del necesario informe por parte de la intervención municipal, el documento será en breve entregado a los grupos políticos con representación municipal para su estudio y debate, primero en comisión y posteriormente ante el Pleno. En este sentido, Alonso ha pedido al resto de fuerzas políticas que analicen las cuentas que se van a presentar “con rigor, responsabilidad y objetividad”.

En esa línea espera el apoyo “mayoritario” de los grupos de la oposición, insistiendo en la “responsabilidad que tenemos los responsables políticos, ahora más que nunca, de remar en la misma dirección, anteponiendo el interés general sobre lo particular. Vamos a presentar unos presupuestos que necesitan los almerienses y en el contexto actual, los presupuestos del próximo año son vitales para el futuro de nuestra ciudad”, ha concluido.

• El endeudamiento de la institución provincial se reduce a la mitad y el pago a proveedores se queda en 13 días 

• Limón destaca la “decidida apuesta por la innovación” en todos los sectores

Como todo buen presupuesto que se precie, lo mejor estaba para el final. La presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, después de detallar unas partidas que buscan sustentar la recuperación económica en base a una apuesta decidida por la innovación que abarca a casi la totalidad de las partidas, mostró su agradecimiento al área de gestión económica de la institución por haber conseguido unas cuentas que suponen “bajar a la mitad el endeudamiento, así como dejar el periodo de pago a los proveedores en 13 días”. La buena salud financiera de la entidad, se ve salvaguardada para unas cuentas “presentadas para comenzar el año con músculo” en palabras de Limón y que serán aprobadas, dada la mayoría absoluta con la que cuentan, en el pleno del próximo día 28.

Son los presupuestos “de la recuperación, con la innovación como eje central y elemento transformador”, señaló la presidenta al detallar que el montante global del mismo asciende a 188,2 millones de euros, con un aumento de 9,2 millones respecto al del pasado año, lo que se debe, “por un lado, al aumento del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) por parte del Gobierno central y, por otro, del incremento en la asignación para la ayuda a domicilio. Limón aseguró que la Agenda 2030 está “como marco principal y la razón de ser” de la institución provincial, son tres los elementos que están en el centro de los presupuestos: Ayuntamientos (Innovación local), Personas (Innovación social) e Innovación (Pública y económica). Y todo ello “orientado al desafío del Desarrollo Social y Económico y con la meta de superar el Reto demográfico a través de la innovación”.

Expansión. Madrid

Los países de la Unión Europea (UE) aprobaron ayer el desembolso a España de 10.000 millones de euros a cargo del fondo de recuperación, informaron a Efe fuentes comunitarias.

El Comité Económico y Financiero, que reúne a los Veintisiete, destacó que los 52 hitos y objetivos del primer paquete de medidas pactado entre la Comisión Europea y el Gobierno español “han sido cumplidos satisfactoriamente”.

Bruselas iniciará ahora el procedimiento para adoptar la autorización formal del pago de 10.000 millones de euros a las autoridades españolas. Este paso podría suceder antes de que finalice el año, aunque depende todavía de una serie de consultas con los expertos sobre los avances españoles.

Opinión preliminar

El aval de los gobiernos se produce menos de veinte días después de que el Ejecutivo comunitario diera una opinión preliminar positiva a las reformas pactadas para desbloquear el primer tramo del fondo español de recuperación, que una vez desembolsado se unirá al anticipo de 9.000 millones que el Gobierno de Madrid recibió en agosto. España se convertirá una vez finalizado el proceso en el primer país de la UE en recibir un pago ordinario del fondo europeo de recuperación. Está previsto que en 2023 haya recibido 69.500 millones de euros en transferencias directas y con la condición de hacer reformas en campos como el mercado de trabajo, las pensiones, la educación, la digitalización de la economía o el medio ambiente, entre otros campos.

A partir de 2023 y hasta 2026 España podría solicitar a la UE otros 70.000 millones de euros. Pero esta vez tendría que devolverlos con condiciones muy ventajosas. Por lo tanto, si España completa los dos tramos en 2026 habrá recibido 140.000 millones de euros.

El desembolso de 10.000 millones de euros, que ayer autorizó el Comité Económico y Financiero, estaba ligado a que España cumpliese 52 objetivos de su plan de recuperación desde febrero de 2020. Objetivos que ya se habían logrado en su mayoría al final del primer semestre de 2021.

Entre las metas cumplidas por España figuran la ley sobre cambio climático y transición energética; la instauración del Ingreso Mínimo Vital; la ley de reducción de los interinos en las administraciones; el plan de digitalización de las pymes y la estrategia de promoción del 5G en las telecomunicaciones.

El teletrabajo

La UE considera también que España ha cumplido con la tasa digital o sobre las transacciones financieras; la ley de igualdad salarial entre el hombre y la mujer; la regulación del teletrabajo, y algunos elementos de la reforma de las pensiones, como la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social o la modificación del complemento de maternidad.

Salvo el anticipo de 9.000 millones de euros recibido en agosto, que sólo estaba vinculado a obtener luz verde al plan de recuperación, el resto de desembolsos se irán produciendo de forma semestral una vez que España pruebe que ha cumplido los objetivos pactados con Bruselas para cada uno de ellos hasta 2026.

El siguiente tramo asciende a 12.000 millones de euros y está vinculado a 40 hitos y objetivos. Entre ellos, las principales modificaciones del mercado laboral para reducir el empleo temporal o la reforma de la negociación colectiva.

J. Díaz. Madrid

El Consejo de Ministros dio ayer luz verde al proyecto de reforma de la Ley Concursal con el que el Gobierno busca agilizar y facilitar los procesos de reestructuración y evitar que el impacto del Covid se traduzca en una ola de quiebras. Se trata de dar un “balón de oxígeno a las empresas viables”, defendió ayer la ministra de Justicia, Pilar Llop, quien añadió que el objetivo de la nueva norma es que “ninguna empresa viable tenga que bajar la persiana por tener dificultades económicas puntuales”.

Se da así el pistoletazo de salida al inicio del trámite parlamentario de la nueva ley, que el Ejecutivo quiere aprobar en los próximos meses para su entrada en vigor antes de finales de junio del año que viene y que no solo transpone la Directiva europea sobre insolvencias, sino que acomete una profunda reforma del sistema concursal español. El objetivo es que las compañías cuenten con herramientas legales para afrontar sus problemas de forma preventiva; esto es, antes de que sea demasiado tarde, algo que la normativa actual no propicia.

Grandes ejes

Así, los grandes ejes de la reforma aprobada ayer, que retornó al Consejo de Ministros en segunda vuelta tras el trámite de audiencia pública realizado en verano y de recibir los informes preceptivos del Poder Judicial y del Consejo de Estado, son los planes de reestructuración, que sustituyen a los actuales acuerdos de refinanciación y que buscan incentivar una reestructuración más temprana, incluyendo un sistema de alertas sobre el riesgo de insolvencia de las compañías con el que se busca detectar señales de dificultades y actuar de forma preventiva.

En segundo lugar, se establece un procedimiento de insolvencia único para las micropymes (menos de diez trabajadores), sin la obligatoriedad de contar con un administrador concursal y que, según el Ejecutivo, será “más rápido, digitalizado y con un coste muy reducido”, lo que, a su juicio, incrementará las posibilidades de supervivencia de las empresas viables. Para las que no lo son, su destino será “una liquidación ordenada, pero rápida, a través de una plataforma online”.

A ello se suma el retoque en profundidad del procedimiento de segunda oportunidad, que contempla la exoneración de deudas del empresario sin liquidación previa de su patrimonio. De hecho, podrá conservar parte de su patrimonio personal, como la vivienda habitual, siempre que los acreedores acepten una quita de la deuda y el deudor acepte acogerse a un plan de pagos para saldar el resto.

En este sentido, la norma recoge por primera vez la participación del Estado en ese proceso de condonación, aunque de manera testimonial. La nueva ley contempla una quita de hasta 1.000 euros en las deudas con Hacienda y en otros 1.000 euros en las contraídas con la Seguridad Social; esto es, un total de 2.000 euros que solo se aplicarían en procedimientos de segunda oportunidad, afectando a empresarios particulares y personas físicas, no a personas jurídicas. Una cuantía que los expertos consideran irrelevante. Para Pere Vilella, socio de FTI & Partners, este anuncio “muestra tener poca consideración al deudor de buena fe que ha intentado salvar su compañía”, mientras que Javier Díaz-Galvez, socio de Abencys Reestructuraciones, ve la medida “claramente insuficiente” y añade que “el crédito público debería haber hecho un esfuerzo mayor”. De hecho, Hacienda y la Seguridad Social seguirán manteniendo el grueso de sus privilegios. Acabar con la prevalencia del crédito público ha sido uno de los grandes caballos de batalla de los sectores y colectivos profesionales más concernidos por la reforma, aunque con escaso éxito. Los expertos alertan de que la sobreprotección del crédito público dificulta la segunda oportunidad y la consecución de los convenios de acreedores, poniendo en riesgo que miles de empresas y empresarios particulares logren alcanzar soluciones de viabilidad. Además, se aleja de la Directiva europea, que establece que “se deben adoptar medidas para reducir los efectos negativos del sobreendeudamiento o la insolvencia sobre los empresarios, permitiendo, en particular, la plena exoneración de deudas”.

La otra gran manzana de la discordia es la dilución de la figura del administrador concursal, que ya no será indispensable en los concursos de autónomos y micropymes, para los que se crea un procedimiento específico con el argumento de primar la agilidad en los procesos. A falta de conocer la letra pequeña del proyecto, esto puede afectar a un porcentaje muy elevado de concursos, denuncia la Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac), que advierte del riesgo de un mayor colapso aún de los juzgados.

Una crítica a la que se suma Abencys, que alerta de que prescindir de la figura del experto concursal “supondrá más carga de trabajo sobre los ya sobrecargados juzgados mercantiles”, además de suponer un “gran riesgo para la seguridad jurídica de los acreedores”. Para esta firma, “el proyecto presentado, tal y como está planteado, no va a cumplir los objetivos expuestos en la Directiva”, y advierte de que “en vez de mejorar el proceso concursal a nivel nacional, se le pone en riesgo y, en consecuencia, puede empeorar la efectividad del proceso”.