C.Morán. Madrid

El Gobierno ha puesto en marcha un plan de reflotamiento de las ingenierías cotizadas especializadas en construcción industrial. Aunque no hay un capítulo específico para este sector en el fondo creado en 2020 para rescatar a empresas en dificultades por el Covid, la Sepi ha acordado o analiza ayudas por valor de 700 millones de euros con destino a las cuatro ingenierías en Bolsa: Técnicas Reunidas, Abengoa, Duro Felguera y Airtificial. La excepción es Elecnor, que ha respondido a la crisis con un aumento de resultados en lo que va de 2021.

Como en Indra, donde controla el 20%, el Estado español podría transformarse en accionista de referencia de estas compañías en el caso de que no puedan devolver el dinero en forma de préstamos participativos y ordinarios. Para el resto de rivales nacionales consultados supone un mal precedente, ya que, en condiciones normales, creen que alguna de las empresas reflotadas con ayuda pública tendría serias dificultades para evitar el concurso de acreedores. “No todos los casos son iguales, pero hay rasgos en común en todas ellas; como, por ejemplo, una mala lectura de lo que está pasando en el mundo de la energía y la transición hacia las tecnologías limpias”, indican desde una empresa rival. En su opinión, “van a emplear los recursos de los contribuyentes en abordar un cambio de estrategia que tendrían que haber emprendido antes del Covid”, añaden.

Pérdidas

La suma de pérdidas de Técnicas Reunidas, Airtificial y Duro Felguera en el primer semestre de 2021 ronda los 170 millones. En el caso Abengoa, solo hay información disponible hasta 2019, donde las pérdidas ascendieron a 487 millones de euros, con una deuda de 1.100 millones de euros. La compañía ha solicitado a la Sepi una ayuda de 249 millones mientras apura los plazos hasta final de año para recibir la financiación propuesta por el fondo de inversión Terramar.

La situación de la empresa sevillana es la más delicada de las cuatro que han pedido auxilio a la Sepi. “El problema de este tipo de ingenierías es que su negocio depende en gran medida de grandes contratos llave en mano (EPC) donde existe alto riesgo constructor y unos márgenes muy estrechos debido a la mayor competencia de las corporaciones asiáticas. Esto no es un problema sanitario coyuntural, es estructural”, explican desde la competencia.

En Técnicas Reunidas ven su crisis de manera transitoria y confían en que, gracias a los 324 millones de la Sepi, volverán a la senda del beneficio en 2023. Para la ingeniería controlada por la familia Lladó, el acuerdo con el hólding público no tiene solo ventajas económicas; podría incluso convertirse en un aliado a largo plazo. Así lo dejó entrever el presidente de Técnicas Reunidas, Juan Lladó el pasado 16 de noviembre. “Es bueno tener al Gobierno como socio. Hemos hablado con nuestros clientes (la mayor parte economías del Golfo Pérsico) que es positivo. Tenemos la opción de que, una vez devuelto el dinero prestado, Sepi se quede como accionista con un pequeño porcentaje. Muchos de nuestros clientes lo aprecian”, remarcó Lladó. “Si lo hacemos, dará credibilidad y nos coloca en una posición similar a la de algunos de nuestros competidores”.

Teniendo en cuenta la capitalización de Técnicas Reunidas hoy (412 millones de euros) y la opción de conversión de deuda en capital, el Estado podría controlar cerca de un 10% de la empresa.

Italia y Francia

Técnicas Reunidas pone como ejemplo a seguir las operaciones de salvamento en Italia y Francia. El Gobierno italiano ha inyectado liquidez en Saipem, mientras que la Caisse des Depots (el brazo inversor del Estado galo) controla el 7% de Technip y seguirá siendo accionista de referencia de Egis tras llegar a un acuerdo este año para vender una participación de control con el fondo de inversión local Tikehau.

Sepi también podría convertirse en accionista de Duro Felguera en una operación más compleja que la de Técnicas Reunidas y la de Airtificial. En el caso de la ingeniería asturiana, el Gobierno dio luz verde esta semana a la segunda fase del préstamo de 120 millones acordado a comienzos de año. Duro Felguera ya dispone de los primeros 40 millones y los restantes 80 millones se distribuirán entre préstamos participativos con la posibilidad de que Sepi inyecte 30 millones a través de una ampliación de capital siempre y cuando la empresa encuentre a un socio inversor industrial.

La ayuda a Duro Felguera estaba condicionada a una reestructuración de su deuda financiera de 85 millones. Los bancos han accedido a refinanciar con una quita y la concesión de nuevos avales por 80 millones.

• La Estrategia Indicativa Ferroviaria 2021-2026 prevé proyectos por 24.200 millones

El Ministerio de Transportes ha sacado adelante este mediodía en Consejo de Ministros el proyecto de ley que modifica la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario. Se trata de una mejor adaptación a la reciente liberalización del transporte de viajeros y al derecho de la Unión Europea, especialmente a la Directiva Recast, que establece un espacio ferroviario único europeo.

La novedad más relevante es que Adif tendrá total competencia para la fijación de los cánones que pagan las operadoras por el uso de la red ferroviaria. La empresa pública gana margen de maniobra y podrá dotar de mayor visibilidad en sus costes a Renfe y sus rivales tanto en viajeros como en mercancías.

Hasta ahora los cánones están vinculados a los Presupuestos Generales del Estado y son aprobados año a año, con lo que eran afectados por prórrogas presupuestarias y se mostraban como un mecanismo excesivamente rígido en momentos críticos para el transporte, como ha sido el de la pandemia. El aumento de tanto de la oferta como de la demanda en un contexto de entrada de nuevos operadores hacia necesario un cambio, demandado por Adif desde varios años atrás.

Este paso ha sido posible con la transformación de la naturaleza jurídica de los cánones, que pasan de englobarse en un concepto más tradicional de “tasas” a la figura de “prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario”, ha explicado el Ministerio.

El proyecto de ley también blinda las instalaciones esenciales de Adif como parte de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG), formada por todas las infraestructuras, estaciones de viajeros y terminales de transporte de mercancías clave para garantizar un sistema común de transporte en todo el Estado o cuya administración conjunta resulte necesaria para el funcionamiento de este sistema común.

Estrategia a cinco años y lluvia de millones

Prioridad al ferrocarril en la inversión pública en los próximos años y muy especialmente al de Cercanías, en lo que toca a viajeros, y al de mercancías. El Ministerio de Transportes busca los últimos retoques a la Estrategia Indicativa Ferroviaria, ya en trámite de información pública, para lanzar inversiones por 24.200 millones hasta 2026, según ha subrayado esta mañana la ministra Raquel Sánchez en la apertura del salón Rail Live en Madrid.

Este documento, que sirve de guía a Adif y Adif Alta Velocidad, establecerá tanto el marco financiero como las prioridades “para satisfacer las necesidades futuras de movilidad y la sostenibilidad del sistema y la consecución de un espacio ferroviario único europeo”, ha afirmado Sánchez durante su intervención. Previamente, ha sido el presidente de la Asociación Ferroviaria Española Mafex, Víctor Ruiz, quien ha demandado colaboración entre la Administración y una “industria española puntera en el ferrocarril”, además de herramientas financieras para la internacionalización y un “acceso a los mercados en igualdad de condiciones”.

Las futuras inversiones de Adif vendrán balanceadas entre la alta velocidad y la red convencional, pero el gran desafío está en el traslado de la carga de la carretera al ferrocarril con la intención de restar emisiones de efecto invernadero al sector del transporte. La estrategia también incluye un alza en los recursos dedicados al mantenimiento de la red.

El presidente de Mafex, Víctor Ruiz, ha demandado herramientas financieras para la internacionalización y un “acceso a los mercados en igualdad de condiciones”

Después de los 30 días de audiencia institucional se abrirá un nuevo plazo de 45 para la información pública. El Ministerio espera alegaciones tanto del sector ferroviario como de los usuarios del transporte antes de cerrar el documento, que pasará de nuevo por el Ministerio de Transición Ecológica en busca de la Declaración Ambiental Estratégica. La Estrategia Indicativa vendrá acompañada de parámetros para analizar la rentabilidad socioeconómica de cada uno de los proyectos.

La ministra Sánchez ha recordado que también están en su recta final las tramitaciones del plan Cercanías 2025, que será presentado el próximo año, y la iniciativa Mercancías 2030, pilares de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 implementada por el Ministerio de Transportes. La Administración buscará un acuerdo con el sector industrial y del transporte para implantar medidas que incentiven la migración hacia el ferrocarril de carga. De hecho, ya hay actuaciones en marcha como la mejora de las líneas Bobadilla-Algeciras y Zaragoza-Teruel-Sagunto, donde el objetivo es electrificar ambas líneas y dotarlas de la capacidad para explotar trenes de 750 metros de longitud.

Del 4% al 10% de cuota

Entre los retos a corto plazo figura elevar la cuota modal del ferrocarril de mercancías hasta el 10%, desde una posición actual inferior al 4%. Raquel Sánchez se ha referido al avance en los corredores Mediterráneo y Atlántico, así como a una mayor intermodalidad en la logística, como pasos clave para elevar el peso del tren en el movimiento de la carga. Se trata de corregir desequilibrios de la red ferroviaria, donde España cuenta con la convivencia de infraestructuras modernas y obsoletas, así como con tramos infrautilizados y otros prácticamente colapsados.

El diseño y publicación de la Estrategia Indicativa está prevista la Ley 38/2015, de 29 de octubre, del sector ferroviario. Esta, a su vez, incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2012/34/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un espacio ferroviario único europeo.

Pablo Cerezal. Madrid

El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de la Ley Crea y Crece, con la que trata de estimular la actividad empresarial a través de dos vectores: por un lado, facilitando la constitución de las sociedades; y, por otro, estimulando su desarrollo. Para ello, el texto plantea una batería de medidas, entre las que se incluyen la posibilidad de constituir una compañía con apenas un euro de capital social (frente a los 3.000 euros necesarios actualmente) y en un plazo de 10 días, la penalización en los contratos con la Administración a las empresas morosas (con el objetivo de facilitar liquidez a las pequeñas y medianas empresas) o mejoras en los instrumentos de financiación del crecimiento empresarial alternativos a la banca, tales como el capital riesgo. Sin embargo, la norma no incluye algunas medidas orientadas a lo que muchos expertos consideran los grandes lastres para el crecimiento, como es la normativa laboral o la fiscal.

La norma, que es una de las principales reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, trata de facilitar la creación de una empresa, al reducir el coste económico y simplificar los trámites para su constitución. En concreto, se establece la posibilidad de constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social de un euro (frente a los 3.000 en la actualidad). En este sentido, se promueve la constitución telemática de empresas a través de la ventanilla única del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), lo que garantiza una reducción en los plazos para su creación y de los costes notariales y registrales.

Contra la morosidad

En segundo lugar, la ley tratará de utilizar los fondos europeos como una vía para estimular la lucha contra la morosidad, y lo hará excluyendo a las empresas que superen los plazos legales de pago de la contratación pública, pudiendo llegar incluso a afectar a proyectos que ya estuvieran en marcha. Con ello, se trata de asegurar que los 140.000 millones de los fondos europeos, que van enfocados en buena medida a las grandes empresas, acaben llegando también a las pequeñas compañías, a las que las primeras contratan pero no pagan a tiempo. De hecho, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad calcula que las empresas cotizadas en el Mercado común acumulan 81.786 millones de euros en deudas comerciales por encima del plazo legal, por lo que reducir esta cuantía trasladaría una gran cantidad de liquidez a sus proveedores. Y un instrumento que puede apoyar esta medida, además, es la obligación de expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales entre empresas y autónomos.

Por otra parte, también hay varias medidas orientadas a impulsar el crecimiento de las empresas, como son la simplificación de la regulación, los procedimientos burocráticos más ágiles, la ampliación del catálogo de actividades económicas exentas de licencia o las medidas para mejorar los instrumentos de financiación al crecimiento empresarial, como el capital riesgo, que a partir de ahora podrá invertir en fintech.

• El Consejo de Gobierno aprueba un instrumento estratégico para facilitar la actividad emprendedora, las inversiones y la recuperación

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan para la mejora de la regulación económica en Andalucía, que establece reformar más de un centenar de normas y simplificar en torno a 150 procedimientos administrativos de carácter autonómico implicados en la regulación económica. Este instrumento estratégico está impulsado por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades y su vigencia se prolonga hasta 2024.

Dicho programa tiene como objetivo facilitar el desempeño de empresas y emprendedores, mediante la reducción de trámites y requisitos desproporcionados e injustificados. De igual modo, pretende impulsar un cambio en la cultura de la Administración que la haga más ágil, accesible y proactiva y que permita mejorar la intervención pública en la economía. Además, busca facilitar la implantación de inversiones, así como promover la recuperación de las actividades productivas y la creación de empleo para contrarrestar los efectos de la pandemia de Covid-19.

La aprobación de este documento convierte a Andalucía en una región pionera en el territorio nacional, ya que implica la renovación integral de su normativa de corte económico. Esa revisión supone un paso imprescindible para sustentar la transformación y diversificación del actual modelo productivo de la comunidad y para aprovechar las oportunidades de inversión derivadas de los fondos europeos, tanto los canalizados a través del mecanismo Next Generation creado a raíz de la pandemia como los incluidos en los marcos plurianuales.

La simplificación planteada para las más de cien normas, entre leyes y decretos, se articula a través de tres decretos leyes, dos de ellos ya en vigor y el tercero próximo a su aprobación. Toda la normativa modificada hasta ahora se circunscribe a los principales ámbitos económicos andaluces como son el turismo, el comercio, la industria agroalimentaria, la pesca, la energía o la salud. También ha afectado al proceso de declaración de proyectos de inversión de interés estratégico para favorecer la captación de grandes iniciativas empresariales.

Para acometer la mejora de los procedimientos administrativos fijados, la Consejería de Transformación Económica está evaluando, junto al resto de departamentos de la Junta, todo el conjunto de trámites autonómicos que han de cumplir los operadores económicos, tanto al inicio como en el desarrollo de su actividad. Se trata de un total de 468 procedimientos, que al finalizar el plan en 2024 se habrán simplificado en torno a un 30%, lo que equivale a unos 150.

Guía de subvenciones

Esta línea de trabajo en el marco autonómico se completa con la revisión de otros 207 procedimientos implicados en la normativa que regula la concesión de ayudas y subvenciones a empresas, con el fin de agilizarlas al máximo para afrontar la financiación europea en las mejores condiciones regulatorias.

Ese análisis culminará con la elaboración de una guía de subvenciones para los gestores de la Administración andaluza, y se establecerá un calendario de difusión y formación. Con ello, se pretende que las consejerías revisen su normativa en la materia y evalúen si sus procedimientos administrativos para dar subvenciones a los operadores económicos se adecúan a los principios de una buena práctica regulatoria. El programa también contempla la necesidad de reforzar el seguimiento y la evaluación de este tipo de políticas públicas para medir sus resultados y en qué medida son eficaces y eficientes, en términos de crecimiento económico o de creación y mantenimiento de empresas y empleo.

Al margen de la tramitación regional, la Consejería también ha identificado otros 154 procedimientos regulados por normativa estatal y europea que también son susceptibles de mejora. Para este caso, el plan propone plantear su modificación en las correspondientes conferencias sectoriales presididas por el Gobierno central.

Asimismo, el instrumento de planificación recién aprobado también aborda otras líneas de acción encaminadas a facilitar la implantación de iniciativas empresariales en el medio rural con la finalidad de frenar la pérdida de población y favorecer el relevo generacional. Para ello establece la abreviación de los trámites implicados en actividades agrícolas y agroalimentarias. El plan también contempla la mejora de la regulación económica en el ámbito local, poniendo el foco en la agilización de la normativa urbanística.

La Consejería de Transformación Económica ha elaborado el documento apoyada en tres grupos de trabajo, uno de carácter sectorial, otro transversal y un tercero compuesto por expertos, entre altos directivos de la Administración, especialistas procedentes del mundo universitario y de la empresa y por funcionarios cualificados. En total, han contribuido a su diseño más de 150 funcionarios de todas las consejerías coordinados por la Agencia de la Competencia y la Regulación Económica de Andalucía (ACREA). El plan ha contado, además, con la participación activa de los principales agentes económicos y sociales más representativos (UGT, CCOO y CEA).

Las reformas contenidas en los decretos leyes

Amparadas en este documento estratégico, la Junta ha acometido, con carácter previo, dos importantes reformas de simplificación, recogidas en dos decretos leyes ya aprobados. La primera de ellas se llevó a cabo en 2019 y afectó a la normativa relacionada con la declaración de proyectos de interés estratégico para la comunidad. Los cambios introducidos tenían como objetivo agilizar la aplicación de esta figura, que permite dar un impulso preferente y urgente a los distintos trámites ante la Administración andaluza que han de cumplir aquellas inversiones empresariales más relevantes. Desde el inicio de la legislatura, el Ejecutivo autonómico ha declarado de carácter estratégico diez grandes proyectos industriales y energéticos que conllevan una inversión de 3.443 millones y la creación de 9.676 puestos de trabajo. Junto a ellos otra decena de iniciativas se encuentra en estudio.

La segunda reforma hace referencia al Decreto ley 2/2020, de 9 de marzo, de Mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía. Esta norma incide sobre 21 leyes y seis decretos e incluye un centenar de medidas, entre simplificación de procedimientos y eliminación de barreras y trabas en ámbitos económicos como el turismo, el comercio, la industria agroalimentaria o el medio ambiente.

Con el fin de continuar con el proceso ya iniciado con esas dos acciones regulatorias, la Junta ultima una tercera que se materializará en otro Decreto ley de simplificación. Esta nueva medida tendrá efecto sobre unas 80 normas y contendrá más de 300 medidas de simplificación y reactivación económica que afectará a toda la Junta.

La calidad regulatoria de Andalucía

El Plan señala la calidad institucional y regulatoria como uno de los factores estructurales que influyen en el crecimiento de las economías, junto a otros aspectos como la capacidad inversora, la estructura sectorial de la actividad productiva o el nivel y diversidad de cualificación de los trabajadores. Esa afirmación viene ratificada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que en determinados estudios indica que aquellos países o regiones que muestran mejores puntuaciones en indicadores de calidad institucional suelen mostrar a largo plazo un crecimiento potencial más elevado y robusto.

El documento analiza la calidad institucional y regulatoria de Andalucía y España, a través de diferentes indicadores y estudios, concluyendo que ambos presentan un déficit en esta materia con respecto a Europa.

A modo de ejemplo, un estudio del Banco de España de 2020 que analiza cómo afecta el volumen de la regulación a la demografía empresarial y a la productividad, recoge que Andalucía se coloca entre las comunidades con mayor producción normativa regional en el periodo 1983-2018, con casi el 8% del global. Cataluña ostenta la primera posición, con el 12%. Además, dicho informe establece una relación directa entre el escaso tamaño de las empresas con una deficiente regulación, asegurando, incluso, que un aumento del 1% en el volumen de regulación estaría relacionado con un 0,5% menos de empresas de promedio.

A su vez, en la esfera nacional, un estudio de 2018 sobre calidad institucional de la Fundación BBVA señala que España se ubica un 26% por debajo de su potencial. Además, estima que, si ese parámetro se elevara hasta el nivel que le corresponde de acuerdo con la productividad de su economía, se obtendría un incremento potencial a largo plazo del PIB per cápita de alrededor del 20% en un escenario intermedio.

• El presupuesto base de licitación es de 1.654.000 euros

El Ayuntamiento de Huércal de Almería ha aprobado este martes en pleno ordinario el proyecto de desdoblamiento de la carretera N-340a a su paso por el término municipal huercalense, que afecta a aproximadamente 620 metros de la vía, desde los que se acceden a varios polígonos industriales del municipio. El proyecto se ha aprobado con los votos favorables del equipo de gobierno, con la abstención de PSOE e IU.

Este desdoblamiento era uno de los grandes retos del equipo de gobierno que lidera Ismael Torres, que ha apuntado que “ha sido un pleno ordinario importantísimo, de un solo punto, pero definitivo para el municipio, para aprobar este proyecto de la carretera nacional, que entrará ahora en fase de licitación y esperamos que para el primer trimestre de 2022 esta obra pueda ya adjudicarse”. Además, el alcalde de Huércal de Almería ha recordado que “más adelante se ejecutará el siguiente tramo, que llegará hasta el barrio de Los Pinos”. 

El objeto principal de este proyecto consiste en reordenar un tramo de la N-340a a su paso por Huércal de Almería, redistribuyendo el tráfico en dos calzadas de dos carriles cada una, separadas por una mediana central, así como la ejecución de glorietas que actúen de distribuidoras de entrada y salida hacia el polígono industrial por el que transita el tramo a remodelar. 

La zona en la que se realizará la actuación corresponde al tramo de la N-340a comprendido desde la glorieta existente en la intersección con la carretera de Almería, al sur de la actuación, y la avenida de las Flores, en el extremo norte de esta, con una longitud aproximada de 620 metros. 

Actualmente, este tramo cuenta con un carril para cada sentido de circulación, con algunas de sus intersecciones y pasos peatonales regulados con semáforos. Además, los senderos peatonales que transitan de forma paralela a la carretera se encuentran interrumpidos con frecuencia, sin tener una continuidad que permita un tránsito peatonal seguro.

Además, se mejorarán las redes de abastecimiento, saneamiento, pluviales y alumbrado público que se verán afectadas por la obra y se habilitará acerado y también un carril bici con un ancho medio de 3 metros, con un carril de circulación para cada sentido. El plazo de ejecución de las obras será de 15 meses y el presupuesto base de licitación es de 1.654.000 euros.

El Ayuntamiento de Mojácar ha aprobado el presupuesto municipal para el ejercicio 2022 en los que se configuran los gastos y la estimación de los ingresos previstos para el año próximo. Este presupuesto para 2022 asciende a 14.501.770 euros, lo que supone un aumento de 3.109.955 euros con respecto al presupuesto del ejercicio anterior, un 267% más que en el 2021. El segundo más alto en la historia del municipio.

“Son unos presupuestos basados en la búsqueda de la eficiencia y la eficacia en la gestión municipal, reflejan el compromiso con la estabilidad presupuestaria y con la sostenibilidad financiera. Para el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Mojácar, son el resultado de una administración bien gestionada y solvente”, explica la regidora Rosa María Cano.

En el capítulo de gastos, destaca la partida prevista para inversiones que asciende a 4.464.164 euros, financiadas con recursos procedentes de subvenciones, operaciones de crédito a largo plazo y con recursos propios y supone un incremento del 240,22% con respecto al presupuesto municipal de 2021.

Se destacan las inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general como la variante costera de Mojácar, mejora de la eficiencia energética en su fase II, elaboración del Plan General de Ordenación Urbana, mejoras en los servicios de playas como la sustitución de casetas prefabricadas y dotación de pasarelas, así como inversiones en bienes patrimoniales, entre otros.

La alcaldesa de Mojácar, Rosa María Cano, subraya la importante colaboración de la Junta de Andalucía en el apartado de inversiones. “Gracias a la Consejería de Fomento, a la Consejería de Salud, a la de Medio Ambiente y en general al nuevo Gobierno Andaluz y tras años de no obtener ninguna ayuda, Mojácar se verá beneficiada con importantes actuaciones como el Centro de Salud, financiado en su construcción, al igual que la terminal de autobuses. Dos importantes proyectos que darán, sin duda un empuje a la economía del municipio y en el caso de la estación de autobuses, podrá estar en funcionamiento en el próximo año. Igualmente señaló la importancia de la nueva depuradora, con una inversión de más de veinte millones de euros”.

Con respecto a la variante, tras el rescate por parte de la Alcaldía del proyecto de su construcción, que no tenía ninguna posibilidad de llegar a puerto por parte de la antigua administración andaluza, se ha conseguido una financiación al 50% de su realización y la asunción de otros gastos como el pago de nuevas expropiaciones por la modificación en el trazado.

• Son 3,1 millones más que los de este año erigiéndose como los segundos más altos de la historia de la localidad

• Las inversiones superan los 4,46 millones y destaca la construcción de la variante costera

Los gastos en bienes, servicios y transferencias corrientes, se reducen un 6,16% y en cuanto a los préstamos que había contraído el Ayuntamiento, sólo queda pendiente en Cajamar una deuda de poco más de 500.000 euros.

Los ingresos que obtendrá el Consistorio previstos en el 2022, ascienden a 6.915.382 euros, aunque su cifra final variará según la redacción final del cálculo de la base imponible del Impuesto Sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Sobre los impuestos indirectos, se calcula una recaudación de 200.000 euros y los obtenidos por tasas, precios públicos y otros ingresos, alrededor de un millón de euros, el 5,24% más que en el ejercicio anterior.

También se incrementa el 13% previsto en la participación de Tributos del Estado y un incremento del 140% con respecto a los ingresos patrimoniales, gracias a las concesiones administrativas por la Residencia de Mayores y servicios de temporada.

Calculado en base a las subvenciones solicitadas, se recibirá casi un millón y medio de euros que constituirá el 9% del presupuesto municipal.

• La Junta ya tiene redactado el proyecto, cuyo presupuesto asciende a 1,5 millones 

• Habrá un acceso a la zona comercial desde el tranvía de la Bahía 

• ¿Y ahora qué le queda al tranvía? 

Una pasarela peatonal sorteará la autovía CA-33 para conectar la parada del tranvía que existe en Tres Caminos -la única que tiene en el término municipal de Puerto Real- con el polígono industrial y el espacio comercial próximo. 

La Junta de Andalucía ya tiene redactado el proyecto y prepara la licitación de las obras para, previsiblemente, acometer su ejecución a lo largo de 2022. El presupuesto que maneja para la actuación asciende a 1,5 millones de euros.

De hecho, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha iniciado la tramitación de las expropiaciones en la zona de Tres Caminos que se tienen que llevar a cabo para levantar la plataforma que permitirá a los futuros usuarios del tren-tranvía llegar hasta el polígono industrial. 

El expediente de expropiación forzosa está siendo tramitado por la delegación territorial por procedimiento de urgencia. La resolución por la que se aprueba el levantamiento de las actas previas de ocupación que afecta hasta siete fincas diferentes en el término municipal de Puerto Real se aprobó el 3 de noviembre y se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado día 26. 

Dicho acceso constituía, de hecho, uno de los flecos sueltos que el proyecto del tranvía entre Chiclana, San Fernando y Cádiz tenía pendiente de solventar ya que la parada habilitada en Tres Caminos, hasta ahora, no conducía a ningún sitio al no existir conexión alguna con el espacio comercial próximo, que queda separado además por la autovía. De hecho, esta parada sin acceso a ninguna otra parte que la zona de marismas que existe entre Puerto Real y San Fernando había sido una cuestión que la ciudadanía había criticado especialmente al controvertido proyecto cuyas obras empezaron hace 13 años. 

La situación, no obstante, cambia radicalmente con la pasarela peatonal proyectada al dotar al polígono de Tres Caminos de una parada del tranvía que, dada la actividad comercial que se registra en esta zona, se prevé que cuente con una gran afluencia de usuarios. Cuando este nuevo medio de transporte metropolitano se ponga en marcha, claro. Algo que, a tenor de las últimas declaraciones de la consejera, Marifrán Carazo, se prevé que ocurra a lo largo de 2022, una vez que se completen las pruebas que están en marcha y se resuelvan las cuestiones relativas a la explotación del servicio que están pendientes. 

La estructura de la pasarela ciclo-peatonal contará con una longitud de 270 metros, aunque incluirá una serie de conexiones que en conjunto sumarán hasta 411 metros. El ancho será de 3,5 metros. 

El proyecto de la pasarela para conectar la parada de Tres Caminos con el polígono industrial suma así otro millón y medio al tranvía de la Bahía, una inversión de la Junta de Andalucía acometida en con fondos europeos que supera los 256 millones de euros.

El tranvía, después de dos años de continuadas pruebas, aguarda su puesta en marcha en 2022, que es la última fecha prevista que se ha puesto sobre la mesa después de innumerables vicisitudes y múltiples retrasos que la Junta atribuye a la complejidad técnica, jurídica y administrativa derivada de un proyecto –el del tren-tranvía– que es pionero en España. Según las declaraciones de la consejera, dos de los hitos más importantes que se espera resolver ahora para asegurar la puesta en marcha del tranvía serían los contratos de mantenimiento y de explotación del servicio.