• El Ejecutivo dedicará 1.000 millones a 20.000 viviendas para alquiler social. Convocado un Consejo de Ministros extraordinario el jueves, que dará luz verde a los Presupuestos, que incluirán 25.000 millones de los fondos europeos

El Consejo de Ministros de este martes ha dado luz verde a un paquete de hasta 5.500 millones de euros dedicados a la rehabilitación de pisos y la construcción de 20.000 viviendas para el alqulier social. A este último punto dedicará unos 1.000 millones de euros. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno Isabel Rodríguez ha subrayado la posibilidad de rehabilitar «barrios completos» con ayudas que pueden llegar a cubrir el 80% de la inversión en rehabilitación, y hasta el 100% en «situaciones de vulnerabilidad». De igual modo, el ministro de Presidencia Félix Bolaños ha anunciado que los Presupuestos que aprobarán este jueves ya tiene previsto el impulso de una Ley de Vivienda estatal, la primera en Democracia. Entre otras disposiciones, buscará «reducir y contener los precios del alquiler, así como incrementar el parque público de vieinda para dedicar el 30% de la vivienda protegida para el alquiler».

Para Rodríguez, con estas políticas, el Gobierno lo que busca es la «modernización del país y también de un sector económico importante, así como la recualificación de los profesionales de la construcción y dar oportundiades a los más jóvenes». A su juicio, este paquete «toca todos los palos del Plan de recuperación y generará empleos a corto plazo»

Digitalización y ayuda a Hotusa

Por otra parte, el Consejo de Ministros también ha dado luz verde al reparto de 500 millones de euros entre diferentes comunidades para poryectos de digitalización y conectividad, especialmente, en lo referente a la banda ancha en centros hospitalarios, logísticos o bonos de conectividad para colectivos vulnerables. De este montante, unos 240 millones irán dirigidos a la formación de colectivos vulnerables en concepto de habilidades digitales.

De igual modo, el Gobierno ha dado luz verde también a una ayuda de 241 millones de euros a cuenta del fondo para empresas estratégicas – con un total de 10.000 millones – para ayudar al grupo hotelero Hotusa. Rodríguez lo ha justificado en los 400.000 empleos de la compañía en España y su trabajo con 21.000 proveedores de todo el país.

• El sector inmobiliario advierte de una fuga de la inversión para residencial
• La Comunidad de Madrid se “blindará frente a políticas intervencionistas”

El sector inmobiliario contempla con consternación las medidas que supuestamente recogerá la nueva Ley de Vivienda tras las filtraciones del pacto entre PSOE y Unidas Podemos, y que supondrán un duro golpe para este mercado.

Según advierten los expertos consultados por elEconomista, esta normativa puede provocar un auténtico shock en el sector de la producción residencial, paralizando muchos proyectos de obra nueva, lo que llevará a un encarecimiento notable de la oferta existente.

A falta de conocer los detalles, una de las medidas más “dañinas para el sector” en general y para el balance de las promotoras en particular es la que propone destinar el 30% de los nuevos proyectos a vivienda social. “Con el precio que se ha pagado por el suelo lo más normal es que la mayoría de las futuras promociones incurran en pérdidas si se tiene que destinar ese porcentaje a vivienda protegida. No salen las cuentas”, apuntan desde una gran promotora.

Esta medida descuadraría por completo los planes de negocio de todas las promotoras, lo que podría incluso llevar a las cotizadas a realizar profit warning, viéndose todavía más castigada la cotización de estas firmas en bolsa.

Lo que tienen claro desde el sector es que la inversión hacia el residencial está ahora en juego. Así lo aseguran en un comunicado de Asprima a sus asociados, en el que la patronal apunta que esta medida “producirá una reducción de la inversión y provocará un claro efecto expulsión de la inversión tanto nacional como extranjera, desplazándose estas entre comunidades autónomas en función de si aplican o no esta norma”.

Así, recuerdan que las transferencias de urbanismo y vivienda recaen sobre las CCAA y advierten que la inversión incluso podría abandonar “el país en función de lo maltrecha que quede la seguridad jurídica en el texto definitivo de la Ley”.

Además, la patronal mira hacia Cataluña como espejo de los que podría pasar en el resto del país, ya que en esta región ya existe una limitación de los precios del alquiler y se obliga a destinar una parte de la edificabilidad a vivienda social. En este caso, destacan que, según una encuesta de la Asociación de promotores y constructores de Cataluña entre sus asociados ante ambas iniciativas, el 55,3% ha parado la inversión esperando un nuevo escenario, el 31,6% ha reducido su inversión y el 13,1% ha trasladado su inversión a otro territorio.

En Cataluña el 53% de los promotores han parado la inversión esperando un nuevo escenario

Una de las regiones donde los precios han experimentado un mayor encarecimiento en los últimos años es Madrid. Sin embargo, desde el Gobierno regional se muestran totalmente en contra de una intervención del mercado. Así lo asegura a elEconomista Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, que asegura que lo que se ha conocido de la Ley de Vivienda es “de una enorme gravedad” ya que “Sánchez hace suyas las propuestas más radicales de sus socios de gobierno” y defiende que “el sectarismo ideológico no puede poner en riesgo los ahorros de toda una vida de una familia invertidos en un piso ya que el 90% de las viviendas que están en el mercado son de pequeños propietarios”. Martín asegura que estarán atentos al texto, pero “si su aplicación dependiera de las CCAA, buscaríamos cómo blindarnos frente a políticas intervencionistas para proteger a los propietarios”.

Además, Martín advierte que con las limitaciones que se plantean en esta ley, “los promotores saldrán del país y se marcharán las inversiones”.”El modelo de la CM es justo el contrario: dar certezas y seguridad jurídica a los propietarios, poner suelo en el mercado, ampliar la oferta de vivienda pública y ayudar a los jóvenes”, explica la consejera de Vivienda.

Desde Asipa, la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler, ven “muy decepcionante que todo esto haya acabado en un paquete de medidas populistas e inconstitucionales” que “se ha probado que son contraproducentes en otros países” y creen que “lo único que provocará es que desaparezca el ahorro que tiene que financiar el alquiler”.

Ataque a los grandes propietarios

La patronal cree que usar el concepto de gran propietario “no solo es discriminatorio e injusto hacia unas sociedades que canalizan el ahorro colectivo de pequeños ahorradores que no pueden acceder al mercado inmobiliario de forma directa, sino que desvía la responsabilidad de las administraciones en su inacción de planificar y atender las necesidades de vivienda de las familias más necesitadas”.

Por su parte, Mikel Echavarren, CEO de Colliers, apunta que “la fiscalidad de los grandes tenedores de viviendas es ya muy negativa, ya que no pueden recuperar el IVA de sus inversiones, de sus proveedores de servicios, mantenimiento y rehabilitaciones”, por lo que cree que “hablar de retirar sus “privilegios fiscales” es un concepto poco afortunado”.

Además, el directivo coincide con el resto de expertos en que estas medidas llevarán a una fuga de la inversión. “El riesgo de bajadas de rentas en zonas declaradas tensionadas por ayuntamientos abre un reino de Taifas en el mercado inmobiliario español y anulará la inversión en localizaciones consideradas “de alto riesgo” para los inversores”, explica Echavarren, que destaca que “la rentabilidad neta de las inversiones en vivienda en alquiler se sitúa, con una correcta gestión, en torno al 3-4% de la inversión. Incrementar los costes fiscales y rebajar las rentas directamente provocará la paralización de nuevas inversiones”.

José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler también advierte del impacto negativo que estas medidas pueden tener en el sector residencial. “Como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, nos parece un grave error atacar a los grandes propietarios que son los que generan y pueden generar, de forma inmediata, más oferta de vivienda en alquiler. Como ya hemos subrayado, es una medida que va contra la libre competencia y la libertad de mercado. Aumentarles la fiscalidad y hacerles bajar los precios, irá directamente en contra de la viabilidad de su negocio, y terminarán por cerrar su actividad en España. De esta manera disminuirá la oferta de viviendas en alquiler, puesto que muchos de estos activos, que ya estaban destinados al alquiler, se venderán y se perderá oferta”.

Carmen Panadero, presidente de WIRES, destaca que “considerar gran tenedor a aquellos que dispongan de 10 o más viviendas u obligar a los promotores a reservar un 30% de los proyectos para vivienda protegida son iniciativas que lejos de apostar por la creación de un parque público de alquiler liderado por la Administración y en colaboración privada, traspasan al sector privado toda la responsabilidad”

“Tristemente, como ya pasado en otras comunidades o ciudades, no se va a conseguir el objetivo que se pretende, sino que veremos caer las nuevas licencias de obra nueva si entra en vigor esta nueva norma”, advierte Panadero.

“No solo veremos cómo se reducirá la oferta—como ya se ha visto en otros países— sino que veremos como el tan esperado plan de rehabilitación, y por ende la regeneración de nuestras ciudades, queda en barbecho”, continúa la experta, que además, cree que “esta legislación, a su vez, va a ir en detrimento de la inclusión del factor verde dentro de los parques inmobiliarios de nueva construcción, porque va a encarecer el producto finalista por el reparto de cargas, y va a haber menos margen para implementar las medidas sostenibles y de eficiencia que están necesitando urgentemente nuestras ciudades.

• • El presupuesto es de 213.192,10 euros y el plazo máximo de ejecución será de cuatro meses

El Ayuntamiento de Cádiz ha sacado a licitación las obras para la instalación de la barandilla de protección en el Paseo Marítimo, entre las calles Condesa Villafuente Bermeja y General Rodríguez Bouzo.

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado de tramitación ordinaria, y las ofertas se podrán presentar hasta el próximo 26 de octubre, a las 9 horas.

El importe del contrato que ha salido a licitación es de 213.192,10 euros, y el plazo máximo de ejecución será de cuatro meses.

La Oficina Técnica de Proyectos e Inversiones del Ayuntamiento de Cádiz ha redactado este proyecto, que fue incluido en la convocatoria del Plan Extraordinario de Inversiones 2021 (Plan Dipu-INVER 2021) de la Diputación Cádiz el pasado mes de abril.

La nueva barandilla permitirá garantizar la seguridad en esa zona del Paseo Marítimo -comprendida entre las calles Condesa Villafuente Bermeja y General Rodríguez Bouzo- tan transitada por peatones y deportistas, lo que deviene en situaciones de potencial peligro de caída en esos tramos en los que la muralla tiene más de seis metros de altura, y además el pie de la misma es una zapata de hormigón.

Asimismo, con su instalación se ganará en accesibilidad, ya que desaparecerá el murete, para colocar en su lugar la pantalla de protección acristalada, lo que supondrá ganarle al Paseo Marítimo 50 centímetros. Cabe recordar que la mejora de la accesibilidad es un firme compromiso del equipo de Gobierno.

Y también ganará estéticamente esta zona de la ciudad con esta nueva valla, formada por postes de acero galvanizado que se instalarán cada metro y medio, y entre ellos se colocarán entrepaños formados por tres láminas de vidrio monolítico, de seis milímetros cada una, unidas mediante sendas películas intermedias de butiral transparente. Dichas láminas tendrán los cantos pulidos en su parte superior para evitar cortes, y la barandilla se quedará a una altura total de 115 centímetros.

Con esta intervención, que se ejecutará en los próximos meses, se garantiza la instalación de la barandilla de cara al próximo verano.

• La convocatoria, impulsada por la Junta, reunirá del 10 al 12 de noviembre a más de 400 expertos en eficiencia energética

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio reunirá a más de 400 expertos en materia de eficiencia energética y sostenibilidad en la vivienda en un congreso semipresencial que, organizado por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), se celebrará del 10 al 12 de noviembre en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación de la Universidad de Granada.

El I Congreso sobre Innovación y Sostenibilidad en la Vivienda Social (ISVIS 2021) pretende ser un foro internacional en el que se puedan divulgar los avances que se están dando para mejorar la eficiencia energética en el parque residencial, impulsando la sostenibilidad, ello a través de las ponencias que se presentarán durante la convención, compartiendo las buenas prácticas ya experimentadas propiciando el netwotking entre los participantes.

En el congreso, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio y su agencia AVRA, titular de las 50.000 viviendas que conforman el parque residencial público de la Junta de Andalucía, darán a conocer los trabajos de rehabilitación para la mejora de la eficiencia energética que se vienen ejecutando en los edificios que alojan esas viviendas y expondrán las soluciones y tecnologías innovadoras que se están aplicando en ese parque de viviendas sociales.

ISViS 2021 se pone en marcha con el objetivo de divulgar todas estas acciones en torno a la innovación y sostenibilidad, enmarcadas en el objetivo de la Agencia de impulsar, desde la Administración Pública, la transición hacia una economía de bajas emisiones de carbono (Programa Operativo Feder 2014-2020).

Asimismo, este congreso tratará de marcar un punto de referencia como espacio de encuentro y oportunidad para fomentar la innovación tecnológica, el intercambio de conocimientos, experiencias y productos entre administración, profesionales de la construcción, industria y tecnología, universidades y centros de investigación. Y, a su vez, esta convención quiere servir para informar y concienciar a la ciudadanía de la importancia de un uso sostenible y responsable de la energía en la edificación.

El congreso abordará cuestiones de máxima actualidad e interés como la eficiencia energética, la sostenibilidad del espacio urbano colindante y en la innovación constructiva y tecnológica en la vivienda social, planteada desde una perspectiva sostenible medioambiental, económica y social. Para acceder a las temáticas y avance del programa de ISVIS 2021, pinche aquí

Las personas interesadas podrán asistir al congreso en dos modalidades: online, a través de retransmisión en streaming, y en modo presencial. Para garantizar el cumplimiento de todas las normativas de salud y seguridad vigentes, se deberá realizar la inscripción previa en el evento. Los interesados en asistir presencial o virtualmente pueden inscribirse a través del formulario que encontrarán en la página web del evento https://congresoisvis.com/.

La ETS Ingeniería de Edificación de la Universidad de Granada acogerá el congreso, que se distribuirán en dos jornadas completas de mañana y tarde, con ponencias y presentaciones de relevancia, y el tercer día a media jornada para la realización de una visita técnica y una reunión sectorial.

AVRA se propone con esta iniciativa construir un lugar de encuentro con vocación de continuidad, que irá poniendo un acento específico en cada convocatoria, de acuerdo con las inquietudes del sector. Igualmente, este evento supone una apuesta de la Consejería de Fomento para dar a conocer la puesta en marcha del Plan Vive en Andalucía 2020-2030, así como las nuevas políticas, líneas y programas específicos de rehabilitación e investigación que incorpora y que se alinean con el contenido del congreso.

• Concede la Administración andaluza la autorización ambiental unificada y le da la correspondiente publicidad

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía ha concedido, tras un acuerdo de la delegación territorial fechado el 21 de septiembre de 2021, la autorización ambiental unificada a Reina Marín SL para el proyecto de urbanización del sector Sunc-R-T.1 ‘Cortijo Merino‘, es decir, se da el sí al nuevo barrio de la zona ocupada por la antigua fábrica de Amoniaco y que estará compuesto por 1.250 viviendas.

Cabe recordar que la Gerencia Municipal de Urbanismo llevó en febrero pasado a comisión de pleno de Ordenación del Territorio, por tercera vez, el plan parcial de Cortijo Merino a aprobación, tras lo que recibió el visto bueno con el apoyo del PP, Cs y el edil no adscrito, Juan Cassá. La oposición, de hecho, votó en contra.

El barrio, en cuestión, acogerá 1.250 viviendas, 562 de ellas de VPO y 699 de régimen libre, zonas verdes, deportivas y educativas. El plan de urbanización de este espacio se aprobó a finales de mayo de 2020 por 24,17 millones de euros. La pastilla tiene una superficie de 285.000 metros cuadrados. Cabe recordar que en este asunto hubo una diferencia de criterio entre los técnicos de Urbanismo y el entonces secretario, el profesor de Derecho de la UMA y ex portavoz de IU y Podemos, Pedro Moreno Brenes, que obligó a sacarlo del orden del día hasta en dos ocasiones. La controversia se estableció en relación a una interpretación jurídica sobre la zona comercial, porque según explicó López a este periódico en enero, el alto funcionario entendía que debe destinarse una parte del equipamiento a zona comercial pública y no sólo privada. Así se solicitó a la Junta de Andalucía que, una vez enviado oficialmente el informe negativo del secretario al proyecto, dio la razón al Consistorio.

En esa sesión, el concejal del PSOE Mariano Ruiz Araújo fue muy duro en su rechazo a este proyecto, asegurando que se condiciona la licencia de obra a que se recuperen los terrenos y se erradique la contaminación de arsénico e hidrocarburos, lo que debería hacerse mucho antes; asimismo, este concejal destacó que se condiciona el permiso además a que haya una actividad arqueológica, que también debería ser previa a cualquier paso urbanístico al entender que hay en la zona yacimientos de valor, criticó además que se aumente considerablemente la edificabilidad y recordó los “saltos mortales y las cabriolas” para sacar adelante este plan parcial con el informe negativo del exsecretario.

Paqui Macías, portavoz adjunta de IU y Podemos, insistió en las tesis de Brenes, pidiendo, de hecho, que se reserve una cesión gratuita para el municipio con uso comercial.

Raúl López, por cierto, ha indicado en el debate que la interpretación que hizo Brenes está sujeta a un reglamento de los años 78 y 79 y no comparte el espíritu de la LOUA, y por ello se pidió opinión a la Junta, que dio la razón al Consistorio.

Cabe recordar que a finales de mayo pasado se aprobó el plan de urbanización por 24,17 millones de euros de estos terrenos del Amoniaco, una enorme pastilla de 285.000 metros cuadrados.

• El Ayuntamiento se ha acogido a los Fondos Next Generation para reparar las infraestructuras y abrir la segunda fase

• El Consistorio veleño se haría cargo del 10 por ciento de la subvención conseguida

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha completado la solicitud de una subvención al Gobierno Central para ejecutar dos proyectos que le permitirán poner de nuevo el tranvía en marcha. La cuantía es de 6,1 millones de euros y lo ha hecho a través de los Fondos Next Generation dentro del “Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia de la Economía” puesto en marcha por la Unión Europea tras la pandemia. Las bases de dicha subvención estiman su ejecución entre 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2021.

El consistorio veleño ha estado trabajando durante estos dos meses para poder acogerse a dos subvenciones europeas que le permitirían, por un lado, arreglar las infraestructuras tranviarias deterioradas por el cese del servicio en junio de 2012; y por otro para rehabilitar la segunda fase que nunca se llegó a poner en marcha. Para la primera son necesarios 3,4 millones de euros; y para poner en funcionamiento el trazado completo, 2,7 millones de euros.

Moreno Ferrer explicó la importancia de solicitar la subvención al Gobierno central “para mejorar las necesidades del transporte público de la ciudad, en este caso el tranvía que lleva tantos años sin funcionar, y que con esta medida se pretende descarbonizar la ciudad con este transporte ecológico ya que la movilidad se realiza actualmente de forma íntegramente a través de autobuses que generan una gran emisión de gases”.

El regidor destacó que “nuestra voluntad política es la de poner en marcha un servicio de transporte cómodo, económico y sostenible para nuestros vecinos, cuyo funcionamiento además supondría una notable mejora y abaratamiento en nuestro servicio de transporte urbano”; y recordó que “se ha instado a la Junta de Andalucía para la inclusión de Vélez-Málaga en el Consorcio y el área metropolitana dado que facilitaría la movilidad a numerosos trabajadores para poder acceder a un puesto de trabajo en un área de alrededor de 100 kilómetros”.

Por su parte el concejal de Movilidad, José María Domínguez (PSOE) detalló que las solicitudes se han realizado para ejecutar dos proyectos; en primer lugar la rehabilitación de las infraestructuras e instalaciones de la Fase 1 de la línea de tranvía de Vélez-Málaga para posibilitar la vuelta al servicio en esta línea que ya estuvo operando y por la que se solicita una subvención de 3,4 millones de euros.

En segundo lugar se solicita una subvención, por importe de 2,7 millones de euros, para la rehabilitación de la Fase 2, que nunca se puso en marcha, y de este modo se reemplace al actual servicio público de autobús del municipio que opera actualmente en esta zona.

Domínguez explicó que caso de aprobarse la subvención solicitada, el Ministerio de Movilidad y Transporte podría conceder a Vélez-Málaga la cantidad de 6,1 millones de euros, y el Ayuntamiento deberá aportar 1,6 millones correspondiente a un 10% de la cantidad concedida y el IVA.

“En esta convocatoria no se permite solicitar la puesta a punto de las tres unidades del tranvía existentes, cuestión de la que haría cargo el Ayuntamiento”, informó el edil. Las inversiones municipales que debe hacer y a las que se compromete el Consistorio se realizarían en un pago trianual; en 2022 a 600.000 euros, 2023 a 800.000 euros y en 2024 a 2,2 millones de euros.

• El galardón ha sido concedido por la La Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

• Se valora la “vertebración supramunicipal lograda” en las áreas de mayor población en la capital y su metrópolis

El Metro de Málaga está de enhorabuena. La Junta Rectora de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP) acaba de hacer público el reconocimiento a esta infraestructura con el premio ‘Obras de Ingeniería en Andalucía’ 2021, en su modalidad ‘Mejor Obra Pública Andaluza’. Con estos galardón, se reconoce el “importante papel de las infraestructuras ganadoras” en el desarrollo económico, modernización, acercamiento de nuestra sociedad al deseable modelo de desarrollo sostenible y mejora del bienestar de los ciudadanos en general y se distingue la excelencia en la concepción, diseño y ejecución de los proyectos.

En el caso del Metro de Málaga, se valora la “vertebración supramunicipal lograda” en las áreas de mayor población en la capital y su metrópolis, con cobertura a equipamientos de primer orden a nivel sanitario, educacional y social, así como la generación de un “gran intercambiador metropolitano en la confluencia de la estación de El Perchel”.

En lo que se refiere a obra civil, la ejecución de la infraestructura del metro ha requerido la adopción de diversas “soluciones constructivas imaginativas” para adaptarse, por una parte, a los requerimientos funcionales exigidos por la fase de diseño y, por otra, a las distintas adversidades durante la ejecución, como la preservación y reposición de estructuras arqueológicas, grandes colectores interceptados, el paso bajo el río Guadalmedina o la Ronda Oeste de Málaga, entre otras. 

La intervención de ingenieros de caminos, canales y puertos especialistas en estructuras, cimientos, geotecnia, hidrogeología y superestructas de vía “ha sido determinante para la consecución de lo que es hoy y será el Metro de Málaga”, explican en el comunicado. Por todo ello, la comisión de los premios propuso el Metro de Málaga para la concesión del Primer Premio a la Mejor Obra Pública Andaluza 2021, ratificado hoy por la Junta Rectora de la Demarcación, reunida en Jaén.

Este galardón se entregará, el 22 de noviembre en un acto en Málaga, a la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo; al Gerente de la Agencia de Obra Pública, Julio Caballero; a los ingenieros de caminos, canales y puertos colegiados que han actuado como directores de la obra y gerentes de contrato y a las empresas proyectistas, constructoras, consultoras y de asistencia técnica de los distintos tramos. 

El Premio a la Mejor Actuación de Ingeniería de Ámbito Local en Andalucía, la otra modalidad de galardón, ha sido otorgada a las Conducciones de Agua en Alta en el municipio jiennense de Huesa

• Tiene un tráfico de hasta 15.000 vehículos diarios en verano y es esencial en las conexiones Sevilla-Cádiz

• Los alcaldes recuerdan que en el Parlamento se aprobó una proposición apoyando el desdoble que reclaman  

Los ayuntamientos sevillanos de Lebrija y Las Cabezas de San Juan junto a los de Sanlúcar de de Barrameda y Trebujena han presentado alegaciones al Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía (PITMA) para que se incluya el desdoble de la carretera A-471, que no está en la versión preliminar documento, que marcará la hoja de ruta de las inversiones y actuaciones en esta materia de aquí al año 2030.

Según han recordado este lunes en una rueda de prensa que han ofrecido alcaldes y representantes de los gobiernos locales, la alegación se basa en un informe técnico de viabilidad realizado por una empresa de ingeniería, a petición por el Ayuntamiento de Lebrija.

Dicho documento analiza con criterios técnicos el actual estado de la carretera A-471 y los beneficios que supondría su desdoblamiento para las conexiones de la provincia de Sevilla con la de Cádiz y el aumento de las condiciones de seguridad vial para el tráfico rodado que soporta. En verano, puede alcanzar los 15.000 vehículos diarios en una estructura de calzada única con dos carriles.

Los alcaldes han asegurado que “está más que acreditada la viabilidad del proyecto de desdoble de la A-471 para la mejora de las comunicaciones entre estos dos polos de afluencia de viajeros, mejorando tanto los tiempos de conexión de ambos territorios, como las condiciones de seguridad”.

El Ayuntamiento de Lebrija ya aprobó, el 6 de febrero de 2020, una declaración institucional (con el apoyo de todos los grupos presentes en el pleno) para solicitar la incorporación en el mencionado PITMA del desdoble de la A-471 desde Sanlúcar de Barrameda hasta Lebrija.

A esta petición se sumó el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, los ayuntamientos de Las Cabezas, Trebujena y Sanlúcar de Barrameda, así como el plenario de las Diputaciones de Sevilla y de Cádiz. 

El propio Parlamento de Andalucía aprobó la Proposición No de Ley (PNL) del grupo socialista en la que volvía a solicitarse el desdoble. Con la aprobación en el Parlamento -que contó con el voto favorable de todos los grupos, incluido el PP- todas las administraciones se han posicionado ya a favor de la inclusión del desdoble de la A-471 en el PITMA, según recuerdan. 

• La flexibilización de las reglas fiscales supone la inyección de otros 64 millones adicionales

• Villalobos asegura que con los fondos “extraordinarios” se reforzarán las obras menores, ayudas de emergencia social y planes de empleo

• En plena ejecución del Plan Contigo, 370 millones que no se incluyen en estas cuentas, bajan las inversiones y se refuerzan los programas

La supresión por segundo año de las reglas fiscales, que fijan un techo de gasto para las administraciones, supondrá una inyección de 64 millones en los presupuestos de la Diputación para 2022. En 2021, ese plan extraordinario supuso 59 millones. Es uno de los datos que marcarán unas cuentas con un montante de casi 500 millones de euros (491,7), con un incremento del 4,29% ó 20,2 millones más, gracias también a que se han terminado de devolver al Estado los ingresos por la liquidación negativa que se produjo en 2008 y 2009, que suponían 8,5 millones al año.

El presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, entregó este lunes a los grupos del anteproyecto de presupuestos, que no incluyen los 370 del Plan Contigo, que se puso en marcha con los remanentes  y ahorros de la entidad, también como medida excepcional y previo aval del Estado para alentar la economía y hacer frente a la crisis social por la pandemia.

Villalobos subrayó que esos fondos adicionales con la regla de gasto irán a reforzar inversiones menores (necesidad permanente, al margen de los grandes proyectos del Plan Contigo, según ha dicho); las ayudas de emergencia social para las familias y planes de empleo, con contratos temporales para colectivos que peor lo están pasando por la crisis.

Los plazos

El anteproyecto de los Presupuestos de la Diputación de Sevilla para 2022 se ha entregado, además de a los grupos políticos, al Comité Económico y Social de la provincia, que lo estudiará a lo largo de octubre para hacer sugerencias. El objetivo es que pueda aprobarse en el Pleno de forma inicial en noviembre y que, pasado el periodo de exposición pública, esté aprobado definitivamente antes de final de año y en vigor el 1 de enero. Villalobos ha recordado que así se marca cada año para facilitar que los ayuntamientos, que dependen en gran parte de esas cuentas, planifiquen las suyas

Primer bloque

De nuevo, a la hora de presentar el presupuesto, el gobierno socialista no lo ha hecho por las áreas de gestión con la que funciona, sino en función de otros “bloques”. El que acapara la mayor cuantía (250 millones o el 65,2% del gasto no financiero, con un incremento del 10,43% con respecto a 2021) es el que denomina “gasto social”, si bien no incluye sólo los servicios sociales, como podría entenderse, sino el tronco de los servicios históricos que presta, incluidos bomberos o asistencia técnica a los ayuntamientos; educación, monitores y circuitos culturales y deportivos o su aportación al Pfoea (Plan Fomento del Empleo Agrario, el antiguo PER).

Dentro de este bloque, los servicios públicos básicos contarán con 60,26 millones de euros, un 33,34% más que este año. Se refuerza las aportaciones al Consorcio de Bomberos (hasta un total 6,83 millones o 1,43 millones más) y se incluyen los 2,4 millones de euros de los fondos de la Estrategia de Desarrollo Urbano e Integrado (Edusi), programa de fondos europeos en las áreas funcionales de Bormujos y Camas, que captó la Diputación.

En cuanto al apartado definido como “protección y promoción social”, contará con 81,4 millones de euros, un 6,05% más que este año. Aquí se incluye la ayuda a domicilio, que acapara más de la mitad de ese presupuesto (46,9 millones, casi 8,5% más que este año por la Ley de Dependencia).

Se refuerzan los servicios sociales especializados o centros residenciales, que reciben 17,07 millones y se incrementa en un 13,9% la partida para programas de igualdad de género, con un presupuesto de 1,4 millones. Pero en promoción social, la Diputación también incluye su aportación al Pfoea, con 40,7 millones de euros y un incremento del 2,4%.

La tercera pata del bloque de gasto social o ese tronco en los cometidos históricos de la Diputación, son los que llama “bienes públicos de carácter preferente”, básicos para los ayuntamientos y la actividad en los mismos: educación, monitores culturales, circuito cultural provincial, Festival de Jazz, Casa de la Provincia, fomento del deporte, Cross de Itálica… Suman 41,3 millones, un 9,55% más que este año.

La ejecución del Plan Contigo, pendiente del informe de Intervención

El presidente de la Diputación subrayó este lunes que la gestión de los 370 millones de euros del Plan Contigo (para inversiones y programas de empleo y apoyo a las empresas en los ayuntamientos) está suponiendo un enorme esfuerzo para la “maquinaria” de la casa, en tanto que equivale a ejecutar dos presupuestos a la vez. “Va con un ritmo que me sorprende gratamente porque estamos asfixiados”, ha señalado gráficamente. Todo el trámite administrativo, con los cientos de proyectos que han llegado de los municipios, se han completado. Ahora es Intervención la que tiene que hacer un informe que confirme con los mismos se ajustan a las bases. Aunque había preocupación por los plazos, el mayor margen que ha dado el Gobierno de España la alivia. Se ejecutará en tiempo y forma, asegura el presidente.  

Segundo bloque

Dentro del bloque la Diputación define como “gasto económico”, destaca que algunas inversiones vayan a la baja: como las de carreteras, que pasan de 10 a 7 millones, si bien Villalobos ha recordado que se mantienen las partidas para mantenimiento; desaparecen los 5 millones para vías singulares; o los 4 para el programa contra los desequilibrios tecnológicos.

En su conjunto el descenso en este “gasto económico” de un año a otro es del 15%, con 46,9 millones previstos para 2021. Dentro del mismo, sí se refuerza, hasta contar con algo más de un millón de euros, el apartado para comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas, que tienen que ver sobre todo con los plantes turísticos de Prodetur, con un 8,35% más, y se doblan la partidas para el programa Guadalinfo (algo más de 2 millones el año que viene). La sociedad INPRO sale reforzada de nuevo, con un presupuesto de 7,16% (un 4,35% más).

Otros gastos

En lo que respecta a lo que el Gobierno socialista define como “gastos de carácter general” y al que vincula 193,4 millones de euros (un aumento del 2,79% con respecto a este año), destacan las partidas destinadas a “administración financiera y tributaria”, 142,27 millones o un 3,13% más, incluidos los fondos que se prestan a los ayuntamientos para que los puedan usar con distintos fines aunque tengan que devolverlos a coste cero Los FEAR (cerca de 30 millones de euros) o lo que se traspasa a un ente esencial como el Opaef (de Asesoramiento, Económico y Fiscal, que recauda y respalda financieramente a los municipios).

Villalobos ha insistido en que los grandes objetivos del que será el tercer presupuesto del mandato son el desarrollo económico (generando empleo e inversiones); el desarrollo social con la atención a la dependencia especialmente y el apoyo a las entidades locales con programas y líneas de colaboración financiera.