Diario Sur

• En esta última fase se han sumado tres nuevas operaciones de eficiencia energética, recuperación natural y administración electrónica

El Ayuntamiento de Marbella ha recibido el visto bueno para la totalidad de los proyectos recogidos en la Estrategia Desarrollo Urbano Sostenible e integrado (Edusi), ‘Marbella Modelo de Ciudad’ por parte de la Dirección General de los Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda. Un total de 14 operaciones que cuentan con una financiación de 15 millones de euros procedentes de los fondos Feder para inversiones en el municipio a los que hay que sumar el 20% (otros tres millones), de financiación municipal, alcanzado así los 18 millones. Quedaba por ser aceptado el 25% de los proyectos y en esta última parte del proceso se ha logrado la luz verde para tres iniciativas que suman cerca de cuatro millones de euros.

En este sentido, las últimas operaciones admitidas son la optimización energética en edificios e instalaciones municipales de Marbella y de San Pedro Alcántara, incluyendo la piscina Serrano Lima, las dependencias municipales del edificio Cantarranas, el estado municipal Antonio Naranjo y el polideportivo Juan José Almagro, con una inversión de algo más de tres millones; la revitalización del entorno urbano y medioambiental de Vigil de Quiñones, con un presupuesto superior al medio millón; y la implantación de la Administración electrónica que tiene asignados algo más de 300.000 euros.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, acompañada por el teniente de alcalde de San Pedro, Javier García, fue la encargada de hacer este anuncio, poniendo en valor el trabajo realizado por la Unidad de Gestión Edusi, puesta en marcha hace un año, al lograr la admisión de todos los proyectos «con la financiación máxima que la Unión Europea permite a los Ayuntamientos».

De entre las propuestas aceptadas con anterioridad, la regidora quiso destacar la que cuenta con un mayor montante económico. Se trata de la regeneración urbana del municipio que, con un presupuesto de 5,6 millones de euros, «supondrá una revitalización completa de las áreas en las que se ejecutarán los trabajos, con la eliminación de barreras arquitectónicas, separación de red de alcantarillado y mejora de infraestructuras y servicios entre otras medidas». Las vías sobre las que se actuará en Marbella, a través de una operación que se encuentra ya en proceso de licitación, son Nuestra Señora de Gracia y Virgen del Pilar, incluido el tramo de la avenida Ricardo Soriano y Alonso de Bazán, así como el parque público de calle Juanar; en el caso de San Pedro, se acometerán estas obras en el pasaje San José, Glorieta Pedro Gil y en las calles Virgen del Loreto, Perpetuo Socorro, Virgen del Pilar, Sagrada Familia y Los Claveles.

También están en licitación actualmente la operación de vigilancia y gestión del tráfico con aplicación de nuevas tecnologías o la tan demandada la rehabilitación del Trapiche del Prado, «donde, además de su propia revitalización y la construcción de un centro de interpretación en la nave central de esta antigua fábrica de azúcar, con fondos propios, desde el Ayuntamiento erigiremos la residencia pública de mayores, un equipamiento para el que ya contamos con los permisos por parte de la Junta de Andalucía».

Una financiación europea que está sujeta a un plazo de ejecución de los proyectos al término del año 2023. En este sentido, Muñoz anunció también que desde el Consistorio ya se está trabajando para conseguir nuevos fondos europeos, en relación a los denominados Next Generation, como plan de recuperación.

Diario Sur

La Sociedad Municipal de Viviendas del Ayuntamiento ha cerrado el plazo para la recepción de ofertas de empresas constructoras interesadas en llevar a cabo las obras de 253 viviendas protegidas en alquiler en unos suelos urbanizados hace años al oeste del campus de Teatinos. Finalmente, han sido diez las ofertas de empresas y uniones temporales de empresas las recabadas por el Consistorio para este contrato de obras.

Se trata de una promoción de 140 viviendas y otra de 113 que están presupuestadas en total en 30,2 millones de euros y para las que se ha estimado un plazo de ejecución de dos años una vez que sean contratadas. Ambas constituyen la primera fase de una operación residencial pública que sumará otras 223 VPO en alquiler que saldrán a concurso a lo largo de este año. A estas dos actuaciones hay que añadir otras 525 viviendas protegidas proyectadas en este mismo ámbito y que aún no han sido activadas por parte del Ayuntamiento.

Esta primera fase del denominado ‘Plan Universidad’ de vivienda pública del Ayuntamiento se desarrollará en cinco parcelas, sobre las que se construirán las viviendas en régimen de alquiler. De ellas, 154 pisos estarán enmarcados en el un régimen especial (para las rentas más bajas, que pagarán alrededor de 300 euros de alquiler) y el resto, 322, serán para el régimen general, con alquileres que rondan los 400 euros dependiendo del tipo de vivienda. La selección de los adjudicatarios se realizará mediante sorteo entre los inscritos en el Registro Municipal de Demandante de VPO cuando las obras estén avanzadas.

Andalucía Inmobiliaria

CEACOP, asociación que representa a las pymes andaluzas del sector de la construcción y la consultoría, advierte de que el incremento de precio desproporcionado de las materias primas está perjudicando gravemente al sector. Esta subida puede provocar la paralización de las obras e incluso el aumento del precio de la vivienda.

La subida del precio del petróleo y sus derivados está teniendo repercusiones en el transporte, especialmente en el marítimo, así como en la fabricación y la distribución, y consecuentemente algunas materias primas como el betún, el acero o el cobre, han duplicado el coste.

Esto es consecuencia del aumento de la demanda mundial de todo tipo de bienes tras el Covid. Cabe recordar que se han puesto en marcha simultáneamente varios planes de recuperación económica, al mismo tiempo que algunos países emergentes (China principalmente) están acaparando materias primas.

La suma de estos factores repercutirá irremediablemente en el precio final de las infraestructuras, que podrían encarecerse entre un 20% y un 35%, a la vez que puede producir problemas de abastecimiento en las obras.

La presidenta de CEACOP, Ana Chocano Román, subraya que la situación es insostenible para el sector. “Las empresas no pueden asumir la subida de precios. Cuando se presentaron las ofertas la realidad económica era bien distinta. A veces se retrasa meses, o incluso en algunos casos años, el inicio de las actuaciones. Algo que se ha visto agravado por la pandemia del Covid-19. Y, ahora, nos encontramos con que el precio hoy en el mercado no es el mismo que cuando se firmaron los contratos”.

También denuncia que en este contexto las empresas se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Tras la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, la revisión de precios ha desaparecido de los pliegos de contratación pública. “Las empresas no cuentan con ningún mecanismo que les permita revisar los precios fijados en la oferta, por lo que reclamamos que se introduzca alguna herramienta que permita restablecer las condiciones de equilibrio económico en los contratos firmados. Es una situación extraordinaria que requiere una respuesta acorde, medidas especiales, como ocurrió con la puesta en marcha de los ERTES”, destaca Ana Chocano.

Asimismo, la asociación demanda la actualización del banco de precios que sirve de base para los contratos, ya que algunos son anteriores a 2018. “Están obsoletos, no solo por el tiempo transcurrido sino también por la crisis sanitaria que ha transformado la forma de fabricar, distribuir y acopiar materiales tras el Covid”.

La patronal alerta asimismo que se trata de un fenómeno a nivel mundial y que, según todas las previsiones económicas, esta alza de precios se mantendrá y posiblemente no volverán a los niveles anteriores. “Nos estamos enfrentando a una situación extraordinaria, incontrolable y continuada en el tiempo”, asevera la presidenta.

Para CEACOP se trata de un problema que no sólo afecta a las empresas sino a todos los ciudadanos, ya que puede suponer graves retrasos en las obras públicas que demanda la sociedad, la paralización de algunas de ellas y también el encarecimiento en la vivienda, tanto de promoción pública como privada.

En esta línea, la entidad ha mantenido reuniones con los distintos organismos para trasladar la problemática que está afectando gravemente a las empresas del sector y poner en marcha medidas que ayuden a paliar la situación.