La Voz de Almería

• Es la provincia andaluza con menor disponibilidad de recursos hídricos

A medida que se acerca el verano se hace patente la complicada situación hidrológica que vive la provincia de Almería. Los últimos episodios de precipitaciones han sido puntuales y escasos, lo cual está llevando a una sequía estructural que amenaza especialmente a los regadíos almerienses.

Para tratar de hacer frente a esta situación el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobaba este pasado mes de mayo el Plan Especial de Actuación en situación de alerta y eventual sequía para la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, un plan que determina la forma de actuar para paliar el déficit ‘esperable’.

Garantía
La nueva herramienta, diseñada por la Dirección General de Infraestructuras del Agua, recoge entre esas actuaciones la elaboración de propuestas de planes especiales para situaciones de alerta y eventual sequía, el asesoramiento técnico a los municipios que deban contar con planes de emergencia ante situaciones de sequía, así como las propuestas de entrada y salida de los sistemas hidráulicos en aquellas fases que representen restricciones de uso del recurso.

El director general de Planificación y Recursos Hídricos Locales, Fernando Delgado, destacaba recientemente el mal estado, tanto cualitativo como cuantitativo, del 60 por ciento de las masas de agua de la provincia, dadas las escasas aportaciones (déficit hídrico en la provincia) y a la sobreexplotación de los recursos.

En este sentido hacía hincapié en la importancia de las actuaciones que está llevando a cabo la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible como son la declaración del mal estado del acuífero del Campo de Dalías y la impulsión del Plan de Recuperación del acuífero del Poniente.

El caso Río Aguas
Delgado insistió en la declaración del mal estado de la masa del Río Aguas y el procedimiento para la constitución de la Comunidad de Usuarios de Masa de Agua Subterráneas, así como la previsión de seguir trabajando en esa misma línea en el Campo de Níjar y en el Andarax.

De todo ello fue informado el Comité de Gestión de Almería, que pudo conocer el decreto por el que se regulan las condiciones de entrada y salida en situación de sequía y que define las medidas a adoptar en las zonas afectadas según su situación hidrológica.

Manos libres
Una vez aprobado ese decreto por parte del Consejo de Gobierno de la Junta, se ponen en marcha los planes de gestión que recogen medidas específicas para mitigar los impactos de la sequía y la escasez coyuntural, lo que permite prevenir y corregir sus efectos adversos sobre el medio ambiente favoreciendo la utilización sostenible de las aguas incluso en los momentos excepcionales.

Entre sus objetivos se encuentran garantizar la disponibilidad de agua para asegurar la salud y la vida de la población; evitar los efectos negativos de la sequía sobre el estado ecológico de las masas de agua, en especial sobre el régimen de caudales ecológicos, evitando efectos permanentes sobre el mismo; o actuar en planes para minimizar los efectos negativos sobre las actividades económicas.

Provincia ‘seca’
Los últimos informes sobre la situación de las masas de agua en Andalucía colocan a la comarca del Bajo Almanzora como la más deficitaria de toda la región, con un volumen disponible de 0,16 decámetros cúbicos por hectárea y año.

Pero además, el ‘Diagnóstico sobre las necesidades de agua en Andalucía y propuesta de actuaciones’ establece que Sevilla es la provincia que presenta una mayor disponibilidad con el 25,78 por ciento del total de región; el caso contrario es el de Almería, que no alcanza ni el cuatro por ciento de esa disponibilidad.

Esa situación es la que ha llevado a la Junta de Andalucía a elaborar el plan de sequía que se aplicará en la provincia.

Abc

• Comparten en un foro la necesidad de sacar adelante el texto legal que simplifica la burocracia y da solución a problemas como la despoblación

La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla ha participado en un foro de debate bajo el lema «Una oportunidad para el Urbanismo en Andalucía» en el que se ha analizado el proceso de transición hacia un nuevo Urbanismo en Andalucía, maduro en los soportes de la sostenibilidad y la necesidad de integrar la visión de ordenación del territorio y urbanismo; y en el que se ha puesto de manifiesto el respaldo unánime del sector de la construcción, colegios profesionales, empresarios y agentes sociales para aprobar, lo antes posible, la Ley de Impulso para la Sostenibilidad de Andalucía.

El encuentro ha tenido lugar en la Caja Rural del Sur, con dos paneles: un primer Panel Administración y Empresa en el que han participado el alcalde del Ayuntamiento de Constantina, Rubén Rivera Sánchez; el gerente de Gaesco; Juan Aguilera Ruiz y el presidente de Fadeco, Francisco Martínez Cañavate. Y un segundo Panel Colegios Profesionales con el decano del Colegio de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos, Demarcación Andalucía, Ceuta y Melilla, Luis Moral Ordoñez; el secretario general del Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos, José Carlos Babiano Álvarez de los Corrales; y por el decano del Colegio de Geógrafos, Juan José Caro Moreno. Las conclusiones de los planteamientos expuestos han corrido a cargo de Manuel Mingorance, presidente del Consejo Empresarial de Medio Ambiente de la CEA.

El delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha abierto del foro en el que ha explicado que «la ley de suelo nace del acuerdo y el diálogo con un solo objetivo: avanzar en la ley del suelo andaluza». Se trata de «un proyecto de ley moderno, que acabará con el caos de la planificación urbana, garantizando la viabilidad social, ambiental y económica de las actuaciones, aumentando la protección de los recursos naturales, del litoral, del paisaje y del patrimonio histórico», ha continuado.

«Simplificamos y aclaramos la normativa para que aporte seguridad jurídica – resaltó el delegado de la Junta- con la LISTA se derogarán dos leyes, dos decretos ley y dos decretos, así como parte del articulado y disposiciones de otras normas. Ahora mismo, un promotor que quiera iniciar un proyecto que genere empleo y riqueza en nuestra tierra tiene que sortear 235 textos legales que afectan al urbanismo, lo que dificulta enormemente el trabajo de ciudadanos, promotores e inversores. Con la nueva Norma, la aprobación de un PGOU pasaría de diez años a dos años de media. Sin duda, un gran avance y de ahí su premura para que salga adelante».

Ricardo Sánchez, ha subrayado que La Ley de Sostenibilidad supondrá respetar la identidad de los municipios, y contar con instrumentos contra la despoblación en zonas rurales, con un sistema de planeamiento adecuado al tamaño de los pequeños municipios que «en ningún caso pueden ser tratados como las grandes ciudades».

«Incluye, además -recordó el delegado de la Junta en Sevilla- el Decreto Ley de viviendas irregulares, que ayudará a la lucha contra la proliferación de este tipo de edificaciones que llevan décadas en un limbo jurídico. La Junta de Andalucía quiere convertir el territorio andaluz en un espacio habitable, sostenible y accesible.»

Ricardo Sánchez argumentó que con un proyecto de Ley tan esencial para la recuperación económica y la vertebración de nuestra provincia no podemos esperar tanto para que entre en vigor; de ahí que la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, haya anunciado que ha empezado una nueva ronda de contactos con todos los grupos políticos para sacar adelante este proyecto y volverlo a llevar al Parlamento antes del próximo mes de agosto.

Las conclusiones de los planteamientos expuestos han corrido a cargo de Manuel Mingorance, quien ha explicado que, partiendo como elemento esencial para un nuevo urbanismo en Andalucía, la sostenibilidad del proceso, se ha planteado temas como profundizar y garantizar la seguridad jurídica, promover la agilidad administrativa en general y la ambiental en particular, con una visión de la tramitación ambiental en lo urbanístico y de sostenibilidad en el planeamiento. Asimismo, se ha hecho hincapié en reforzar el diálogo en los intereses sectoriales, dar respuesta actualizada a las necesidades sociales, como la promoción de viviendas asequibles.

El Economista

• PROYECCIONES/ El supervisor coincide con el Gobierno en que a finales de 2022 se alcanzarán los niveles previos a la pandemia y en 2023 se retomará la senda de crecimiento. Sin embargo, empeora la previsión de déficit para 2021 por el mayor gasto público.

La recuperación está en marcha y la salida del túnel de la crisis, un poco más cerca. Y no, el mensaje no proviene esta vez de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que ha reiterado esta idea prácticamente en cada una de sus últimas comparecencias públicas (ayer volvió a hacerlo desde un acto en Canarias). En esta ocasión, ha sido el Banco de España el que ha constatado que el rebote económico es una realidad en la que los indicadores apuntan a “un aumento significativo del dinamismo de la economía” desde finales de marzo gracias al avance de la vacunación y al alivio de las restricciones, dando lugar a una espiral virtuosa de mejora de la confianza, incremento del gasto de los hogares y salida del letargo de la demanda mundial, lo que se está dejando notar ya en las exportaciones españolas. En este contexto, el Banco de España revisó ayer al alza sus proyecciones macroeconómicas para este año y los siguientes, empezando por este segundo trimestre, en el que prevé un alza del PIB de entre el 1,4% en el peor escenario y del 2,7% en el más favorable. Su escenario central es de un crecimiento del 2,2% entre abril y junio, tras una contracción del 0,5% en el primer trimestre, una previsión más optimista que la de organismos como la AIReF, que con los indicadores disponibles de abril y mayo anticipa un avance trimestral del 1,3%.

Tras este esprint de la actividad, el Banco de España ha elevado su previsión de crecimiento para el conjunto del año hasta el 6,2% en su escenario base, dos décimas más que en las estimaciones de marzo, pero todavía tres décimas inferior al objetivo del Gobierno (+6,5%); al 5,8% en 2022, cinco décimas por encima del pronóstico anterior gracias, esencialmente, a un “mayor impacto” positivo de los fondos europeos, y al 1,8% en 2023, frente al 1,7% anterior. En concreto, la institución estima que el efecto balsámico de las ayudas europeas rondará el punto porcentual este año, ascenderá a 2,4 puntos en 2022 y catalizará el crecimiento de 2023, con la aportación de 1,8 puntos.

Todo ello en un contexto en el que el supervisor sigue mostrándose escéptico sobre la capacidad de las Administraciones Públicas de absorber esa ingente cantidad de fondos. “Se mantiene todavía un grado considerable de incertidumbre con respecto al ritmo al que puedan ser absorbidos estos fondos”, señala el informe. En este escenario, el supervisor espera que a finales de 2022 se alcancen los niveles previos a la pandemia, reanudando en 2023 la senda de crecimiento que truncó el Covid, un diagnóstico que converge con el del Ejecutivo, cuya vicepresidenta económica, Nadia Calviño, anticipó el 9 de junio, durante la clausura del II Foro Económico Internacional EXPANSIÓN, que “nuestro horizonte pasa por recuperar a finales de 2022 el nivel de PIB previo a la pandemia y en 2023 la senda de crecimiento en la que estábamos antes” de la crisis sanitaria.

Furgón de cola europeo

Pero no es oro todo lo que reluce en el horizonte económico. Pese al fuerte rebote de este año y el que viene, España seguirá en el furgón de cola de la recuperación internacional. De hecho, si se cumplen los vaticinios del Banco de España y del propio Ejecutivo, la economía española será la última de la eurozona en retornar a los niveles prepandemia. La mayoría de países del euro lo logrará entre el primer y el tercer trimestre de 2022, mientras que algunos, como Alemania, lo conseguirán ya a finales de este mismo año, según las recientes previsiones de la OCDE. Además, pese a la mejoría de expectativas, el Banco de España advierte de que no se debe bajar la guardia, ya que el grado de incertidumbre “continúa siendo alto”. De hecho, advierte del potencial efecto nocivo de la aparición de nuevas variantes del virus que pudieran ser “resistentes a las vacunas”, lo que podría traducirse en nuevas restricciones a los viajes turísticos. Precisamente, la gran sombra que se cierne sobre España sigue siendo la reactivación del turismo, una “actividad crucial” para el PIB, en un contexto en el que países como Reino Unido, principal emisor de turistas a España, mantienen a nuestro país en el lista de riesgo por Covid. El Banco de España cree que, en el mejor de los casos, las exportaciones turísticas rondarán el 50% de las cifras alcanzadas en 2019, antes de la irrupción del Covid.

Pero los brotes verdes del presente no deberían ocultar el espeso bosque de deuda y déficit que ha generado la crisis y que puede hipotecar el futuro económico durante mucho tiempo. De hecho, el Banco de España empeoró ayer su previsión de déficit para 2021, con un desfase del 8,2% en contraste con el 7,7% que vaticinaba en marzo, fruto del efecto combinado de un mayor aumento del gasto público, entre otras causas por las prórrogas de los ERTE, y de menor recaudación, debido en parte a la revisión “ligeramente a la baja la estimación de los ingresos derivados de los nuevos impuestos introducidos a comienzos de este año”, como las llamadas tasas Google y Tobin. El supervisor considera que el déficit adelgazará en 2022 y 2023, hasta situarse en el 4,3% ese último año, cotas que, sin embargo, cree “todavía muy elevadas” y urge al diseño de un plan de consolidación fiscal.

Por su parte, la deuda será una pesada losa, con tasas superiores al 120% del PIB este año, porcentaje que, pese al crecimiento previsto para estos años, seguirá en torno al 118% en 2023; es decir, un recorte de apenas dos puntos en el horizonte de proyección.

El Economista

• Las empresas reclaman un mecanismo de reequilibrio económico de los contratos
• El sector aboga por restablecer la revisión de precios y derogar la ley de desindexación

La fuerte subida de los precios de la mayoría de las materias primas está teniendo un intenso impacto en la economía y ha provocado grandes problemas de desabastecimiento en multitud de empresas, sobre todo en aquellas que gozaban de un nivel de inventarios mucho más reducido.

El sector de la construcción no es ajeno a esta situación, hasta el punto de que distintas organizaciones empresariales advierten de los riesgos para la continuidad de determinados contratos y de los efectos sobre la recuperación de la economía de España.

“La viabilidad de muchos contratos se ponga en cuestión porque el sobrecoste que sufren las empresas constructoras no puede mantenerse en el tiempo”
El precio del petróleo se ha disparado en torno a un 35% en los primeros meses del año, lo que ha afectado de manera negativa en los balances del tejido empresarial. No solo por un encarecimiento de los costes del transporte sino también porque ha elevado el precio de multitud de productos que dependen de esta fuente energética y que provienen de la misma, lo que ha perjudicado a numerosos distribuidores de materiales de construcción y cerámica. Al del crudo, se añade el avance de los precios de materias primas ligadas a la actividad industrial como el cobre, el acero inoxidable, el latón… Como ejemplo, el precio del cobre se ha disparado más de un 30% en 2021 y en 12 meses casi se ha duplicado lo que ha hecho que alcance el precio más alto de toda su historia. Una situación sin precedentes en un escenario en el que las compañías comienzan a levantar el vuelo tras el impacto de la reciente crisis económica.

La patronal de la reforma, Andimac, constata la preocupación del sector, que deriva no solo del avance de los precios de las materias primas sino también de los problemas de desabastecimiento que se están produciendo en multitud de empresas de la industria de las reformas. Una situación que comparten otras grandes industrias a nivel mundial, como la tecnológica o la de fabricantes de automóviles con la escasez de chips que, debido a que son componentes básicos, obligan a paralizar temporalmente su actividad.

Desde los almacenes de distribución asociados a Andimac reconocen esta realidad al destacar que hay un problema generalizado en todas las materias que provoca desabastecimiento en muchos fabricantes y los que tenían stock previo lo están sorteando, pero los que no están teniendo problemas de suministro porque no tienen capacidad para comprar.

Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) señala que “la subida del coste de los materiales para el sector de la construcción, especialmente en el acero o el betún asfáltico, está siendo desproporcionada en los últimos meses. Este incremento ya en Estados Unidos hacía ver que podría tener un reflejo claro en Europa y hemos comenzado a sufrirlo”.

“En ocasiones es preferible abandonar una obra o un proyecto que asumir un incremento desproporcionado de costes”

Fernández Alén advierte, asimismo, de que “el hecho de que la ley de desindexación haya bloqueado la revisión de precios, y que el sistema de revisión de precios contenido en la Ley de Contratos se aplique en muy contadas ocasiones, hace que la viabilidad de muchos contratos se ponga en cuestión porque el sobrecoste que sufren las empresas constructoras no puede mantenerse en el tiempo”. Así, añade, “en ocasiones es preferible abandonar una obra o un proyecto que asumir un incremento desproporcionado de costes que, en muchos casos, está llegando a más del doble”

Por ello, desde la patronal de la construcción “creemos que es necesario poner en marcha algún mecanismo para reequilibrar económicamente los contratos para que sean viables: por una parte, la derogación de la Ley Reguladora de la Desindexación en Materia de Contratación Pública; y, por otra, el restablecimiento del sistema de cláusulas de revisión de precios en los contratos públicos”, reclama Fernández Alén. De igual modo, “en la obra privada sería deseable establecer un sistema automático de reequilibrio que tenga presente el sobrecoste al que tiene que hacer frente la empresa por el incremento desproporcionado de precios en las últimas semanas/meses y que no se corresponde con los precios de la oferta cuando se presentó”.

Actividad a medio gas
El incremento de los precios ha llegado en un momento poco propicio para el sector, según advierten desde Andimac, toda vez que no se ha visto respaldado por una mejora significativa de la actividad económica al operar la mayoría de las empresas todavía a medio gas por la pandemia. En este escenario, las opciones que tienen los proveedores son, fundamentalmente, dos: subidas de tarifas, que después se trasladan a los clientes, o recortes en el descuento que realizan a los clientes. Las empresas más grandes soportan mejor la subida de precios y las principales damnificadas son las que tienen un menor tamaño debido a sus distintos márgenes.

Las firmas de distribución esgrimen que aún hay margen de negociación, aunque depende del proveedor
Las firmas de distribución esgrimen que aún hay margen de negociación, aunque depende del proveedor. Aún así, la escalada de precios no cesa de momento y Andimac estima que durante este trimestre en todos los sectores va a haber subidas, que se trasladan al cliente final y que irán del 2% al 14%, en el caso de impermeabilizaciones. Una subida generalizada de precios que también es patente en cementos, pegamentos, perfilería de cartón yeso y en casi todos los materiales. Esta situación está generando una inflación “bestial”, como catalogan la mayoría de compañías dedicadas a las reformas, que recalcan que se están produciendo situaciones no vistas en décadas ya que hay cupos, casi racionamientos, de determinados componentes que hacen que los retrasos o paralizaciones de ciertas reformas estén a la orden del día.

Este escenario provoca multitud de tensiones y dificulta la labor diaria de los distribuidores con sus clientes. Piedras en el camino para un sector que juega un papel importante en la reconstrucción económica de España. De hecho, Andimac defiende que si la construcción aporta en torno al 10% del PIB, la mayoría de las actuaciones se corresponde con las que se realizan en viviendas y edificios ya habitados, y no tanto con las de los nuevos desarrollos urbanísticos. Es decir, que “las actividades de reforma y la rehabilitación son cruciales para el conjunto de los actores que intervienen en la cadena industrial de materiales de construcción, una cadena que incrementa más de dos puntos el peso de la construcción en el PIB”.

Las perspectivas no son nada halagüeñas. Los principales distribuidores ven cómo, mes tras mes, los precios de las materias primas prosiguen al alza, pese a que la esperanza del sector era que este año la tendencia no fuese la misma que el curso anterior. La mayoría de bancos de inversión tampoco ha arrojado luz para el sector, ya que prevén que los avances continúen, aunque de manera menos significativa. No obstante, será la evolución macroeconómica de China la que marque el devenir de los precios, aunque el gigante asiático es uno de los que mejor se ha recuperado y ha disparado la demanda de este tipo de metales, lo que presiona los precios al alza.

Además, hay que sumar nuevas tendencias como la descarbonización de las economías o el auge de las energías renovables que también ejercerán presión en metales como el litio, el níquel o el cobre, muy utilizados en el proceso de fabricación de vehículos eléctricos o en proyectos de infraestructuras verdes.

50% de subida del petróleo
El barril de Brent se ha encarecido cerca del 50% este año. El viernes superó los 73 dólares por primera vez desde mayo de 2019. Al cierre de 2020 cotizaba en 51 dólares.

26,8% de subida del cobre
El precio del cobre ha pasado de 7.754 dólares el pasado 31 de diciembre a 9.834 dólares el viernes, lo que supone un alza del 27% en lo que va de año.