Diario Córdoba

• Urbanismo pondrá en servicio el tramo de la vía que va de la N-432 a Fuente de la Salud

La ronda Norte de Córdoba abrirá al tráfico este jueves. Así lo han informado a este periódico fuentes de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), que se ha encargado de la obra de esta vía en la parte que compete al Ayuntamiento de Córdoba. Se cumplen así los plazos planteados ya en última instancia por la Gerencia de Urbanismo, que quería que la carretera estuviera disponible durante el mes de junio de este año. Hay que recordar que el tramo de ronda Norte ejecutado está formado por 2,4 kilómetros que se encuentran entre la N-432 (carretera Badajoz-Granada) y Fuente de la Salud.

El tramo que los conductores podrán utilizar desde este jueves es el que va desde las cocheras de Aucorsa hasta la glorieta de Madres Escolapias. Para algo más adelante se queda la apertura al tránsito de vehículos de los metros ejecutados entre esta rotonda y la calle Ingeniero Ruiz de Azúa, punto en el que acaba la ronda municipal y en el que en un futuro esta vía enlazará con la que aún debe construir la Junta. Esos metros se abrirán al tránsito rodado cuando esté colocado un semáforo que hace falta en la confluencia de Ingeniero Ruiz de Azúa con Sor Ángela de la Cruz para regular el tráfico en esa zona y que precisa de un contrato menor que tardará aproximadamente un mes. Mientras no esté el semáforo que falta no podrá utilizarse el paso elevado construido en la glorieta de Madres Escolapias.

Hasta que eso ocurra, la parte pendiente de abrir podrá ser utilizada por viandantes y ciclistas. Cuando ese mínimo tramo esté abierto, los vehículos procedentes de Escultor Fernández Márquez e Ingeniero Ruiz de Azúa podrán proseguir hasta la nueva glorieta de Fuente de la Salud y continuar hacia adelante por la ronda recién ejecutada hasta la N-432. Hay que tener en cuenta que desde Ingeniero Ruiz de Azúa se podrá acceder a la nueva vía pero no se podrá salir de ella al no tener continuidad aún por no existir el tramo que debe ejecutar la Junta. Ese tramo va desde la Asomadilla a la ronda de Poniente y está en fase de negociación entre Junta, Ayuntamiento y colectivos vecinales. La Junta trabaja en el proyecto, que quiere licitar pronto.

En su origen, este tramo de carretera que ahora es municipal era privado y correspondía a la junta de compensación (conjunto de propietarios de terrenos) del barrio de Mirabueno. Sin embargo, con la crisis económica del 2008 las obras se quedaron paradas y desde un año después, desde el 2009, la Gerencia de Urbanismo estuvo intentando reanudarlas mediante ejecución subsidiaria. El organismo municipal no logró esa aspiración hasta el anterior mandato, cuando el gobierno local de PSOE e IU recibió el visto bueno judicial para utilizar un aval de 12 millones de euros para concluir la carretera, que tenía entonces un grado de ejecución del 69% y un alto deterioro. Aunque las obras fueron licitadas en el anterior mandato, no empezaron hasta este. Los trabajos se iniciaron en septiembre del 2019 y debían estar terminadas en noviembre del 2020, pero se han alargado por las complicaciones del desvío de líneas eléctricas. Durante la ejecución del proyecto se ha producido una ampliación de plazo que concluía a mitad de este año.

Como ya adelantó este periódico, Urbanismo ha estado estos últimos días estudiando abrir la mayor parte del tramo municipal de ronda Norte, ya que la obra se encuentra totalmente culminada, solo a falta del semáforo de Ingeniero Ruiz de Azúa. Por esa zona la circulación estará limitada a 40, mientras que en el resto de la vía no se podrá ir a más de 60. La idea que persigue el Ayuntamiento es que tenga un carácter urbano.

El País

• El organismo pide más gasto social en vivienda y cambios en las regulaciones de suelo e impuestos para lograr políticas más efectivas

Precios de compra y alquiler que crecen, escasez de suelo donde construir, impuestos que dificultan la compra, gobiernos que recortan gastos, escasa movilidad laboral, pobreza energética… Son las caras del poliédrico rompecabezas que, según la OCDE, supone el acceso a la vivienda. El organismo que reúne a las economías más ricas del mundo también alerta de que las regulaciones de los alquileres “tienen impacto en el funcionamiento eficiente de los mercados inmobiliarios, en tanto que pueden desalentar la inversión en construcción y en mantenimiento”. El Gobierno español lleva meses debatiendo sobre la posibilidad de imponer límites a los alquileres, una cuestión que ha dividido a los dos socios de la coalición, los socialistas (que defienden ayudas fiscales para incentivar la oferta de alquiler) y Unidas Podemos (favorables a establecer topes a los alquileres).

El acceso a la vivienda es un “reto creciente en muchos países”, alerta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que agrupa a 38 de las economías más avanzadas del planeta, en un informe publicado este lunes, con un dato para la reflexión: entre 2005 y 2015, los gastos que provoca la vivienda en las familias crecieron de media cinco puntos, “alcanzando un 31% del presupuesto en los hogares de ingresos medios”. En ese mismo periodo, la porción de sus ingresos que las familias debían dedicar a salud o transportes creció menos de un punto, y en otros gastos básicos como educación, ropa o comida descendió. Es decir, la vivienda da un mordisco cada vez mayor a los recursos de los que disponen las familias.

Con el objetivo de diagnosticar el origen del daño y de promover políticas enfocadas a remediarlo, la OCDE ha preparado esta semana varias jornadas enfocadas en la vivienda. Y para abrir fuego publica este lunes el estudio Brick by brick. Building better housing policies (Ladrillo a ladrillo. Construyendo mejor políticas de vivienda). El informe recuerda que la vivienda es “una necesidad humana básica” y que resulta una cuestión capital para el bienestar humano. Y cita algunos procesos que lo están poniendo en entredicho, como “el fracaso del sector de la vivienda para proveer suficientes hogares donde la demanda es fuerte, como las áreas urbanas ricas en empleo”.

La OCDE no olvida mencionar el desafío medioambiental que suponen los edificios de viviendas, responsables globalmente de un 17% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y de un 37% de las emisiones de partículas finas (contaminantes y nocivas para la salud humana).

Los citados son “retos interconectados” para el club de países ricos y por tanto requieren de “acción política en un amplio rango de dominios”. Para empezar, en los presupuestos. “La inversión pública en desarrollo de vivienda ha caído del 0,17% del PIB, en 2001, al 0,06 del PIB en 2018, como media para los países de la OCDE”, reza el informe del organismo en un tirón de orejas para sus socios. Como resultado los autores —un amplio elenco de especialistas del departamento económico de la OCDE, coordinados por los economistas Boris Cournède y Volker Ziemann— piden a los países “una mayor inversión en vivienda social y asequible”, una solución a la que solo encuentran virtudes. Realizar ese esfuerzo económico, sostienen, “tendría el beneficio dual de proteger a los hogares vulnerables o de bajos ingresos mientras se expande la oferta de viviendas y, como resultado, se alivia la presión creciente de los precios”. Además, se puede aprovechar para hacer nuevas construcciones medioambientalmente más sostenibles y “evitando la segregación social y económica”.

Los estragos de la pandemia
Empezar por recomendar ese aumento del gasto no es casualidad. Al ya citado recorte del gasto que los países de la OCDE han dedicado a la vivienda en los últimos años, se añade el reto de la crisis del coronavirus. Esta ha agravado la situación especialmente para quienes más difícil lo tenían ya antes de la llegada del virus. La pandemia “ha provocado fuertes pérdidas de empleo e ingresos que se han concentrado en los grupos más vulnerables”, como los hogares jóvenes o de ingresos bajos (con empleos más precarios y menos susceptibles del teletrabajo, por lo general). Y eso “exacerba las dificultades para asegurar el acceso a vivienda asequible de calidad”.

Pero no todo es aumento del gasto. El club con sede en París también sugiere otros dos cambios que los Estados pueden acometer para facilitar el acceso a la vivienda. Así, el informe señala que “las reformas en las políticas sobre el suelo pueden levantar obstáculos para la expansión de la oferta”. En otras palabras, agilizar más la construcción de nuevas viviendas para que aumente la oferta. Cita, por ejemplo, cambiar el número de alturas que se pueden edificar. Al respecto también alerta sobre la descoordinación entre diferentes niveles de la administración, lo que puede provocar ineficacias. El otro cambio que propone la OCDE es desplazar la imposición sobre vivienda de las transacciones (es decir, los impuestos que se pagan cuando se compra una vivienda y que según el organismo ponen una barrera de acceso a la compra para muchos hogares) a la propia tenencia, en forma de gravámenes anuales que dependan más de los precios del suelo que del valor corriente de los inmuebles.

Además, se recomiendan otras tres soluciones graduales. Estas son convenientes, dicen los autores del informe, pero se deben adoptar con medidas compensatorias porque en el corto plazo pueden provocar desequilibrios. La primera es la retirada de incentivos fiscales para los propietarios de vivienda, lo que en un momento inicial dificultaría a las familias más jóvenes comprar, pero pasado un tiempo ayudaría a que bajasen los precios. La segunda es flexibilizar el mercado de alquiler, lo que según los expertos de la OCDE ayuda a que aumente la oferta. Sobre este punto advierte que en el corto plazo la medida puede resultar muy nociva para los inquilinos más vulnerables y por eso piden que se acompañe de otras soluciones “incluyendo por ejemplo un aumento en la provisión de vivienda social”. La tercera propuesta intermedia es adoptar normativas ambientales más estrictas para lograr edificios más sostenibles, lo que presiona al alza sobre los precios de construcción y mantenimiento de las casas, por lo que se piden subsidios y ayudas compensatorias.

España, en la parte baja de la tabla de gasto
El informe publicado este lunes da soluciones genéricas para todos los países miembros de la OCDE y no lleva recomendaciones específicas para cada uno de sus socios. Pero sí acompaña unas fichas país por país que muestran a las claras las debilidades de cada uno. En el caso de España destaca precisamente el escaso gasto dedicado a las políticas de vivienda en su conjunto, del 0,1% del PIB, cuando la media de los países del club es del 0,32% y el más avanzado al respecto, el Reino Unido, dedica un 1,53% del PIB. Hay que tener en cuenta que el año tomado como referencia en el estudio es 2018, que junto con 2017 marcaron el suelo en lo que a gasto en vivienda presupuestado por el Gobierno se refiere. En los últimos Presupuestos aprobados, por ejemplo, las partidas se han multiplicado por más de cuatro.

España también destaca negativamente en la sobrecarga que suponen los gastos de vivienda para los inquilinos de bajos ingresos: un 46% de este tipo de hogares destinan más del 40% de su presupuesto a la casa. La media de la OCDE es 11 puntos inferior (35%) y el país con peor pronóstico es Colombia (73%). En la media con otros países del club se encuentra en cuanto a la volatilidad de precios, lo que sugiere un crecimiento relativamente estable, aunque se alerta al respecto de que “tras la crisis financiera global [de 2008], los precios de compra y alquiler han divergido enormemente entre regiones, con presiones al alza en algunas ciudades, como Madrid y Barcelona). Directamente relacionado con los precios, los requerimientos de capital para obtener una hipoteca también se encuentran en la media del club de países ricos.

Y en la parte positiva, España destaca por el bajo tiempo que lleva a los ciudadanos ir de su casa al trabajo —lo que en general muestra capacidad para encontrar casa cerca de donde se trabaja y redes de transportes eficientes, aunque también puede relacionarse con una baja movilidad laboral—, en la escasa tasa de sobreocupación o hacinamiento de los hogares y también puntúa bien en los estándares ambientales (a lo que ayuda el clima, señala el informe, al no requerir mucha calefacción en invierno). España también figura en el informe entre los países que puntúan más alto en el control de rentas de alquiler. Al margen de debate político sobre el control de precios, el estudio mide todas las normativas que de una manera u otra impiden el crecimiento libre de las rentas (por ejemplo, el hecho de que en los años de contrato las subidas estén acotadas al crecimiento del PIB u otros indicadores) y otorga a España una puntuación de 0,57 en una escala entre cero y uno. La media de la OCDE es de 0,41 puntos y el país que más puntúa es Suecia (0,94).

Diario de Cádiz

• El retraso en la aprobación de la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) supone un contratiempo para impulsar el nuevo planeamiento
• Se abrirá una oficina en Urbanismo para que inversores y ciudadanos puedan consultar dudas tras la anulación del plan

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, acompañado por el primer teniente de alcalde, Curro Martínez, y la concejala de Urbanismo, Danuxia Enciso, ha comparecido este lunes ante los medios de comunicación para dar cuenta de la situación creada tras la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Esta comparecencia se ha producido tras reunirse la junta de portavoces, a quienes también se les ha traslado la situación en la que queda ahora el urbanismo local y los pasos que se darán a continuación.

Beardo ha explicado que esta anulación es el resultado del rechazo por el Tribunal Supremo a uno de los dos recursos de casación presentados por el Ayuntamiento, por lo que el segundo fallo se espera que sea en el mismo sentido.

El primer edil ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad ya que como ha dicho “esta situación ya estaba prevista, era algo esperado”, recordando que incluso el anterior equipo de gobierno estaba sobre aviso de esta posible eventualidad.

En estos 18 meses transcurridos desde el recurso al Supremo el Ayuntamiento ha estado esperando, por un lado, la tramitación de la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) -que ha sufrido un inesperado retraso a causa del rechazo de Vox en el Parlamento-, y por otro se han realizado los estudios previos, por parte del área de Urbanismo, de un nuevo planeamiento para la ciudad, reorganizando además los recursos humanos disponibles.

De momento ya se están preparando los pliegos de asistencia técnica para sacar a concurso la redacción del avance de un nuevo PGOU, y mientras tanto volverá a estar en vigor el PGOU de 1992, del que quedan fuera muchos de los desarrollos que contemplaba el de 2012.

LAS FUTURAS LICENCIAS, PENDIENTES DE UN DICTAMEN DE LA ASESORÍA JURÍDICA DE URBANISMO

No obstante, según señaló Danuxia Enciso, la mayoría de las licencias concedidas hasta ahora son ya actos firmes, que no deberían sufrir ninguna vuelta atrás. Otra cosa son las nuevas licencias que habrá que conceder, que deberán hacerse con arreglo al plan del 92, aunque de momento hay muchas dudas en el aire que deberán ser solventadas por el área jurídica de Urbanismo, a la que ya se ha solicitado un dictamen.

Según explicó Beardo también se va a consignar un compromiso presupuestario para 2022, para poder afrontar los trabajos del nuevo avance. Según el alcalde este tiempo transcurrido desde la anulación del TSJA hasta ahora ha servido para algo muy importante, como ha sido desvincular por completo el Peprichye del PGOU de 2012. “Se ha eliminado toda referencia a este plan y eso nos permite contar con un Peprichye independiente y autónomo, ese ha sido el mayor logro de este recurso casacional”, insiste Beardo.

UNA OFICINA DE ATENCIÓN A LOS AFECTADOS EN LA SEDE DE URBANISMO

Por otro lado, se ha anunciado la apertura de una oficina de atención a los afectados en la sede de Urbanismo, en la calle Sol, que estará dirigida por el asesor jurídico del área, Alejandro Sepúlveda. Esa oficina se abrirá lo antes posible y en ella se atenderán las consultas concretas de inversores, promotores y ciudadanos a título particular.

También se prevé en breve una próxima mesa técnica con la Junta de Andalucía, para ver los diferentes caminos a seguir para que ningún desarrollo de los previstos en el PGOU anulado se quede ahora fuera de juego.

En cuanto a los diseminados, se prevé en primer lugar rescatar en primer lugar los que, a pesar de incluirse en el PGOU anulado, ya se planteaban en el Plan del 92. “Ningún desarrollo se va a quedar atrás”, insiste el alcalde, al tiempo que pide al resto de los grupos la máxima colaboración posible.

Europasur

• Un total de 80 personas asumirán trabajos en el litoral, incorporándose un dron para el control de aforos por parte de la Policía Local

El Plan de Playas 2021 de La Línea de la Concepción contará con un presupuesto de 580.000 euros, sin contar con los gastos de la Policía Local. Esto supone un incremento del 55% respecto a 2020, cuando se destinaron 330.000 euros al equipamiento y personal para la temporada estival en el litoral linense, según ha anunciado el concejal Rafael León.

La prestación de los trabajos en todas las playas supondrá la dedicación de 80 personas, distribuidas en diferentes servicios. En salvamento y socorrismo, el incremento presupuestario permitirá contar con 23 trabajadores, quince socorristas, seis de los cuales estarán a media jornada, dos enfermeros, tres patrones de embarcación, dos conductores y un coordinador. En medios materiales, destacar una moto de agua, un vehículo todoterreno, dos ambulancias, una lancha zodiac y tres quads.

La Policía Local, con un total de 18 agentes en servicio, dispondrá de cinco vehículos (tipo quads), dos segways, dos motos, un furgón, un dron para el control de aforos y prismáticos de precisión.

Los servicios de mantenimiento y limpieza incorporarán a 31 personas, 19 de ellas para limpieza manual y siete a mecanizada, más otras cinco para labores de mantenimiento.

En medios materiales, se contará con tres tractores limpiaplayas, un vehículo para transporte de trabajadores, dos vehículos de mantenimiento, uno de limpieza de módulos y uno de coordinación.

Los contratos de limpieza manual y mecanizada han supuesto un incremento económico de 24.725,46 euros, pasando de una inversión de 170.000 euros en 2020 a 194.725,46 euros, en la actualidad. En cuanto a salvamento y socorrismo, el aumento ha sido de 70.025 euros, con una inversión en 2020 de 149.975 euros y actual de 220.000 euros.

Tras la importante merma de recursos materiales consecuencia de los actos vandálicos sufridos en las instalaciones de la delegación de playas, se está trabajando para la reposición de todas las infraestructuras temporales en el litoral.

Con respecto a infraestructuras, se prevé la dotación de pasarelas en los accesos, seis zonas de sombra, cuarenta y nueve duchas, cinco módulos de baño, nueve torres de vigilancia, seis carriles náuticos y equipos de megafonía. De momento, está pendiente la adjudicación de una aplicación móvil sobre el estado de las playas.

Además, se han adjudicado diez ubicaciones de chiringuitos, tres que ya contaban con contrato del pasado año, dos recientemente adjudicados y otras tres que ya han presentado documentación y se formalizarán en breve.

Actualmente, se ejecutan los trabajos de perfilado y nivelación en la zona de Santigo- Conchal, con la colaboración de la Demarcación de Costas, cuyo inicio se retrasó a consecuencia de los actos vandálicos ocurridos en mayo y se prevé culminen a finales de esta semana. A nivel municipal, se ha actuado para reparar todos los desperfectos en todo lo que representa la ubicación de pasarelas, sillas adaptadas y módulos.

Juan Franco ha subrayado la reciente concesión del galardón de Ecoplayas para las playas de Santa Bárbara y Sobrevela, que será presentado próximamente, agradeciendo el trabajo de las delegaciones municipales y del personal implicado en la temporada.

Este martes se celebrará una reunión con Fegadi para comprobar el estado de las playas en cuanto a dotaciones para personas con movilidad reducida. De momento, se han dispuesto siete pasarelas de este tipo en distintas zonas del litoral, además de formalizarse un proyecto con Cepsa, que permitirá la incorporación de nuevo material para este colectivo, incluyendo una grúa para el desplazamiento de estas personas hasta las zonas de baño.

Por su parte, el teniente de alcalde y delegado municipal de Servicios Operativos, Manuel Abellán, ha subrayado la renovación de todos los contratos de socorrismo, vigilancia, limpieza mecanizada y manual y mantenimiento, por un periodo de cuatro años, destacando el arduo trabajo administrativo que se ha realizado y su contribución para la mejora de los servicios.

Rafael León, como responsable de la concejalía de Playas, ha realizado especial hincapié en el incremento de los medios, la dotación de equipamientos y nuevas zonas de sombra para personas con movilidad reducida y la incorporación de maceteros, una vez finalicen los trabajos de nivelación de la playa de levante.

Diario de Almería

• Abrirá en 2023, con una inversión de 3,6 millones y más de 20.000 ejemplares y puntos de sombra con 122 árboles medianos. Vuelven las chumberas a la ladera de la Alcazaba. Urbanismo empleará burros para esta repoblación en la que no se permiten medios mecánicos.

Es, sin duda, uno de los proyectos más esperados, no solo por el tiempo transcurrido –once años ya desde que se resolviera el concurso de ideas-, sino por el especial enclave, limitado por las murallas de La Alcazaba y San Cristóbal, de sobrada riqueza paisajistica y patrimonial, –también en el subsuelo–, y memoria de esa Almería agrícola, que “habíamos estado usando de escombrera y aparcamiento”. En el primer trimestre de 2023, La Hoya será, por fin, un “gran atractivo social, turístico y cultural” mediante la puesta a disposición de la ciudadanía del parque ‘Jardines Mediterráneos’, el proyecto que ha podido presentar la concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, junto a los arquitectos del estudio Kauh.

Juan Antonio Sánchez y Vicent Morales han desmenuzado la intervención que abarca una superficie de 42.600 metros cuadrados, sobre los que se invertirá nada menos que 3.666.321 millones de euros, la primera actuación de carácter público en La Hoya desde hace mil años, ya que sus transformaciones han venido de la mano de los usos privados como el agrícola.

Quien se espere un parque de césped natural rodeando un lago puede ir desterrando esta idea, porque el proyecto presentado se inspira en la máxima del respeto al entorno y al pasado, con elementos camuflados y lo más desapercibidos posible, cuya elección también ha estado determinada por las leyes patrimoniales que preservan tanto la imagen de las murallas, sin barreras visuales, los restos arqueológicos –no habrá construcciones como el centro de visitantes inicialmente previsto o el ascensor–, y las especies autóctonas, algunas de ellas protegidas, que serán recuperadas.

Son tres grandes limitaciones que los arquitectos han recogido como tres grandes oportunidades para resolver conflictos con este proyecto que mantiene el carácter de espacio continuo del Valle de la Hoya, con una mínima intervención y una máxima protección del subsuelo. No habrá redes de agua, sino que se recuperará el sistema de riego de acequias (aún quedan restos pero en mal estado, por lo que serán de nueva construcción). No habrá farolas, sino báculos en el suelo de color tierra camuflado, ni grandes árboles que entorpezcan la visibilidad de las murallas, aunque este parque tendrá zonas de sombra y estancia, junto a bancales a repoblar, situados en puntos estratégicos donde no entorpezcan la visión del conjunto de murallas y que los arqueólogos han marcado como libres de restos.

La vegetación para este parque, de naturaleza blanda y exento de asfalto -para la pavimentación de los caminos se utilizará terrizo estabilizado y pequeños adoquines de piedra caliza- está diseñada como un tapiz que cambiará de imagen en función de las estaciones y la pluviosidad. Se plantarán en total más de 21.000 unidades de herbáceas, arbustos y árboles, de más de un centenar de especies diferentes. En concreto, serán 122 los árboles, de mediana altura para no entorpecer la visión del conjunto patrimonial-, que generarán esa sombra necesaria con 63 unidades de bancos.

Replantación de chumberas con burros

Una de estas especies son las chumberas, que retornarán a la ladera de la muralla de La Alcazaba, siendo un elemento que da buena idea del “cariño” respetuoso que ha imperado en la confección de este proyecto. Para recuperar la típica estampa de las pencas -devoradas por la cochinilla del carmín- no de utilizarán medios mecánicos al uso, sino los burros de antaño para alcanzar los puntos de plantación.

La distribución de la vegetación está ideada para crear parterres de plantación con formas orgánicas circulares-ovoidales que, a su vez generan una red de caminos que permiten transitar en todas las direcciones y disfrutar de múltiples paseos alrededor de la vegetación, además de acoger, en la zona central, un espacio que permitirá la celebración de actividades culturales o zona de juegos, en el día a día, a modo de plazoleta

Diario de Almería

• El ayuntamiento simplificó el trámite para obras menores con la llegada de la pandemia y la medida ha resultado exitosa

Desde que en mayo de 2020 se aprobara la simplificación de trámites para la obtención de licencias de obra menor, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha concedido hasta 1.402 licencias en el acto, “fomentando así la actividad económica y la creación de empleo en el municipio, máxima prioridad para este equipo de gobierno”, tal como resalta el concejal delegado, José Luis Llamas, en el balance de las actuaciones relacionadas con una medida que surgió con la intención de facilitar al máximo esta actividad en plena pandemia.

Ante el aumento de solicitudes de las últimas semanas, el concejal roquetero recuerda la importancia de la colaboración de todos para evitar que los residuos generados por las obras acaben en solares, ramblas y espacios naturales. “Necesitamos colaboración tanto de los vecinos como de las constructoras y trabajadores. Hace pocos días veíamos en la Ribera de la Algaida, junto con la delegada de Medio Ambiente de la Junta, cómo las aves habían incluso nidificado entre cascotes y escombros de obras, que no se podían recoger para por los servicios municipales para no interferir en el proceso natural. Entre todos tenemos que evitar estas situaciones”, afirma.

JOSÉ LUIS LLAMAS RECUERDA QUE LA TASA MUNICIPAL POR OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA DE CONTENEDORES RONDA LOS TRES EUROS, “Y SE TRAMITA TAMBIÉN EN EL ACTO, JUNTO A LA LICENCIA DE OBRAS Y EL ICIO”.

En este sentido, José Luis Llamas recuerda que la tasa municipal por ocupación de vía pública de contenedores ronda los tres euros, “y se tramita también en el acto, junto a la licencia de obras y el ICIO”.Hace un año, se simplificó la obtención de licencias de obra menor con la presentación de una declaración responsable, tanto si se trata de una obra sin proyecto, como una reforma de baño, de cocina o un cambio de azulejos o de suelo, como de una actuación que precisa de memoria o proyecto tal como pintura o arreglo de fachadas de comunidades, reforma integral de locales para negocios o reformas estructurales.

“Desde que se aprobara esta medida, la Delegación de Agenda Urbana ha concedido nada menos que 1.402 licencias de obra menor, 810 hasta enero y otras casi 600 en los últimos meses, lo que da muestra del incremento de obras menores que estamos viviendo y de la eficacia de esta medida”, detalla José Luis Llamas. Por contra, tal como recoge la ordenanza municipal, las obras que se realizan sin licencia pueden llegar a desembocar en una sanción económica de hasta 5.999 euros.

Por todo ello, el concejal pone el acento en que “todo aquel propietario o constructor que plantee realizar una obra debe saber que en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar es posible obtener la licencia en el acto, con la presentación de la declaración, de una forma ágil y directa, sin necesidad de esperar semanas a que la misma sea aprobada y recibida”.

Diario de Almería

• Las obras han consistido en un primer tramo canalizado subterráneo desde el Salar de los Canos hacia el mar y el acondicionamiento de la desembocadura final con un encauzamiento a cielo abierto

El cauce de la Rambla del Algarrobo discurre en su tramo final, de algo más de unos 1.824 metros de largo hasta su desembocadura al mar Mediterráneo, en una zona notablemente urbanizada y con un valor ambiental considerable que integra la zona del Salar de los Canos, la Charca del Gato y la ribera del mar.

Según ha indicado el concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Vera y a su vez consejero delegado de la empresa mixta CODEUR encargada de coordinar las obras, Alfonso García, “los trabajos de laminación y evacuación al mar de la Rambla del Algarrobo eran necesarios para evitar las frecuentes inundaciones en la zona y los riesgos de posibles avenidas provocados por tormentas y crecidas de la rambla”. El edil veratense ha explicado durante una visita a la zona que “el objetivo de la actuación es recoger las aguas provenientes de la Rambla del Algarrobo y conducirlas al mar desde el Salar de los Canos, siempre reservando un nivel de lámina de agua en el humedal”.

Se trata de una actuación recogida dentro del Plan Especial de la Costa, con un presupuesto de ejecución de 2.551.401,86 euros y financiada íntegramente a través de las cuotas urbanísticas de los propietarios de los terrenos afectos al Plan, que tiene como objetivo el diseño de un sistema conjunto de laminación, transporte y vertido de los caudales generados por la Rambla del Algarrobo y la integración del mismo en el entorno medioambiental del Salar de los Canos, la Charca del Gato y la ribera del mar, así como en el entorno urbano existente entre ambas zonas.

Las obras se han ejecutado en dos fases. Una actuación inicial de encauzamiento subterráneo desde el Salar de los Canos hacia el mar ejecutada desde hace 3 años y una segunda fase que se acaba de finalizar consistente en el acondicionamiento de la desembocadura final con un encauzamiento abierto, que integra este sistema hidráulico en el entorno incluyendo el paseo marítimo en su frente, y la reforma de espacio entre este paseo y la zona urbana consolidada.

En este sentido, se han desarrollado paseos peatonales en sendos márgenes y se ha dotado de alumbrado público, mobiliario urbano (bancos) y vallado de madera que delimita el encauzamiento a través de las sendas peatonales en toda su longitud.

El nuevo cauce de la rambla está protegido con una manta de fibra de coco que ayudará al crecimiento de vegetación baja con la que se ha sembrado esta área, preservando el espacio de cañaveral con el que contaba la parte final de la desembocadura denominado como la “Charca del Gato”. En los taludes exteriores de los márgenes del encauzamiento también se ha realizado una plantación con diversas especies autóctonas para el embellecimiento de la zona.

Adicionalmente, el Ayuntamiento está trabajando en un proyecto de acondicionamiento de zonas ajardinadas y áreas recreativas con juegos infantiles en el perímetro del encauzamiento cuya ejecución se llevará a cabo inminentemente.

Alfonso García ha indicado que “con esta actuación, además de realizar una infraestructura necesaria para la seguridad de la zona frente a inundaciones y avenidas de agua, se ha conseguido crear un área recreativa y de esparcimiento en la zona para el uso y disfrute de vecinos y visitantes”.

A la visita a las obras también ha acudido Jerónimo Parra, de Grupo Parra, quien ha agradecido al Ayuntamiento y a la empresa Mixta CODEUR que se haya contado con empresas de la zona como la suya para el desarrollo de una infraestructura tan importante.

La Voz de Almería

• Es la provincia andaluza con menor disponibilidad de recursos hídricos

A medida que se acerca el verano se hace patente la complicada situación hidrológica que vive la provincia de Almería. Los últimos episodios de precipitaciones han sido puntuales y escasos, lo cual está llevando a una sequía estructural que amenaza especialmente a los regadíos almerienses.

Para tratar de hacer frente a esta situación el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobaba este pasado mes de mayo el Plan Especial de Actuación en situación de alerta y eventual sequía para la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, un plan que determina la forma de actuar para paliar el déficit ‘esperable’.

Garantía
La nueva herramienta, diseñada por la Dirección General de Infraestructuras del Agua, recoge entre esas actuaciones la elaboración de propuestas de planes especiales para situaciones de alerta y eventual sequía, el asesoramiento técnico a los municipios que deban contar con planes de emergencia ante situaciones de sequía, así como las propuestas de entrada y salida de los sistemas hidráulicos en aquellas fases que representen restricciones de uso del recurso.

El director general de Planificación y Recursos Hídricos Locales, Fernando Delgado, destacaba recientemente el mal estado, tanto cualitativo como cuantitativo, del 60 por ciento de las masas de agua de la provincia, dadas las escasas aportaciones (déficit hídrico en la provincia) y a la sobreexplotación de los recursos.

En este sentido hacía hincapié en la importancia de las actuaciones que está llevando a cabo la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible como son la declaración del mal estado del acuífero del Campo de Dalías y la impulsión del Plan de Recuperación del acuífero del Poniente.

El caso Río Aguas
Delgado insistió en la declaración del mal estado de la masa del Río Aguas y el procedimiento para la constitución de la Comunidad de Usuarios de Masa de Agua Subterráneas, así como la previsión de seguir trabajando en esa misma línea en el Campo de Níjar y en el Andarax.

De todo ello fue informado el Comité de Gestión de Almería, que pudo conocer el decreto por el que se regulan las condiciones de entrada y salida en situación de sequía y que define las medidas a adoptar en las zonas afectadas según su situación hidrológica.

Manos libres
Una vez aprobado ese decreto por parte del Consejo de Gobierno de la Junta, se ponen en marcha los planes de gestión que recogen medidas específicas para mitigar los impactos de la sequía y la escasez coyuntural, lo que permite prevenir y corregir sus efectos adversos sobre el medio ambiente favoreciendo la utilización sostenible de las aguas incluso en los momentos excepcionales.

Entre sus objetivos se encuentran garantizar la disponibilidad de agua para asegurar la salud y la vida de la población; evitar los efectos negativos de la sequía sobre el estado ecológico de las masas de agua, en especial sobre el régimen de caudales ecológicos, evitando efectos permanentes sobre el mismo; o actuar en planes para minimizar los efectos negativos sobre las actividades económicas.

Provincia ‘seca’
Los últimos informes sobre la situación de las masas de agua en Andalucía colocan a la comarca del Bajo Almanzora como la más deficitaria de toda la región, con un volumen disponible de 0,16 decámetros cúbicos por hectárea y año.

Pero además, el ‘Diagnóstico sobre las necesidades de agua en Andalucía y propuesta de actuaciones’ establece que Sevilla es la provincia que presenta una mayor disponibilidad con el 25,78 por ciento del total de región; el caso contrario es el de Almería, que no alcanza ni el cuatro por ciento de esa disponibilidad.

Esa situación es la que ha llevado a la Junta de Andalucía a elaborar el plan de sequía que se aplicará en la provincia.

Abc

• Comparten en un foro la necesidad de sacar adelante el texto legal que simplifica la burocracia y da solución a problemas como la despoblación

La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla ha participado en un foro de debate bajo el lema «Una oportunidad para el Urbanismo en Andalucía» en el que se ha analizado el proceso de transición hacia un nuevo Urbanismo en Andalucía, maduro en los soportes de la sostenibilidad y la necesidad de integrar la visión de ordenación del territorio y urbanismo; y en el que se ha puesto de manifiesto el respaldo unánime del sector de la construcción, colegios profesionales, empresarios y agentes sociales para aprobar, lo antes posible, la Ley de Impulso para la Sostenibilidad de Andalucía.

El encuentro ha tenido lugar en la Caja Rural del Sur, con dos paneles: un primer Panel Administración y Empresa en el que han participado el alcalde del Ayuntamiento de Constantina, Rubén Rivera Sánchez; el gerente de Gaesco; Juan Aguilera Ruiz y el presidente de Fadeco, Francisco Martínez Cañavate. Y un segundo Panel Colegios Profesionales con el decano del Colegio de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos, Demarcación Andalucía, Ceuta y Melilla, Luis Moral Ordoñez; el secretario general del Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos, José Carlos Babiano Álvarez de los Corrales; y por el decano del Colegio de Geógrafos, Juan José Caro Moreno. Las conclusiones de los planteamientos expuestos han corrido a cargo de Manuel Mingorance, presidente del Consejo Empresarial de Medio Ambiente de la CEA.

El delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha abierto del foro en el que ha explicado que «la ley de suelo nace del acuerdo y el diálogo con un solo objetivo: avanzar en la ley del suelo andaluza». Se trata de «un proyecto de ley moderno, que acabará con el caos de la planificación urbana, garantizando la viabilidad social, ambiental y económica de las actuaciones, aumentando la protección de los recursos naturales, del litoral, del paisaje y del patrimonio histórico», ha continuado.

«Simplificamos y aclaramos la normativa para que aporte seguridad jurídica – resaltó el delegado de la Junta- con la LISTA se derogarán dos leyes, dos decretos ley y dos decretos, así como parte del articulado y disposiciones de otras normas. Ahora mismo, un promotor que quiera iniciar un proyecto que genere empleo y riqueza en nuestra tierra tiene que sortear 235 textos legales que afectan al urbanismo, lo que dificulta enormemente el trabajo de ciudadanos, promotores e inversores. Con la nueva Norma, la aprobación de un PGOU pasaría de diez años a dos años de media. Sin duda, un gran avance y de ahí su premura para que salga adelante».

Ricardo Sánchez, ha subrayado que La Ley de Sostenibilidad supondrá respetar la identidad de los municipios, y contar con instrumentos contra la despoblación en zonas rurales, con un sistema de planeamiento adecuado al tamaño de los pequeños municipios que «en ningún caso pueden ser tratados como las grandes ciudades».

«Incluye, además -recordó el delegado de la Junta en Sevilla- el Decreto Ley de viviendas irregulares, que ayudará a la lucha contra la proliferación de este tipo de edificaciones que llevan décadas en un limbo jurídico. La Junta de Andalucía quiere convertir el territorio andaluz en un espacio habitable, sostenible y accesible.»

Ricardo Sánchez argumentó que con un proyecto de Ley tan esencial para la recuperación económica y la vertebración de nuestra provincia no podemos esperar tanto para que entre en vigor; de ahí que la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, haya anunciado que ha empezado una nueva ronda de contactos con todos los grupos políticos para sacar adelante este proyecto y volverlo a llevar al Parlamento antes del próximo mes de agosto.

Las conclusiones de los planteamientos expuestos han corrido a cargo de Manuel Mingorance, quien ha explicado que, partiendo como elemento esencial para un nuevo urbanismo en Andalucía, la sostenibilidad del proceso, se ha planteado temas como profundizar y garantizar la seguridad jurídica, promover la agilidad administrativa en general y la ambiental en particular, con una visión de la tramitación ambiental en lo urbanístico y de sostenibilidad en el planeamiento. Asimismo, se ha hecho hincapié en reforzar el diálogo en los intereses sectoriales, dar respuesta actualizada a las necesidades sociales, como la promoción de viviendas asequibles.

El Economista

• PROYECCIONES/ El supervisor coincide con el Gobierno en que a finales de 2022 se alcanzarán los niveles previos a la pandemia y en 2023 se retomará la senda de crecimiento. Sin embargo, empeora la previsión de déficit para 2021 por el mayor gasto público.

La recuperación está en marcha y la salida del túnel de la crisis, un poco más cerca. Y no, el mensaje no proviene esta vez de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que ha reiterado esta idea prácticamente en cada una de sus últimas comparecencias públicas (ayer volvió a hacerlo desde un acto en Canarias). En esta ocasión, ha sido el Banco de España el que ha constatado que el rebote económico es una realidad en la que los indicadores apuntan a “un aumento significativo del dinamismo de la economía” desde finales de marzo gracias al avance de la vacunación y al alivio de las restricciones, dando lugar a una espiral virtuosa de mejora de la confianza, incremento del gasto de los hogares y salida del letargo de la demanda mundial, lo que se está dejando notar ya en las exportaciones españolas. En este contexto, el Banco de España revisó ayer al alza sus proyecciones macroeconómicas para este año y los siguientes, empezando por este segundo trimestre, en el que prevé un alza del PIB de entre el 1,4% en el peor escenario y del 2,7% en el más favorable. Su escenario central es de un crecimiento del 2,2% entre abril y junio, tras una contracción del 0,5% en el primer trimestre, una previsión más optimista que la de organismos como la AIReF, que con los indicadores disponibles de abril y mayo anticipa un avance trimestral del 1,3%.

Tras este esprint de la actividad, el Banco de España ha elevado su previsión de crecimiento para el conjunto del año hasta el 6,2% en su escenario base, dos décimas más que en las estimaciones de marzo, pero todavía tres décimas inferior al objetivo del Gobierno (+6,5%); al 5,8% en 2022, cinco décimas por encima del pronóstico anterior gracias, esencialmente, a un “mayor impacto” positivo de los fondos europeos, y al 1,8% en 2023, frente al 1,7% anterior. En concreto, la institución estima que el efecto balsámico de las ayudas europeas rondará el punto porcentual este año, ascenderá a 2,4 puntos en 2022 y catalizará el crecimiento de 2023, con la aportación de 1,8 puntos.

Todo ello en un contexto en el que el supervisor sigue mostrándose escéptico sobre la capacidad de las Administraciones Públicas de absorber esa ingente cantidad de fondos. “Se mantiene todavía un grado considerable de incertidumbre con respecto al ritmo al que puedan ser absorbidos estos fondos”, señala el informe. En este escenario, el supervisor espera que a finales de 2022 se alcancen los niveles previos a la pandemia, reanudando en 2023 la senda de crecimiento que truncó el Covid, un diagnóstico que converge con el del Ejecutivo, cuya vicepresidenta económica, Nadia Calviño, anticipó el 9 de junio, durante la clausura del II Foro Económico Internacional EXPANSIÓN, que “nuestro horizonte pasa por recuperar a finales de 2022 el nivel de PIB previo a la pandemia y en 2023 la senda de crecimiento en la que estábamos antes” de la crisis sanitaria.

Furgón de cola europeo

Pero no es oro todo lo que reluce en el horizonte económico. Pese al fuerte rebote de este año y el que viene, España seguirá en el furgón de cola de la recuperación internacional. De hecho, si se cumplen los vaticinios del Banco de España y del propio Ejecutivo, la economía española será la última de la eurozona en retornar a los niveles prepandemia. La mayoría de países del euro lo logrará entre el primer y el tercer trimestre de 2022, mientras que algunos, como Alemania, lo conseguirán ya a finales de este mismo año, según las recientes previsiones de la OCDE. Además, pese a la mejoría de expectativas, el Banco de España advierte de que no se debe bajar la guardia, ya que el grado de incertidumbre “continúa siendo alto”. De hecho, advierte del potencial efecto nocivo de la aparición de nuevas variantes del virus que pudieran ser “resistentes a las vacunas”, lo que podría traducirse en nuevas restricciones a los viajes turísticos. Precisamente, la gran sombra que se cierne sobre España sigue siendo la reactivación del turismo, una “actividad crucial” para el PIB, en un contexto en el que países como Reino Unido, principal emisor de turistas a España, mantienen a nuestro país en el lista de riesgo por Covid. El Banco de España cree que, en el mejor de los casos, las exportaciones turísticas rondarán el 50% de las cifras alcanzadas en 2019, antes de la irrupción del Covid.

Pero los brotes verdes del presente no deberían ocultar el espeso bosque de deuda y déficit que ha generado la crisis y que puede hipotecar el futuro económico durante mucho tiempo. De hecho, el Banco de España empeoró ayer su previsión de déficit para 2021, con un desfase del 8,2% en contraste con el 7,7% que vaticinaba en marzo, fruto del efecto combinado de un mayor aumento del gasto público, entre otras causas por las prórrogas de los ERTE, y de menor recaudación, debido en parte a la revisión “ligeramente a la baja la estimación de los ingresos derivados de los nuevos impuestos introducidos a comienzos de este año”, como las llamadas tasas Google y Tobin. El supervisor considera que el déficit adelgazará en 2022 y 2023, hasta situarse en el 4,3% ese último año, cotas que, sin embargo, cree “todavía muy elevadas” y urge al diseño de un plan de consolidación fiscal.

Por su parte, la deuda será una pesada losa, con tasas superiores al 120% del PIB este año, porcentaje que, pese al crecimiento previsto para estos años, seguirá en torno al 118% en 2023; es decir, un recorte de apenas dos puntos en el horizonte de proyección.