Expansión

• RECETAS/ El supervisor insta al Gobierno “al diseño y la aprobación de una agenda ambiciosa de reformas estructurales” entre las que sobresalen las pensiones, el mercado laboral o la fiscalidad.

La economía española arrastra desde hace tiempo importantes desequilibrios que lastran su potencial de crecimiento y su competitividad y que el mazazo del coronavirus no ha hecho más que agravar. La pandemia dejará tras de sí un reguero de graves secuelas en el tejido empresarial y el empleo, así como cambios relevantes en la movilidad y los hábitos de consumo de los hogares “que podrían tener implicaciones duraderas sobre la actividad económica”, tal como advierte el Banco de España en su informe anual, publicado ayer. Para evitar que esos daños se conviertan en estructurales y laminen aún más el potencial de crecimiento de España, el supervisor insta al Gobierno al “diseño y la aprobación de una agenda ambiciosa de reformas estructurales”, aunque esa hoja de ruta debería ser fruto de un amplio consenso entre los agentes políticos, económicos y sociales para resultar creíble, con el fin de evitar volantazos y marchas atrás “cada vez que haya un cambio de signo político”, advirtió el martes pasado el gobernador de la institución, Pablo Hernández de Cos.

He aquí las grandes reformas estructurales y con “vocación de permanencia” que, según el Banco de España, necesita acometer la economía española para salir de la profunda zanja en que ha caído por el Covid y no perder el tren de la recuperación, aprovechando para ello el maná europeo (140.000 millones de euros en un periodo de seis años entre transferencias y créditos) para afrontar o mitigar los costes de esa indispensable modernización.

1Corregir las deficiencias del mercado laboral. España debe reformar su mercado de trabajo, pero no en el sentido populista que defiende el Gobierno de PSOE-Unidas Podemos de derogar íntegramente los cambios introducidos en 2012 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. De hecho, el Banco de España aboga por no mirar al pasado sino hacia el futuro y explorar fórmulas que permitan revisar los costes por despido. El supervisor apunta, como “un ejemplo de reforma deseable”, a “la creación de un fondo de capitalización para cada asalariado que financie una parte de la indemnización en caso de despido” (eso sí, respetando los derechos adquiridos de los trabajadores). Es la conocida como mochila austriaca, receta que daría frutos positivos a medio y largo plazo, pero que resultaría onerosa para las empresas a corto (ver información en página 24), como reconoce el propio Banco de España, que plantea que ese sobrecoste podría ser financiado con los fondos europeos. A su juicio, es una medida que ayudaría a reducir la excesiva dualidad del mercado laboral español, una de sus mayores lacras, con tasas de temporalidad del 22% en el sector privado y que alcanzan el 30% en administraciones públicas como las autonómicas. El supervisor cree también urgente revisar en profundidad las políticas activas de empleo para evitar que se dispare aún más el paro estructural, abogando por un examen de las bonificaciones a la contratación, cuya efectividad “parece ser limitada”, y modernizar el Sistema Nacional de Empleo.

2Sostenibilidad de las pensiones. Es otro de los cambios estructurales de calado que no admite más dilaciones. “Resulta indispensable reforzar la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones a partir de una valoración, en la esfera política, del nivel de prestaciones que debe proveer el sistema y de los recursos necesarios”, señala la institución que gobierna Pablo Hernández de Cos, que dibuja un panorama poco alentador no solo por el envejecimiento de la población, de por sí un factor de fuerte presión sobre el gasto de la Seguridad Social, sino también por la decisión política de revalorizar las pensiones con el IPC, obviando la marcha de la economía y dejando en el limbo elementos correctores como el factor de sostenibilidad. El Banco de España alerta de los riesgos de propuestas formuladas en el Pacto de Toledo y también por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), como el trasvase de gasto desde la Seguridad Social al Estado, transfiriendo a la SS parte de las cotizaciones destinadas al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), porque sería el mismo problema pero con distinto collar; esto es, se reduciría el déficit de la Seguridad Social pero a costa de elevar el del Estado. En este sentido, la institución apuesta por reforzar el nexo entre las contribuciones realizadas y las prestaciones recibidas; elevar la transparencia y predictibilidad del sistema; introducir mecanismos de ajustes automáticos vinculados a la evolución económica y demográfica, o extender la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación, una de las propuestas recurrentes del supervisor.

3Revisión integral del sistema tributario. El Banco de España advierte de que la pandemia agravará las desigualdades en España, que ya eran marcadas antes de la irrupción del Covid. Por ello, urge a revisar de forma rigurosa los esquemas redistributivos en nuestro país; es decir, el equilibrio entre los impuestos que se pagan y las transferencias sociales que se realizan, una redistribución que, según el supervisor, se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea. En este contexto, la institución aboga por “una revisión integral de nuestro sistema tributario para conseguir que la recaudación fiscal sea suficiente para financiar el nivel de gasto que se pretende acometer” y advierte de que cualquier subida fiscal debe enmarcarse en ese proceso integral de reforma y no sin antes analizar en profundidad qué hace que la recaudación en España sea inferior a la media del bloque comunitario y qué papel juega en ello el fraude fiscal. Coincide con la AIReF en la necesidad de revisar los múltiples beneficios fiscales del sistema (un coste de alrededor de 40.000 millones de euros solo con los incentivos del Estado), que no siempre cumplen los objetivos para los que fueron diseñados. Y recuerda que la AIReF es partidaria de poner bajo la lupa los tipos reducidos del IVA, reformular la reducción por alquiler de vivienda en el IRPF y reconsiderar los tipos reducidos en los impuestos especiales sobre el diésel. Eso sí, el Banco de España advierte de que la introducción de impuestos de nuevo cuño, como las llamadas tasas Google y Tobin, deberían aplicarse con un “alto grado de coordinación internacional”. Por el lado de los ingresos, urge al Estado a priorizar el uso de los recursos públicos e incrementar su eficiencia, en el marco de una revisión también integral y del diseño de un plan de ajuste fiscal creíble, que considera indispensable para lanzar un mensaje a los mercados de compromiso con el reequilibrio de las cuentas públicas una vez asentada la recuperación y dejada atrás la crisis sanitaria.

4Medidas para impulsar el crecimiento empresarial. La crisis del coronavirus diezmará el tejido productivo, abocando a la quiebra a numerosas empresas (especialmente en los sectores más castigados, como el turismo, la hostelería, el comercio o el transporte) y las compañías que sobrevivan lo harán con unos niveles de endeudamiento que lastrarán su capacidad de inversión en los próximos años y con ello el potencial de crecimiento de España (ver información en página 24). Por ello, el Banco de España ve indispensable “desplegar políticas que favorezcan el crecimiento empresarial”. El objetivo es espolear la productividad, que, de media, apenas ha crecido un 0,2% anual en las últimas dos décadas, frente al 0,8% de Alemania o el 0,9% de Estados Unidos. ¿Las recetas? Revisar el marco regulatorio que puede estar “limitando el desarrollo de las empresas y su productividad” (en España, las pymes tienen un peso en la economía muy superior al de otros países europeos); mejorar la eficiencia del sistema judicial, donde el cuello de botella de los procesos concursales se convierte a menudo en un tanatorio para muchas compañías, y “desarrollar mecanismos alternativos de resolución de conflictos”.

5Fomentar la oferta de vivienda en alquiler. En el marco de las políticas que el Gobierno debería adoptar para reducir las desigualdades provocadas por la pandemia, el Banco de España cree necesario “favorecer un incremento estable de la oferta de vivienda en alquiler” desde las AAPP, lo que actuaría como dique de contención contra “un aumento excesivo del precio de los alquileres”. Plantea un mix de estímulos fiscales a los dueños de los inmuebles, de mejoras regulatorias que aumenten “la seguridad jurídica de estos” y un mayor énfasis de las políticas “en la provisión de vivienda pública en alquiler”.

6Más capital humano y tecnológico. Entre los lastres que remolca la economía española sobresalen sus déficits en términos de capital humano e innovación, con un “nivel educativo de los trabajadores por cuenta ajena, de los autónomos y de los empresarios españoles significativamente inferior” a del conjunto de la Unión Europea, según el Banco de España. Para cerrar esta brecha, el supervisor plantea “un profundo replanteamiento del sistema educativo español”, al tiempo que ve imprescindible un apoyo mucho más decidido a la innovación, impulsando las sinergias entre las distintas instituciones públicas y privadas en este ámbito, pero también revisando en profundidad los incentivos fiscales a la I+D e impulsando el rol que pueden jugar las firmas de capital riesgo.

Málaga Hoy

• De la Torre aboga por levantar un inmueble alternativo “para mantener la identidad histórica de la Plaza de la Merced” y niega discordancias con el Área de Cultura

La sucesión de proyectos relativos al suelo del Astoria en la Plaza de la Merced se dispone a subir un nuevo peldaño. Si los sondeos geoarqueológicos realizados hace unos meses apuntan la posible localización de restos de gran valor histórico por debajo de los 5,5 metros de profundidad, lo que comprometería la construcción del edificio proyectado (el Málaga All Space, que promueve un grupo empresarial cordobés) hasta el punto de que la concejal de Cultura, Noelia Losada, daba ya por descartada esta actuación el pasado miércoles, ha sido el alcalde, Francisco de la Torre, quien formuló este jueves su esperada declaración al respecto; y lo hizo, primero, con una invitación a la prudencia “hasta que la Consejería de Cultura no se pronuncie sobre el resultado de los sondeos”, para no descartar la construcción de un edificio alternativo en el caso, ya asumido, de que el Málaga All Space no pueda materializarse. Eso sí, el alcalde, introdujo un matiz bien significativo: el nuevo edificio se desarrollaría “con financiación pública”.

Insistía De la Torre en que, tras haber sido remitido el resultado de los sondeos a la Delegación de Cultura, “corresponde a la Junta de Andalucía aclarar qué se puede hacer y qué se debe proteger, por lo que será dentro de unas semanas cuando podamos afrontar esta cuestión con más certezas”. Sin embargo, el alcalde mantiene intacto el empeño en construir un edificio en el suelo del Astoria y no dejar la plaza diáfana hasta la misma calle Victoria “porque, históricamente, la Plaza de la Merced ha estado siempre definida así, con sus cuatro lados. Es algo que hemos debatido con el Colegio de Arquitectos y estamos de acuerdo en que la mejor solución de acuerdo con la identidad histórica de la plaza es construir un edificio”. Admitía De la Torre que la prolongación de la excavación arqueológica por debajo de la cota de 5,5 metros hace inviable la construcción del auditorio soterrado de dos plantas con una profundidad de diez metros contemplado en el Málaga All Space, aunque remitió de nuevo al futuro pronunciamiento de la Junta de Andalucía y a los resultados de la excavación “para ver qué corresponde hacer. Tal vez sea posible compatibilizar una construcción de este tipo con la protección de los posibles restos que aparezcan, aunque sea tapándolos”. Preguntado por la información obtenida a través de los sondeos geoarqueológicos respecto a los restos hallados, De la Torre se negó a facilitarla “porque es la Junta de Andalucía quien debe hacerlo”. Lo que sí está claro es que la excavación arqueológica continuará en virtud, precisamente, de la luz arrojada por los sondeos.

EL ALCALDE NIEGA EL VARAPALO: “SIEMPRE HEMOS SIDO CONSCIENTES DE LAS DIFICULTADES QUE ENTRAÑA CONSTRUIR EN UN LUGAR TAN SENSIBLE”

La propia Noelia Losada describía el pasado miércoles esta prolongación de la excavación como una “buena noticia” dada posibilidad de localizar restos de origen romano de gran valor histórico para Málaga, por lo que daba ya por descartada la construcción del edificio aprobado. Preguntado por un posible desencuentro con el Área de Cultura por este motivo, De la Torre matizó que lo que Losada daba por descartado “el edificio proyectado”, y fue entonces cuando se refirió a una posible alternativa con otro edificio construido “con financiación pública” y adaptado a las exigencias de los restos arqueológicos. Más aún, el alcalde destacó la “sintonía” con el Área de Cultura en el seguimiento de las actuaciones. Respecto al varapalo que supone el resultado de los sondeos respecto a la elección del Málaga All Space para el suelo del Astoria, fruto de un complejo y polémico concurso público, De la Torre negó tal extremo: “Siempre hemos sido conscientes de las dificultades que entraña construir un nuevo edificio en un lugar tan sensible. Ya cuando quisimos hacer el Museo de Museos, al que hubo que renunciar por la crisis de 2008, sabíamos que el arroyo que viene desde la calle Victoria podía dar problemas para la construcción del edificio. En cualquier caso, seguiremos trabajando y adaptándonos a las circunstancias para darle a Málaga la mejor solución posible”.

Adiós a un proyecto de 21 millones de euros
El zoco cultural hasta ahora manejado para ocupar el vacío de los antiguos cines iba a suponer una inversión próxima a los 21 millones de euros, con unos dos años de construcción. Diseñado por los arquitectos Alberto García Marín y Manuel Sánchez la Chica, incluía dos plantas de sótano y tres alturas. Una de las particularidades de la planta baja es que se integra en el entorno, al punto de convertirse en una extensión de la Plaza de la Merced. En el inmueble se proponían actividades de ocio (tanto para el público infantil como para el público adulto) y gastronomía. La planta media quedaba reservada para la Fundación Pablo Picasso, al tiempo que se concebía para exposiciones de arte, congresos y eventos, incluyendo un auditorio para 300 personas. Y la cubierta, de casi 800, estaba pensada como mirador.

Huelva Información

• El aumento de las obras públicas y privadas relanza un sector que ha pagado la paralización económica vivida en lo más duro de la pandemia

El relanzamiento de la construcción parece ser un hecho. En las dos últimas estadísticas sobre el paro en la provincia de Huelva, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social confirmaba el descenso en marzo y abril de 376 y 139 desempleados en este sector que ayudaron a las bajadas en agricultura y servicios para que las listas del SAE se aliviaran de manera apreciable. Las cifras dadas a conocer ayer por la empresa Randstad, confirman esa tendencia. En los dos últimos meses, la contratación en la construcción subió en la provincia de Huelva un 8,4%. No es mucho si se compara con el resto de provincias andaluzas donde se registra una media de un 13,4% más, pero si se echa un vistazo a la media nacional, el porcentaje se multiplica por cuatro.

Randstad analiza el comportamiento de las contrataciones en lo que se refiere a provincias, donde Sevilla, con 8.505 contratos, y Málaga, con 6.226, lideran el volumen de las mismas en la comunidad autónoma, seguidas por Cádiz (4.701), Córdoba (3.639), Jaén (3.049), Granada (3.022), Huelva (2.273) y Almería (1.517). En cuanto a variaciones con respecto al pasado año, Córdoba (38,7%) y Jaén (37,8%) registraron los mayores incrementos a nivel nacional con respecto al mes pasado. Con crecimientos más discretos se encuentran Sevilla (11,4%), Málaga (9,8%), Granada (9,3%), Huelva (8,4%) y Cádiz (4,1%). La única provincia en ver caer su volumen de contratación fue Almería, con una caída del 0,7%.

La empresa de recursos humanos revela el fortísimo impacto que la construcción vive en la actualidad en Andalucía, donde se firmaron en abril 32.932 contratos en construcción frente a los 29.044 registrados en marzo, lo que se traduce en un incremento del 13,4%, el mayor del país, 9,4 puntos porcentuales superior a la media nacional (1,9%). Este volumen de contratos supone el 33,7% del total que se han rubricado en España, también el mayor a nivel nacional.

La comunidad autónoma donde se registra el contrato en construcción también ha sido motivo de estudio. Randstad destaca que durante abril los contratos rubricados en Andalucía mantienen un porcentaje muy alejado del resto de comunidades. La siguen la Comunidad de Madrid, con 12.242 contratos, Catalunya, con 10.714 y la Comunitat Valenciana, con 8.239, es decir, que entre todas ellas, no llegan a los firmados en la comunidad autónoma andaluza que corre hacia una nueva burbuja en el sector como la que se viviera en los primeros años de la década pasada, con miles de viviendas sin poder salir al mercado.

En lo que a sectores se refiere, Randstad destaca que construcción, con un crecimiento del 1,9%, es junto a la hostelería (6%), las actividades recreativas y artísticas (2,1%), y la información y la comunicación (0,4%), los únicos en experimentar incrementos en este mes de abril. De hecho, el conjunto de los sectores ha registrado una caída del 3,4% con respecto a marzo.

En cuanto a volúmenes de contratación nacionales, la construcción se sitúa con 97.823 firmas, cerca del sector sanitario, con 95.183 contratos. Por su parte, lideran los volúmenes el sector primario (212.913), seguido por las industrias manufactureras (181.201), el comercio (153.951), hostelería (142.270), actividades administrativas y auxiliares (121.400) y logística (102.400).

Randstad analizó aspectos como el sexo y la edad de los firmantes de contratos en construcción. En este sector, los trabajadores son fundamentalmente hombres, ya que los 97.823 contratos firmados, el 91,3% han sido firmados por varones (89.306) mientras que las mujeres apenas representan el 8,7% (8.517). En cuanto a la edad, Randstad detecta que la mayor parte de los trabajadores del sector, un 91,1%, es mayor de 25 años. En concreto, el 50,5% tiene una edad situada entre los 25 y los 45 años, y el 40,6% restante es mayor de 45 años, mientras que los menores de 25 solo suponen el 8.9%.

Un sector también pendiente de la vacunación
“El sector de la construcción es razonablemente sólido, ya que, a pesar de las circunstancias, la contratación se ha mantenido alrededor de los cien mil contratos mensuales en todo el territorio nacional con excepcionales caídas muy puntuales. Si la campaña de vacunación y el alivio de las restricciones de movilidad y horarias continúan avanzando, es de esperar que las necesidades de mano de obra crezcan en los próximos meses, ya que hay pendientes de ejecución proyectos y promociones tanto públicas como privadas en casi todas las comunidades autónomas”, asegura Valentín Bote, director de Randstad Research.

Huelva Información

• La empresa pública presupuesta casi 300.000 euros en la regulación del sistema de saneamiento del Recinto Romero de San Isidro

La empresa pública Giahsa proyecta en el municipio de Gibraleón la instalación de una estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) y una tubería de impulsión en la zona de San Isidro, donde se ubica el Recinto Romero, que transportará las aguas residuales que genera el recinto hasta la EDAR de Gibraleón. La actual red de saneamiento precisaba de una intervención efectiva para su adecuación y ajuste a lo establecido en las correspondientes Ordenanzas.

De tal forma, el director ejecutivo, Manuel Domínguez Limón, visitó el recinto junto a la alcaldesa local, Lourdes Martín, para informarle acerca de las actuaciones que ya se han iniciado, con un plazo de ejecución de cuatro meses, y que van a comprender una obra para la que se han presupuestado casi 300.000 euros.

Según explicó Domínguez, “las instalaciones de saneamiento de la zona de San Isidro de Gibraleón presentaban deficiencias derivadas de su estado precario y obsoleto, con la presencia de dos instalaciones depuradoras fuera de servicio”. De ahí que el Ayuntamiento solicitara un “informe de necesidades a Giahsa para que la referida red se adecuara a la mayor brevedad a lo establecido legalmente en las Ordenanzas”. La zona de San Isidro comprende un importante número de parcelas, la mayoría con edificaciones permanentes de obra civil dotadas de abastecimiento y saneamiento interior, con la necesidad de regularizar los vertidos que estas edificaciones generan.

Las obras proyectadas, detalló Domínguez, “plantean incorporar un nuevo colector de gravedad en la red de saneamiento que agrupe todos los vertidos del Recinto Romero hacia una EBAR de nueva construcción, que impulsará las aguas residuales hasta la EDAR de Gibraleón. La nueva EBAR se ejecutará completamente equipada según los estándares técnicos de Giahsa”. Por último, se dotará de nuevo suministro eléctrico a los equipos que prestarán servicio en la EBAR.

La alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín, subrayó en primer término que “esta importante actuación en materia de saneamiento en la zona de San Isidro responde a un compromiso al que se llegó con los vecinos, cuyas necesidades son la verdadera prioridad de este Ayuntamiento” y destacó al tiempo el hecho de que “Giahsa ha respondido a nuestro requerimiento para regularizar la red de saneamiento de un espacio urbano especialmente emblemático de nuestro municipio”.

Además de ubicar el Recinto Romero de San Isidro, “se trata de una zona de expansión urbanística que precisa de servicios de calidad tanto para el presente como para el futuro. En este tipo de actuaciones que redundan en el bienestar de nuestros ciudadanos y ciudadanas, trabajamos desde el Ayuntamiento, y para convertirlas en realidad decidimos, después de tres años desde la privatización del servicio, poner de nuevo en manos de Giahsa la gestión del ciclo integral del agua en Gibraleón”, concluyó la alcaldesa.

Granada Hoy

• Se mejoran los pavimentos del aparcamiento de caravanas y el acerado de la calle Casería de Aguirre

La concejal de Mantenimiento en el Ayuntamiento de Granada, Eva Martín, ha presentado este jueves una actuación de mejora en el recinto ferial de Almanjáyar con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) que, con una inversión de 886.861 euros, supondrá la reforma de los pavimentos del aparcamiento de caravanas, incluyendo el arreglo del acerado de la calle Casería de Aguirre.

En una visita a la zona, la edil ha explicado que, con una duración de cuatro meses, los trabajos que comenzaron el pasado tres de mayo darán trabajo a 417 desempleados, de los que 347 serán peones, con un periodo de contratación de 15 días, y otros 70 trabajadores con categoría profesional de oficial de primera, en este caso, por un periodo de un mes.

A su vez, Martín ha subrayado que con la mejora de este espacio ubicado en el recinto ferial se responde a una reivindicación “necesaria” realizada por la Federación de Caseteros de Granada de mejorar la zona de estacionamiento de las caravanas de los feriantes, así como un espacio destinado a la instalación de los columpios y atracciones.

Concretamente, según detalla el Ayuntamiento los trabajos previstos van a permitir ampliar la zona pavimentada de los 3.000 metros cuadrados actuales a 7.000, a la vez que se va a aprovechar para renovar las canalizaciones con la instalación de tubos en vacío de PVC para los sistemas pluviales, de electricidad y alumbrado público. Asimismo, el proyecto incluye la mejora del pavimento y aceras de calle Casería de Aguirre, “actualmente muy deteriorado”

El Día de Córdoba

• El plazo de ejecución es de ocho meses, más otros dos de puesta en marcha de las instalaciones

La Diputación de Córdoba ha adjudicado por 320.000 euros la redacción del proyecto y la ejecución de la obra de adecuación y mejora de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de El Viso-Villaralto, actuación contemplada en la ampliación del Plan de Inversiones Hidráulicas 2019-21 de la institución provincial.

El presidente de la Empresa Provincial de Aguas, Esteban Morales, ha señalado que “el alto grado de especialización de los trabajos necesarios para adecuar la planta a los requerimientos de la autorización de vertidos ha hecho que optemos por la contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra, siempre conforme a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público”.

Según Morales, “una vez finalizada la obra, esta depuradora podrá hacer frente a los nuevos requerimientos impuestos por la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la autorización de vertidos. De este modo, la llegada de sus aguas depuradas al embalse de La Colada, catalogado como zona sensible, cumplirá con los valores límite de emisión impuestos en cuanto a nitrógeno y fósforo”.

En cuanto a la actuación que se va a realizar, el diputado provincial ha explicado que “se va a actualizar su diseño para lograr que los efluentes de la planta satisfagan los parámetros exigidos”. Según Morales, “consistirá en la reconversión a un proceso de cultivo suspendido, con alternancia de zonas anóxicas y aireadas, aprovechando en parte la infraestructura existente”.

La obra contempla dotar a la instalación de un nuevo decantador secundario, del equipamiento electromecánico para el nuevo proceso y de la instrumentación necesaria para el control de proceso “de manera que queden interconectados correctamente los nuevos recintos con los existentes”, ha detallado.

El importe de las obras adjudicadas asciende a 302.250 euros y el plazo de ejecución es de ocho meses, más otros dos de puesta en marcha de las instalaciones. La actuación está financiada en su totalidad por la Diputación de Córdoba.

El presidente de Emproacsa ha recordado que “en junio del año pasado se amplió el Plan de Inversiones Hidráulicas con 1.127.800 euros más y seis nuevas actuaciones, entre ellas esta EDAR”. De esta manera, ha proseguido, “resolvemos algunos problemas importantes en infraestructuras de abastecimiento de agua potable y de depuración que, por su estado de conservación o por su insuficiencia para atender las demandas actuales, tienen un carácter imprescindible e inaplazable”.

Diario de Cádiz

• Se trata de modernizar la instalación dotándola de varias fuentes de suministro para así facilitar su comercialización

La Zona Franca de Cádiz licitó a principios de esta semana las obras necesarias para la dotación eléctrica del conocido como edificio en cruz de la antigua Altadis, en el marco de una segunda fase de mejora de la infraestructura eléctrica de este espacio productivo por el que el Consorcio amplió su recinto fiscal en la capital y que cuenta con instalaciones obsoletas que hay que adecuar para cumplir la normativa vigente y conformar un espacio atractivo para la inversión.

La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 119.185 euros (IVA incluido) y un plazo de presentación de ofertas que finaliza el próximo 31 de mayo a las 15:00 horas.

Los trabajos, una vez adjudicados, se desarrollarán durante dos meses y se simultanearán previsiblemente con otros como la mejora del sistema de climatización, medidas de protección contra incendios o cerramientos y rehabilitación de fachada, entre otros. Todos ellos destinados a poner a punto el edificio de 2.250 metros cuadrados que es un equipamiento singular que suscita el interés del tejido económico y que requiere de estas mejoras para su comercialización.

Esta segunda fase para dotar de nueva infraestructura eléctrica a un equipamiento de Altadis –la primera ya suministró red eléctrica a otros varios equipamientos de esta zona– forma parte del protocolo de colaboración firmado con el Ayuntamiento y que recogía actuaciones en las redes hidráulica y eléctrica, con Aguas de Cádiz y Eléctrica de Cádiz, respectivamente.

El antiguo centro industrial tabaquero, que la Zona Franca adquirió en 2015 para ampliar su recinto fiscal, estaba concebido como un único suministro eléctrico y, por tanto, es necesario el desarrollo de infraestructuras que permitan suministros individuales.

Así, la nueva dotación de infraestructura eléctrica que se está desarrollando de forma faseada y dimensionando en función de las necesidades, se incluye también en el plan integral de adecuación y modernización del Recinto Fiscal que el Consorcio ha comenzado ya a materializar desde los parámetros de la funcionalidad, la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente y con el objetivo fundamental de conformar un enclave competitivo para atraer la llegada de nuevos proyectos y para mejorar los servicios a los actuales operadores.

Otras obras de mejora en Altadis

Este plan integral parte de una inversión global que supera los 1.500.000 euros (IVA incluido), de la que más de la mitad se de destina al acondicionamiento de Altadis que además de contar con una red eléctrica obsoleta también requiere de otras mejoras para garantizar que las instalaciones existentes puedan ponerse en uso.

En esta línea, se proyecta un moderno sistema de control de vigilancia y seguridad para la zona de Altadis, integrado y conectado con el sistema implantado en todo el recinto y aprovechando la experiencia adquirida por el nuevo recinto fiscal Bahía de Algeciras, cuyo sistema de vigilancia va a suponer un hito en esta materia. Así, se está trabajado en coordinación con la Guardia Civil y Aduanas para desarrollar un sistema de vigilancia y control de acceso con la vocación de integrar las nuevas tecnologías de la comunicación a la labor aduanera.

La puesta en marcha de este nuevo sistema con una inversión inicial de 195.000 euros e incluye la instalación de cámaras y lectura de matrículas, entre otros. Destacar que el Consorcio ya ha instalado una barrera de salida en el control principal de la Guardia Civil con el que no se contaba y que facilita la labor de seguridad propia de un recinto fiscal.

Por último, se va a llevar también a cabo obras para la integración total de la zona de Altadis con el resto del recinto fiscal histórico. La Zona Franca prevé crear un nuevo acceso a este espacio a través de la zona de entrada y salida por El Cano, eliminando además el actual desnivel existente que imposibilita la permeabilidad entre ambas zonas.

Esta actuación, que cuenta con una inversión aproximada de 160.000 euros, va a mejorar las conexiones en el interior del recinto y va a hacer más competitiva la oferta de los espacios en Altadis al permitir la entrada y salida de vehículos y peatones de manera directa.

Europasur

• Los técnicos crean una nueva red y refuerzan el mallado de seguridad para evitar futuros cortes de agua

La empresa municipal de aguas de Algeciras, Emalgesa, ejecuta estos días obras de mejora en la red de abastecimiento en la calle Juan Ramón Jiménez del Saladillo.

El teniente de alcalde y consejero delegado de Emalgesa, Javier Vázquez Hueso, acompañado del concejal responsable de Participación Ciudadana, Jorge Juliá, y de técnicos de la empresa municipal han visitado el estado de las obras.

Vázquez Hueso ha afirmado que se está trabajando en una incidencia que no podíamos solucionar con la red actual. “Se ha procedido a generar una nueva red alternativa de 40 metros, a la vez que se ha renovado la valvulería de sectorización y del mallado de seguridad, lo que va a permitir un mejor suministro para los vecinos de la zona”, ha explicado.

En definitiva, el delegado ha destacado que “vamos a seguir trabajando para dar solución a las demandas de los vecinos de la barriada” y ha pedido disculpas por las molestias causadas para resolver esta incidencia.

Diario de Almería

• Es la única provincia andaluza que cae en volumen en el mes de abril

Randstad, empresa de recursos humanos en España y en el mundo, ha llevado un estudio sobre el comportamiento del mercado laboral en el sector de la construcción. Para ello, ha comparado las cifras proporcionadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) desde el estallido de la pandemia.

Randstad revela que en Andalucía se firmaron en abril 32.932 contratos en construcción frente a los 29.044 registrados en marzo, lo que se traduce en un incremento del 13,4%, el mayor del país, 9,4 puntos porcentuales superior a la media nacional (1,9%). Este volumen de contratos supone el 33,7% del total que se han rubricado en España, también el mayor a nivel nacional.

En lo que se refiere a provincias, Sevilla, con 8.505 contratos, y Málaga, con 6.226, lideran el volumen de contratación de la comunidad, seguidas por Cádiz (4.701), Córdoba (3.639), Jaén (3.049), Granada (3.022) y Huelva (2.273). Sin embargo, es Almería la que menos sube y ha firmado 1.517 contratos en abril, convirtiéndose en la única provincia en ver caer su volumen de contratación, con una caída del 0,7%.

El País

El Gobierno tiene ante sí el mayor reto del país de las últimas décadas. Lleva meses trabajando en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un texto que ya ha remitido a Bruselas y en el que se marcan las líneas maestras de la España del futuro. La estrategia dedica un capítulo al sector turístico en el que incluye una inversión de 500 millones de euros para rehabilitar patrimonio histórico con uso turístico por todo el territorio español. De esta forma, defienden fuentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se pretende diversificar la oferta y desarrollar reclamos en zonas de interior y rurales del país.

“La selección de los proyectos se realizará teniendo en cuenta la viabilidad y calidad de la inversión, así como el impacto sobre la eficiencia energética y la importancia de la intervención para la oferta turística del destino”, explica el documento. Para estas reformas, el texto incluye a modo de ejemplo el tipo de bienes que se podrían beneficiar, ya sean de titularidad pública o privada, aunque todavía sigue en fase de estudio y no está cerrado el catálogo final. Como ejemplo pone la propuesta para rehabilitar el Castillo de los Obispos de Sigüenza (proyecto valorado en 12 millones de euros), que pertenece a la red de Paradores, reconstruido en el siglo XII y rehabilitado por el Estado a finales de los setenta. Otra de las opciones está en Úbeda con la rehabilitación de un palacio renacentista del siglo XVI en pleno casco histórico (7 millones).

Hay otras opciones sobre la mesa, por ejemplo en León el Hostal de San Marcos (20 millones), que también pertenece a Paradores, entidad pública que ha presentado varias alternativas. “Algunos de nuestros edificios encajarían a priori en los fondos, los que son patrimonio histórico, aunque todavía no sabemos nada”, dicen fuentes de la compañía. En total, el Ejecutivo espera realizar unas 50 reformas hasta 2023: “Las actuaciones pretenden estar distribuidas a lo largo del territorio para atraer turismo a destinos no consolidados. Se prevén actuaciones en la práctica totalidad de las 52 provincias de España”, añade el texto.

El plan de recuperación cuenta con una treintena de “componentes” en los que se dividen las áreas principales que recogen las grandes reformas e inversiones a las que se compromete España. Uno de ellos, el 14, es el que trata las inversiones y proyectos que se llevarán a cabo para modernizar el sector turístico, entre las que destaca “la sostenibilidad de los destinos y productos turísticos, el fomento de la eficiencia energética y la economía circular en el sector y con ello su descarbonización, la preservación del patrimonio histórico de uso turístico, la ordenación y coordinación del mercado de viviendas de uso turístico, la puesta en marcha de planes de resiliencia específicos en destinos extrapeninsulares, la transformación digital del sector turístico o el fortalecimiento del comercio en zonas turísticas, así como impulsar la economía de la España vaciada, o rural, a partir del aprovechamiento de sus recursos naturales”.

Como parte de la mejora de la competitividad se encuadra la rehabilitación de bienes de interés cultural, muchos de ellos patrimonio público. “Es fundamental mejorar la capacidad que el patrimonio histórico y cultural español tiene para seguir atrayendo a turistas en todo el territorio. En el ámbito del producto turístico, para mantener altos índices de competitividad a nivel internacional resulta fundamental continuar atrayendo turistas a partir de una diversificación de las experiencias que el turista puede disfrutar”, incide el documento. Esta iniciativa la justifica además por el auge en los últimos años de los viajes motivados por el turismo cultural (unos 14,5 millones en 2019), que han crecido un 17% entre 2016 y 2019. “La estrategia turística que orienta este componente pretende reforzar las experiencias complementarias a los tradicionales flujos vinculados al sol y playa”, insiste el texto en otro de sus grandes objetivos: que el turismo español deje de depender tanto del litoral.

Inversión privada
Las inversiones para mantener, conservar y rehabilitar el patrimonio histórico con uso turístico pueden requerir asimismo la coinversión por parte de entidades privadas. Es decir, un compromiso de aportar una parte de la cuantía del proyecto para que así se pueda movilizar una mayor inversión total. “Podrá requerirse la coinversión de empresas en hasta un 20% del impacto total del proyecto y justificación anual del grado de ejecución. Como complemento, se elaborará una guía para la conservación sostenible del patrimonio histórico de uso turístico”, indica el documento.

Con esto, el ministerio que dirige Reyes Maroto espera contribuir a la diversificación y desestacionalización del sector, así como a combatir la despoblación en zonas del interior. Para ello, este no será el único programa que iría en esta dirección. Sobre la desconcentración se destaca la importancia de crear nuevos reclamos para los visitantes: “Desarrollar productos y destinos para atraer a turistas a nuevos destinos rurales o de interior, disminuyendo la presión sobre destinos pioneros, especialmente mediante la protección del entorno natural y del patrimonio histórico y cultural. Con ello se atenderá a un objetivo fundamental como es el reto demográfico”.

España cuenta con 17.199 bienes de interés cultural, según recoge el plan, que están repartidos por todo el país, “especialmente en áreas rurales o de interior”. Así, destaca, con un mantenimiento adecuado, permitirá a estos destinos “promocionarse y atraer turistas ofreciéndoles visitas o alojamientos en estos bienes inmuebles y mejorando sus indicadores socioeconómicos, como el desarrollo local y el empleo”. Fuentes ministeriales añaden que hay muchas ciudades que se pueden posicionar mejor y “ser destinos muy apetecibles para visitas de fin de semana”. Los 500 millones que recoge el plan como inversión objetivo se repartirán en tres años: para este ejercicio 149,5 millones, 250 millones en 2022 y 100 millones en 2023 (los 0,5 millones restantes son para la elaboración de la guía).