Expansión

• la contrarreforma laboral/ El Gobierno se propone suprimir el contrato de obra o servicio para terminar con una de las fuentes más importantes de empleo temporal, y aumentar la protección de los trabajadores en la subcontratación.
• Trabajo quiere terminar con el encadenamiento de los contratos temporales

M.Valverde. Madrid

El Gobierno ha propuesto a la patronal y a los sindicatos, en la negociación de la reforma laboral, la eliminación, o una reducción sustancial, de la utilización del contrato por obra o servicio. Y, sobre todo, de su utilización en la subcontratación, porque es una fuente muy importante del empleo temporal. Tanto es así que es el más utilizado por las empresas, junto al contrato eventual por circunstancias de la producción.

Como indica su denominación, en principio, el contrato por obra y servicio atiende a la realización y finalización de una tarea determinada. Su duración máxima es de tres años, o de cuatro, si así se acuerda en convenio. Al terminar ese periodo, el trabajador tiene que ser convertido en indefinido. Sin embargo, con mucha frecuencia, los empleados encadenan varios contratos por obra y servicio, superando esos plazos, en un periodo permanente de eventualidad. Incluso dentro de las administraciones públicas. Razón por la cual, hay muchos sectores de la economía que tienen a sus trabajadores con ese tipo de contrato.

Por este motivo, en su propuesta a los empresarios y a los sindicatos, el Ministerio de Trabajo y Economía Social plantea la prohibición de utilizar este contrato. “No constituye causa que justifique la celebración de esta modalidad contractual, la contratación y subcontratación de obras y servicios por parte de la empresa, ya sea de naturaleza civil, mercantil o administrativa”, dice el Gobierno en su propuesta a los agentes sociales, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN.

También es verdad que con esta decisión, el Ejecutivo traslada al Estatuto de los Trabajadores la sentencia del Tribunal Supremo, del pasado 29 de diciembre, en la que el mismo tribunal cambió su doctrina. El Supremo dijo que el contrato por obra o servicio no puede servir para cubrir tareas que son estructurales en el funcionamiento y en el negocio de la empresa. Es decir que no se puede utilizar para cubrir puestos que son propios del contrato indefinido, porque forman parte del objeto de la empresa. Precisamente, la sentencia del Supremo dio la razón a un trabajador que tras pasar quince años en una empresa con el contrato de obra o servicio no se conformó con una indemnización al terminar un contrato temporal. Por el contrario, reclamó una indemnización por despido improcedente, después de varias renovaciones en su empleo por dos empresas distintas.

El Gobierno se siente respaldado por esta sentencia. Máxime, cuando los datos son muy contundentes. Por ejemplo, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el año pasado, en medio de la crisis económica provocada por la pandemia, las empresas hicieron 6,2 millones de este tipo de contratos. Es decir, el 40% de todos los tipos de contratos. Sólo superado por el contrato eventual por circunstancias de la producción, del que se hicieron 6,2 millones, el 42,5% de todos. Sin embargo, a diferencia del contrato por circunstancias de la producción, el 86,8 de los contratos por obra o servicio –más de 5,2 millones–, se hicieron por duración indeterminada. Y lo hicieron fundamentalmente las empresas de hasta cien trabajadores, donde está la subcontratación. Estas sociedades hicieron 4,7 millones de contratos, el 87,4% de los 6,2 millones de contratos por obra o servicio que se formalizaron en 2020.

Por sectores

Si el análisis se hace por sectores, de esos 6,2 millones, casi tres millones se hicieron en el sector servicios. Por ejemplo, en los centros de atención telefónica, de venta de productos o recaudación; en el comercio y en la hostelería. O, por ejemplo, también, en la educación y en las actividades artísticas y la sanidad. También en los sectores de la limpieza.

Pero también se subscribieron 1,9 millones de este tipo de empleos en la agricultura y 800.000 contratos de la construcción. A pesar de que el sector tiene un tipo de contrato fijo de obra. Ésta fórmula no es exactamente un empleo indefinido. Es una modelo que permite a un trabajador encontrar empleo en obras distintas dentro del sector. Una suerte de contrato fijo discontinuo, como el que hay también en el sector turístico. En la industria también se hicieron más de medio millón de contratos por obra o servicio. Todo esto en 2020. Sin embargo, en un año como 2019, con crecimiento de la economía, los contratos por obra o servicio realizados ascendieron a 8,2 millones; el 36,4% de todos los contratos realizados. Sólo por debajo de la fórmula de circunstancias de la producción, que reunió 10,3 millones de contratos. Como su nombre indica este tipo de fórmula es más corto que el de obra o servicio, y sirve para atender puntos de muchas actividad, producción y demanda. No puede durar más de seis meses, dentro de un periodo de un año, y se parece más a la orientación que el Gobierno y los sindicatos quieren dar al contrato temporal, dentro de la reforma laboral.

Por ejemplo, la supresión del contrato de obra o servicio está dentro de la reforma de la subcontratación que quiere hacer la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para aumentar la protección de los trabajadores en esta actividad.

Es necesario recordar que el PSOE ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley para, en líneas generales, igualar las condiciones salariales y laborales de los trabajadores de la empresa subcontratada a la empresa principal.

Pero, dentro de la contratación, el Gobierno va a intentar reducir todos los modelos a tres tipos básicos. El contrato indefinido es el que el Ejecutivo pretende que se convierta en el más habitual. El objetivo es reducir la división del mercado de trabajo entre contratos temporales e indefinidos, como ayer mismo reclamó el Banco de España. Ver información en esta página.

Una de las opciones que se plantea el Ejecutivo para incentivar la contratación indefinida es reorientar las bonificaciones de cotizaciones sociales hacia los trabajadores que más necesitan la inserción, o reinserción laboral, como los siguientes: parados de larga duración, de más de 45 años, o jóvenes y mujeres con dificultades para encontrar trabajo. Todos los Gobiernos han dedicado a este fin entre 3.000 y 6.000 millones de euros, aunque la Autoridad Fiscal ha criticado este gasto por ineficaz.

Junto al contrato indefinido, el Gobierno también apuesta por plantear un contrato temporal, pero con causas bien definidas y reguladas, que no pueda servir como un comodín. Precisamente, Daniel Toscani, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia, alerta de que “el fraude existirá en este tipo de contratos mientras no haya una Inspección de Trabajo y Seguridad Social potente”. Y propone la fórmula siguiente para reducir el empleo temporal. Como en el Reino Unido, dice Toscani, fijar una proporción determinada de trabajadores temporales respecto a un número de total de empleados; a una plantilla determinada. La empresa podría contratar al trabajador temporal con libertad en cuanto a sus funciones, pero tendría límites respecto al número de trabajadores con esa fórmula.

Por último, dentro de la simplificación de contratos, el Gobierno quiere cambiar el contrato de formación para aumentar la protección de los trabajadores, su remuneración y mejorar su relación con el trabajo en las empresas. Lo que se conoce como formación dual, y quiere hacerlo dentro de la de los ERTE.

La Razón

• El Gobierno andaluz asegura que se van a realizar 400 actuaciones en centros educativos por valor de 140 millones de euros

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha destacado este lunes que el Plan de Infraestructuras Educativas 2020-2027 impulsado por su departamento incluye la “mayor apuesta de la historia” por la bioclimatización y las energías renovables”, con 400 actuaciones de instalación de sistemas de refrigeración adiabática y placas solares fotovoltaicas en centros públicos andaluces por valor de 140 millones de euros.

Así lo ha indicado el consejero en rueda de prensa en Sevilla, en la que ha estado acompañado por la viceconsejera, María del Carmen Castillo, y el director de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), Manuel Cortés, y en la que ha informado de la aprobación de la nueva programación de actuaciones en infraestructuras educativas del año 2021, en la que se incluyen 593 obras de creación, ampliación o mejora de centros educativos públicos de Andalucía, 300 más que en el plan de 2020, con un presupuesto programado de 285,2 millones.

Esta programación, que ejecutará la APAE, constituye la segunda anualidad del citado Plan de Infraestructuras Educativas 2020-2027 impulsado para dar respuesta de forma ordenada y planificada a las demandas y nuevos retos del sistema público educativo andaluz en este horizonte temporal.

Durante su intervención, Imbroda ha explicado que el citado plan de bioclimatización y renovables en Andalucía da continuidad a los proyectos piloto de adiabática y fotovoltaica iniciados en 2020, “con la novedad de que en 2021 ambas actuaciones se ejecutarán de forma simultánea en los centros, de manera que se cubrirán tanto las necesidades de mejora de la climatización de los centros como las de ahorro y la eficiencia energética de los mismos”. En este sentido, el consejero ha avanzado que este año se realizarán en torno al 20% de las obras, que comenzarán a la vuelta del verano, y se suman a los 24 proyectos de refrigeración activa y 23 de renovables que se iniciaron el año pasado por primera vez.

EN 2021, “LA MAYOR INVERSIÓN DESDE 2010”
Imbroda ha resaltado que la Consejería ha aumentado en 2021 el presupuesto disponible destinado a infraestructuras docentes hasta alcanzar los 190 millones de euros “la mayor inversión desde el 2010”.

Este incremento del presupuesto “permitirá adelantar 676 actuaciones pendientes desde el 2017 por un valor de 66 millones que se unen a las 874 ya finalizadas en el periodo 2019-20. De las cuales –ha aclarado el consejero–, 150 intervenciones se han llevado a cabo en colegios e institutos situados en zonas de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS) por un valor de 19 millones”.

Respecto a la ejecución del presupuesto en estos dos años (19-20), el consejero ha señalado que “ha sido del 100% con un incremento de 16 millones, es decir, un 15% más que en los ejercicios 2017 y 2018”. “Este aumento de la inversión viene respaldado por una extraordinaria ejecución del presupuesto”, ha dicho.

Imbroda ha informado también de que desde junio de 2020 se han licitado en Andalucía 614 actuaciones a través de acuerdo marco, el nuevo sistema de adjudicación de obras de importe inferior a 500.000 euros puesto en marcha por la Consejería que “permite reducir” los plazos entre el inicio del expediente y la adjudicación de hasta cuatro meses a dos semanas.

Esta iniciativa, ha subrayado, “tiene como finalidad agilizar los procedimientos de contratación de obras y dar una respuesta más eficaz a las necesidades de las infraestructuras educativas andaluzas”. En concreto, ha indicado el titular de Educación, “de esas 614, 339, un 55% han finalizado en menos de nueve meses”.

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA Y CLIMATIZACIÓN
En 2021 se pone en marcha por primera vez un programa para actuar conjuntamente en la mejora de las condiciones de climatización de los centros educativos y en la eficiencia energética de los mismos, partiendo de los buenos resultados de los proyectos pilotos de adiabática y renovables puestos en marcha en 2020. Así, en cada uno de los 400 centros previstos se realizará una actuación que incluirá dos instalaciones: una de refrigeración adiabática y otra de paneles fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica.

La refrigeración adiabática es un sistema de climatización alternativo al aire acondicionado convencional que funciona bajando la temperatura del aire interior mediante la evaporación del agua. Sus principales ventajas son el bajo consumo eléctrico –hasta un 80% inferior al del aire acondicionado–, las menores emisiones de CO2 y el menor coste de inversión inicial y de funcionamiento. Además, funciona con las ventanas abiertas, en línea con lo recomendado en la actual situación de Covid-19, y utiliza siempre aire fresco, sin recirculación, mejorando así la calidad del aire interior.

En cuanto a la instalación de placas solares fotovoltaicas, esta permite una reducción drástica del consumo de energía eléctrica en los centros educativos, estando previsto además que el excedente pueda volcarse a la red, generando así un retorno de la inversión.

Estas 400 actuaciones, que se llevarán a cabo en centros ubicados en las zonas con mayor severidad climática en verano, permitirán un importante avance en la actualización y modernización del parque de centros educativos públicos. Está previsto, además, que tanto la refrigeración adiabática como las instalaciones fotovoltaicas se incorporen a las normas de diseño de los edificios docentes en Andalucía, de manera que todos los nuevos centros que se construyan cuenten ya con ambos sistemas.

Igualmente, Imbroda ha detallado otros programas recogidos en el plan como 66 actuaciones para mejorar las condiciones de las infraestructuras de centros educativos que hayan quedado obsoletas o dotarlas de requisitos o espacios de los que carezcan, de manera que puedan prestar un servicio educativo de calidad que responda a las demandas actuales. Estas actuaciones tienen un valor de 16,3 millones.

Otras 34 obras, con un presupuesto de 97,5 millones, que tienen como objetivo resolver necesidades de escolarización, lo que incluye la construcción de nuevos centros y ampliaciones que doten al sistema de nuevos puestos escolares o que permitan el incremento de enseñanzas, como Bachillerato. Dentro de este programa se ha dado prioridad a aquellas actuaciones que hagan posible la retirada de aulas prefabricadas o eviten poner nuevas en el futuro.

Además, en la programación de 2021 se incluyen 40 actuaciones para resolver necesidades de origen técnico que afectan las condiciones de habitabilidad, seguridad o funcionalidad de los centros y que se consideran prioritarias con un valor de 6,3 millones. También, como continuación de años anteriores, se programan 44 actuaciones específicas de retirada de amianto en centros educativos que supondrá una inversión de 2,2 millones.

Por segundo año se incluye el programa específico de atención preferente a las infraestructuras de centros de Educación Especial, con el que la Consejería quiere reforzar el apoyo a los centros que atienden a alumnado con características especiales. Dentro de este programa se incluyen nueve intervenciones para 2021 (7,2 millones) que se suman a las siete del pasado año.

Asimismo, a este plan de infraestructuras se podrán incorporar a lo largo del año actuaciones que surjan por necesidades o incidencias sobrevenidas, como es el caso de las urgencias técnicas o las obras de escolarización de verano, que se determinan una vez cerrado el periodo de escolarización del alumnado. Para estas actuaciones se estima, respectivamente, un presupuesto de 9 y 2,5 millones.

Por último, ante las continuas demandas de diferente casuística, que tanto los centros educativos como los ayuntamientos realizan a las delegaciones territoriales, se ha establecido un importe por provincia que “asciende a un total de cuatro millones de euros”, se indica desde Educación.

La Voz de Almería

• La intención de Caicedo es poder “llevar al plan de empresa de este año” la llegada del tren

“Nosotros queremos que el tren entre en el puerto, pero que lo haga sin estorbar, bajo ningún concepto, a la ciudad”. Así de rotundo se muestra el presidente de la Autoridad Portuaria, Jesús Caicedo, al ser preguntado por la conexión ferroviaria hasta el puerto en una entrevista concedida a La Voz de Almería.

Tan claro lo tiene, que reconoce el máximo responsable de la Autoridad Portuaria que ya se está trabajando en “un anteproyecto” que marque las directrices para que esta conexión sea viable y compatible con los desarrollos del futuro proyecto puerto-ciudad.

Así, los plazos con los que trabaja consisten en “llevar en el plan de empresa de este año esta conexión ferroviaria” por lo que en estos momentos se está trabajando en la redacción del proyecto y en ver las opciones para su financiación para su desarrollo.

A pesar de que considera que aún es pronto para hablar del diseño que tendría la entrada del tren al puerto, sí que explica que para no entorpecer el desarrollo del puerto-ciudad “evidentemente tendría una parte del trazado soterrado” hasta entrar en la zona portuaria y, una vez allí, “circularía por un espacio en el que no entorpecería a la ciudad”.

Dificultad técnica
Preguntado sobre las dificultades para salvar el cajón de Rambla que siempre se habían puesto sobre la mesa como el principal escollo para que esta conexión fuera una realidad, asegura que es algo que “los técnicos sabrán cómo hacerlo” a la vez que plantea que existe “una entrada directa al Muelle de Levante” que se podría utilizar.

Hay que tener en cuenta que uno de los grandes cambios que planteaba el masterplan elaborado para el desarrollo del puerto-ciudad establecía la prolongación de la rambla hasta alcanzar el Muelle de Levante conectando ambos espacios en altura.

Esta conexión permitiría que toda esa zona pase a ser un espacio de paseo. Posiblemente dentro de las soluciones que se pueden dar a esta nueva conexión, para cuyo proyecto también está trabajando la Autoridad Portuaria, se incluirá la fórmula para que el tren pueda llegar hasta el espacio portuario sin chocar con la ciudad.

Decisión
Sea como sea, el trabajo esta en proceso y con un objetivo claro: el tren tiene que llegar al puerto y hacerlo pronto.

En la segunda fase del soterramiento, al menos en lo que a la alternativa elegida se refiere, deja preparado el arranque del vial para que se pueda desarrollar esa conexión soterrada desde la Avenida del Mediterráneo hasta el puerto a través de un túnel diferenciado con respecto al tránsito de viajeros. Ahora todo queda pendiente de terminar de culminar el trabajo técnico de unos y de otros, y de la consecución de los fondos para realizar dicha obra.

Afirma Caicedo que “el puerto es un motor económico de Almería” y que “hay que adaptarse a los nuevos tiempos” en los que “el barco y el tren son alternativas importantísimas para el transporte de mercancías” por lo que se hace necesario que el ferrocarril llegue hasta el recinto portuario fomentando “la intermodalidad”. Pone como ejemplo a otros puertos cercanos, como es el caso de Motril, para los que ya se está trabajando en este sentido.

Muchos años son los que lleva esperando el Puerto de Almería a que el tren vuelva a llegar para aumentar las posibilidades del transporte de mercancías usando dos medios de transporte mucho más sostenibles.

Habrá que esperar aún un poco para conocer los planes concretos, pero lo cierto es que se están preparando las mimbres para que, más pronto que tarde, el ferrocarril pueda llegar hasta la orilla del mar.

Diario de Almería

• Con na inversión superior a 2,3 millones, la Junta construirá cuatro glorietas y vías de servicio para dotar de seguridad a esta transitada travesía en el término municipal ejidense.
• El director general de infraestructuras, Enrique Catalina; la delegada territorial de Fomento, Eloísa Cabrera, y el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, han asistido al arranque de los trabajos

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha iniciado las obras de mejora integral de la seguridad vial de la carretera A-358 a su paso por Pampanico, en el término de El Ejido (Almería). Los trabajos, que ejecuta la UTE formada por Proyectos y Vias Almería y Representaciones Técnicas Solagua por 1.337.612 euros, incluye la construcción de cuatro nuevas glorietas para reducir la siniestralidad en un tramo de cuatro kilómetros.

“Estas glorietas no sólo reducirán la velocidad de los conductores que pasan a diario por esta travesía sino que contribuirá a facilitar los giros y cambios de sentido”, ha señalado el director general de Infraestructuras, Enrique Catalina, que ha supervisado el inicio de las actuaciones junto al alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, y la delegada territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico, Eloísa Cabrera. Durante la visita, ha señalado que, de mantenerse los plazos previstos, las obras concluirán antes de que finalice el presente año.

Por su parte, Eloísa Cabrera ha resaltado el clima de colaboración con los representantes del Consistorio ejidense, con los que la Junta de Andalucía lleva desde 2019 trabajando en buscar la mejor opción para evitar los siniestros que se producían en esta vía. “Desde que mantuvimos la primera reunión, fuimos consciente de que no se trataba no sólo de una demanda histórica, sino de una actuación fundamental para garantizar la seguridad vial”, ha indicado, no sin antes recordar el importante volumen de tráfico de la travesía de Pampanico, con cerca de 11.000 vehículos diarios y un 6 por ciento de tráfico pesado.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha mostrado su satisfacción por el inicio de estas obras ya que “esta mejora viaria repercutirá, por un lado, en la reducción de la velocidad de los conductores que pasan por esta travesía, ya que permitirá poder realizar giros y cambios de sentido y, por otro lado, en el incremento de la seguridad vial para los peatones y viandantes junto con los pasos semaforizados”.

Por este motivo, el primer edil ejidense ha agradecido la gran labor desempeñada por la Junta de Andalucía en el impulso de esta importante actuación, “tanto a la consejera de Fomento, Marifrán Carazo; como a la delegada territorial, Eloísa Cabrera; a través de la Dirección General de Infraestructuras y del Jefe de Servicios de Carretera, que han permitido que hoy sea una realidad el comienzo de unas obras muy demandadas y esperadas durante años por los vecinos de este núcleo”. “Un hecho que pone de relieve la excelente predisposición y el compromiso demostrado por el gobierno andaluz a la hora de atender las necesidades de El Ejido”.

Eliminación de las intersecciones
Las obras se desarrollan entre los puntos 13+800 y 17+900 de la carretera autonómica A-358, en la travesía de Pampanico. El principal hito será la eliminación de las intersecciones existentes, que suponen un punto conflictivo de seguridad, y su sustitución por cuatro nuevas glorietas situadas en la zona de colonización, Frusol, Camino de Los Guerras y en Pampanico, a la altura de la ermita.

También se van a crear vías de servicio a ambos lados del tronco principal entre los kilómetros 16+600 y 17+450, de manera que se canalizarán el tráfico de los accesos existentes hacia estas vías de servicio. Igualmente, se mantendrán los cinco pasos de peatones semaforizados existentes actualmente en el tramo. Por último, se realizará un refuerzo del firme en todo el tramo para mejorar el pavimento existente.

Esta actuación se enmarca en el Plan Andalucía en Marcha del Gobierno andaluz en el que sólo la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio incluye más de 100 millones de euros en la provincia almeriense para reactivar la economía y crear empleo, al mismo tiempo que se mejoran infraestructuras para vertebrar la comunidad y mejorar las conexiones de los municipios más pequeños.

Además, las obras en la carretera de Pampanico vienen a dar continuidad al trabajo realizado en el último año, cuando se realizó una inversión histórica de más de 30 millones de euros en obras y redacción de proyectos, es decir, un 52 por ciento más de lo que se destinó a tareas de conservación, seguridad vial y mejora de la red viaria en 2018, último año de gobierno socialista.

Diario de Almería

• El nuevo equipo de deshidratación de fango ha supuesto una inversión de 220.000 euros

El presidente del Consorcio del Ciclo Integral del Agua del Poniente Almeriense (CIAP), Gabriel Amat, ha firmado el contrato de adquisición de un nuevo equipo de deshidratación de fango para la Estación Depuradora de Roquetas de Mar, que da servicio a la ciudad y a La Mojonera, Vícar y San Agustín (El Ejido). Se trata de una de las primeras acciones de Amat como presidente de este organismo, en el que están representados los ayuntamientos de los municipìos referidos y las empresas concesionarias del ciclo integral del agua de los mismos.

Se trata de una adquisición con la que Hidralia, empresa concesionaria del servicio de agua potable y alcantarillado de Roquetas de Mar, continúa con su proceso de modernización y aplicación de nuevas tecnologías en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Roquetas de Mar.

LA TECNOLOGÍA APLICADA CONSEGUIRÁ AUMENTAR LA SEQUEDAD DE LOS FANGOS DESHIDRATADOS GENERADOS, REDUCIENDO ASÍ TANTO EL PESO COMO EL VOLUMEN DEL RESIDUO GENERADO

El contrato, adjudicado a Instalaciones HERGASA 2016, incluye tanto la instalación del equipamiento y la formación a los técnicos sobre su uso como el mantenimiento del mismo, y cuenta con una inversión de 220.000 euros, IVA incluido.

Este nuevo equipamiento tiene una mayor capacidad de tratamiento y la tecnología aplicada conseguirá aumentar la sequedad de los fangos deshidratados generados, reduciendo así tanto el peso como el volumen del residuo generado. Asimismo, la tecnología del propio equipo es más eficiente, por lo que se reducirá el gasto energético necesario para la generación de estos fangos, que tienen una aplicación directa en la agricultura.

Estos últimos avances tecnológicos permitirán, por tanto, que se reduzca la huella de carbono de la EDAR, reforzando el compromiso que tanto Hidralia como CIAP tienen con el medio ambiente y con la gestión sostenible del agua.

Una biofactoría en un futuro cercano
Con la adquisición de este dispositivo tecnológico para las instalaciones ubicadas en Roquetas de Mar, la estación depuradora de aguas residuales sigue avanzando en su intención de reducir el impacto de su actividad en el medio ambiente, colaborando por tanto en la reconstrucción verde de Roquetas a través de la eficiencia energética, llegando a reducir su consumo y con el objetivo final de autoabastecerse. Este es uno de los objetivos estratégicos tanto de la compañía concesionaria del servicio como del propio Consorcio del Ciclo Integral del Agua del Poniente Almeriense. Por otro lado, también se trabaja para lograr el objetivo de ‘residuo cero’ y conseguir de esa forma aprovechar la totalidad de sus desechos para nuevos usos. Todo ello permitirá que en futuro cercano la planta ubicada en Roquetas de Mar se pueda convertir en una Biofactoría, esto es, una nueva alternativa en la gestión de residuos basada en la economía circular y que genera beneficios medioambientales apreciables.

Europasur

• El sistema anticontaminación en Los Ladrillos y los vertidos del Río de la Miel y La Bajadilla, entre los proyectos

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha presidido el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Aguas de Algeciras (Emalgesa), que se ha celebrado este lunes de forma telemática y en el que ha participado también el teniente de alcalde y consejero delegado de Emalgesa, Javier Vázquez Hueso.

Entre otros asuntos, Landaluce ha puesto en valor el plan de inversiones de Emalgesa de 7,5 millones de euros entre los que destacan 3,36 millones de euros para el sistema anticontaminación en la Dársena de Los Ladrillos y 1 millón de euros para eliminar vertidos en el río de la Miel y La Bajadilla, ambas actuaciones enmarcadas dentro del gran proyecto de Lago Marítimo de Algeciras.

Asimismo, en el ámbito del saneamiento, se ejecutarán 1,46 millones en mejoras en los bombeos de aguas residuales para reducir vertidos, más de 400.0000 euros en renovación de redes del Rinconcillo y casi 200.000 euros en redes de San José Artesano y La Granja.

Respecto al abastecimiento de agua potable, se ha previsto una inversión de 700.000 euros en renovación de redes en distintas barriadas de la ciudad como San Bernabé o San García y 150.000 euros en mejoras en depósitos, especialmente el de Carretera Vieja de Los Barrios en La Granja.

Landaluce ha afirmado que estas inversiones permitirán dar cumplimiento a muchas de las obras incluidas en la Autorización de Vertidos de Algeciras, aprobada en 2016 por la Junta de Andalucía.

Por otra parte, el Consejo de Administración ha aprobado la ordenanza de modificación del canon de mejora local y la encomienda de la ejecución y financiación de las obras nuevas a ejecutar al socio minoritario de Emalgesa.

Asimismo, se ha dado luz verde, para la próxima aprobación en el Pleno de la Corporación Municipal, a los protocolos y cuadros de precios tanto de las obras del canon de mejora, como las que se vayan a realizar con cargo al término B de los derechos de acometida.

Además, se ha aprobado el cuadro de precios de la ejecución de acometidas de saneamiento por parte de Emalgesa, según la última modificación de la ordenanza de la prestación patrimonial de carácter no tributario del servicio de alcantarillado.

Vázquez Hueso ha afirmado que “estos protocolos y cuadros de precios permiten y establecen un mayor control y rendición de cuentas entre Ayuntamiento y Aqualia”.

El alcalde ha aseverado que “este es el mandato de mayor inversión en infraestructuras hidráulicas de la democracia”. “Hemos trabajado mucho en estos últimos años para conseguir inversiones de todas las administraciones competentes: 6 millones de euros de la Junta de Andalucía para eliminar vertidos, 10 millones del Ministerio de Transición Ecológica para la segunda fase de los colectores, o los 7,5 millones de euros que estamos aprobando por parte de Emalgesa para invertir en la ciudad”, ha concluido.

Diario Cádiz

• El proyecto que ejecuta la APBA con 400.000 euros de presupuesto incluye la restauración del búnker 172

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha comenzado las obras del paseo marítimo de Puente Mayorga (San Roque), donde ejecutará importantes mejoras en la franja litoral. Los trabajos, adjudicados a Actúa Infraestructuras, presupuestados en 400.000 euros y consensuados en los últimos meses con el Ayuntamiento, constan de dos fases y mejorarán la estética y funcionalidad del paseo.

En ambas se construirá un nuevo murete de delimitación: será de tipo balaustrada entre el arroyo de Los Gallegos y la plaza Pepe Córdoba y de tipo malecón desde el callejón del Moro hasta Campamento. En ambas fases, la APBA mejorará la iluminación elevada del paseo marítimo, sustituyendo canalizaciones, luminarias, proyectores y báculos e incorporando tecnología led.

Por último, en la primera fase el proyecto recoge la restauración del búnker más cercano a Puente Mayorga, número 172, y que está volcado sobre la playa.

El Día de Córdoba

• Las actuaciones cuentan con un montante total de 1,1 millones de euros y un plazo de ejecución de cuatro meses

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato de obra de mejora del firme de las calzadas, el llamado Plan Asfalto, por un montante total de más de 1,1 millones de euros y que posibilitará el arreglo de más de 30 calles, según han informado, la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, y el edil de Presidencia, Miguel Ángel Torrico.

Albás ha detallado que en dicho contrato se recoge “una ampliación del plazo de garantía sobre el mínimo de un año establecido en los pliegos de tres años más y con el compromiso de ejecutar un programa de bacheo de las calzadas de la ciudad mediante aglomerado asfáltico en caliente durante un año a partir de la finalización de las obras”.

Según el expediente de las obras, las actuaciones tienen un plazo de ejecución de cuatro meses e incluyen las calles Pintor Arbasia, Santo Domingo Savio, Virgen del Mar, Acceso a la ch-2 en Villarubia, El Avellano, avenida del Mediterráneo, Isla Gomera, Isla Tabarca, Islas Cíes, Del Campo, Pintor Espinosa, Ingeniero Juan de la Cierva, Periodista Ricardo Rodriguez, Paco León, Escritor Juan Alfonso de Baena, Escritor Gregorio Alfaro, Escritor Tomás Sánchez, Escritor Aguayo Godoy, Fernando IV, avenida de Barcelona, avenida de los Almogavares y Santa Rosa. También Arquitecto Sáez de Santamaría, Acera del Río, Acera Alonso Gómez de Figueroa, Ingeniero Antonio Carbonell, carretera de Madrid, lateral de la avenida de Libia, avenida de la Alameda en barriada Azahara, Luis Braille, La Higuera, Comandante Velázquez, Madres Escolapias, plaza de la Juventud, Periodista Gago Giménez y lateral este avenida Conde de Vallellano.

Asimismo, se han adjudicado el contrato de suministro de equipamiento y mobiliario para el Centro Cívico Municipal de Cerro Muriano, por 44.000 euros, así como el contrato de obra de mejora del entorno urbano en el polígono Amargacena, cofinanciada por fondos Feder, por importe de 446.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, con el fin de “arreglar el acerado y el aparcamiento en línea en dichas calles”.

Por otra parte, se ha aprobado el expediente de contratación relativo al contrato de arrendamiento de la nave con destino a archivo intermedio administrativo del Archivo Municipal, por un importe de 31.900 euros.

Además, Torrico ha explicado que “continúa el procedimiento” para la dotación de 79 plazas de Policía Local, que “es un proceso complejo y al haber muchos aspirantes genera mucha litigiosidad con mucha cantidad de recursos”, de modo que este lunes se han abordado dos de ellos. Al hilo, espera que “desestimando los recursos que se interponen se pueda seguir el procedimiento de pasar al siguiente ejercicio a la mayor brevedad y que la incorporación de las 79 nuevas plazas de Policía Local pueda dar una solución definitiva a las nuevas necesidades del servicio”.

El también delegado de Seguridad ha recordado que “se ha estado ocho años sin la incorporación de un solo policía local nuevo y se han ido jubilando, lógicamente, los que cumplían la edad para ello”, de manera que “la plantilla necesitaba este revulsivo” que espera que “sea una realidad muy pronto”.

En cuanto a la Gerencia de Urbanismo, se ha ratificado el acuerdo aprobado por unanimidad en el consejo rector para la recuperación de terrenos municipales en la calle Acera del Arroyo, después de que “ha habido una cierta ocupación privativa de unos terrenos que corresponden a Urbanismo y se ha iniciado el procedimiento para la recuperación”, según ha indicado el edil.

Diario Córdoba

• Los equipos contribuyen al control del tráfico ferroviario

Adif Alta Velocidad (AV) ha licitado un contrato de suministro de baterías para las líneas de alta velocidad Córdoba-Málaga y La Sagra-Toledo por un importe de 687.588,73 euros (IVA incluido).

Según ha indicado Adif en una nota, en las líneas de alta velocidad, las baterías se destinan a equipamientos que requieren una alimentación ininterrumpida de energía (SAIs), como es el caso de los sistemas de señalización con enclavamientos electrónicos, que forman parte del control del tráfico ferroviario.

Estas SAI disponen de baterías, las cuales proporcionan la energía a los diferentes equipos cuando el suministro principal no se encuentra disponible También son utilizadas para suministrar energía en edificios técnicos y casetas.

Asimismo, el uso de baterías instaladas en determinados emplazamientos a lo largo de las líneas de alta velocidad hace posible la cobertura de los servicios de telefonía móvil comercial. Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Abc

• Admite en un escrito dirigido al Ayuntamiento que no entra dentro de sus competencias

La adecuación del tramo urbano del río Lucena a su paso por la localidad «no es competencia de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir y debe ser propuesta por la administración competente». De esta forma ha respondido el Gobierno de España a la pregunta formulada en la Cámara Alta por la senadora socialista María Jesús Serrano el pasado 5 de abril -a petición del Ayuntamiento lucentino- solicitando información sobre «cuándo tiene previsto la Confederación abordar, dentro de su programa de intervenciones en zonas inundables, la culminación de las obras de adecuación en el tramo urbano del Río Lucena».

Según el ente gubernamental, con fecha 13 de abril de 2020 ya comunicó al Consistorio lucentino mediante escrito la necesidad de promover actuaciones coordinadas de todas las administraciones públicas para disminuir estos riesgos «según sus competencias», reseñando que, con carácter general, la Administración General del Estado no es competente para ejecutar tareas de encauzamiento y defensa de márgenes en los tramos urbanos de los cauces.

La integración del río Lucena en la ciudad se ha convertido en una de las cuestiones de más compleja solución para el Ayuntamiento lucentino en las dos últimas décadas. El carácter fácilmente inundable de la ribera, la histórica ocupación del dominio público hidráulico en algunas zonas del trazado urbano del río y la existencia de múltiples vertidos industriales y domésticos al cauce pese a las distintas actuaciones acometidas aparecen como elementos difícilmente reversibles.

Un proyecto fallido
El encauzamiento y recuperación medioambiental del río daba sus primeros pasos en 2001 con la convocatoria por parte del ayuntamiento y la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía de un concurso de ideas. El proyecto ganador, redactado por el arquitecto Juan Cuenca, definía una imagen idílica de este depauperado cauce público mediante la conversión del mismo en una suerte de parque periurbano de cinco kilómetros de longitud que debía suponer una gran transformación urbanística de la ciudad.

Las obras fueron licitadas por la Consejería de Medio Ambiente cuatro años más tarde por 15 millones de euros y adjudicadas a una UTE en 12,5 millones de euros y con un pazo de ejecución de 18 meses, sufriendo un largo rosario de problemas técnicos, paralizaciones y vicisitudes que las prolongaron en el tiempo, cerrándose con un grado de ejecución de apenas el 50 por ciento de lo contratado, casi todo el dinero agotado y numerosos desperfectos en algunos de los tramos ejecutados.

Un proyecto fallido que obligó a realizar algunas actuaciones complementarias en los años siguientes, incluida la construcción de uno de los colectores y del puente de la carretera de Cabra en 2013 o la de otro colector en 2018.

A primeros de año el Ayuntamiento estimó en unos 13,5 millones una nueva intervención de regeneración y recuperación del río y sus márgenes, incluyendo un proyecto de mejora den entorno urbano de El Cascajar y la protección del río contra la erosión junto a la A-318. La iniciativa fue incluida en el paquete de obras solicitadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia impulsado desde el Gobierno de España con fondos europeos.

Ahora el reto es conseguir esos fondos y de momento, la CHG parece tener claro que no será como iniciativa propia, dejando en manos del propio consistorio y de una nueva aportación de la Junta de Andalucía un proyecto no resuelto que debe suponer un antes y un después para la ciudad.