El Mundo

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado este martes el proyecto de ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (LISTA), que unifica las leyes de ordenación urbanística y del territorio, simplifica los procedimientos y reduce de una media de diez años a unos dos la tramitación y aprobación de los planes municipales de ordenación urbana (PGOU).

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Fomento, infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha afirmado que este proyecto de ley que se remitirá al Parlamento para su tramitación supone una “revolución normativa” que pone fin a una “maraña normativa de veinte años” de aplicación de la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA, 2002) y de la Ley de Ordenación del Territorio (LOTA de 1994), que hacía que un promotor tuviera que “lidiar con 235 textos legales”. Ha asegurado que no se trata de desregular sino de simplificar trámites, aclarar y dar seguridad jurídica a particulares y a ayuntamientos, lo que va a redundar en una menor conflictividad judicial, ya que se ha producido en los últimos años “una cascada de planes anulados por tribunales” como en Marbella, Jaén y Almería, entre otros municipios, hasta el punto de que unos 500 planes especiales han sido anulados o suspendidos parcialmente en los tribunales .

Ha afirmado que la nueva ley para el impulso de la sostenibilidad del territorio de Andalucía “destierra la cultura del ladrillazo y del pelotazo de otra etapa”, ya que con este proyecto del gobierno del PP y Ciudadanos y que, según la consejera, también apoya Vox y tiene un dictamen favorable del Consejo Consultivo, se protege más al litoral que con las anteriores leyes.

Además, se presta atención a la adopción de medidas en el litoral frente al cambio climático, se clarifican competencias urbanísticas de la Junta y de los ayuntamientos -consensuado con la FAMP y con el consejo de gobiernos locales- y, por primera vez, se incorporan directrices para la protección del paisaje, ha indicado. También se refuerza la disciplina urbanística, por lo que ha garantizado que “no se mirará para otro lado” y, en este sentido, ha indicado que en los dos años de gobierno hay más de medio millar de expedientes abiertos y para avanzar en esta línea se crea la nueva figura del cuerpo de subinspectores de urbanismo. “El objetivo es garantizar que las actuaciones urbanísticas sean sostenibles desde el punto de vista social, medioambiental y económico”, ha manifestado la consejera de Fomento.

En cuanto a la regulación de las más de 300.000 viviendas irregulares construidas en Andalucía, Carazo ha explicado que se aplicará el decreto ley que establece unos requisitos que deben cumplir para proceder a su regularización.

Entre las novedades destaca el establecimiento de dos clases de suelo: urbano y rústico, frente al modelo anterior de suelo urbano, urbanizable y no urbanizable, al tiempo que se fija un sistema dual de planeamiento que comprende el Plan General de Ordenación Municipal (lo que antes era el PGOU) para el diseño del modelo de ciudad pero sin descender a cuestiones concretas y de detalle, lo que hace más ágil y flexible el planeamiento, y el Plan de Ordenación Urbana, de ordenación de la ciudad existente, para dar respuesta a sus necesidades de regeneración y rehabilitación. También se crea la figura del Plan Básico de Ordenación Municipal, más simple y con menor contenido para los municipios con menos de 10.000 habitantes que no sean litorales y no formen parte de aglomeraciones urbanas, salvo que la planificación territorial considere la conveniencia de su aplicación. La Dirección General de Urbanismo ya trabaja en los reglamentos de la LISTA y en la revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (el POTA), cuya tramitación deberá empezar en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la LISTA.

Cinco Días

• La mesa de trabajo debe identificar la problemática en la infraestructura ferroviaria y las posibles soluciones

Operadores ferroviarios, empresas de transporte de carga, firmas de la logística, puertos, expertos independientes y la industria usuaria del ferrocarril (automoción, siderúrgica, química, etcétera), han sido reunidos por el Ministerio de Transportes y Adif en un grupo de trabajo que pretende buscar solución a los cuellos de botella ocasionados por la convivencia de distintos anchos de vía.

Se trata de diseñar una estrategia global de explotación de la red ferroviaria en función de los anchos de vía. Y el primer paso es definir corredores e identificar posibles cambios en tramos allí donde sea necesario, según ha explicado Adif esta mañana a través de un comunicado.

La existencia de distintos anchos en España, y el paso hacia Europa, es uno de los problemas que afronta desde hace años el ferrocarril de mercancías en este país. La iniciativa del Ministerio y del gestor de la infraestructura persigue el consenso sobre la problemática de la red y las posibles soluciones.

Las conclusiones de la mesa de trabajo marcarán los criterios para la construcción de nuevas líneas y la renovación de las existentes

Las conclusiones de esta mesa de trabajo serán plasmadas en un estudio, cuyas conclusiones irán a la estrategia indicativa de Adif. Con ello, se marcarán los criterios para la construcción de nuevas líneas y la renovación de las existentes.

Adif es titular de 11.897 kilómetros de vía convencional en todo el país. La red de ancho ibérico puro (1.668 milímetros de separación entre carriles) suma 10.443 kilómetros. Hay 1.193 kilómetros de vía estrecha de ancho métrico (1.000 milímetros). La vía mixta, que combina ancho ibérico y ancho estándar (1.435 milímetros), alcanza los 119 kilómetros. La red de ancho estándar tiene una longitud de 57,2 kilómetros. Y hay 84 kilómetros de red de alta velocidad en ancho ibérico. Al margen de estas líneas, están las de alta velocidad en ancho europeo que gestiona Adif AV.

En el mapa ferroviario aparecen como interoperables los entramados de ancho estándar y ancho ibérico, conectando entre ellos a través de los cambiadores automáticos de ancho de vía. También hay puntos en los que se cambian los ejes o los bogies, e incluso se transborda la mercancía, como es el caso de los puntos de Irún y Port en la frontera con Francia.