Cinco Días

• El valor de los contratos alcanza los 627 millones, que afectan a tramos de la AP-2 y la AP-7 que revertirán al Estado

El Gobierno ya tiene preparados los primeros contratos de un nuevo modelo de conservación de carreteras, en concreto de tramos de las autovías de peaje AP-2 y la AP-7 que revertirán al Estado, por un montante de 627,8 millones de euros. Entre otras ventajas, el Ejecutivo prevé aprovechar las sinergias que se obtienen al gestionar de manera conjunta cada tramo.

El Consejo de Ministros, en su reunión de este martes, autorizará la celebración de los primeros seis contratos basados en los nuevos pliegos de contratación para la conservación de carreteras, que supone un cambio relevante respecto al utilizado hasta ahora.

Se trata de contratos de conservación por valor conjunto de esos 627,8 millones, de los que 541 millones se focalizan en Cataluña y 86,8 millones para Aragón, correspondientes a los tramos de las autopistas de peaje AP-2 y AP-7 que revertirán al Estado en septiembre de 2021 tras la finalización de sus concesiones.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), a través de la Dirección General de Carreteras, plantea un nuevo modelo en los contratos de servicios de conservación y explotación de sectores de carreteras del Estado, en los que se integrarán prestaciones adicionales como la explotación económica de elementos funcionales ya existentes (áreas de servicio) y la ejecución de pequeñas obras.

El objetivo último del nuevo modelo es garantizar una movilidad segura, reforzando así la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido el Mitma, según fuentes del departamento dirigido por José Luis Ábalos.

Los contratos basados en los nuevos pliegos de contratación podrán incluir prestaciones de conservación que incluyan actuaciones como permitir que la carretera y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de vialidad y seguridad posibles; vigilancia y atención accidentes e incidentes; el acondicionamiento invernal de las carreteras, o el servicio de control de túneles y comunicaciones.

También se incluye en estos pliegos el mantenimiento de instalaciones; la ayuda a la explotación y estudios de seguridad vial; el mantenimiento de los elementos de la carretera; los proyectos específicos de pequeñas obras necesarias para mejorar la funcionalidad de la vía, y la explotación de los elementos funcionales de las carreteras como son las áreas de servicio existentes.

Desde el Mitma se cree que, por ejemplo, la inclusión de pequeñas obras de conservación preventiva tiene por finalidad la rehabilitación, reposición y mejora de los elementos mediante inversiones que superan el alcance previsto en los contratos actuales. Los ganadores de los contratos también acometerán limpiezas y siegas, reparaciones de firmes, actuaciones en los sistemas de drenaje, mejora de los sistemas de contención.

En el nuevo modelo de contratos se separan, de forma expresa, los gastos e ingresos del contrato, estableciendo, de un lado, el presupuesto de gastos (costes de conservación y explotación y pequeñas obras) y, de otro, el presupuesto de ingresos (canon a abonar como contraprestación por el derecho de explotación de las áreas de servicio y otros servicios públicos).

Abc

• El desequilibrio público ya es el mayor de Europa y marca récord desde 2009

España cerró el año pasado con un desequilibrio de las administraciones menor a lo previsto, pero con el mayor desfase de la Unión Europea, al menos según lo estimado y publicado hasta el momento. El déficit público acabó 2020 en el 10,09% del PIB, el 10,97% si se incorporan las pérdidas de la Sareb que Eurostat ha incluido desde el año pasado en el perímetro del sector público. La integración de Sareb ha elevado el déficit en 9.878 millones provocando, en palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, una estimación «de máximos» de las pérdidas del llamado ‘banco malo’ que redundará en que no provoque un mayor roto en las cuentas en los siguientes ejercicios.

Hacienda también ha aprovechado que el año pasado no había reglas fiscales y ha incluido 1.400 millones de euros de déficit por el impacto en las cuentas públicas del pago de la deuda del proyecto Castor a las entidades financieras que adelantaron la compensación a ACS y a Dundee.

Como fuere, este 10,97% del PIB supone el mayor déficit entre los países europeos y el más alto para España desde 2009, cuando alcanzó el 11,2%. Las reglas fiscales volverán en algún momento y, cuando lo hagan, España puede volver a estar en la diana de los mercados, lo que hace aconsejable que el Ejecutivo publique un plan de reequilibrio que recoja cómo piensa volver a sanear las cuentas públicas. Un plan al que la Ley de Estabilidad obliga a que Hacienda lo hubiera presentado a finales del año pasado, pero que Montero postergó ayer. «Es precipitado, tenemos meses por delante», aseveró Montero, quien señaló que esperará a que Europa vuelva a activar las reglas fiscales, así como al avance del debate para reformar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

«No tenemos que esperar a que nos venga de Europa, por mucho que se quieran cambiar las reglas fiscales. Abril va a ser el mes en el que veamos si despega la vacuna o no. Será entonces cuando habrá que calibrar ese plan, hay que intentar no alargarlo mucho. Es crucial: Alemania, Países Bajos y Finlandia ya tendrán un déficit del entorno del 3% el año que viene, lo que hace pensar que impulsarán una vuelta de las reglas fiscales ya para 2023. Nosotros también tenemos que participar en este debate y ayudaría un plan de consolidación creíble», reposa el director de coyuntura de Funcas, Raymond Torres. La Autoridad Fiscal y el Banco de España han reclamado en repetidas ocasiones que Hacienda publique este plan de reequilibrio, sin éxito.

Hasta entonces, el déficit aumentó en 87.435 millones durante el año de la pandemia hasta los 123.072 millones de euros. El gasto público se incrementó el año pasado en 53.070 millones y los ingresos cayeron en 24.487 millones. Una de las grandes sorpresas fue la recaudación tributaria, que se redujo un 8,8%, porcentaje menor al 9,9% de bajada del PIB nominal, con figuras como el IRPF subiendo un 1,2% pero con el Impuesto de Sociedades desplomándose un 33,2% hasta los 15.858 millones. El IVA se contrajo un 11,5%, a rebufo del desplome del consumo, y los Impuestos Especiales se redujeron un 12,1%. En definitiva, los ingresos tributarios se contrajeron en 18.757 millones: de 212.808 millones de 2019 hasta los 194.051 millones en 2020.

Esto ha supuesto una de las novedades de esta crisis frente a la anterior, cuando la recaudación se desplomó muy por encima de lo que lo hizo el PIB, ante el aumento de la economía sumergida y el estallido de la burbuja inmobiliaria, con su correspondiente ajuste en los ingresos. Ello se debe, como indican las cifras, a la protección de los ERTE.

Curiosamente, las compras del BCE lograron que la única partida que redujo su desembolso, pese al espectacular aumento de la deuda pública, fuera la de los intereses: alcanzaron los 25.192 millones de euros, es decir, un 11,1% menos.

«La clave va a ser cómo van a pasar de los ERTE los trabajadores cuando estos acaben, porque si pasan al desempleo, eso al Estado le va a suponer un fuerte incremento del gasto», reflexiona el economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso, quien pone el dedo en la llaga del turismo: «Si no se recupera, tendremos un problema de paro de larga duración».

Expansión

• Récord/ El déficit de las Administraciones Públicas se dispara del 2,8% del PIB en 2019 al 10,09% en 2020 por el enorme desembolso para mitigar el impacto de la pandemia. Sumado el cómputo de la deuda de la Sareb, el déficit alcanza el 10,97%.

La crisis del Covid-19 ha desgarrado las cuentas públicas españolas con un aumento de déficit inédito en democracia. Una brecha que costará sudor y lágrimas cerrar, aunque ayer el Gobierno diera una patada adelante al problema, dejando caer que hasta que la Comisión Europea no se ponga seria no se entrará en el debate sobre la consolidación fiscal.

El déficit, entendido como la diferencia entre lo que ingresan y lo que gastan las administraciones públicas, escaló del 2,8% del PIB de 2019 a un 10,09% en 2020, según los datos de ejecución presupuestaria publicados ayer por el Ministerio de Hacienda. Un aumento nunca visto de 77.557 millones en un año para poder hacer frente a los gastos de la pandemia, y que todavía es mayor (10,97% del PIB) al sumar los casi 10.000 millones de deuda que el Estado ha tenido que asumir del banco malo, la Sareb, por exigencia de Eurostat.

Aunque en 2009 el déficit escaló hasta el 11,3%, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero disparó el gasto para hacer frente a la crisis financiera; en esta ocasión el aumento de déficit es superior en términos absolutos: más de 87.000 millones (contando las ayudas a la Sareb) frente a los menos de 70.000 millones de 2009.

“Los datos ponen de manifiesto la situación extraordinaria que estamos viviendo en España”, reconoció ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que pese a los peores datos de entrada en 2021 y la lentitud de la vacunación no dio detalles sobre si recortará las previsiones de crecimiento, y fijó como fecha de revisión a finales de abril. Como dato positivo, la ministra recalcó que pese al desfase del 10,9%, el déficit es inferior a la meta del 11,3% que el Gobierno envió a la Comisión Europea en octubre, y también es mejor del previsto por la mayoría de organismos, que llegaron a vaticinar alzas del déficit de hasta el 15%.

“Este aumento se explica más por el incremento del gasto que por la caída de ingresos”, argumentó la ministra. La inyección de gasto público fue de 576.489 millones de euros, por encima del 50% del PIB, frente a sólo 194.051 millones de euros ingresados debido a una caída en la recaudación por el impacto de la crisis en empleos, rentas y actividad.

En el caso del gasto público, aunque el grueso se dedicó al pago de las pensiones y prestaciones sociales; el aumento respecto a 2019, de 53.070 millones, se explica por las medidas para mitigar los efectos de la pandemia en empleo y rentas: casi 9 de cada 10 euros de ese incremento (el 85%) se destinaron a prestaciones por ERTE, las ayudas a los autónomos o el aumento del gasto sanitario. También influyeron en el aumento del gasto la revalorización de las pensiones y la subida del salario de los funcionarios.

Además del impacto económico del llamado escudo social, el mayor desvío de la administración se explica por un incremento sin precedentes en las transferencias a comunidades (al margen del sistema de financiación autonómica). La administración central dotó a las comunidades de 16.000 millones de euros del fondo Covid.

“La administración se ha endeudado y ha asumido este mayor déficit para que comunidades, ayuntamientos o Seguridad Social tuvieran margen presupuestario suficiente”, explicó Montero. Esto explicaría el desfase en el déficit de la administración central del 7,5% frente al 0,21% de las comunidades, el 2,65% de la Seguridad Social o el superávit del 0,26% de los ayuntamientos. “Sin esas medidas de apoyo, el déficit autonómico habría sido del 2,6%, y del 4,5% en la Seguridad Social”, completó Montero.

En cuanto a los ingresos, es la primera vez que en un momento de crisis la caída de ingresos es inferior a la caída de la riqueza del país. Los ingresos públicos cayeron en 24.487 millones, un 5%, y la recaudación de la Agencia Tributaria retrocedió un 8,8% por la sangría que ha supuesto la crisis para empleos y rentas.

Sin embargo, ambos descensos son menores al desplome del 9,9% del PIB nominal. Que el país ingrese más de lo que crece se debió principalmente al efecto de los ERTE manteniendo cotizaciones, y también a la revalorización de pensiones y salarios públicos. De hecho, la recaudación por IRPF se convirtió en la única partida con aumento en ingresos, del 1,2%. Las restricciones sociales y la caída del consumo, principalmente en hostelería y turismo, explican el descenso del 11,5% en recaudación de IVA y el parón del transporte en impuestos especiales (-12,1%).

Entre los grandes tributos, el Impuesto de Sociedades acusa el mayor descalabro, del 33,2%. La cantidad de empresas que ha sufrido una caída en sus beneficios, por no hablar de pérdidas, debido al parón de actividad durante el confinamiento y las restricciones a la actividad que todavía hoy permanecen, explican este descenso. Aunque según explicó ayer la ministra Montero, parte de la caída (10 puntos porcentuales) se deben al impacto de devoluciones fiscales por pagos fraccionados.

Granada Hoy

• Relevo entre granadinos en la Delegación del Gobierno

El Consejo de Ministros tiene previsto cesar este martes, 30 de marzo, a la granadina Sandra García como delegada del Gobierno en Andalucía, un cargo para el que el alcalde de Baza (Granada), Pedro Fernández, se perfila como su sustituto, según ha confirmado el propio PSOE. Con este movimiento sale de nuevo fortalecido el presidente de la Diputación y secretario general de los socialistas en Granada, José Entrena, que de nuevo sitúa a alguien de su confianza como representante del Gobierno en Andalucía, ya que Fernández es vicepresidente de la Diputación. Entrena, de esta manera, vuelve a mostrar su cercanía e influencia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Algo que, además, se produce en el contexto de las próximas primarias para el PSOE-A.

Sandra García, cuyo cese ha avanzado el diario digital ‘El Confidencial’ este lunes, cumplió el mes pasado su primer año como delegada del Gobierno, ya que el Consejo de Ministros aprobó su nombramiento el 11 de febrero de 2020, relevando así en el cargo a Lucrecio Fernández.

En el momento de su nombramiento, Sandra García era senadora socialista por Granada desde las elecciones generales de abril de 2019. Además, fue delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia granadina bajo la presidencia de Susana Díaz hasta que el PSOE cedió el Ejecutivo andaluz tras las elecciones autonómicas de diciembre de 2018, un hecho que permitió interpretar que el nombramiento contaba con el visto bueno del PSOE andaluz.

Quien se perfila como su sustituto al frente de la Delegación del Gobierno, Pedro Fernández, es también secretario de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A. Nacido en Baza (Granada) en 1966, en 1989 se licenció en Derecho por la Universidad de Granada y durante diez años ejerció la abogacía, según informa la federación socialista andaluza en su página web.

Concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Baza desde 1999 hasta 2003, tras las elecciones municipales de 2004 fue portavoz del equipo de gobierno bastetano. En junio de 2004 fue diputado provincial al frente del área de Asistencia a Municipios, y en mayo de ese mismo año tomó posesión como delegado provincial de Obras Públicas y Transportes.

En diciembre de 2006 fue nombrado candidato oficial del PSOE a la Alcaldía de Baza para las elecciones municipales de 2007, en las que resultó elegido alcalde, resultando reelegido en 2007, 2011, 2015 y 2019, ostentando ese cargo en la actualidad. En 2007 fue elegido presidente de la Mancomunidad de Municipios de la comarca de Baza.

En 2011 fue presidente de la Mancomunidad de Municipios, y en la actualidad es también vicepresidente primero de la Diputación de Granada, responsable de Presidencia, Contratación y portavoz del equipo de gobierno socialista.

Por su parte, Sandra García es licenciada en Ciencias Políticas en la especialidad de Administración Pública por la Universidad de Granada. Dentro de la administración andaluza, antes del puesto de delegada del Gobierno de la Junta en Granada ocupó los cargos de directora general de Calidad, Innovación y Prospección Turística de la Junta, delegada provincial de Turismo, Comercio y Deporte en Granada, y delegada provincial de Agricultura.

La persona que sustituya a Sandra García será la cuarta al frente de la Delegación del Gobierno en Andalucía desde que Pedro Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa en junio de 2018 tras triunfar la moción de censura que presentó contra el entonces jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

Así, Sandra García tomó el relevo de Lucrecio Fernández, que, a su vez, accedió al cargo en marzo de 2019 tras la inclusión en las listas del PSOE al Congreso en las elecciones de abril de aquel año de su antecesor, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, actual vicepresidente primero de la Cámara Baja y el primer delegado del Gobierno en Andalucía bajo la presidencia de Pedro Sánchez.