Noticias Junta de Andalucía

• Marifrán Carazo remarca el compromiso del actual Gobierno andaluz con poner fin con esta obra a tantos años de espera de los almerienses

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha recibido 19 ofertas de uniones temporales de empresas para ejecutar las obras del último tramo de la Autovía del Almanzora (A-334) en la provincia de Almería, que conectará el enlace de La Concepción con la Autovía del Mediterráneo (A-7). Esta actuación, que cuenta con un presupuesto de 33 millones de euros, dará continuidad al tramo que está en ejecución entre El Cucador y La Concepción, además de dar verdadero sentido a la autovía, ya que no sólo facilitará una salida a los vehículos de los habitantes de esta comarca, sino también al tráfico de mercancías del pujante sector del mármol.

“Sólo damos respuesta a un clamor de la sociedad almeriense, que lleva desde mediados de los ochenta esperando una infraestructura de estas características, que vertebre verdaderamente la comarca del mármol y sirva de enlace con toda la costa mediterránea”, ha aseverado la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo.

El futuro tramo entre el enlace de La Concepción (AL-7106) y la A-7 consta de 3,6 kilómetros de nueva carretera y cuenta con una inversión de 32,9 millones de euros que están cofinanciados con fondos europeos Feder. Se proyectan calzadas de dos carriles por sentido de 3,5 metros, arcén de 2,5 metros, arcén interior de un metro y bermas de 1,1 metros. La mediana tendrá seis metros de ancho. Se ejecutarán dos nuevos enlaces, situados al inicio y al final del tramo. El primer enlace se situará en el punto kilométrico 3+250 de la nueva autovía y facilitará el acceso a la nueva central fotovoltaica y las pedanías de La Concepción y El Palacés. El segundo servirá de conexión entre la A-334 y la Autovía del Mediterráneo.

Además, se plantean cinco pasos superiores: un viaducto de 45 metros de longitud para salvar el barranco del Muerto, un paso superior para reposición de la Vereda de la Cuesta Blanca y tres en el mencionado enlace con la A-7. Igualmente, se prevé un paso inferior en la Rambla de la Ballabona.

Este proyecto se suma a los más de 25,6 millones del tramo entre El Cucador y La Concepción, cuyo ritmo de trabajo es tan bueno que se prevé concluir antes de que finalice el presente año, es decir, tres meses antes de lo previsto.

La Junta de Andalucía destinará este mandato más de 50 millones para dar el impulso definitivo a una autovía cuyas obras se iniciaron hace 15 años y en la que sólo se han abierto al tráfico 22 kilómetros entre Fines y El Cucador. La Autovía del Almanzora se configura como el corredor de comunicación principal de la comarca del mármol de Almería.

Estos dos tramos de la Autovía del Almanzora están incluidos en el Plan Andalucía en Marcha, que tiene como cometido movilizar todos los recursos posibles para contribuir a la recuperación económica ante la crisis del Covid-19.

Expansión

• semestre débil/ El supervisor rebaja en ocho décimas la estimación de PIB para 2021, al 6%, y anticipa una caída del 0,4% en el primer trimestre. Cree que el Gobierno no podrá ejecutar más del 55% de la inversión prevista de los fondos de la UE. Cree que la selección de proyectos con fondos de la UE es “más farragosa” de lo previsto

Todo vuelve a empeorar antes de empezar a mejorar. Las expectativas de una intensa recuperación en 2021, tal como auguraba Pedro Sánchez a principios de año, han quedado de momento en cuarentena ante la perseverancia de la pandemia, que en estos primeros compases del ejercicio ha provocado una nueva espiral de restricciones, inhibición del consumo, pérdida de empleo y frenazo en la actividad. Un mal arranque de año que, sumado al retraso en la puesta en marcha de las inversiones ligadas al fondo europeo, ha enturbiado el horizonte a corto plazo. El Banco de España actualizó ayer sus proyecciones macro, que anticipan un semestre de clara “debilidad”. De hecho, aunque en los tres escenarios que plantea (suave, central y severo) el supervisor no descarta un repunte del PIB del 0,4% en el primer trimestre, su escenario central es de una caída del 0,4%, que podría elevarse al 0,9% en la hipótesis más adversa. Esto es, en el supuesto de un nuevo rebrote de la epidemia que conlleve más restricciones y en el que el proceso de inmunización se dilate aún más, a pesar de que parte de la premisa de que no se alcanzará un porcentaje significativo de inmunidad antes de final de año.

El Banco de España se alinea así con las predicciones que parecen abocar a la economía a la contracción en el primer trimestre (aunque señala que la bajada de contagios en las últimas semanas habría permitido un alivio de las restricciones y “una cierta mejora de los niveles de actividad” ya en marzo), entre las que sobresale la de la AIReF, que vaticina una caída del PIB del 1,4% hasta marzo.

En este contexto, el Banco de España ha recortado hasta el 6% su estimación de crecimiento para todo 2021, 0,8 puntos menos que en la revisión de diciembre y cada vez más lejos del 7,2% que aún pronostica el Gobierno (un 9,8% si se contabiliza el impulso de los fondos europeos, escenario que ningún organismo nacional o internacional ve ya posible).

La institución, que no incluye el posible impacto de los 11.000 millones de ayudas a las empresas, da casi por perdida la primera mitad del ejercicio y considera que será en el segundo semestre cuando se producirá un sprint de la actividad, espoleada por los avances en la vacunación y el inicio de la ejecución de los proyectos ligados al fondo de la UE, que llegarán con demora y, por tanto, con un impacto positivo inicial menor. El supervisor no solo asume “un retraso de un trimestre en los gastos de inversión financiados por el programa”, sino que, además, cree que el Gobierno sólo podrá ejecutar el 55% de la inversión que se había propuesto (en diciembre estimaba un 70%) ante unas negociaciones con Bruselas que se alargan.

Proceso “farragoso”

Y es que el problema no se encuentra tanto en el retraso de los desembolsos desde Europa (España ha adelantado 27.000 millones de euros en los Presupuestos) como en un proceso que, según Óscar Arce, director general de Economía y Estadística del Banco de España, se atisba “más farragoso” de lo previsto tanto en la selección de proyectos como en los trámites con la UE. Este retraso explica tres de las ocho décimas que el Banco de España ha recortado en el crecimiento, que no se perderían sino que se trasladarían a 2022. Las cinco restantes obedecen al mal inicio de año, en un contexto marcado por el menor consumo y la parálisis forzosa del turismo, cuyos males están lejos de desaparecer. “La naturaleza incompleta del proceso de vacunación durante los próximos trimestres daría lugar a que los flujos de turismo receptor no alcanzasen un grado de normalización relativamente elevado hasta 2022”, alerta.

La noticia positiva es que si la vacunación avanza a un ritmo adecuado y los proyectos del fondo comunitario van tomando cuerpo habría una recuperación “más vigorosa” en la segunda mitad del año y “daría lugar a un potente efecto arrastre en 2022”. El Banco de España ha elevado al 5,3% su previsión de alza del PIB el año que viene en el escenario más probable, frente al 4,2% que manejaba en diciembre. Todo ello en el contexto de la gradual recuperación del turismo y del previsible repunte del consumo de los hogares en la segunda mitad de 2021 y buena parte de 2022 al “liberar una parte de la bolsa de ahorro privado acumulada” por las restricciones y la incertidumbre. Para 2023, el Banco de España mantiene un crecimiento del 1,7%. En su predicción base, el supervisor no espera que la economía recupere los niveles de PIB previos a la pandemia hasta 2023, aunque un agravamiento de la situación sanitaria podría postergarlo más allá de esa fecha, hasta 2024.

El Banco de España ha suavizado sus pronósticos para el mercado laboral. La institución vaticina que el año concluirá con un paro del 17% en contraste con el 18,3% que estimaba en diciembre. Esto no significa que el empleo vaya a estar sometido a menor presión. De hecho, ese ajuste en las predicciones de desempleo tiene mucho que ver con la prolongación de los ERTE, cuyos afectados no se contabilizan como parados (unos 800.000 trabajadores siguen en esa situación). La actual prórroga vence el 31 de mayo, pero el Gobierno ya ha deslizado que se prolongará más allá de esa fecha.

Deuda y déficit

El endeudamiento público se mantendrá en cotas astronómicas en 2021 como consecuencia del esfuerzo fiscal realizado por la pandemia. El Banco de España calcula que la deuda rozará este año el 118% del PIB, casi un punto por encima de los niveles de cierre de 2020, y que en 2023 continuará todavía en niveles muy abultados: el 117,6%. La institución considera que el Ejecutivo logrará recortar el déficit hasta el 7,7% este año frente al 10,5% de 2020; y hasta el 4,8% y el 4,4% en 2022 y 2023, pero aun así advierte de que seguirán siendo “cotas muy elevadas”. Desde hace tiempo, el supervisor insiste en la necesidad de diseñar un plan de consolidación fiscal serio y creíble, que se aplicaría una vez superada la crisis, con el fin de lanzar un mensaje a los inversores.

Cinco Días

• Cada vez son más las empresas que deciden externalizar servicios para reducir riesgos y costes. Conozca las obligaciones y límites

Cada vez son más las empresas que potencian el rendimiento y la calidad de determinadas áreas o departamentos de su estructura a través de servicios externalizados. Con ello, se reducen riesgos y costes en favor de la focalización de la actividad principal de la empresa. El proceso de nómina, recruiting o la planificación de la formación son algunos de ellos. Nos referimos al outsourcing de servicios.

Sin embargo, no sólo estas áreas son las que finalmente decide externalizar una empresa. Elvira Cano, abogada asociada de LABE Abogados y especialista en Derecho laboral, señala que existen otros servicios, sobre todo en los sectores de limpieza, seguridad, informática o construcción, entre otros, que han dado lugar, a través de la descentralización de la actividad, a la creación y diversificación de todo tipo de empresas dedicadas a cubrir estas operaciones. Hablamos de las contratas y subcontratas.

Estas operaciones de contratación y subcontratación, reguladas en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, se producen cuando una empresa (principal) encarga a otra (contratista o contrata) la ejecución de determinados servicios o la ejecución de una parte de la producción.

Para poder visualizar el tema, imaginemos el caso de una empresa que externaliza los servicios de limpieza, es decir, contrata esta actividad a otra empresa. Pongámonos en el caso, asimismo, que dentro de las operaciones higiénicas se encuentran las de realizar una limpieza de cristales en un séptimo piso, para lo cual hay que contratar servicios especializados que incluyan a personal cualificado para deslizarse hasta las ventanas exteriores con arnés.

En este caso, nuestra empresa contratista contratará a otra para dar este último servicio a la principal. Podemos ver, en el ejemplo expuesto, una contrata y una subcontrata. Y se puede producir, incluso, una verdadera cadena de subcontratación, que es como lo denomina, literalmente, la Ley reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción.

Para que esta relación sea lícita, ambas empresa deben contar con una estructura y actividad propias. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, ambas empresas deben poder organizar tanto el servicio como a los trabajadores.

El artículo 43.2 del Estatuto de los Trabajadores determina que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas no puede limitarse a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria. Tampoco puede ocurrir que la empresa cedente carezca de actividad, organización propia y estable, no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad o no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario.

Asimismo, el Estatuto de los Trabajadores prohíbe expresamente la contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa. Con esto, esta opción de contratación de trabajadores para su cesión temporal a otra empresa queda exclusivamente habilitada para las empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas.

Por tanto, cuando la empresa principal, en el desarrollo de la prestación de los servicios contratados, lleva a cabo toda o la mayor parte de la organización de los trabajadores, la gestión de la actividad e incluso la aportación de medios materiales, estaremos frente a una cesión ilegal de trabajadores. Al igual sucede cuando el contratista carece de independencia funcional, organizativa y material y, por tanto, desnaturaliza la contrata por ser ficticia o aparente.

Sin embargo, no es fácil diferenciar supuestos de cesión ilegal de trabajadores cuando se produce entre empresas válidamente constituidas y, a su vez, la contrata desplaza a sus propios trabajadores a la empresa principal.

La existencia de cesión ilegal dependerá de si las empresas contratadas o subcontratadas intervienen con su propia infraestructura (descentralización de actividad lícita), o bien de si se han limitado a poner mano de obra a disposición de la principal.

Por otro lado, existen muchas actividades productivas que pueden ser objeto lícito de subcontratación y que no requieren de la aportación de una infraestructura material especialmente relevante. Es el caso de las contratas de servicios que descansan principalmente en la aportación de mano de obra o incluso en aquellas que se ejecutan en el centro de trabajo de la empresa principal. En esos casos, la empresa subcontratada deberá atenerse, lógicamente, a las directrices generales que establezca la empresa principal, aportando un capital de conocimientos técnicos especializados o un patrimonio inmaterial que resulta relevante para la ejecución de la obra o servicio: un valor añadido.

En estos casos la tarea se dificulta especialmente y exige un análisis detallado para establecer los límites entre la lícita subcontratación y la cesión ilegal de trabajadores.

Así, el Tribunal Supremo ha determinado que los parámetros esenciales para decidir sobre la eventual existencia de una cesión ilegal de trabajadores serán:

Por un lado, la real y efectiva aportación por la subcontratada de los medios materiales necesarios para el desarrollo de la actividad. Es decir, si la subcontratada ha aportado vehículos, herramientas, maquinarias, locales, infraestructura física, etc. En este caso, no se producirá cesión ilegal de trabajadores. El Tribunal Supremo matiza, asimismo, que debe corresponder necesariamente a un negocio jurídico real ajeno a cualquier intento de simulación o fraude.
Por otro lado, el verdadero ejercicio del poder empresarial. El control de la actividad de los trabajadores debe seguir en manos de la empresa subcontratada y no trasladarse a la principal en todo aquello que incide en la organización del trabajo y el efectivo ejercicio de las facultades empresariales. Con esto se refiere a la distribución de tareas, la determinación de los turnos, las vacaciones, los descansos, la aplicación de las facultades disciplinarias, etc.
Según Elvira Cano, abogada asociada del área laboral de LABE Abogados, habrá que estar, a las relaciones entre trabajador y empresas (principal y contrata), a las circunstancias que rodean la prestación de servicios del trabajador y a los derechos y obligaciones establecidos en el contrato de prestación de obra o servicio. De lo que se trata es de conseguir que quien es empresario asuma las obligaciones que le corresponden y, con esto, evitar que se degraden las condiciones de trabajo o disminuyan las garantías cuando aparecen empleadores ficticios insolventes.