Abc

• La inversión en obra pública de Emasesa, Confederación y Junta de Andalucía, apoyada en fondos europeos, superará los 220 millones de aquí a 2023

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la compañía Emasesa, y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) iniciarán durante este ejercicio 2021 hasta tres grandes contratos de obras para la adecuación y renovación de la red de tratamiento de aguas residuales que alcanzan una inversión total de 93 millones de euros y que cuentan con la financiación en un 60% de la Unión Europea a través del programa de Fondos Feder. Esta actuación, complementaria al convenio firmado con la Junta de Andalucía con una inversión total de 128 millones de euros, va a permitir que el sistema del área metropolitano se adapte por completo a la normativa europea, que se logre una reducción de las emisiones contribuyendo a la lucha contra el cambio climático, que se refuerce la protección del entorno de Doñana y que se mejore el servicio que se presta a la población. En definitiva, se trata de un cambio radical de la red de tratamiento de aguas residuales de la ciudad.

Las obras de esta amplia estrategia empezarán este mismo año y de hecho ya se han licitado los dos primeros grandes contratos vinculados al convenio con la Confederación Hidrográfica. Se trata de seis proyectos de obras (aglutinados en estos dos contrataciones divididas en lotes) destinados a la adecuación, ampliación y mejora del colector emisario del Puerto por un importe de 62 millones de euros. Se va a incrementar la capacidad, aumentar la vida útil y mejorar todos los aspectos necesarios en el colector emisario del puerto para que pueda asumir ese nuevo papel que va a desempeñar en la red metropolitana. Estas obras se ejecutarán en todos los tramos a la vez para su finalización entre finales de 2022 y 2023. Junto a esto, en los próximos meses se licitará por un importe de 28 millones de euros la nueva estación de bombeo EBAP Tamarguillo.

Estas inversiones son complementarias a las que se ejecutarán con cargo al convenio suscrito con la Junta por un importe de 128 millones de euros. A través de este acuerdo firmado en 2020 y que se encuentra en ejecución se realizará la adaptación del EDAR Copero como un centro de primer nivel, eficiente y sostenible; y la nueva conexión de los colectores norte y oeste para que las aguas residuales se canalicen hacia Copero dejando sin uso las EDAR de San Jerónimo y Tablada.

«Se trata de la estrategia más ambiciosa que se ha llevado a cabo en el área metropolitana para adaptar la red de tratamiento de aguas residuales, cumplir con los objetivos de sostenibilidad y adaptar la red a la normativa europea. No hay precedentes de que en un plazo tan breve de tiempo, entre 2021 y 2023 vayamos a ejecutar inversiones por un importe de 220 millones de euros para transformar por completo todo el sistema, lo que refleja nuestro compromiso con la protección de Doñana y con la lucha contra el cambio climático. Y esto es posible gracias al compromiso mostrado por el Gobierno central y de Emasesa y al trabajo de los equipos técnicos de las administraciones», ha explicado el alcalde de Sevilla y presidente de Emasesa, Juan Espadas, tras realizar una visita al colector emisario del Puerto (que se reformará y ampliará con este proyecto) junto al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, y el delegado de Transición Ecológica del Ayuntamiento, David Guevara.

El presidente de la CHG, Joaquín Páez, ha destacado, por su lado, la importancia de este proyecto: «Estamos empeñados en marcar el camino sin retorno necesario para restablecer los objetivos ambientales de Doñana. Es fundamental que en un área metropolitana de tanta importancia como la de Sevilla no se produzcan vertidos que pudieran poner en peligro la situación ambiental de todo el entorno de Doñana. Con esta y otras acciones ya planificadas y en ejecución, como la próxima licitación de la depuradora de Gerena e Isla Mayor, reubicación de sondeos de Matalascañas, sustitución de agua subterránea por superficial, cierre de pozos irregulares y la declaración de no alcanzar el buen estado de tres de las masas masas subterráneas de Doñana, conseguiremos no solo que haya suficiente agua en Doñana, sino que, además, sea cada vez de más calidad», ha apuntado.

Protección medioambiental
El nuevo sistema transformará por completo el tratamiento de las aguas residuales protegiendo la zona sensible del entorno de Doñana y garantizando el cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE. La nueva red, conformada sólo por dos depuradoras, va a suponer un ahorro energético de 8 GWh, lo que equivale al 16% del consumo total de Emasesa con la consecuente reducción de las emisiones. Toda esta intervención en el periodo 2021-2023 supondrá una inyección de inversión pública en un proyecto con fondos europeos y vinculado con la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad que superará los 220 millones de euros. Esto va a contribuir por tanto a la reactivación económica en un momento especialmente relevante por las consecuencias de la crisis sanitaria.

Gramada Hoy

• Ayuntamiento y promotores firman el convenio que marca el inicio de la relevante actuación

La construcción de la segunda fase de la Ronda Sur de Motril, que se iniciará antes del comienzo del verano, llega con 15 años de retraso “pero ahora se va a convertir en un gran eje que articulará el desarrollo urbanístico y social del Motril del siglo XXI, ya que queda englobada en un amplísimo sector que será el más moderno de la ciudad, donde las viviendas, equipamientos, zonas verdes y desarrollo hotelero cambiarán, radicalmente, la imagen del casco urbano”, ha destacado este martes la alcaldesa, Luisa María García Chamorro, durante la firma de un convenio que calificó de “histórico” y que representa, según la regidora, “la conjunción de esfuerzos entre la iniciativa pública y la privada para promover un desarrollo importantísimo y trascendental de la ciudad”.

La segunda fase de la Ronda Sur (que tendrá, igualmente, dos etapas de ejecución), conectará la rotonda de las piscinas y carretera del Puerto con el polígono industrial del Km. 1 y, posteriormente, con la zona del Tanatorio, creando un anillo de comunicación interno de la ciudad que permitirá el acceso rápido a varios puntos del casco urbano, sin colmatar las avenidas interiores. “Pero no sólo eso sino que la ronda es el punto de partida del desarrollo del MOT8 que supondrá poner a Motril a la altura de su propia entidad y hacer muy visible el avance imparable que está teniendo la ciudad y su municipio”, ha explicado la alcaldesa.

En este sentido, García Chamorro ha anunciado la salida a licitación de este primer tramo de la Ronda Sur, lo que -según todas las previsiones del Área de Obras Públicas- los trabajos se iniciarán en junio: “Pero estamos trabajando, en paralelo, con el segundo de los tramos que comenzará el próximo año y que incluso podría solaparse con el primero”, ha dicho.

El Día de Córdoba

• La consejera Marifrán Carazo aclara que esta actuación a corto-medio plazo es “totalmente compatibles con el futuro desdoble”

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha adjudicado tras años de espera la redacción de los proyectos constructivos para la mejora de la capacidad de las carreteras A-306, que conecta El Carpio con Torredonjimeno, y A-311, que une Jaén con Andújar por Fuerte del Rey. La unión temporal de empresas (UTE) Ingeniería Atecsur y AM Ingeniería, Urbanismo, Medio Ambiente y Calidad redactará los dos proyectos, claves para mejorar la conexión de las provincias de Jaén y Córdoba.

Los proyectos diseñarán “soluciones para contribuir a la seguridad vial de estas dos carreteras”, ha indicado este martes la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, quien ha añadido que el camino para acercar Córdoba y Jaén está trazado “tras años de espera”. Esta solución, por el momento, descarta su desdoble como autovía, como el PP ha reivindicado durante años.

“Con estas adjudicaciones, contaremos con unos proyectos constructivos que tienen la financiación garantizada a través de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Jaén”, ha apostillado. La consejera ha recordado que en un año “se han acelerado los proyectos pese a empezar desde cero, ya que ni siquiera se contaba con estudios de viabilidad para saber por dónde afrontar la obra”.

Estos proyectos se realizarán siguiendo precisamente las recomendaciones de los estudios de viabilidad, que ponían de manifiesto que la solución más óptima para reforzar la seguridad vial de estas dos carreteras a medio plazo era mediante la rehabilitación integral del firme, la reordenación y reducción de los accesos a las numerosas parcelas anexas y la construcción de un tercer carril para vehículos lentos para facilitar el tránsito de la maquinaria agrícola y que no supusiera un obstáculo para el resto del tráfico de estas dos vías.

Los proyectos adjudicados corresponden al primero de los tramos en los que se va a actuar y, progresivamente, se irán licitando el resto de tramos hasta completar todo el trazado. De esta forma, las actuaciones se irán sucediendo progresivamente, sin solaparse, en cada tramo.

La carretera A-306, con una calzada de dos carriles en la mayoría de su trazado y con tramos para carriles de vehículos lentos, conecta la N-IV a la altura de El Carpio y finaliza en la conexión con la A-316 en Torredonjimeno (Jaén) y soporta 4.500 vehículos diarios, con un porcentaje de tráfico pesado que alcanza picos del 13 por ciento.

La redacción del proyecto de construcción se ha adjudicado por 149.143 euros y se centrará en un tramo de 16 kilómetros situado entre los puntos kilométricos 41 y 57. La propuesta del estudio de viabilidad incluye la rehabilitación integral del firme, la implantación un carril adicional para vehículos lentos en determinados puntos del trazado y la construcción de caminos de servicio paralelos a la carretera.

Por su parte, la redacción del proyecto de construcción de la carretera A-311 se ha adjudicado por 163.102 euros y se centrará en el tramo con mayor complejidad de la vía, que comprende ocho kilómetros de trazado entre La Higuera y Andújar. Actualmente, la carretera tiene una calzada de dos carriles sin arcenes y los cruces existentes se realizan mediante intersecciones al mismo nivel. Más de 3.700 vehículos circulan a diario por esta carretera, aunque el número se duplica a las proximidades de Andújar y, en concreto, en la confluencia con la carretera A-305.

Una de las actuaciones que va a desarrollar este proyecto será la construcción de un cruce a distinto nivel en esta punto. Además, se plasmará la rehabilitación integral del firme y la ampliación de la calzada hasta obtener dos carriles de 3,5 metros de ancho cada uno y arcenes de 1,5 metros para garantizar una circulación más segura de los vehículos. Por último, también se incluirá la construcción de un tercer carril adicional para vehículos lentos.

La consejera Marifrán Carazo ha aclarado que estas actuaciones a corto-medio plazo “son totalmente compatibles con el futuro desdoble de estas carreteras, que siguen entre las previsiones de la Junta de Andalucía”. La mejora de la seguridad vial en las A-306 y A-311 forma parte del conjunto de actuaciones incorporadas en el Plan Andalucía en Marcha del Gobierno andaluz para reactivar la economía para el periodo 2020-2023.

Diario de Cádiz

• Fomento sigue teniendo pendiente el arreglo de varias patologías graves detectadas en 2018
• Los dos puentes necesitan una inversión de 25 millones de euros

Los dos puentes de acceso a la ciudad no solo supusieron en su día un importante desembolso económico para su construcción, sino que son infraestructuras que requieren de un importante esfuerzo casi permanente por la administración responsable (el Ministerio de Fomento, en este caso, por medio de la Dirección General de Carreteras). De hecho, en el momento actual el Carranza y el de la Constitución de 1812 necesitan una inversión de al menos 25 millones de euros para su puesta a punto y su correcto mantenimiento.

Hace escasos días se conocía que el Ministerio ha adjudicado el mantenimiento y conservación de los dos puentes para los próximos tres años, lo que supondrá una inversión de diez millones de euros (con la rebaja en la oferta de la empresa Api, del grupo ACS, del importe de licitación de 14 millones). Y a esta partida económica hay que unir la que está pendiente desde el año 2018 para hacer frente a las graves patologías detectadas en el puente José León de Carranza; una inversión que se estimó en 15 millones de euros y que aún no se ha tramitado por parte del Ministerio.

Según han trasladado fuentes ministeriales a este periódico, esa obra necesaria en el Carranza “está pendiente de licitar un contrato de servicios para redactar el proyecto de obras”. Es decir, que aún queda una larga tramitación para hacer efectivos esos trabajos que eviten el deterioro del puente inaugurado en diciembre de 1969.

En concreto, conviene recordar que el informe emitido por Fomento a finales de 2018 se señalaban dos puntos como especialmente vulnerables en el puente (el punto kilométrico 2, que coincide con la mitad de la infraestructura, y en el punto kilométrico 5), a la espera de una inspección general que detallara el estado real de conservación.

Más de dos años después, y la espera de que se tramiten esas obras necesarias y presupuestadas en su momento en 15 millones de euros, desde Fomento se indica que la seguridad del puente Carranza “está garantizada”. “No existe problema estructural”, se asegura también, afirmando que la Dirección General de Carreteras mantiene “un control periódico del estado del puente”, en cuyo mantenimiento se trabaja también de manera constante, como certifica ese contrato de diez millones de euros que acaba de adjudicar el Ministerio para la conservación de los dos puentes durante los próximos tres años.

De igual forma, desde el Ministerio recuerdan que se vienen realizando de manera periódica diversas obras de intervención en el puente Carranza, siendo la última del mismo año 2018, “cuando se hicieron obras de mejora como el repintado del tramo móvil y la sustitución de todos los mecanismos de accionamiento en dicho tramo”, indican las fuentes consultadas.

Europasur

• El pliego establece mejoras en las estaciones de bombeo de la ciudad y en las conexiones hacia la depuradora de Isla Verde
• La Junta invertirá seis millones de euros para acabar con las aguas residuales en Algeciras

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha sacado a licitación la redacción del proyecto para eliminar los problemas del sistema de saneamiento y depuración que existen en Algeciras. El importe base del contrato asciende a 265.988,20 euros, IVA incluido, y se enmarca en el acuerdo firmado en julio del año pasado entre el Ayuntamiento y la Junta para financiar por casi seis millones de euros las actuaciones de saneamiento que fueron declaradas de interés autonómico en 2010 y todavía no se habían ejecutado.

Las actuaciones previstas para la mejora de la agrupación de vertidos del municipio se llevarán a cabo en las distintas estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR) repartidas por la ciudad, en la que se han identificado varios problemas que se intentarán solucionar para evitar estos vertidos al mar, además de la mejora de las conexiones para llevar las aguas residuales hasta la depuradora de Isla Verde.

La EBAR de la Concha, que recoge las aguas de Botafuegos, Huerta Las Pilas, La Menacha, Colonia San Miguel, Acebuchal y toda la barriada del Rinconcillo a través de la EBAR de Brígida y, por gravedad, las aguas pluviales y residuales de San José Artesano y parte de La Granja, sufre alivios de aguas en la arqueta de la entrada ante episodios de lluvia que llegan hasta la playa.

La estación de bombeo de Huerta Las Pilas es de construcción anterior al desarrollo urbanístico de toda esa zona y con el desarrollo de una nueva red de saneamiento, se suprimiría esta EBAR.

La EBAR Virgen del Carmen posee una conducción de vertido o aliviadero en la dársena pesquera. Cuando se producen las mareas de mayor coeficiente, el agua del mar entra a contrapendiente en los vasos de bombeo a través de este aliviadero, por lo que se buscará una solución.

También se plantea la instalación de una clapeta antimarea en la salida del aliviadero del arroyo de La Miel y mejoras en la represa de la estación de bombero del Puente de La Conferencia. El cajón del río La Miel, con salida a la dársena portuaria, tiene unas dimensiones de 8.800×1.800 mm y en él se encuentra conectado el aliviadero de crecidas de la EBAR Puente de la Conferencia, situado en la avenida Segismundo Moret. Solo se producen vertidos por el aliviadero en época de pluviometría adversa y siempre que se superen los caudales de bombeo instalados en la EBAR.

El pliego también contempla mejoras en la EBAR de Los Ladrillos y en la red de colectores generales del litoral norte de la ciudad para el transporte de las aguas residuales hasta la depuradora de Isla Verde. Para ello, se requiere la ampliación de la capacidad de recoger e impulsar las aguas fecales diluidas por las aguas pluviales que, en situaciones de lluvia, son vertidas al mar por el aliviadero del cajón procedente de la calle Jacinto Benavente.

El pliego de condiciones del contrato señala que una nueva configuración del bombeo y una ampliación de la cántara de almacenamiento de agua son fundamentales para poder conseguir minimizar los desbordamientos cuando llueve, ya que actualmente con pequeñas precipitaciones se producen alivios de aguas residuales al mar porque las infraestructuras existentes son insuficientes.

Junto con las mejoras en la configuración del bombeo, se deben mejorar los equipos de impulsión y el colector general de transporte hasta la depuradora de Isla Verde. De esta manera, se garantiza la evacuación de estas agua fecales diluidas, que actualmente se están vertiendo a la dársena de Los Ladrillos.

En los trabajos también está prevista la construcción de conducciones de desagüe y aliviaderos en las estaciones depuradoras de El Chinarral, San García y Los Delfines.

Todas estas actuaciones hacen necesaria la redacción de un proyecto constructivo para mejorar la agrupación de vertidos que “determine la solución óptima para para esta actuación global, cuente con todas las autorizaciones de los organismos afectados y disponga de la autorización ambiental correspondiente si procede, de tal forma que, una vez resulte aprobado definitivamente, pueda procederse a la licitación de las obras”, señala el pliego.

Para buscar la mejor solución, se contratará un servicio que conllevará trabajos de cartografía y topografía, estudios de procesos de depuración y sistemas hidráulicos, parcelarios, servicios afectados y estudios geológicos y geotécnicos.

Agradecimiento de Landaluce
El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha destacado la apuesta de la Junta de Andalucía en materia medioambiental tras la licitación de la redacción de este proyecto y ha agradecido la implicación en primera persona de la consejera de Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, con quien firmó un protocolo para la proyección, ejecución y financiación de estas obras en julio de 2020 y quien “siempre tiene a Algeciras en las prioridades de su agenda política”.

El regidor ha subrayado que esta licitación es “un paso fundamental para resolver necesidades históricas de las playas de Getares, El Chinarral y La Concha, así como otras zonas como la Huerta Las Pilas, el río de la Miel, el paseo marítimo y la dársena de Los Ladrillos”. El primer edil ha puesto de manifiesto que el Gobierno de la Junta “cumple con Algeciras dentro de su revolución verde y viene aquí a resolver problemas que no solo no son recientes, sino que llevaban décadas esperando una solución”.

Las obras serán financiadas con cargo al canon autonómico de depuración que fue incluido en el recibo del agua por el anterior gobierno de la Junta en 2011, “sin que hasta el cambio de gobierno andaluz se hubiese tenido intención de acometer ningún tipo de infraestructura hidráulica en la ciudad”, ha recordado Landaluce.

El primer edil ha señalado que varias de estas obras están incluidas en grandes proyectos de colaboración entre la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Algeciras, la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras y la Universidad de Cádiz, como el Lago Marítimo o la isla ambiental de la playa de La Concha; “dado que nuestra prioridad no es solo mejorar la imagen de la ciudad o crear nuevos espacios para el disfrute de los vecinos, sino que esas mejoras vengan también de la mano de infraestructuras hidráulicas que, dentro del objetivo agua limpia, minimicen el impacto urbano en nuestro medio ambiente”.

Landaluce ha valorado la labor del director general de Infraestructuras del Agua, Sergio Arjona; de la delegada y subdelegada del Gobierno de la Junta en Cádiz y el Campo de Gibraltar, Ana Mestre y Eva Pajares, respectivamente; del delegado territorial de Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez, y del teniente de alcalde delegado de Emalgesa, Javier Vázquez Hueso, así como de los técnicos de la empresa municipal, del Ayuntamiento, de la Junta y del Puerto.

Europasur

• El Ayuntamiento ha sacado el proyecto a licitación, con un presupuesto de 3 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses

El Ayuntamiento de San Roque ha anunciado este martes la futura construcción de una pasarela peatonal y ciclista sobre el río Guadiaro para conectar los núcleos de Guadiaro y San Enrique. El Consistorio sacó el pasado lunes el proyecto de licitación, que tendrá un presupuesto inicial de 3 millones de euros a cargo de las arcas municipales y un plazo de ejecución de 18 meses.

Para esta obra se ha planteado la construcción de una estructura de pasarela de 5 metros de ancho. La actuación lleva aparejada los estudios necesarios, el diseño, proyecto y ejecución de las obras para la conexión del paso elevado con los núcleos urbanos a través de rampas y senderos, incluyendo la pavimentación, alumbrado público, jardinería y paisajismo del conjunto de la actuación urbana.

El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, y el teniente de alcalde delegado de Contratación y del Valle del Guadiaro, Óscar Ledesma, han anunciado este martes la licitación, que se extenderá durante un periodo de 30 días. El regidor ha señalado que esta pasarela sobre el río Guadiaro es “uno de los proyectos más relevantes” incluidos en el plan municipal de inversiones, y ha animado a los estudios de ingeniería a presentarse a esta licitación, que incluye tanto la redacción del proyecto como la ejecución de la obra.

Boix ha expresado su deseo de “que esta pasarela se convierta en un símbolo de la zona al igual que lo es ahora el Puente de Hierro, que data de principios del siglo XX y está abierto al tráfico de vehículos a motor. El alcalde ha explicado que, una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas y elegida la más adecuada por los técnicos municipales, durante el verano próximo se redactará el proyecto para que las obras puedan iniciarse en el último trimestre de 2021, con un plazo máximo de ejecución de 18 meses.

Boix ha explicado que en el último trimestre de 2020 se aprobó la incorporación de 12 millones de euros al presupuesto municipal procedentes del Remanente de Tesorería, que se destinarán a inversiones en los distintos núcleos de población.

Diario de Almería

• La oposición ha pedido la retirada del crédito para esta promoción debido a que está pendiente de sentencia judicial

La empresa municipal de la vivienda, Almería XXI, se queda, al menos por el momento, sin la posibilidad de préstamo para abordar la construcción de los 16 dúplex en Costacabana anunciados. Los grupos de la oposición han solicitado la retirada de este punto del orden del día del Pleno debido a que dicha promoción está pendiente de un dictamen judicial, derivado de un contencioso presentado por el Colegio de Arquitectos de Almería.

PSOE, Cs, Vox y Podemos han pedido retirar la autorización de crédito para estas 16 VPO apelando a la “prudencia”, que les lleva a entender que es mejor esperar a que los juzgados resuelvan el recurso interpuesto antes de abordar las obras, debido, también, a los antecedentes. El alcalde, tras un breve receso y consulta al interventor, ha optado por aceptar la petición de retirada con la intención de volver a repasar el expediente para elevarlo otra vez a Pleno.

La postura, no obstante, del equipo de gobierno, trasladada por la concejal de Urbanismo e Infraestructura, en el debate previo a la votación, es la de dar continuidad a los planes de Almería XXI en Costacabana. “El sentido de la prudencia excesivo es un pretexto para la inacción. La hemos tenido durante año y medio, pero ahora, en la situación que nos encontramos, es momento de la toma de decisiones”, ha atajado Ana Martínez Labella, después de que, como indica, las medidas cautelares no han sido aplicadas al no haber depositado el Colegio de Arquitectos el aval que el Juzgado había requerido para ello.

La parcela número 4, para 16 VPO, pertenece al grupo de solares sobre los cuales hay dos sentencias condenatorias a la empresa municipal de la vivienda, del propio Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Almería y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En el año 2009, Almería XXI convocó un concurso para la contratación de asistencia técnica para la redacción del proyecto y dirección de obra de varias parcelas del polígono 1 de Costacabana dentro de una primera promoción de VPO, entre las que se encuentran estos 16 nuevos dúplex. Por dichas sentencias, la empresa municipal debía retrotraer todo lo actuado y convocar de nuevo la redacción de los correspondientes proyectos y direcciones de obra. Sin embargo, para el actual concurso de ejecución de obra, el proyecto empleado por Almería XXI es, precisamente, uno de los anulados por las sentencias antes dictadas. La única modificación realizada sobre dicho proyecto es una actualización de precios e incluyéndose, además, de nuevo la licitación de la dirección de obra.

El recurso contencioso-administrativo ha sido presentado una vez que el Colegio Oficial de Arquitectos de Almería ha agotado la vía administrativa, habiendo sido desestimados los escritos registrados ante Almería XXI, la Gerencia de Urbanismo y el Ayuntamiento de Almería. El Juzgado admitió las medidas cautelares condicionadas al pago de un aval, de 185.000 euros aproximadamente y en el plazo de 30 días, por parte del COAA, cantidad a la que el Colegio no ha podido hacer frente. Desestimada también una petición de los arquitectos para que se levantara esa condición de depósito, el Ayuntamiento entiende que no existen medidas cautelares, por lo que el equipo de gobierno está dispuesto a continuar con sus planes constructivos, si bien la sentencia, que tendrá como base las dos anteriores, aún no ha sido dictada.

Martínez Labella también se ha puesto en el peor de los escenarios y con cálculos hechos frente a la advertencias de la oposición sobre posibles indemnizaciones en el caso de un nuevo dictamen condenatorio a Almería XXI. “El proyecto nos costó 40.000 euros por 16 casas. Sin 2.500 euros por vivienda. No es un desastre económico”.

Noticias Junta de Andalucía

• Marifrán Carazo remarca el compromiso del actual Gobierno andaluz con poner fin con esta obra a tantos años de espera de los almerienses

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha recibido 19 ofertas de uniones temporales de empresas para ejecutar las obras del último tramo de la Autovía del Almanzora (A-334) en la provincia de Almería, que conectará el enlace de La Concepción con la Autovía del Mediterráneo (A-7). Esta actuación, que cuenta con un presupuesto de 33 millones de euros, dará continuidad al tramo que está en ejecución entre El Cucador y La Concepción, además de dar verdadero sentido a la autovía, ya que no sólo facilitará una salida a los vehículos de los habitantes de esta comarca, sino también al tráfico de mercancías del pujante sector del mármol.

“Sólo damos respuesta a un clamor de la sociedad almeriense, que lleva desde mediados de los ochenta esperando una infraestructura de estas características, que vertebre verdaderamente la comarca del mármol y sirva de enlace con toda la costa mediterránea”, ha aseverado la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo.

El futuro tramo entre el enlace de La Concepción (AL-7106) y la A-7 consta de 3,6 kilómetros de nueva carretera y cuenta con una inversión de 32,9 millones de euros que están cofinanciados con fondos europeos Feder. Se proyectan calzadas de dos carriles por sentido de 3,5 metros, arcén de 2,5 metros, arcén interior de un metro y bermas de 1,1 metros. La mediana tendrá seis metros de ancho. Se ejecutarán dos nuevos enlaces, situados al inicio y al final del tramo. El primer enlace se situará en el punto kilométrico 3+250 de la nueva autovía y facilitará el acceso a la nueva central fotovoltaica y las pedanías de La Concepción y El Palacés. El segundo servirá de conexión entre la A-334 y la Autovía del Mediterráneo.

Además, se plantean cinco pasos superiores: un viaducto de 45 metros de longitud para salvar el barranco del Muerto, un paso superior para reposición de la Vereda de la Cuesta Blanca y tres en el mencionado enlace con la A-7. Igualmente, se prevé un paso inferior en la Rambla de la Ballabona.

Este proyecto se suma a los más de 25,6 millones del tramo entre El Cucador y La Concepción, cuyo ritmo de trabajo es tan bueno que se prevé concluir antes de que finalice el presente año, es decir, tres meses antes de lo previsto.

La Junta de Andalucía destinará este mandato más de 50 millones para dar el impulso definitivo a una autovía cuyas obras se iniciaron hace 15 años y en la que sólo se han abierto al tráfico 22 kilómetros entre Fines y El Cucador. La Autovía del Almanzora se configura como el corredor de comunicación principal de la comarca del mármol de Almería.

Estos dos tramos de la Autovía del Almanzora están incluidos en el Plan Andalucía en Marcha, que tiene como cometido movilizar todos los recursos posibles para contribuir a la recuperación económica ante la crisis del Covid-19.

Expansión

• semestre débil/ El supervisor rebaja en ocho décimas la estimación de PIB para 2021, al 6%, y anticipa una caída del 0,4% en el primer trimestre. Cree que el Gobierno no podrá ejecutar más del 55% de la inversión prevista de los fondos de la UE. Cree que la selección de proyectos con fondos de la UE es “más farragosa” de lo previsto

Todo vuelve a empeorar antes de empezar a mejorar. Las expectativas de una intensa recuperación en 2021, tal como auguraba Pedro Sánchez a principios de año, han quedado de momento en cuarentena ante la perseverancia de la pandemia, que en estos primeros compases del ejercicio ha provocado una nueva espiral de restricciones, inhibición del consumo, pérdida de empleo y frenazo en la actividad. Un mal arranque de año que, sumado al retraso en la puesta en marcha de las inversiones ligadas al fondo europeo, ha enturbiado el horizonte a corto plazo. El Banco de España actualizó ayer sus proyecciones macro, que anticipan un semestre de clara “debilidad”. De hecho, aunque en los tres escenarios que plantea (suave, central y severo) el supervisor no descarta un repunte del PIB del 0,4% en el primer trimestre, su escenario central es de una caída del 0,4%, que podría elevarse al 0,9% en la hipótesis más adversa. Esto es, en el supuesto de un nuevo rebrote de la epidemia que conlleve más restricciones y en el que el proceso de inmunización se dilate aún más, a pesar de que parte de la premisa de que no se alcanzará un porcentaje significativo de inmunidad antes de final de año.

El Banco de España se alinea así con las predicciones que parecen abocar a la economía a la contracción en el primer trimestre (aunque señala que la bajada de contagios en las últimas semanas habría permitido un alivio de las restricciones y “una cierta mejora de los niveles de actividad” ya en marzo), entre las que sobresale la de la AIReF, que vaticina una caída del PIB del 1,4% hasta marzo.

En este contexto, el Banco de España ha recortado hasta el 6% su estimación de crecimiento para todo 2021, 0,8 puntos menos que en la revisión de diciembre y cada vez más lejos del 7,2% que aún pronostica el Gobierno (un 9,8% si se contabiliza el impulso de los fondos europeos, escenario que ningún organismo nacional o internacional ve ya posible).

La institución, que no incluye el posible impacto de los 11.000 millones de ayudas a las empresas, da casi por perdida la primera mitad del ejercicio y considera que será en el segundo semestre cuando se producirá un sprint de la actividad, espoleada por los avances en la vacunación y el inicio de la ejecución de los proyectos ligados al fondo de la UE, que llegarán con demora y, por tanto, con un impacto positivo inicial menor. El supervisor no solo asume “un retraso de un trimestre en los gastos de inversión financiados por el programa”, sino que, además, cree que el Gobierno sólo podrá ejecutar el 55% de la inversión que se había propuesto (en diciembre estimaba un 70%) ante unas negociaciones con Bruselas que se alargan.

Proceso “farragoso”

Y es que el problema no se encuentra tanto en el retraso de los desembolsos desde Europa (España ha adelantado 27.000 millones de euros en los Presupuestos) como en un proceso que, según Óscar Arce, director general de Economía y Estadística del Banco de España, se atisba “más farragoso” de lo previsto tanto en la selección de proyectos como en los trámites con la UE. Este retraso explica tres de las ocho décimas que el Banco de España ha recortado en el crecimiento, que no se perderían sino que se trasladarían a 2022. Las cinco restantes obedecen al mal inicio de año, en un contexto marcado por el menor consumo y la parálisis forzosa del turismo, cuyos males están lejos de desaparecer. “La naturaleza incompleta del proceso de vacunación durante los próximos trimestres daría lugar a que los flujos de turismo receptor no alcanzasen un grado de normalización relativamente elevado hasta 2022”, alerta.

La noticia positiva es que si la vacunación avanza a un ritmo adecuado y los proyectos del fondo comunitario van tomando cuerpo habría una recuperación “más vigorosa” en la segunda mitad del año y “daría lugar a un potente efecto arrastre en 2022”. El Banco de España ha elevado al 5,3% su previsión de alza del PIB el año que viene en el escenario más probable, frente al 4,2% que manejaba en diciembre. Todo ello en el contexto de la gradual recuperación del turismo y del previsible repunte del consumo de los hogares en la segunda mitad de 2021 y buena parte de 2022 al “liberar una parte de la bolsa de ahorro privado acumulada” por las restricciones y la incertidumbre. Para 2023, el Banco de España mantiene un crecimiento del 1,7%. En su predicción base, el supervisor no espera que la economía recupere los niveles de PIB previos a la pandemia hasta 2023, aunque un agravamiento de la situación sanitaria podría postergarlo más allá de esa fecha, hasta 2024.

El Banco de España ha suavizado sus pronósticos para el mercado laboral. La institución vaticina que el año concluirá con un paro del 17% en contraste con el 18,3% que estimaba en diciembre. Esto no significa que el empleo vaya a estar sometido a menor presión. De hecho, ese ajuste en las predicciones de desempleo tiene mucho que ver con la prolongación de los ERTE, cuyos afectados no se contabilizan como parados (unos 800.000 trabajadores siguen en esa situación). La actual prórroga vence el 31 de mayo, pero el Gobierno ya ha deslizado que se prolongará más allá de esa fecha.

Deuda y déficit

El endeudamiento público se mantendrá en cotas astronómicas en 2021 como consecuencia del esfuerzo fiscal realizado por la pandemia. El Banco de España calcula que la deuda rozará este año el 118% del PIB, casi un punto por encima de los niveles de cierre de 2020, y que en 2023 continuará todavía en niveles muy abultados: el 117,6%. La institución considera que el Ejecutivo logrará recortar el déficit hasta el 7,7% este año frente al 10,5% de 2020; y hasta el 4,8% y el 4,4% en 2022 y 2023, pero aun así advierte de que seguirán siendo “cotas muy elevadas”. Desde hace tiempo, el supervisor insiste en la necesidad de diseñar un plan de consolidación fiscal serio y creíble, que se aplicaría una vez superada la crisis, con el fin de lanzar un mensaje a los inversores.

Cinco Días

• Cada vez son más las empresas que deciden externalizar servicios para reducir riesgos y costes. Conozca las obligaciones y límites

Cada vez son más las empresas que potencian el rendimiento y la calidad de determinadas áreas o departamentos de su estructura a través de servicios externalizados. Con ello, se reducen riesgos y costes en favor de la focalización de la actividad principal de la empresa. El proceso de nómina, recruiting o la planificación de la formación son algunos de ellos. Nos referimos al outsourcing de servicios.

Sin embargo, no sólo estas áreas son las que finalmente decide externalizar una empresa. Elvira Cano, abogada asociada de LABE Abogados y especialista en Derecho laboral, señala que existen otros servicios, sobre todo en los sectores de limpieza, seguridad, informática o construcción, entre otros, que han dado lugar, a través de la descentralización de la actividad, a la creación y diversificación de todo tipo de empresas dedicadas a cubrir estas operaciones. Hablamos de las contratas y subcontratas.

Estas operaciones de contratación y subcontratación, reguladas en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, se producen cuando una empresa (principal) encarga a otra (contratista o contrata) la ejecución de determinados servicios o la ejecución de una parte de la producción.

Para poder visualizar el tema, imaginemos el caso de una empresa que externaliza los servicios de limpieza, es decir, contrata esta actividad a otra empresa. Pongámonos en el caso, asimismo, que dentro de las operaciones higiénicas se encuentran las de realizar una limpieza de cristales en un séptimo piso, para lo cual hay que contratar servicios especializados que incluyan a personal cualificado para deslizarse hasta las ventanas exteriores con arnés.

En este caso, nuestra empresa contratista contratará a otra para dar este último servicio a la principal. Podemos ver, en el ejemplo expuesto, una contrata y una subcontrata. Y se puede producir, incluso, una verdadera cadena de subcontratación, que es como lo denomina, literalmente, la Ley reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción.

Para que esta relación sea lícita, ambas empresa deben contar con una estructura y actividad propias. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, ambas empresas deben poder organizar tanto el servicio como a los trabajadores.

El artículo 43.2 del Estatuto de los Trabajadores determina que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas no puede limitarse a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria. Tampoco puede ocurrir que la empresa cedente carezca de actividad, organización propia y estable, no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad o no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario.

Asimismo, el Estatuto de los Trabajadores prohíbe expresamente la contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa. Con esto, esta opción de contratación de trabajadores para su cesión temporal a otra empresa queda exclusivamente habilitada para las empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas.

Por tanto, cuando la empresa principal, en el desarrollo de la prestación de los servicios contratados, lleva a cabo toda o la mayor parte de la organización de los trabajadores, la gestión de la actividad e incluso la aportación de medios materiales, estaremos frente a una cesión ilegal de trabajadores. Al igual sucede cuando el contratista carece de independencia funcional, organizativa y material y, por tanto, desnaturaliza la contrata por ser ficticia o aparente.

Sin embargo, no es fácil diferenciar supuestos de cesión ilegal de trabajadores cuando se produce entre empresas válidamente constituidas y, a su vez, la contrata desplaza a sus propios trabajadores a la empresa principal.

La existencia de cesión ilegal dependerá de si las empresas contratadas o subcontratadas intervienen con su propia infraestructura (descentralización de actividad lícita), o bien de si se han limitado a poner mano de obra a disposición de la principal.

Por otro lado, existen muchas actividades productivas que pueden ser objeto lícito de subcontratación y que no requieren de la aportación de una infraestructura material especialmente relevante. Es el caso de las contratas de servicios que descansan principalmente en la aportación de mano de obra o incluso en aquellas que se ejecutan en el centro de trabajo de la empresa principal. En esos casos, la empresa subcontratada deberá atenerse, lógicamente, a las directrices generales que establezca la empresa principal, aportando un capital de conocimientos técnicos especializados o un patrimonio inmaterial que resulta relevante para la ejecución de la obra o servicio: un valor añadido.

En estos casos la tarea se dificulta especialmente y exige un análisis detallado para establecer los límites entre la lícita subcontratación y la cesión ilegal de trabajadores.

Así, el Tribunal Supremo ha determinado que los parámetros esenciales para decidir sobre la eventual existencia de una cesión ilegal de trabajadores serán:

Por un lado, la real y efectiva aportación por la subcontratada de los medios materiales necesarios para el desarrollo de la actividad. Es decir, si la subcontratada ha aportado vehículos, herramientas, maquinarias, locales, infraestructura física, etc. En este caso, no se producirá cesión ilegal de trabajadores. El Tribunal Supremo matiza, asimismo, que debe corresponder necesariamente a un negocio jurídico real ajeno a cualquier intento de simulación o fraude.
Por otro lado, el verdadero ejercicio del poder empresarial. El control de la actividad de los trabajadores debe seguir en manos de la empresa subcontratada y no trasladarse a la principal en todo aquello que incide en la organización del trabajo y el efectivo ejercicio de las facultades empresariales. Con esto se refiere a la distribución de tareas, la determinación de los turnos, las vacaciones, los descansos, la aplicación de las facultades disciplinarias, etc.
Según Elvira Cano, abogada asociada del área laboral de LABE Abogados, habrá que estar, a las relaciones entre trabajador y empresas (principal y contrata), a las circunstancias que rodean la prestación de servicios del trabajador y a los derechos y obligaciones establecidos en el contrato de prestación de obra o servicio. De lo que se trata es de conseguir que quien es empresario asuma las obligaciones que le corresponden y, con esto, evitar que se degraden las condiciones de trabajo o disminuyan las garantías cuando aparecen empleadores ficticios insolventes.