Diario de Almería

• La actuación está consistiendo en la adaptación de la Nave Municipal de Tenis de Mesa para la celebración de grandes eventos de competición y entrenamiento en un municipio puntero en esta disciplina

La Diputación Provincial va a culminar en Huércal de Almería el Plan de Instalaciones Deportivas poniendo en valor una infraestructura fundamental para un deporte con mucho peso en el municipio: el tenis de mesa. La institución provincial y el Ayuntamiento han comenzado la rehabilitación de la nave municipal, que se está beneficiando de un proyecto de reforma integral que va a adecuar esta instalación a un uso público para la celebración de eventos deportivos de entrenamiento y competición del Club de Tenis de Mesa de Huércal de Almería.

El vicepresidente de la Diputación y diputado de Deportes, Ángel Escobar, la teniente de alcalde, Puri Matas, y el concejal de Deportes, Jesús Pomedio han visitado las obras de esta infraestructura deportiva. Entre las principales actuaciones que se van a ejecutar a través de este proyecto destacan las destinadas a la protección contra incendios; la construcción de dos nuevos accesos; un núcleo de aseos; un núcleo de vestuarios diferenciados por sexos y un vestuario de árbitros para competiciones.

Asimismo, las obras incluyen la construcción de un almacén para material deportivo, una grada para el público y una oficina para el club. También se renovarán las instalaciones eléctricas y de iluminación, así como la mejora de los accesos y la urbanización.

Esta instalación municipal cuenta con una superficie construida de 994,60 metros cuadrados de los que 933,10 son de superficie útil. El presupuesto general de la obra asciende a 200.000 euros y forma parte del Plan de Instalaciones Deportivas que impulsa la Diputación Provincial de Almería.

El diputado de Deportes ha resaltado el compromiso de la Diputación para acercar el deporte a los 103 municipios: “Trabajamos para que cualquier almeriense, viva donde viva, pueda practicar su deporte en su municipio. Esta obra es una muestra de la apuesta de Diputación por todas las modalidades deportivas”, ha explicado.

Del mismo modo, ha detallado la importancia de esta infraestructura para un municipio de la provincia que es referente en esta modalidad deportiva que, pese a ser minoritaria, tiene un club del más alto a nivel en Huércal de Almería. “Desde ahora los jugadores huercalenses dispondrán de unas instalaciones de calidad con todo lo necesario para competiciones de categoría regional y nacional”.

La teniente de alcalde ha detallado que “se van a llevar a cabo una serie de mejoras en la instalación para su uso entrenamientos y competiciones de este club que nos representa a nivel andaluz y nacional con muy buenos resultados y va a ayudar a que puedan seguir desarrollando su actividad con las mejores condiciones”.

Al mismo tiempo, estas obras permitirán “un mejor acceso a las personas con discapacidad que practican este deporte”, contando el club huercalense con varios integrantes en la modalidad adaptada que tendrán a partir de ahora más fácil su acceso a los entrenamientos y la competición.

La Nave de Tenis de Mesa está situada en la avenida de las Flores y servirá para el desarrollo de la actividad del club municipal, uno de los grandes referentes a nivel autonómico de esta modalidad deportiva y cuyo primer equipo se encuentra militando en la Primera División Nacional femenina.

Un Plan para 64 municipios
Un total de 64 municipios se han beneficiado de las inversiones del Plan de Instalaciones Deportivas. La relación de actuaciones de este paquete de inversiones suma 2,6 millones de euros de presupuesto que están financiados al 100% con fondos propios de la Diputación Provincial.

Diario de Almería

• La consejera Marifrán Carazo afirma en sede parlamentaria que el objetivo es que esta gran área logística esté “en paralelo a la puesta en servicio de la línea ferroviaria Almería-Murcia”

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, ha señalado este miércoles que el Gobierno andaluz está “dando pasos firmes” para impulsar la futura área logística de Níjar mediante su inclusión en el marco comunitario de Fondos Feder 2020-2027 y la previsión de 40 millones de euros para su primera fase de modo que pueda estar “en paralelo a la puesta en servicio de la línea ferroviaria Almería-Murcia”, que forma parte del Corredor Mediterráneo.

Así lo ha trasladado la consejera durante su intervención en Comisión parlamentaria, en la que ha detallado que desde la Junta se ha propuesto financiar con 15 millones de euros de los fondos Next Generation el ramal que conectaría el área logística con la línea ferroviaria, cuya ejecución correspondería a Adif.

La titular andaluza de Infraestructuras ha recordado que el área logística de Níjar tenía prevista su urbanización a través del plan Pista 2020, pero “estaba bloqueado urbanísticamente desde 2017”. En este sentido, ha indicado que este ‘puerto seco’, concebido como base para fomentar las exportaciones a Europa, está aún pendiente de ratificar su plan especial, que “solo está aprobado inicialmente”.

DESDE LA JUNTA SE HA PROPUESTO FINANCIAR CON 15 MILLONES DE EUROS DE LOS FONDOS NEXT GENERATION EL RAMAL QUE CONECTARÍA EL ÁREA LOGÍSTICA CON LA LÍNEA FERROVIARIA, CUYA EJECUCIÓN CORRESPONDERÍA A ADIF

Carazo ha reconocido que las áreas logísticas y sus conexiones son infraestructuras que hay que “potenciar” y “desarrollar” porque “van a ayudar a la reactivación económica”. “Estos espacios de actividad industrial y empresarial estaban bloqueados en su tramitación, administrativamente, pero también urbanísticamente”, ha apuntado.

La consejera ha dado cuenta de las gestiones en torno a esta área logística tras las preguntas formuladas por el parlamentario de Vox Macario Valpuesta, quien ha señalado que la asignación europea para el desarrollo del puerto seco supone una de las “más cuantiosas” de Andalucía.

No obstante, Valpuesta ha cuestionado las valoraciones realizadas hasta la fecha por las distintas administraciones en torno a este asunto ante la “guerra de declaraciones” que ha observado entre los organismos “de diferentes colores políticos” implicados en el proyecto y que, según ha sospechado, podrían servir para “preparar a la opinión pública para un retraso de las obras”.

Expansión

• luz verde del gobierno/ Transportes lanza la primera concesión a 25 años, entre Alicante y Murcia, de un plan de inversiones que ascenderá hasta los 5.000 millones de euros si se completa con éxito.

El plan privado de carreteras vuelve a hacerse realidad después de estar guardado en un cajón más de tres años. El Ministerio de Transportes ha conseguido luz verde para relanzar la inversión pública con un plan que podría ascender a más de 5.000 millones de euros para modernizar 2.000 kilómetros de carreteras de alta capacidad.

El proyecto defendido por el Ministerio de José Luis Ábalos, después de superar las resistencias en Bruselas y de adaptarse las condiciones del sistema de contratación español, supone una inyección de optimismo para el sector de infraestructuras de transporte, muy tocado en 2020 por la caída de la licitación pública en el mercado doméstico debido al impacto del Covid.

Grupos como ACS, Sacyr, OHL, Ferrovial, Acciona y FCC, entre otros, han manifestado interés por participar en el plan que, por sus características, también atraerá a grandes fondos de inversión en infraestructuras como Ardian, Meridiam y John Laing, entre otros.

La primera concesión seleccionada por el Ministerio de Transportes para poner a prueba la iniciativa público-privada será la concesión de la autovía del Mediterráneo A-7, entre Alicante (Crevillente) y Murcia. En concreto, Transportes ha iniciado el trámite de la licitación con el sometimiento del estudio de viabilidad a información pública.

Los términos del contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación del tramo servirán de modelo para el resto de proyectos que el Gobierno espera licitar de manera escalonada.

El plazo de explotación será de 25 años. En el caso del tramo de la A-7, el consorcio encargado estará obligado a redactar los proyectos de construcción y ejecutar las obras del tramo B del arco Norte de Murcia, del tercer carril de la autovía A-7 entre Crevillente (enlace con AP-7) y el enlace de Orihuela, ambos en la provincia de Alicante, y entre el enlace de Orihuela y el enlace de Monteagudo (Murcia). Se trata de un corredor de casi 40 kilómetros de longitud con un presupuesto de inversión en obras de 200 millones de euros.

Según el Ministerio de Transportes, el contratista se encargará de realizar las obras de reposición y gran reparación para mantener las autovías en buenas condiciones de servicio en los 25 años de explotación. Además, realizará labores de conservación ordinaria, atención a la vialidad y explotación de la carretera.

Entre las novedades del nuevo contrato de concesión destaca que la expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la construcción se llevará a cabo por parte de la Administración.

Por otro lado, el mecanismo previsto de retribución al concesionario consistirá en un canon mensual que varía en función del uso de la carretera, la seguridad vial, la disponibilidad y el porcentaje de la inversión realizada.

Ábalos ha conseguido extender los plazos de explotación de 10 años a 25 años, y también ha logrado que los inversores no asuman el riesgo de expropiación, una de las losas que provocó la quiebra de las autopistas de peaje radiales. Pero el ministro no ha cedido en mejorar la rentabilidad de los proyectos, limitada por la actual ley de desindexación de la economía.

Según ese límite legal, la tasa de descuento se referencia al bono español a 10 años más un diferencial de 200 puntos básicos. A los precios actuales, la rentabilidad se situaría en el 2,3%, muy baja para abordar proyectos con riesgos de construcción y de disponibilidad, según las empresas. “Si no se mejora la rentabilidad es más difícil atraer el interés de los inversores”, alertaron hace unos días desde la patronal Seopan, que propone como solución que sean los órganos de contratación públicos los que, a la vista de los costes reales del mercado financiero, sean los que fijen la tasa de descuento.

Desde el Gobierno opinan lo contrario y están seguros de que habrá interés inversor por los proyectos, que irán saliendo de manera escalonada.

El relanzamiento del plan de carreteras, que supone una adaptación del viejo Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) que el expresidente Mariano Rajoy presentó en agosto de 2017, se apoya totalmente en la iniciativa privada.

Aunque algunos miembros del Gobierno se han manifestado en contra de las fórmulas de colaboración público-privada, Ábalos ha conseguido sacar adelante el plan privado después de que las carreteras se hayan convertido en el hermano más pobre de los distintos modos de transporte por culpa de su componente medioambiental. En concreto, las carreteras españolas han salido mal paradas en el reparto del mecanismo de recuperación de la UE, más conocido como Next Generation. España presentó en 2020 proyectos por valor de más de 2.000 millones de euros, de los que quedaron excluidos de la lista 1.100 millones de euros relacionados con nuevas actuaciones, firmes y mejora de la luminosidad.

La falta de interés del Gobierno por los sistemas concesionales queda reflejada en el balance de licitación de 2020. En total, se licitaron inversiones por 50 millones a través de este tipo de contratos, de los que apenas cuatro millones (Puertos) correspondieron al Gobierno central. El año pasado fue negro para la obra pública en general, con una caída de la contratación del 43%, hasta 6.350 millones de euros. Las previsiones apuntan solo a un ligero repunte este año gracias a la aportación extraordinaria recogida en presupuestos del mecanismo de recuperación de la UE para proyectos de movilidad.

Con el impulso al sistema concesional, el Gobierno salva esas restricciones presupuestarias. En principio, Transportes quiere abordar el plan proyecto a proyecto a medida que estén maduros los trabajos, aunque según las fuentes consultadas, ya están contempladas actuaciones sobre más de 20 grandes corredores. Además del corredor levantino lanzado, se encuentran en rampa de salida más trazados que suman inversiones por unos 1.800 millones de euros. Entre ellos, destacan la circunvalación A-30 de Murcia, nuevos tramos de la A-7 a su paso por Castellón y la autovía entre Burgos y Aguilar de Campoo (Palencia).

Expansión

• AMPLían A OCHO AÑOS EL PERIODO DE AMORTIZACIÓN/ Las grandes y las medianas empresas están siendo más ágiles en las renegociaciones de los plazos de los préstamos.

Algunos de los bancos más activos en la formalización de créditos avalados por el ICO están siendo proactivos con sus deudores para que estos amplíen los plazos de amortización y del periodo de pago de intereses. Las autoridades recuerdan que, desde el pasado diciembre, se puede alargar hasta los ocho años la vida de los préstamos, aunque eso puede suponer un encarecimiento del coste de los avales pagados al ICO.

No se sabe todavía si el paquete de nuevas medidas de apoyo a empresas y autónomos anunciado por el Gobierno hace una semana incluirá posibles quitas en los créditos avalados por el ICO dentro de la primera ronda puesta en marcha la pasada primavera. Las discusiones entre Economía, los bancos y el Banco de España parece que van acercando posiciones. Si se producen esas quitas no será un proceso automático, sino que habrá que analizar caso a caso, y las entidades jugarán un papel importante en esa decisión.

Mientras tanto, y teniendo en cuenta que en pocas semanas empezará a vencer el periodo de carencia – en el que solo se pagan intereses– de las operaciones firmadas en 2020 con entre tres y cinco años de plazo de amortización, algunos de los grandes bancos que fueron muy activos en la firma de esos créditos están poniéndose en contacto con los deudores para plantearles la posibilidad de modificar los plazos, alargándolos.

La normativa

La normativa que reguló estos créditos establece que prolongarlos o no es una decisión exclusiva de los deudores y que los bancos deben aceptarla de manera obligatoria.

“No hemos sido muy activos hasta ahora”, reconocen en Bankia, una de las entidades que más crédito dio en su momento, “pero ahora que tenemos instrumentado el procedimiento para hacerlo, estamos hablando con nuestros clientes por si les interesa hacerlo”. La respuesta (todavía no representativa, ya que se están iniciando los contactos) no está siendo muy grande. Entre el 2% y el 3% de las operaciones firmadas entonces, que suponen algo menos del 10% de las cantidades avaladas”, se están acogiendo a modificar los plazos y se espera que las cifras crezcan de manera importante en un corto espacio de tiempo.

Renegociación

La diferencia entre el número de operaciones afectadas y el volumen de las mismas muestra a las claras que son las grandes y las medianas empresas las que, por ahora, están siendo más ágiles en las renegociaciones. Es razonable porque tienen una mayor capacidad de prever cuáles van a ser sus necesidades futuras, entre otras cosas porque cuentan con profesionales financieros para hacer ese trabajo.

Las pequeñas empresas, y las microempresas y los autónomos, tienen bastantes más dificultades para hacer este tipo de análisis, porque en numerosas ocasiones una única persona lleva todo el negocio.

El 90% de estas nuevas condiciones modifican tanto el plazo de amortización como el periodo en el que solo se pagan intereses, postergando para los últimos años de vida de los préstamos la amortización del capital prestado. En la primera etapa lo habitual fue que los plazos de amortización estuvieran entre tres y cinco años y la carencia se limitara al primer año. No se contemplaba que el crédito superara los cinco años de vida.

Pero en el pasado diciembre el Gobierno modificó la norma y amplió hasta ocho el número de años de vida de estos créditos, permitiendo al tiempo que la carencia pueda llegar hasta los siete ejercicios y que se amortice todo al final.

Pero no todo son facilidades e incluso puede que en algún caso a los deudores no les interese acogerse a nuevos plazos por el importante encarecimiento de los avales que los bancos deben pagar al ICO y cuyos costes trasladan íntegramente a los clientes.

Los avales son diferentes en función del porcentaje del crédito garantizado por el ICO, que fue decidido en función del tamaño de los solicitantes y de la duración del crédito. Todos los créditos dados a pymes y autónomos tienen una garantía del 80% y los de las grandes empresas oscilan entre el 60% y el 70%.

Diferente coste

El coste para el primer grupo oscilaba el año pasado entre 20 puntos básicos para los créditos a un año y los 80 puntos básicos para los de cinco años. En las grandes empresas los costes estaban entre 25 puntos básicos para los más cortos y con menor garantía, y los 120 puntos básicos para los de cinco años con el 70% garantizado.

La nueva normativa establece un evidente encarecimiento del coste de los avales. En el caso de pymes y autónomos, si el plazo se prolonga hasta los seis años se mantienen los 80 puntos básicos que había hasta entonces para los de cinco ejercicios. Pero para operaciones a siete u ocho años el coste se eleva hasta los 169 y 188 puntos básicos, respectivamente. Ello supone pagar mucho más de lo que se hecho este año, lo que podría no interesar excesivamente a los deudores.

Sin más costes

En todo caso hay que tener en cuenta que si el préstamo no supera los 800.000 euros, aunque se amplíen los plazos de amortización, el coste del aval no se modifica en absoluto. Tampoco hay un encarecimiento del aval si lo que se modifica es el periodo de carencia solamente. Es decir, si quien tiene un crédito a cinco años y uno de carencia decide mantener la duración del mismo pero no pagar más que intereses durante los primeros cuatro años, el coste anual de su aval no se modifica.

En los casos de las grandes empresas las condiciones generales también cambian. Si se amplía solo la carencia no hay modificaciones, pero si se alarga el periodo de amortización sí. Y para estos préstamos la subida puede llegar hasta los 285 puntos básicos si se opta por los ochos años de vida del crédito.

Es posible que en algunos casos el mayor coste anual del aval no les compense el alargamiento del plazo de amortización.