El Confidencial

• La patronal Ceacop certifica que los recursos de todas las AAPP para infraestructuras crecen en 2018 por segundo año. La nueva ley de contratos públicos dejó muchos de ellos desiertos

Cambio de tercio en el objeto de las críticas de los constructores andaluces, que llevan una década reivindicando sin descanso el alza en los presupuestos de obras públicas a todas las administraciones. Si tradicionalmente la patronal independiente Ceacop señalaba a la Junta de Andalucía como administración que menos esfuerzo venía realizando en infraestructuras, ahora es el Estado central quien ha recibido el grueso de las críticas. Todo en un año 2018 en el que, según el ya tradicional informe anual de adjudicaciones de esta asociación, la inversión agregada de todas las administraciones creció por segundo año consecutivo hasta 1.325 millones, un 18% más. Un nivel que, pese a aumentar, es aún bajísimo y equivale al del año 2001.

Es de hecho la tercera cifra más baja desde que arrancó el siglo. El informe, presentado ayer miércoles por la presidenta de Ceacop, Ana Chocano, sigue señalando al nivel de 2.500 millones anuales incluidas todas las administraciones como cota mínima para generar nuevas infraestructuras y mantener o modernizar las existentes. Un nivel al que no se ha llegado en los últimos ocho años. En concreto, y sobre las inversiones estatales, estas suponen 266 millones y han crecido un 21% respecto a 2017. Pero esa cifra es la tercera más baja de toda la serie desde 2001. Es cierto que Fomento eleva sus adjudicaciones (un 33% hasta 229 millones), pero el resto de departamentos ofrece unas cifras muy reducidas.

“Con un presupuesto ínfimo, el ministerio responsable de las obras medioambientales, el actual ministerio para la Transición Ecológica, destinó 14 millones a las obras de su competencia. Teniendo en cuenta que este ministerio es el responsable de la protección del litoral, la gestión del río Gualdaquivir o de obras de abastecimiento, esta inversión se queda muy por detrás de las necesidades de mejora y desarrollo de estas partidas”. Así ejemplifican los constructores la escasa dotación para infraestructuras empleada por el Gobierno central en Andalucía aparte del departamento que dirige José Luis Ábalos. Siete de los nueve departamentos ministeriales que adjudicaron obras en 2018 no llegaron a los 6 millones de euros.

Las administraciones locales, en año preelectoral, han sido las que más han tirado del carro, y se sitúan en primer lugar. “Solo las adjudicaciones municipales suponen el 42% de la inversión total en la comunidad autónoma, destinado 567,9 millones de euros a obra pública. Y esto a pesar de tener menos competencias en el ámbito de las infraestructuras, y en teoría, menos recursos que los ministerios y consejerías”, señala el comunicado que acompaña al informe. Los ayuntamientos de Málaga y Sevilla han sido los que han destinado mayores partidas a la mejora de infraestructuras municipales. En ambas provincias se han adjudicado actuaciones por valor de 160 millones de euros destinados principalmente a la conservación y mantenimiento de infraestructuras hidráulicas y mejoras en instalaciones. En el otro extremo se sitúan las provincias de Jaén, Almería y Huelva.

Por lo que respecta a la Junta, varias de cal y varias de arena. En la parte positiva, que el departamento de Fomento casi duplicó la inversión realizada en 2017, aunque se queda en una cifra aún escasa en términos históricos: 142 millones. Sobre el otro gran departamento inversor, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ceacop vuelve a insistir en que se destinen a obras hidráulicas los recursos anuales que recauda la Junta por el canon del agua en todos los recibos.

“La consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio dispone de 120 millones de euros anuales a través del canon del Agua, destinados a ejecutar las 300 obras de interés general incluidas en el Plan de Depuración y Saneamiento de Andalucía. Sin embargo, una parte importante de estos fondos no se están empleando, ya que sta consejería sólo ha adjudicado 83,6 millones de euros que se han repartido tanto entre obras de depuración y saneamiento como de otra tipología: limpieza de cauces, protección de márgenes o arreglo de caminos rurales”.

Efecto de la nueva ley de contratos públicos
Junto a las puras cifras, Ceacop también ha evaluado el impacto de la entrada en vigor a inicios de 2018 de la nueva ley de contratos del sector público. El resultado fue, inicialmente y por parte de todas las administraciones, la licitación acelerada de un gran número de contratos antes de esa entrada en vigor. Ello obligó a muchas empresa a elegir a cuál concurrir ante la falta de capacidad económica para asumir las garantías financieras de todos ellos al ser de golpe. “Observamos que el número de obras desiertas se ha triplicado, y el número de contratos desistidos se ha duplicado respecto a 2017. Estas cifras vienen a evidenciar deficiencias en la gestión y la falta de adecuación en los contratos a la nueva normativa”. Ceacop ya criticó a inicios del pasado año que se estaba produciendo esa acumulación de licitaciones y del impacto que iba a tener para las pymes.

Además, se critica desde esta patronal no integrada en la CEA (la CEOE andaluza), “la nueva Ley establece una serie demejoras para garantizar la concurrencia de las pymes a los contratos, pero estas nuevas medidas suponen costes añadidos, que deben asumir las empresas, y que dan como resultado que se siga adjudicando en función del precio y no a la mejor relación calidad precio como señala la nueva norma”.

Abc

• La patronal de la construcción denunucia que la administración cobra impuestos para construir depuradoras que luego no ejecuta

La Junta recauda cada año decenas de millones de euros de los andaluces en su recibo del agua para cumplir con el mandato de la Unión Europea de depurar y sanear el agua que se consume. Sin embargo, denuncian desde Ceacop, la administración andaluza por ahora no ha construido las depuradoras que deberían haber acometido con ese dinero.

«En Andalucía hay 120 millones de euros que recauda la Junta para la construcción de depuradoras y Europa nos está sancionando por no tenerlas hechas. Resulta que la Consejería que tiene esa atribuciones solo adjudica 83 millones de los 120 de los que dispone», denuncian en Ceacop. Para colmo, de esos 83 millones que sí gasta, «no lo hace al cien por cien en la construcción de depuradoras porque también se destina ese dinero a redacción de proyectos o a limpieza de cauces», explica la presidenta de la patronal de la construcción, Ana Chocano.

«Han dejado ociosos este año 40 millones de euros; 60 en 2017; más de 50 en 2016… Nos ponemos a sumar y al final hay una caja por ahí en la Junta que parece que nuevo Gobierno aún no ha descubierto y que tiene 300 millones de euros para destinar en obras de depuración y saneamiento», indica Chocano, quien pide a la Junta que busque ese dinero y «nos den trabajo. Queremos trabajar. Si hay un nicho donde hay dinero, empléese».

Los constructores recuerdan que el dinero destinado a depuradoras no puede dedicarse a nada más: «Es un dinero finalista, no se puede dedicar a otra cosa», explicó el secretario general de Ceacop, Daniel Fernández, quien insistió en que la Consejería de Medio Ambiente -hoy Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural- está recaudando decenas de millones pero invierte solo una parte.

Impuestos
«Para nosotros es dramático. Pagamos impuestos para tener una inversión en depuración y tratamiento de aguas y al mismo tiempo todos los ciudadanos pagamos sanciones que nos impone ya la Unión Europea», indicó Fernández, lo que demuestra «una incompetencia absoluta de la administración que recauda el dinero vía impuestos, no es capaz de ejecutar sus infraestructuras, no se gasta el dinero y otra vez con el dinero de los ciudadanos paga las sanciones que nos impone Europa».

El secretario general de Ceacop añade el hecho de que Andalucía «sigue contaminando y sin adecuar las aguas que pueden ser reutilizadas en Agricultura y otras necesidades porque somos un país con un déficit hídrico muy importante».

Las sanciones a las que se refieren en Ceacop son ya una realidad a la que se enfrentan los andaluces. Así, el año pasado la UE sancionó a la Junta de Andalucía por la falta de tratamiento en las aguas de Matalascañas, Isla Cristina, Nerja, Alhaurín el Grande, Coín, Barbate o Tarifa, donde debían haberse construído depuradoras. La multa, de doce millones, es ampliable en 10,9 millones por cada semestre de retraso en la puesta en marcha de medidas correctoras.

Denuncia
Por su parte, desde el Foro Saneamiento Costa del Sol semuestran sorprendidos de que la Junta les quiera responsabilizar a ellos de la falta de depuradoras que, aseguran, son resposabilidad del gobierno andaluz. «La Junta de Andalucía lleva desde 2011 cobrando un canon de saneamiento. Se trata de un canon solidario, y finalista. Solidario porque lo pagan todos los andaluces, tengan o no depuradoras en sus municipios. Finalista porque debe ser invertido en las depuradoras. Hasta última etapa de 2018 se estima que se han recaudado más de 600 millones de euros en Andalucía, siendo Málaga la capital que más aporta».

Explica el Foro además que «los ayuntamientos lo único que hacen es recaudar y entregar ese dinero a la Junta de Andalucía, son meros cobradores, no tienen el poder de invertir ese dinero».

El Día de Córdoba

• La inversión del conjunto de las administraciones en Córdoba crece un 9% en 2018 hasta los 118, millones de euros

La licitación de obra pública ha remontado en Córdoba a lo largo del año 2018 según el informe elaborado por el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción (Ceacop). Y lo ha hecho sobre todo gracias a los ayuntamientos, que han elevado sus inversiones a lo largo del año pasado.

Así, de los 118 millones de euros que las administraciones públicas dejaron en Córdoba, 39% vino de los ayuntamientos. Los consistorios, de hecho, fueron los que más dinero invirtieron en obra pública, un total de 46,3 millones de euros, según el estudio de Ceacop.

La cercanía de las elecciones municipales, –que se celebran en mayo de este año– es una de las claves por las que las entidades locales han incrementado sus recursos en licitación pública, pues la mayoría del gasto se concentra en los periodos previos a las citas electorales.

En total, el conjunto de las administraciones públicas dejaron en Córdoba 118 millones de euros, lo que supone un incremento del 9% con respecto a la inversión de 2017, que se quedó en 108 millones. Córdoba se sitúa en la parte media de la tabla en cuanto al dinero que recibió de las administraciones.

A la cabeza se encuentra Sevilla, con 345 millones de euros, seguida de Málaga, con 309. El farolillo rojo del ranking andaluz es Jaén, con solo 64 millones por parte de las administraciones.

Tras los ayuntamientos, la Junta de Andalucía ha sido la administración con mejores datos en Córdoba, donde se invirtieron en 2018 un total de 38,1 millones de euros. A lo largo del ejercicio pasado, por ejemplo, se iniciaron las obras del Hospital de Alta Resolución de Palma del Río. Otro de los grandes proyectos de la Junta en Córdoba durante 2018 fue la primera fase de la reforma del Palacio de Congresos, que abrió sus puertas a lo largo del ejercicio pasado.

La Diputación de Córdoba es la tercera administración con más inversión en la provincia, un total de 26 millones de euros, según los datos de Ceacop.

LA JUNTA DE ANDALUCÍA ES LA SEGUNDA ADMINISTRACIÓN QUE MÁS HA INVERTIDO

La institución provincial cuenta con distintos programas de actuaciones y proyectos de obra pública que realiza anualmente en la mayoría de los municipios y que tienen que ver sobre todo con la mejora de carreteras e infraestructuras.

El Gobierno central sigue siendo la administración pública que menos invierte en la provincia y a lo largo de 2018 destinó 6,9 millones de euros. Solo Granada percibió menos cantidad: 4,5 millones. La obra para la salida de la A-4 es la única actuación prácticamente que ha ejecutado el Ministerio de Fomento en la provincia durante el año pasado, además de las actuaciones de mejora del asfaltado precisamente en esta autovía.

Una vez más, Sevilla se lleva el gato al agua en cuanto a inversión por parte del Estado, con 89 millones de euros, 14 veces más que Córdoba.

La provincia se sitúa prácticamente todos los años a la cola en inversión por parte del Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a pesar de que sigue habiendo un número significativo de obras y equipamientos pendientes en la provincia.

Por último, las universidades invirtieron en Córdoba en 2018 un total de 644.759 euros, según Ceacop.