En el día de ayer, se reunieron en Huelva, los máximos dirigentes de CEACOP y de AECO, concretamente Enrique Figueroa y Ana Chocano, Presidente y Gerente de CEACOP, Javier Mateo y Priscila Moreno, Presidente y Secretaria General de AECO, respectivamente. 

Con la intención de colaborar, ambas instituciones quieren con este acercamiento aunar esfuerzos mediante actuaciones conjuntas al objeto de prestar su máximo apoyo a constructoras y consultoras.

En este primer encuentro, no han querido dejar pasar la ocasión para manifestar públicamente sus reivindicaciones: reclaman responsabilidad al Estado, a la Junta de Andalucía y a la mayoría de los ayuntamientos, que se han convertido en los principales deudores de las empresas del ramo. Recuerdan que la mayoría de las empresas del sector de la construcción tienen problemas de financiación debido a sus deudores y afirman que esta situación ya es insostenible.

Por ello exigen al Ejecutivo Andaluz que pague y que controle las deudas de los otros entes de menor escala. Así mismo, reclaman a la Administración que establezca los mecanismos necesarios para que se resuelvan estas deudas. Ambas asociaciones subrayan que no es de recibo que los ayuntamientos reciban transferencias económicas del Estado o de la Comunidad Autónoma, participaciones en los impuestos, créditos, ayudas, subvenciones para actividades o nuevas obras, cuando aún no han atendido a las deudas pendientes.

Por ello exigen un mayor control de la legalidad en las contrataciones, obligando al riguroso cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, que exige garantías antes de contratar las obras, entre las que se incluye la certificación de existencia de crédito, así como la fiscalización previa de la intervención.

Estas activas patronales afirman que ya desde el año 2007, los contratos de obras públicas se encuentran con trabas administrativas que dilatan los plazos de facturación de los trabajos ejecutados. Así, el pago a las empresas se pierde en un limbo que va de las consejerías licitadoras correspondientes a la de Hacienda y Administración Pública que se escuda en que mientras no se reciban órdenes de pago reconocidas por las distintas consejerías, no se puede contabilizar esos compromisos y abonarlos. En definitiva un bucle administrativo en el que las empresas se llevan la peor parte. 

Asimismo, denuncian el sistemático incumplimiento de los plazos de pago que fija la Ley de lucha contra la morosidad por parte de la Junta y otros organismos públicos, establecidos en 50 días para la Administración. 

Por todo lo expuesto, AECO apoya la iniciativa de CEACOP para poner estas irregularidades en manos del Fiscal Superior de Justicia adscrito al Tribunal Superior de Justicia Autonómico, con el objetivo de que investigue estos casos y actúe de oficio contra los responsables políticos o administrativos concretos que han gestionado los recursos públicos en estos años y se analice la responsabilidad penal, civil o contable derivada de los impagos y por malversación de los fondos públicos. 

Mateo exige con contundencia la elaboración de un plan de pagos creíble y recriminó ?que no somos entidades financieras para sufragar las obras?.

AECO advierte que la morosidad sumada al tijeretazo en las licitaciones y a las reprogramaciones en la obra pública está ocasionando el cierre indiscriminado de las empresas constructoras onubenses y así lo constata la cifra actual de desempleados. Por su parte, CEACOP destaca que esta situación es generalizada al conjunto de las constructoras y consultoras de Andalucía. 

Las constructoras defienden de nuevo la inversión pública como ?el arma más potente? que puede tener un gobierno para potenciar el crecimiento, tanto ?por su carácter anticíclico? como por su impacto ?inmediato? sobre la actividad económica y el empleo. Por cada millón de euros desembolsados en infraestructuras, el retorno fiscal para la Administración Pública es de 570.000 euros, y por cada millón que se recorta, 18 puestos de trabajo menos.

El presidente del colectivo, Enrique Figueroa, denunció, en declaraciones a ABC, que esta directriz supone «una seria amenaza para 200.000 personas que trabajan en la obra pública». Actualmente, advierte, la Administración autonómica «está tardando más de un año en pagar», una situación que se ve agravada por la reprogramación de las obras debido a los recortes.